Si bien los diferentes diagnósticos médicos practicados al doctor Juan Pablo de Tavira establecen que la encefalopatía desmielinizante que lo mantiene en grave estado de salud es producto de la inhalación de algún gas tóxico, ni autoridades judiciales del Estado de México ni la Procuraduría General de la República (PGR) han podido confirmar la versión por falta de peritos “especializados en plomería”.
“En México no hay especialistas en esta materia”, dice Ignacio Rubí Salazar, titular de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de México, y añade que por tal circunstancia no se pudo intervenir oportunamente.
“Cuando el Ministerio Público del Fuero Común intervino, no encontró evidencias que pudieran dar pauta o línea de investigación sobre una posible fuga de gas en el interior de la casa del director de la Policía Judicial Federal (PJF). De hecho, esto lo confirman en sus declaraciones algunos de los que asistieron al doctor durante la mañana en que sufrió la intoxicación”, explica.
El funcionario reconoce que las primeras indagatorias se realizaron con nueve horas de retraso y que por lo mismo la práctica de esta prueba pericial, a estas alturas –a casi dos meses de los hechos– arrojaría datos diferentes a los que se hubieran obtenido de intervenir oportunamente. Aunque aclara que, independientemente de la tardanza, es indispensable la realización de esta prueba pericial, pues sólo un estudio técnico puede llevar a conclusiones de lo que realmente pasó.
Deslinda:
“Nuestro trabajo fue prácticamente nulo porque el mismo día la PGR se hizo cargo del caso por tratarse de un funcionario federal. Todas las investigaciones que nosotros realizamos, y que consistieron en la inspección ocular del lugar, fueron transferidas a las autoridades federales.
“Nosotros recibimos la solicitud del Ministerio Público de Metepec porque allá fue donde se iniciaron las diligencias. Cuando llegamos, eran alrededor de las 17:30. Entramos al domicilio y verificamos que los pilotos del gas estaban prendidos, pero desconocemos si así permanecieron todo el tiempo en que el doctor se encontraba descansando.”
En una visita realizada el jueves 16 a la casa del titular de la PJF –ubicada en el paraje El Peñón, sobre la carretera México-Toluca–, el reportero observó la presencia de funcionarios de ambas procuradurías. Por parte de la dependencia estatal asistió el jefe del Departamento de Criminalística, Alejandro García López, quien iba con la intención de practicar el peritaje.
Al ser advertido de lo anterior, Rubí Salazar justificó:
“Formalmente, tenemos vivo un oficio en el que el Ministerio Público de Metepec nos solicita la realización del peritaje, que precisamente este día (el mismo jueves) se iba a cumplir, pero nos encontramos con que ya había llegado personal de la PGR a efectuarlo y procedimos a retirarnos.”
Según el funcionario, De Tavira, en estado de coma profundo, ingresó al Centro Médico Toluca, ubicado en Metepec, a las 10:00 horas del 24 de diciembre pasado. Señala que ahí se inició la averiguación previa MET/II/2412/94, donde se recogieron los testimonios del vecino César Puebla y de Jesús Castillo de la Riva, coordinador de la escolta personal del director de la Judicial.
Declaraciones derivadas de esta averiguación –reproducidas en Proceso 954– y el testimonio del director de teatro Luis de Tavira, hermano de Juan Pablo, señalan como principal sospechoso del atentado cometido contra el director de la PJF al coordinador de la guardia personal de éste, Castillo de la Riva.
Las declaraciones de los integrantes de la escolta personal del jefe policiaco, así como las de César Puebla, mostraron que Castillo de la Riva había adoptado una actitud “pasiva” durante la mañana del sábado 24 de diciembre, cuando se encontró a De Tavira en mal estado de salud.
El comportamiento del coordinador de la escolta personal de De Tavira suscitó dos grandes dudas:
Por un lado, se desconoce qué fue lo que hizo Castillo de la Riva cuando, según integrantes de la escolta, ingresó a la casa del titular de la PJF al mismo tiempo que éste se dispuso a descansar la madrugada del 24 de diciembre. Por el otro, tampoco se sabe qué fue lo que hizo al entrar a la casa del doctor ese mismo día por la mañana, alrededor de las nueve, para luego salir con una taza de café e informar que su jefe estaba “profundamente dormido”.
Las sospechas contra Castillo de la Riva crecieron la semana pasada entre opiniones y versiones que lo mismo atribuyeron el atentado a un ajuste de cuentas de los capos del narcotráfico, que al revanchismo de judiciales que no vieron con buenos ojos los cambios internos que De Tavira se proponía efectuar a partir del presente año en la corporación policiaca.
De Tavira había comentado a sus familiares la posible participación en el atentado del coordinador de su escolta personal.
También había recibido amenazas.
“Juan Pablo de Tavira era un candidato de alto riesgo para ser asesinado”, declaró José Luis Pérez Canchola, exprocurador de Derechos Humanos en Baja California, quien aseguró haber sido testigo de las amenazas dirigidas contra el titular de la PJF por uno de los guardaespaldas del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Precisó que los hechos tuvieron lugar durante un recorrido realizado en el penal de Almoloya por diversos representantes de organismos de derechos humanos, cuando De Tavira dirigía este centro penitenciario.
“Durante nuestra estancia, se registró un fuerte intercambio de palabras entre De Tavira y algunos presos”, comentó.
De este suceso quedó constancia en la Secretaría de Gobernación, donde fue entregado el reporte general de los visitantes.
“De Tavira es un hombre extremadamente honrado que cumplía al pie de la letra con su obligación, y desafortunadamente eso lo estaba colocando en un grave riesgo, lo que hicimos notar a la Secretaría de Gobernación sugiriendo que se le cambiara a otra responsabilidad”, señaló.
Entrevistado sobre el caso, el exprocurador general de la República, Mario Ruiz Massieu, señaló que es “raro” que las autoridades de la PGR no hayan informado al respecto “hasta ahora, cuando el suceso (el atentado) tuvo lugar el 24 de diciembre”.
Ruiz Massieu, quien como subprocurador conoció las entrañas del sistema judicial mexicano, hace las siguientes observaciones:
“Si los narcotraficantes o los judiciales lo hubieran querido matar, lo matan y ya, pero no se expondrían con un medio tan sofisticado como es el envenenamiento con gas. Se trata de un caso atípico en la historia de la delincuencia organizada en el país”, estableció.
El caso tiene fuerte resonancia en Estados Unidos. Durante una reunión privada con autoridades mexicanas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la DEA y el FBI solicitaron del gobierno zedillista información sobre el atentado contra el jefe policiaco.
La semana pasada, se comenzó a filtrar información en el sentido de que Castillo de la Riva y su gente serían consignados, y extraoficialmente se dijo que las diligencias serían iniciadas a partir de este lunes 20.
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