En su contra, gobernantes, militares, obispos y hasta el nuncio. Samuel Ruiz ha resistido, desde 1960, hostigamientos, acusaciones, condenas, agresiones, injurias

La supuesta petición de renuncia que le envió la Santa Sede por haber desvirtuado su trabajo pastoral, así como la reciente detención de algunos dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), colocan nuevamente a Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, en el centro de la polémica que ha venido desatando desde hace años.
Mientras algunos sectores gubernamentales le piden que deje su labor de mediación y lo acusan de pertenecer al EZLN, en el seno de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) volvieron a polarizarse las posiciones sobre su actuación, principalmente a raíz de las declaraciones del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara, quien aseguró que el Vaticano ya le pidió la renuncia.
Pese a las llamadas de atención de la Santa Sede, a la persecución y encarcelamiento de sus sacerdotes, a sus conflictos con el ejército mexicano, a las campañas de prensa en su contra y al hostigamiento de un sector del clero y del gobierno mexicano, Samuel Ruiz aún sigue en pie.
Obispo de San Cristóbal desde 1960, se le empezó a asociar con el ala progresista del clero latinoamericano desde fines de esa década. En ese tiempo ya se le identificaba con la línea de Sergio Méndez Arceo, entonces obispo de Cuernavaca, y de José Llaguno, de la Tarahumara.
Samuel Ruiz fue uno de los más contumaces defensores de Méndez Arceo, sobre todo cuando a éste se le intentó someter a juicio en el Vaticano y, también, cuando fue acusado de comunista por el poderoso arzobispo de Puebla, Octaviano Márquez.
En agosto de 1976, con otros prelados que sostenían una reunión, en Riobamba, Ecuador, Samuel Ruiz fue detenido por la policía ecuatoriana, acusado de “guerrillero” y de planear una “subversión continental”.
Con la creación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a fines de los ochenta, intensificó sus denuncias contra la represión y marginación que venían sufriendo los indígenas chiapanecos.
En marzo de 1990, por ejemplo, el centro denunció la represión contra los campesinos de Chalam del Carmen, municipio de Ocosingo; fueron desalojados y golpeados por la Policía de Seguridad Pública. El gobernador entonces, Patrocinio González Garrido, pidió al obispo que públicamente negara esta represión. Molesto, Samuel Ruiz respondió ampliando aún más la información sobre los atropellos, y enumerando más y más violaciones.
En respuesta, en septiembre de 1991, González Garrido hizo arrestar al sacerdote Joel Padrón, párroco de Simojovel.
Acusado de despojo, daños, robo, amenazas y provocación, Padrón fue recluido en una minúscula celda, en la zona de máxima seguridad de la cárcel de Cerro Hueco. Amado Avendaño, su abogado defensor y hoy gobernador “rebelde” de Chiapas, profetizó entonces:
“Patrocinio quiere apagar el fuego con gasolina.”
Y así fue, durante los 49 días en los que el sacerdote estuvo preso, hubo jornadas de oración y ayuno en varias comunidades chiapanecas, y a nivel internacional varios organismos de derechos humanos exigían la libertad del sacerdote.
Samuel Ruiz declaró:
“Si el problema es contra la diócesis, entonces que nos encarcelen a todos, porque todos somos culpables del trabajo que estamos realizando en esta región de Chiapas.”
En abril de 1993, se enfrentó a una andanada de ataques del ejército, del gobierno del estado y de la prensa local, debido a que salió en defensa de 13 indígenas tzotziles acusados de asesinar a dos militares, en la comunidad de San Isidro El Ocotal.
La diócesis sostuvo que los indígenas habían sido arrestados sin habérseles comprobado la autoría del crimen y sin haber atestiguado previamente ante el Ministerio Público.
El general Miguel Angel Godínez Bravo, a cargo entonces de la VII Región Militar, dijo:
“Son infundios del clero. Se basan en mentiras. Lo hacen no sólo para salvar a los asesinos de los militares sino para buscar liderazgo y quedar bien con los indígenas, haciéndose pasar por sus defensores.”
