Bajo pena de ser declarado confeso, Carlos Slim Helú, presidente del consejo de administración de Teléfonos de México (Telmex), deberá presentarse este martes 21, a las nueve de la mañana, ante el juzgado primero de distrito en materia civil del Distrito Federal, para responder a una serie de requerimientos que se desprenden del juicio en contra de su empresa que promueve, desde agosto pasado, el exempleado Antonio Hernández Otero.
Un nuevo desacato a la juez –se le ha citado ya, y multado, pero no hace caso ni entrega la documentación demandada judicialmente– podría, inclusive, llevar a éste, con fundamento en el artículo 73, fracciones I y IV del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, a determinar el arresto, hasta por 15 días, del empresario consentido del salinismo.
Como se ha documentado, Hernández Otero acusa a la empresa telefónica de haber “pirateado” un sistema de comercialización de llamadas de larga distancia para grandes usuarios, con el que Telmex ha ganado ilícitamente más de 2,400 millones de dólares. Exige –toda vez que argumenta que ese sistema es creación suya y nada ha recibido– la indemnización correspondiente por daños y perjuicios, así como por daño moral.
Al tiempo que el juicio civil se desahoga, Hernández Otero y su defensa –encabezada por los abogados Guillermo Hamdan Castro y Salvador Ochoa– interpusieron también, desde noviembre pasado, una denuncia, por “práctica monopólica relativa” ante la Comisión Federal de Competencia Económica. En escrito recibido por esa comisión el 24 de noviembre, los abogados Hamdan y Ochoa demuestran que en el caso específico de la red superpuesta –la Red Digital Integrada–, Telmex gozó de privilegios y protecciones, por parte de la autoridad, fuera de ley, y presumen que para ello hubo contubernio entre empleados de la empresa y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que –dicen y demuestran– solapa conductas anticompetitivas, monopólicas, de parte de la empresa (Proceso 945).
Mientras el juicio ordinario civil y la denuncia ante la comisión siguen su curso, los acusadores decidieron actuar también en el terreno penal. El próximo viernes 24 de febrero presentarán una “denuncia de hechos” en contra de Telmex y de “quien o quienes resulten responsables” por la presunta comisión de los siguientes delitos: asociación delictuosa; revelación de secretos; ejercicio indebido de servicio público; coalición de servidores públicos; uso indebido de atribuciones y facultades; tráfico de influencias; peculado; falsedad en informes dados a una autoridad; delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, y fraude, así como el ilícito penal previsto y sancionado en la Ley Federal de Derechos de Autor.
Al término de la extensa denuncia –50 páginas–, Hernández Otero y sus abogados indican al procurador general de la República que para la debida integración de la averiguación previa es necesario que cite a comparecer a las siguientes personas, presuntamente involucrados en la comisión de esos delitos: Carlos Slim Helú, presidente del consejo de administración de la empresa telefónica; Andrés Caso Lombardo, secretario de Comunicaciones y Transportes, durante el tiempo que se llevó el proceso de desincorporación de Telmex; Pedro Aspe Armella, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y presidente del consejo de administración de Telmex en las semanas previas a su venta; María Elena Vázquez Nava, exsecretaria de la Contraloría General de la Federación; Jaime Corredor Esnaola, exdirector de Banco Internacional, agente encargado de la desincorporación de la entonces paraestatal; Jacques Rogozinsky Schtulman, excoordinador de la Unidad de Desincorporación de Entidades Públicas, de la SHCP; Roberto Casas Alatriste, principal ejecutivo del despacho de contadores Casas Alatriste; Alfredo Baranda García, último director general de Telmex antes de ser privatizada; Carlos Kauachi Kauachi, funcionario de Telmex; representantes legales de la firma de corretaje Goldman Sachs & Co., que fungió como asesora financiera del banco agente y colíder de las colocaciones accionarias de Telmex, y los representantes legales de las empresas Southwestern Bell y France Telecom et Radio, socios extranjeros de Slim para la compra de la empresa.
