Las decisiones presidenciales de los últimos días respecto de Chiapas han acaparado la atención pública y desplazado otras preocupaciones; sin embargo, el país continúa azarosamente su vida cotidiana y el nuevo gobierno reorganiza sus actividades. En la Secretaría de Educación Pública, tras el cambio de titular, se dio a conocer el presupuesto y, con esa ocasión, se adelantaron algunos lineamientos que guiarán las acciones gubernamentales; es de esperar que en pocas semanas más se den a conocer las concepciones, prioridades y políticas de la actual administración.
En tanto esto sucede, es importante reflexionar en la naturaleza específica de la política educativa y en lo que de ella se espera. La educativa no es una entre otras políticas públicas, comparable a la del sector energético o la de Caminos y Puentes Federales; su objeto es el desarrollo de las siguientes generaciones y esto le da rango especial y carácter central. Si bien está acotada y condicionada por las políticas económicas y otras realidades sociales, es ella la que articula a las demás, define sus horizontes y les imprime su significado humano.
Hacer política educativa, en este sentido sustancial, no se reduce entonces a regular la extensión y calidad de los servicios de enseñanza ni a normar el acceso de los grupos sociales al conocimiento; ni siquiera a elaborar programas de calificación de la fuerza de trabajo de largo alcance para garantizar el desarrollo de la economía. Más allá de esas tareas de desarrollo organizacional o ingeniería social, la política educativa es un necesario ejercicio de filosofía.
El objeto de la política educativa son los aprendizajes futuros, posibles y deseables, de una sociedad determinada. Porque los hombres somos capaces de aprender, de ser mejores y de crear posibilidades inéditas, la preocupación por la educación del futuro lleva a indagar sobre las maneras como aprendemos conocimientos y asimilamos valores, como inventamos comportamientos diferentes y construimos nuevos proyectos colectivos. Por esto el objeto de la política educativa se extiende hacia las potencialidades de la inteligencia, no menos que hacia los mundos misteriosos de la intuición y los sentimientos, del arte, de los sistemas de convivencia o las éticas sociales; con todo se relaciona y de todo se nutre.
Lugar central en estos aprendizajes ocupan los cognoscitivos, pues es el conocimiento una de las principales fuerzas que transforman a las personas y las sociedades; por ello la elaboración de políticas educativas requiere profundizar en la naturaleza de la inteligencia, en las diversas maneras como conocemos y en los métodos por los que adquirimos las destrezas intelectuales fundamentales. Pensar en la educación futura supone estar alerta a los descubrimientos de la neurofisiología, la psicología y las ciencias de la comunicación, y habituarse a vivir en las fronteras provisorias de lo que vamos sabiendo sobre nosotros mismos. Pobres serán las decisiones que se tomen sobre contenidos curriculares o sistemas de evaluación si se carece de bases sólidas de teoría educativa o antropología filosófica, o si no se tiene un mínimo entendimiento de las posibilidades futuras de la inteligencia.
Si esto es verdad en abstracto, en un país como México la política educativa tiene que moverse además en otras dimensiones y alimentarse de otros debates. La educación futura de esta sociedad supone concepciones y consensos sobre nuestra identidad cultural, la valoración de nuestros componentes indígenas y la previsión de los procesos interculturales a que estamos y estaremos expuestos; supone también opciones fundamentadas acerca de nuestra inserción en un mundo cada vez más globalizado.
Hacer política educativa requiere, en consecuencia, una capacidad extraordinaria de análisis crítico y de síntesis: contar con conocimientos actualizados en muchas ciencias naturales y humanas y saber derivar de ellos decisiones acerca de los factores que pueden favorecer determinados aprendizajes y, por tanto, mejorar la educación.
Esto no significa que la SEP tenga que convertirse en una universidad de las ciencias de la educación (eso debiera ser, por cierto, una verdadera universidad pedagógica nacional); pero sí que en esta muy peculiar secretaría se consoliden núcleos de talento calificado, capaces de estar en contacto con todas las áreas científicas que iluminan los aprendizajes humanos, y en particular con la investigación educativa que los evalúa y que explora y experimenta nuevas formas de aprender. De paso, esto sugiere cuán esencial sería la vinculación de la SEP con el Conacyt para pensar el futuro de la educación con toda la comunidad científica del país.
Concebida como órgano que formula política educativa, la SEP sería, por una parte, instancia de pensamiento, alerta al saber científico actualizado; y por otra, foro que convocara a la sociedad a explorar su futuro y discutir proyectos nacionales alternativos. Se convertiría en el lugar geométrico de la reflexión sobre la conciencia nacional, por arriba de intereses inmediatos, grupos o partidos. Abierta al mundo de las ciencias, la SEP estaría también abierta a los pensadores, críticos de la cultura, poetas y artistas que crean y recrean los valores y las representaciones de lo que somos y podemos ser como mexicanos. De esta manera, la política educativa sería esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, fruto de un diálogo orgánico, siempre inconcluso, de las mentes más lúcidas del país.
Esta concepción lleva muy lejos. Obliga no sólo a dar un lugar prominente a la formulación de la política educativa sino a recomponer profundamente la estructura de la SEP, y redefinir sus funciones normativa y evaluativa de otra manera para modernizarla a fondo.
Modernizar la SEP no consiste en llenarla de computadoras ni en agilizar su operación con esquemas de eficiencia y calidad de corte tecnocrático; ni siquiera en romper el entramado de rutinas que se resisten a los cambios, modernizarla consistiría en capacitarla para pensar. En vísperas del siglo XXI un ministerio de Educación tiene que ser ante todo una plataforma de pensamiento que elabore las concepciones fundamentales de la educación del futuro y que, además, disponga de equipos técnicos altamente calificados para cumplir sus funciones: de diseño y planeación, de experimentación y evaluación, de prospectiva, de difusión y comunicación, de producción de materiales, todo en apoyo a los educadores del país.
Entendida así, la política educativa es un acto mayor de gobierno, en el que Estado y sociedad plasman sus consensos sobre el futuro deseable. Por ello se convierte en el núcleo articulador de las demás políticas públicas, a las cuales imprime rumbo y sentido.
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