Mientras tanto, en las calles de San Cristóbal aparecieron pintas en las que se acusaba a Samuel Ruiz de proteger a los asesinos: “obispo cómplice”, decían la mayoría.
En sus austeras oficinas del obispado, declaró un abatido Samuel Ruiz:
“No he leído los ataques de la prensa local. Ni siquiera los letreros desparramados por la ciudad. Para beneficio de mi hígado, me volví analfabeto desde hace un tiempo.”
Luego, durante el viaje relámpago que el papa Juan Pablo II realizó a Yucatán, en agosto de 1993, Samuel Ruiz le entregó el documento En esta Hora de Gracia, en el cual señalaba que “cada vez la gente va sintiendo el peso de la carestía, el desempleo, de la injusticia y de la creciente miseria. El pueblo está inconforme. Hay desnutrición y enfermedades provocadas por la pobreza”.
Indicaba también que “el proyecto modernizador neoliberal”, impulsado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, desarticularía el “sentido comunitario de la tierra”. Y advertía sobre el “alto índice de conflictividad” provocado por las “asimetrías y desigualdades”.
Se especuló entonces que el gobierno mexicano, molesto por el documento, empezó a negociar con la Santa Sede la remoción del obispo.
Lo cierto fue que al regresar de sus vacaciones anuales en Italia, en octubre de ese año, el nuncio apostólico Jerónimo Prigione entregó al obispo una carta que le enviaba el papa, en la que le cuestionaba principalmente dos puntos: la “particularización” de su trabajo pastoral, la cual “es contradictoria con la catolicidad de la Iglesia”, y sus apreciaciones teológicas que “emplean elementos del marxismo” rechazados por el Vaticano.
Se decía que era inminente su remoción de la diócesis, al grado de que Luis Reynoso, entonces vocero del Episcopado, afirmó que lo único que podían hacer los obispos era rezar por él.
Prigione se lavaba las manos:
“Yo sólo me limité a entregarle la carta que le envió el papa a través de la Congregación de los Obispos. Lo demás no es asunto mío.”
Sin embargo, el levantamiento zapatista de enero de 1994 colocó al obispo en posición de mediador, por lo que el Vaticano, al parecer, pospuso la remoción.
Pero mientras la Santa Sede desaparecía temporalmente de escena, en México se empezó a acusar a Samuel Ruiz de tener vínculos con los zapatistas. Tan pronto se produjeron los primeros enfrentamientos entre los guerrilleros y el ejército, el gobierno chiapaneco aseguró que “algunos de los sacerdotes católicos de la teología de la liberación y sus diáconos se han vinculado a estos grupos y les facilitan apoyo con el sistema de radiocomunicación de la diócesis de San Cristóbal”.
Samuel Ruiz se defendía:
“El reino de Dios es muy amplio. La Iglesia, como tal, nada tiene que ver con los alzados. Pero si existen algunos de sus integrantes relacionados con los guerrilleros, es porque actúan a título personal.”
En distintas partes del país empezaron a aparecer volantes en los que, bajo el título “Se busca”, se aseguraba que Samuel Ruiz instigaba a la violencia. Por su parte, varios medios de comunicación emprendieron una prolongada campaña de difamación, en la que, entre otras cosas, afirmaban que el obispo era un “subcomandante” del Ejército Zapatista.
Mientras tanto, la Santa Sede marcaba sus distancias con el obispo: en mayo del año pasado, Samuel Ruiz viajó a Roma para entrevistarse con el papa Juan Pablo II, que convalecía de una fractura ósea. Pese a la petición por escrito que le envió el obispo, Juan Pablo II se negó a recibirlo. Dos meses después, Samuel Ruiz volvió a viajar a Roma para recibir el premio “Oscar Arnulfo Romero”, por su labor de pacificación. El Vaticano boicoteó el acto, al impedir que la ceremonia fuera en la parroquia de Casal Paloco, como se tenía previsto.
