WASHINGTON, DC.- El pasado 2 de diciembre, Máximo Barraza Pérez se convirtió en el primer mexicano en obtener asilo político en el extranjero en el período presidencial de Ernesto Zedillo. Si bien los hechos por los que tuvo que huir del país ocurrieron en el sexenio pasado, Barraza afirma que no regresará a México “hasta que el régimen reconozca mi inocencia y acepte que fui perseguido”.
Ni el hecho de pasar penurias económicas o que la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que busca aprehenderlo, esté ahora en manos del Partido Acción Nacional, organización política a la cual pertenece, hacen que Máximo Barraza se decida a volver al país. “Este gobierno –afirma– es tan corrupto y arbitrario como el anterior. Y la dirigencia del PAN, que en nada me ha ayudado en mi asilo, es su cómplice”.
Barraza fue representante del PAN en el Comité Municipal Electoral de Matamoros, Tamaulipas, en los controversiales comicios estatales de 1992. El 11 de noviembre de ese año, las oficinas de ese organismo comicial fueron incendiadas, en condiciones aún no aclaradas. La oposición –el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) postularon, en coalición, al empresario Jorge Cárdenas González para la gubernatura– afirmó que provocadores pagados por el partido oficial fueron los responsables del incendio, que destruyó boletas electorales, listados nominales y mobiliario. Sin embargo, el gobierno responsabilizó de los hechos a varios opositores. La PGR aprehendió a 23 de ellos, mientras que decenas más huyeron a Texas. Detenidos y fugitivos fueron acusados de diversos delitos federales, entre ellos terrorismo (Proceso 837 y 838).
Entre los primeros en buscar refugio en Estados Unidos estaban Jorge Cárdenas Gutiérrez, hijo del candidato a gobernador, y Rolando Martínez Calderoni, aspirante panista a la alcaldía de Matamoros. Ambos negociaron con el gobierno y tiempo después regresaron a México. No obstante, otros tres decidieron quedarse en Estados Unidos: los perredistas Juan Gutiérrez y Ana María Guillén, y el panista Máximo Barraza. Ordenada su aprehensión por un juez federal, al día siguiente de los disturbios, Barraza cruzó caminando el Puente Nuevo de Matamoros y se refugió en casa de un amigo, en Brownsville. Atrás dejó a su familia y un negocio de tramitación de importaciones.
Desde un teléfono público en Corinth, un pequeño poblado del norte de Mississippi, donde vive desde hace medio año, Barraza relata sus vivencias en los dos años y tres meses de su exilio. Cuenta que pasó algún tiempo escondido en la casa de un barrio proletario de Brownsville, temiendo siempre que la Policía Judicial Federal “me llevara encajuelado a México”. En esa ciudad fronteriza solicitó asilo político el 17 de febrero de 1993, con la asistencia de la abogada Lisa Brodyaga, especialista en ese rubro legal.
Barraza vivió después en casa de un hermano, en Dallas, y comenzó a trabajar en una compañía de alimentos congelados. Posteriormente, se desempeñó en otros oficios en Houston, Michigan, Brownsville y Alabama. Durante algunas semanas se dedicó a la actividad política en la organización México Despierta, que tiene su sede en San Antonio y es coordinada, entre otras personas, por los también refugiados tamaulipecos Ana María Guillén y Juan Gutiérrez.
Urgido de recursos para mantener a su familia, que permaneció escondida en México hasta mayo de 1993, hace seis meses encontró empleo en una fábrica de tarimas en Walnut, Mississippi, donde le pagan poco más del salario mínimo estadunidense. Los fines de semana, él, su esposa y dos de sus hijos recogen botes usados de cerveza y refresco para venderlos y obtener unos dólares más.
Hace unos días, Barraza fue notificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que le había sido otorgado el asilo político en este país a él y a su familia. La notificación, hecha por el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), especifica: “se ha determinado que usted ha demostrado un bien fundado temor de persecución en caso de regresar a su país. Por tanto, de acuerdo con la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se le otorga el asilo a partir del 2 de diciembre de 1994”.
Barraza dice que no regresará a México “porque este gobierno es igual al anterior. No encuentro ninguna diferencia entre Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz. Todos han sido corruptos y arbitrarios, pese a sus estilos personales de gobernar”.
Narra que perdió su negocio al escapar de México, y dice que su casa fue “destrozada” por los agentes que la catearon. Denuncia que le robaron todas sus pertenencias, entre ellas su biblioteca, que valúa en más de 50 millones de viejos pesos. “Desde entonces, mi familia y yo hemos pasado grandes penurias económicas”, y añade: “no ha sido nada fácil vivir en Estados Unidos sin hablar inglés y sin conocer las costumbres. Pero son preferibles estas dificultades a arriesgar la vida o la libertad”.
En 1983, Barraza ya había tenido que huir de Tamaulipas, por su participación en la campaña del panista Rubén Rubiano Reyna. En esa ocasión se refugió en Sinaloa, donde permaneció más de un año. De 36 años, Barraza es militante del PAN desde 1979 y miembro del Movimiento Constitucionalista Mexicano. A pregunta expresa de Proceso, niega haber intervenido en el incendio. “Todo eso está muy claro: se trató de una provocación. Lo incendiaron porros contratados por el PRI para destruir las evidencias de fraude que ya teníamos (la oposición estaba intentando demostrar que muchos de los nombres del listado nominal no correspondían a personas reales) y, encima de todo, echarnos la culpa”.
Cuando se le hace ver que la PGR está ahora a cargo del panista Fernando Antonio Lozano Gracia, Barraza no duda al decir: “ésa no es ninguna garantía de justicia. En el tiempo que llevo en el exilio, la dirigencia del PAN no ha hecho nada por ayudarme legalmente, ya no digo económicamente. Y que no me vengan con que no supieron de mi caso. La dirigencia estuvo enterada; si no hizo nada, es porque no quiso. Acción Nacional ha claudicado en sus principios y se ha convertido en colaborador del gobierno. Ahora es cómplice de una nueva matanza en Chiapas. Me pregunto hasta dónde llegará esta dirigencia en su ambición de poder”.
–¿Va a renunciar al partido?
–Nunca, porque así como México no es el PRI, el PAN no es esa dirigencia. Sigo con los principios del Acción Nacional. Ahora sólo quedan dos oposiciones en México: el PRD y el Ejército Zapatista. No avalo los métodos de la guerrilla ni soy partidario de la violencia. Pero si ese grupo tuvo que recurrir a las armas, es porque el gobierno no le dejó otra opción.
La solicitud de asilo político de Barraza es una de las pocas que ha aprobado el Departamento de Justicia recientemente. De acuerdo con Cathy Booths, funcionaria del SIN, hubo 8,138 solicitudes de asilo por parte de mexicanos entre el 1 de octubre de 1993 y el 30 de junio de 1994; antes de la primera fecha, había 5,302 peticiones pendientes de resolución. Durante el lapso de referencia, informó Booths, se otorgó el asilo sólo en cinco casos. Al final de ese período había 7,160 mexicanos esperando una resolución.
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