ARGUMENTOS FRIVOLOS E IMPROCEDENTES
Durante el juicio ordinario civil, distintos funcionarios y exfuncionarios, de la empresa y gubernamentales, han comparecido ante el juez para el desahogo de pruebas: confesionales, testimoniales y documentales. El 10 de enero pasado fueron citados, entre otros, el expresidente José López Portillo y el propio Carlos Slim.
El primero de ellos, que sólo tenía que dar fe y reconocer que es de su puño y letra un escrito con su firma, de junio de 1981, en el cual instruye al entonces director de Telmex, Emilio Carrillo Gamboa, a explorar la posibilidad de contar, antes de 1983, con un sistema de comercialización de llamadas de larga distancia –una red superpuesta, adicional a la básica– como el Sistema de Alto Tráfico ideado y propuesto por Hernández Otero.
No acudió el expresidente. Envió a su abogado, Juan Velázquez –quien también defiende a Telmex y a Slim en el ámbito penal–, a certificar que, en efecto, eran suyos firma y texto aludidos. Hernández Otero, con ese hecho, se anotó un punto en su favor, pues el reconocimiento de López Portillo se acumula a las pruebas con que pretende demostrar que su sistema es el mismo que, años después, Telmex registraría e implantaría con el nombre de Red Digital Integrada.
Slim tampoco acudió a la cita de la juez el 10 de enero. En esa ocasión debía entregar una serie de documentos internos de la empresa, así como responder un larguísimo cuestionario elaborado por la defensa de Hernández Otero, en el cual se le cuestionaba no sólo sobre la operación del sistema presuntamente “pirateado” sino hasta sobre los mínimos detalles financieros y contables de Telmex.
Los abogados de Slim justificaron la ausencia del empresario al argumentar que su defendido no estaba obligado a acudir personalmente al juzgado, pues –dijeron– los hechos que se le imputan no son actos propios. Además, argumentaron que de acuerdo con la escritura constitutiva de la empresa, el presidente del consejo de administración no estaba obligado a “absolver posiciones”, es decir, a responder preguntas ni a exhibir la documentación requerida.
La juez primero de distrito desechó ambos argumentos –”por notoriamente frívolos e improcedentes”, según la defensa de Hernández Otero– y resolvió citar a Carlos Slim, de manera definitiva y sin prórroga alguna, para que comparezca este martes 21. So pena de declararlo confeso y, aun, determinar su arresto.
DESINCORPORACION INCONSTITUCIONAL
Luego de estudiar durante meses la documentación oficial sobre la desincorporación de Telmex; consultar con especialistas, funcionarios y exfuncionarios, del gobierno y de la empresa, y dar seguimiento al comportamiento de la antigua empresa paraestatal, Antonio Hernández Otero y los abogados Hamdan y Ochoa concluyen que la desincorporación de Telmex fue inconstitucional, no sólo porque se vendió siendo un excelente negocio para el gobierno sino porque la venta misma no fue “en las mejores condiciones para el Estado” como exige la Constitución, y porque fue planeada para beneficiar abiertamente al grupo de Carlos Slim.
Dicen en la “denuncia de hechos” que a ese grupo se le vendió barata la empresa, se le otorgaron concesiones y permisos indebidos, se le dejó aumentar indiscriminadamente las tarifas, se le autorizó a trasladar en forma indebida el impuesto telefónico a las tarifas, se le otorgaron indebidamente plazos para el pago de la compañía, se le permitió el incumplimiento de multas impuestas por autoridades federales, se protegió su actividad monopólica y se le toleran acciones de competencia desleal.
Mientras, dice, a la población se le obliga a utilizar servicios a precios exagerados y de mala calidad, como lo hacen constar las 16,000 denuncias que la empresa ha acumulado desde que se privatizó, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor. En suma, afirma, “la licitación pública no le aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, financiamiento, imparcialidad y eficacia que las circunstancias y condiciones requerían de acuerdo con la ley”.