En diciembre del año pasado, Samuel Ruiz obtuvo otro premio en Roma: el de la fundación Paolo Borselino. El jesuita Carlos Bravo fue a recibirlo en su nombre, y se encontró con que el Vaticano quiso impedirle leer el mensaje enviado por el obispo.
Mientras que en México, Prigione, en clara alusión a Samuel Ruiz, pedía no “ceder a tentaciones como las de la teología de la liberación, que no va de acuerdo con el magisterio de la Iglesia”.
El nuncio hizo está afirmación en su discurso de apertura de la LVII Asamblea Plenaria de la CEM, el pasado octubre. Al terminar de leer, los reporteros le preguntaron si aludía a don Samuel.
“Que cada uno saque sus conclusiones. Yo doy la doctrina como la presenta el papa. Lo demás es asunto de ustedes.”
–¿Es una advertencia para alguien específico?
–Aquel que no se apegue, que se atenga a las consecuencias. Yo sólo cito al papa. Cito lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El gobierno, en tanto, maniobraba para desplazar al obispo como mediador en el conflicto. A los pocos días de asumir la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo intentó relegar a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), el organismo presidido por el obispo y que se había convertido en puente de dialogo entre rebeldes y autoridades.
El 14 de diciembre de 1994, ante medio centenar de periodistas concentrados en el Salón Carranza de Los Pinos, Zedillo anunció la creación de la Comisión para el Diálogo y la Mediación por la Paz, integrada por legisladores de varios partidos políticos.
En actos públicos posteriores, Zedillo explicó que había propuesto dicha comisión ante la negativa zapatista de dialogar con el gobierno. Sin embargo, la Comisión fue mal vista por el Ejército Zapatista y por el gobernador “rebelde” Amado Avendaño.
El 19 de diciembre, Samuel Ruiz emprendió por su cuenta un ayuno por la paz en la catedral de San Cristóbal, que demostró su poder de convocatoria; se le sumaron órdenes religiosas, agrupaciones civiles y de derechos humanos, legisladores, obispos, sacerdotes…
El monumento del Angel de la Independencia, en el corazón de la ciudad de México, se convirtió en un campamento de ayunantes que, encabezados por la actriz Ofelia Medina, emitieron desplegados y dieron conferencias de prensa a favor del obispo y en contra de la militarización en Chiapas.
Como ahora, el ayuno de don Samuel provocó división en el seno del Episcopado: algunos obispos censuraron su protagonismo mientras que otros lo exaltaron como un héroe a la altura de Gandhi.
Dijo el obispo Lozano Barragán:
“El evangelio dice que el ayuno debe hacerse en privado, en casa, y no con alardes espectaculares. Por lo demás, es bueno colaborar por la paz.”
Mientras que el arzobispo emérito de Chihuahua, Adalberto Almeida Merino, encomiaba la decisión de don Samuel:
“Ha desempeñado un papel importante y merece todo nuestro respeto porque busca la paz con justicia. Su actitud es semejante a la de Gandhi, quien sacudía al mundo cuando ayunaba.”
El Episcopado tuvo que aplacar a sus huestes: en un comunicado del 21 de diciembre rogó “a todos los señores obispos que inviten a los párrocos y rectores de templos de modo que en todo México se intensifique nuestra oración y nuestros sacrificios para conseguir de Dios la paz, fundada en la justicia”.
Y Zedillo, finalmente, terminó por aceptar el papel de mediación del obispo.

LA NUEVA ANDANADA

Sin embargo, con las órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes zapatistas, dadas a conocer espectacularmente el jueves 9 de febrero, se reavivaron las acusaciones contra el obispo: se dijo que desde hacia años conocía la existencia del grupo armado, al cual apoyaba; se dijo que también pesaba una orden de aprehensión en su contra.
