Sin dinero y con deudas, restringidos a 50% sus ingresos desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con dirigentes que poco asisten a sus oficinas, sin líder nacional porque “Ernesto Zedillo dijo que no quería ejercer ese liderazgo”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los estados comienza a sufrir, por lo menos en apariencia, la anunciada separación del gobierno y su partido.
Por ello, en varios estados de la república, el PRI se ha visto obligado a despedir a sus trabajadores, a desocupar edificios por falta de pagos en las rentas, a negociar deudas con sus acreedores, a cancelar y restringir el uso de líneas telefónicas y, en casos extremos como en Chihuahua, a robar energía eléctrica a través de los clásicos “diablitos” para iluminar las oficinas de su edificio estatal.
Ante la crisis, las dirigencias estatales del PRI han recurrido a la solicitud de donativos de “simpatizantes” –primordialmente grandes empresarios “que se beneficiaron con las privatizaciones que emprendió Salinas”–, así como a las cuotas voluntarias de sus afiliados y a la formación de comités de financiamiento, todo con poco éxito. Además, ahora tratan de no establecer relaciones laborales extendiendo cartas de “militante activo”, para evitar conflictos obrero-patronales.
“Ahora, de repente, nos dicen que el PRI se separa del gobierno y que los burócratas federales, estatales y municipales dejan de aportar la cuota de 1.5% de su salario para el sostenimiento del partido; así que sólo queda el financiamiento público, con lo cual no alcanza para pagar la renta de los locales”, cuenta Leopoldo González Sáenz, dos veces presidente municipal de Monterrey y ahora regidor en el mismo ayuntamiento, quien sostiene que “Carlos Salinas de Gortari postró el partido, lo enfermó al extremo de casi desbaratarlo, y con Ernesto Zedillo puede llegar a la agonía y a la muerte”.
González Sáenz, militante priísta de viejo cuño, es quien afirma: “no tenemos líder del partido. Nuestro líder solía ser el presidente de la República en turno, pero Ernesto Zedillo dijo que no quería ejercer ese liderazgo y así que nos quedamos al garete”.
Ejemplo de las dificultades económicas en el PRI de Chihuahua – donde además tiene la desventaja de que el gobierno estatal está en manos del PAN–, que ha tenido que despedir a unos 250 trabajadores –más de 90%– de su comité estatal y sus 67 comités municipales. Oficialmente se reconoció el despido de 170 empleados.
Las penurias del priísmo chihuahuense datan de 1992, año en que perdió la gubernatura frente al panista Francisco Barrio, cuando terminó su campaña electoral con una deuda que iba de 25,000 a 35,000 millones de pesos viejos, que incluso provocó que se formara una asociación de por lo menos 40 acreedores del PRI, algunos de quienes presentaron demandas penales contra ese partido.
Y desde entonces no ha podido recuperarse. Apenas concluyó el proceso electoral federal de agosto pasado, se hizo realidad la frase del dirigente estatal, Artemio Iglesias Miramontes: “hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga”: la nueva deuda ascendió a un millón 800,000 nuevos pesos. Así, vinieron los despidos y luego la austeridad total: de 34 líneas telefónicas con que contaba el Comité Directivo Estatal (CDE), la cifra se redujo a una por secretaría –seis en total–, pero dos de ellas son de uso restringido y sólo reciben llamadas.
El desastre llegó la última semana de diciembre pasado, cuando, por falta de pago, el edificio estatal del PRI se quedó sin luz, hasta los primeros días de enero. Un trabajador informó –y tres más lo confirmaron– que “se tuvo que recurrir a colgarnos de las líneas con `diablitos’ para que llegara la luz y poder trabajar con normalidad”.
En Tabasco, el PRI sufre la resaca del derroche de la campaña electoral por la gubernatura del estado, y éste es uno de los estados en donde los trabajadores que no han sido despedidos han tenido que firmar cartas en las que se reconocen no como tales sino como “militantes en activo” para conservar su empleo. En enero pasado, la Fundación Cambio XXI “Luis Donaldo Colosio” desocupó las oficinas que tenía en un lujoso edificio de cinco plantas, por no poder pagar la renta –23,000 nuevos pesos mensuales–, y el 17 del mismo mes el dirigente estatal Nicolás Haddad tuvo que enfrentar las protestas de secretarias y empleadas que exigían el pago de salarios retenidos desde noviembre pasado, aguinaldos y otras prestaciones no cumplidas.