En ánimo de fundamentar lo que consideran “el fraude más grande del mundo” en favor de Carlos Slim, los abogados Hamdan y Ochoa hacen énfasis en los números de la operación de venta. Cifras oficiales a la mano revelan que con una diferencia de apenas dos centavos de dólar por acción, Slim y sus socios, nacionales y extranjeros, pudieron vencer en la licitación por Telmex al grupo de Roberto Hernández y Alfredo Harp.
El primer grupo ofreció 80 centavos de dólar por acción –1,734 millones de dólares por el paquete accionario propiedad del gobierno– y el segundo, 78 centavos –1,687.2 millones– por el paquete. La diferencia, para hacerse de la empresa “más rentable del mundo”, fue de sólo 46.8 millones. A Roberto Hernández, sugieren los abogados, después se le premió con la adjudicación del Banco Nacional de México, el más grande de Latinoamérica.
Las acciones adquiridas por los inversionistas nacionales –dice el texto– equivalen a 10.4% del capital social de la empresa, mientras que los dos inversionistas extranjeros (Southwestern Bell y France Telecom) compraron cada uno 5%, con lo cual el total de acciones adquiridas ascendió a 20.4% del capital social. El monto de la operación ascendió a 1,757.6 millones de dólares, de los cuales 1,734 millones fueron erogados para el pago de las acciones y 23.6 millones, por dividendos. En su equivalencia en moneda nacional, la operación fue por 5,171 millones 216,000 nuevos pesos (5.17 billones de los viejos).
La licitación contemplaba el pago de contado y, también, la opción de pagar en seis meses, devengando intereses a tasa de mercado. Los inversionistas extranjeros pagaron de contado, mientras que el grupo mexicano lo hizo al término del plazo pactado.
Los abogados lo exponen y denuncian así: con 10.4% del capital social, el grupo mexicano tiene el control del consejo de administración de Telmex. El otro 10%, los grupos extranjeros, que pagaron de contado aproximadamente 850 millones de dólares. El resto, cerca de 900 millones, se divide así: 500 millones del grupo Carso y unos 450 millones entre 16 inversionistas que aportaron, cada uno, 25 millones aproximadamente.
El asunto, dice la denuncia, es que Carso aportó sólo entre 80 y 100 millones de dólares en efectivo. Para los otros 400 “se presume que se le otorgó indebidamente un crédito a seis meses, lapso en el cual, sin haber cubierto el pago total de las acciones adquiridas, se le entregó la presidencia del consejo de administración”. Slim, agrega el documento, pagó ese crédito con las utilidades de la empresa durante esos seis meses, con las utilidades que le reportó la colocación accionaria en los mercados bursátiles internacionales y con las utilidades que le dejó su cotización en la bolsa mexicana.
En suma, expone la demanda, con las ganancias que obtuvo en esos meses –”en abuso y detrimento del gobierno federal”– Slim pudo pagar tranquilamente el crédito a seis meses que indebidamente se le otorgó. Con tan sólo 100 millones de dólares, o menos, que salieron de su bolsillo, el grupo Carso pudo hacerse del control de la empresa más rentable del mundo: Telmex reporta utilidades anuales, en promedio, por 3,000 millones de dólares.
Luego de la parte financiera de la operación, los abogados Hamdan y Ochoa analizan en el documento los términos legales de la venta de Telmex. Señalan que hubo, contra la Constitución y diversas disposiciones legales, una larga serie de “favorecimientos indebidos”, entre los que citan: protección monopólica, facilidad para trasladar impuestos a las tarifas, ventas atadas, libre arbitrio para fijar tarifas, exención de llevar contabilidad por servicios adicionales, otorgamiento de permisos indebidos, plazo de concesión superior al constitucional, impunidad ante usuarios quejosos y favoritismo frente a competidores.
Todo ello, concluyen, se desprende –en algunos casos con “diáfana claridad”– del “contubernio entre servidores públicos y empresarios en perjuicio del gobierno y del pueblo de México”.