El arresto de algunos dirigentes del EZLN ahondó la acusación. Según la Procuraduría General de la República, María Gloria Benavides Guevara, identificada como la “subcomandante Elisa”, confirmó que el prelado conocía la existencia del grupo armado desde antes de que estallara el conflicto.
Eduardo Robledo, al dar a conocer su renuncia como gobernador de Chiapas –el 13–, retó al obispo a que hiciera lo mismo:
“Convocó al señor obispo Samuel Ruiz a que renuncie a sus actividades actuales y que en forma responsable dé una muestra inequívoca de que su verdadero interés es Chiapas. Es esta la ocasión para que lo demuestre, no a un grupo o a unos cuantos sino a toda la nación.”
El gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, opinó que sin el obispo se “darán mejores condiciones y un escenario mucho mejor para que se resuelva el problema de Chiapas”.
Manuel Bartlett, gobernador de Puebla, dijo simplemente: “todos los que estorban deben retirarse”.
A las críticas de los laicos se sumaron las de los obispos. Se habló insistentemente de que, ahora sí, había una carta del Vaticano pidiéndole la renuncia a don Samuel.
El cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara, corroboró la versión, durante una reunión que sostuvo con industriales tapatíos, el 6 de febrero.
Ahí, el arzobispo aseguró que desde octubre la Santa Sede había pedido la renuncia a Samuel Ruiz por estar involucrado en el movimiento armado.
Confirmó así la versión de la revista católica 30Giorni, la cual ya mencionaba que, después de estar “bajo observación”, al obispo se le pidió la renuncia por sus “posturas doctrinales consideradas poco ortodoxas”.
La polémica aumentó con el rumor de que se había girado una orden de aprehensión contra el obispo.
En medio de la tormenta y sorpresivamente, el diario del Vaticano L’Osservatore Romano, en su edición del martes 21, defendió la mediación de Samuel Ruiz y achacó a los terratenientes chiapanecos la campaña de impugnaciones contra el obispo. De inmediato, la Nunciatura Apostólica en México aclaró que esa información era una crónica que “no reflejaba” la posición del Vaticano.
La pugna continuaba: al día siguiente, la organización Católicos de la Zona Metropolitana Comprometidos por la Paz, irrumpió en la Basílica de Guadalupe durante una misa a la que asistían 54 obispos para venerar a la guadalupana. Los manifestantes gritaron vivas a don Samuel y repartieron volantes en los que censuraron a los obispos que lo atacaban: hicieron de la celebración un mitin de protesta.
En tanto, los obispos que asistieron a la misa se declararon impotentes para interceder, ante el Vaticano, a favor de Samuel Ruiz.
Dijo Luis Reynoso:
“La CEM es solamente una corporación pastoral. De manera que no podemos tomar decisiones sobre el caso de don Samuel. El único que puede actuar es el santo padre.”
Emilio Berlié, obispo de Tijuana, lo secundó:
“El santo padre es quien quita y pone. Sólo él sabrá qué hacer con monseñor Samuel Ruiz.”
Un día después, el jueves 23, otra ceremonia religiosa fue utilizada para atizar la pugna. Esta vez fue Prigione quien veladamente atacó a Samuel Ruiz, aprovechando la ceremonia en que dio posesión a Alberto Suárez Inda como nuevo arzobispo de Morelia. En el estadio de esa ciudad, el nuncio insistió:
“Los obispos no deben ceder a la tentación de la teología de la liberación, que no va de acuerdo con el magisterio auténtico de la Iglesia. No olvidéis que la misión primordial de la Iglesia, más que la liberación puramente social y económica, es la liberación de la miseria moral y del pecado.”
Sin embargo, en los últimos días el obispo ha recibido el apoyo de representantes del mundo cultural de Italia y España; de integrantes de la jerarquía católica estadunidense; de los delegados jesuitas que se reunieron en Roma para celebrar la XXXIV Congregación General de la Compañía de Jesús.
Samuel Ruiz resiste como mediador. Resiste aún en su diócesis.