En Oaxaca, el líder estatal priísta David Palacios García reconoce: “tenemos un grave problema económico para poder solventar los gastos”, lo que obligó al despido de 15 empleados del PRI estatal, que permitirá un ahorro de 15,000 nuevos pesos mensuales. Informó que en 1995 el PRI oaxaqueño pretende recaudar un millón 300,000 nuevos pesos –a través de cuotas y donativos– para formar un fondo que permita autonomía financiera.
Palacios García dijo que se ha invitado a pagar cuotas y donativos a unas 8,000 personas, que ya se abrió una cuenta bancaria para recibirlas y que se entregará recibo foliado. Las cuotas van de 200 nuevos pesos –el gobernador y priístas de primer nivel– hasta 5,000 nuevos pesos mensuales.
De acuerdo con los datos recabados en otras fuentes priístas, en Oaxaca el PRI tiene deudas por 800,000 nuevos pesos, y desde hace cinco meses no paga la renta de su edificio, además de que muchos de sus proveedores ya no surten pedidos, pues hay un atraso de tres meses en los pagos. Se afirma también que, desde hace dos meses, el gobierno de Oaxaca ha suspendido sus subsidios al PRI, lo que ha agravado la situación económica del partido.
Pese a la cercanía de las elecciones extraordinarias para gobernador, en Guanajuato, la crisis económica que padece el PRI estatal desde octubre pasado provocó ya el despido de 69 de 135 empleados del CDE y es posible que el número aumente.
De acuerdo con Armando Sandoval, líder del PRI en Guanajuato, una de las causas de los problemas económicos es la reducción en 50% del presupuesto que el CEN priísta enviaba al CDE. Esa disminución provocó que el presupuesto estatal priísta se redujera 60%. (Según informes de dirigentes priístas, esa medida del Comité Ejecutivo Nacional afecta todos los comités estatales del tricolor.)
Armando Sandoval la explica así: es una respuesta a “los reclamos de la sociedad y a lo que el presidente Zedillo manifestó en su campaña, de que el PRI tenga recursos transparentes y busque financiamiento propio, enmarcado todo en la reforma del partido”. Y, pese a todo, se mostró optimista para obtener recursos para la próxima campaña a través de las cuotas de militantes y los donativos de simpatizantes, estructura que, según él, “funcionó muy bien en las elecciones municipales del pasado 4 de diciembre”.
En Durango, el PRI tiene deudas por unos 350,000 nuevos pesos, y el secretario de Finanzas del CDE, Gerardo Morales Escalante, se queja de la falta de responsabilidad de los militantes y simpatizantes para cumplir sus cuotas y aportaciones. De un padrón de 200,000 priístas, sólo 550 cumplen regularmente sus aportaciones.
“Debido a los compromisos que el partido tiene, nunca nos hemos visto holgados de dinero; al contrario, hemos arrastrado pasivos que ahora se incrementaron entre 7% y 8%, a causa de la dinámica económica en que estamos inmersos”, dice Morales Escalante. Aquí el PRI ha recurrido, mediante el comité de financiamiento, a la realización de rifas, bailes, conferencias, exposiciones y espectáculos para recaudar fondos y, en ocasiones, se ha encontrado con obstáculos, como cuando el ayuntamiento de la capital duranguense lo multó por haber realizado dos carreras de caballos sin el permiso correspondiente.
En Tamaulipas, el PRI “vive al día, porque son pocos los recursos económicos de que dispone, pero vamos saliendo adelante”, dice Pedro Reyes Martínez, secretario de Información y Propaganda del CDE. Aquí se ha recurrido a la organización de diversos eventos de pago para lograr fondos.
Sin embargo, debido a la falta de recursos y pagos, hasta los dirigentes estatales se han alejado de sus oficinas partidistas. Por ejemplo, el secretario de Finanzas, Carlos Diez Gutiérrez, poco asiste a su despacho: “un día viene media hora y al otro ya no”, cuenta una de sus secretarias. Las carencias son notables en el deterioro que sufre el edificio del CDE, al que no se da mantenimiento, y hay problemas por las cuentas de teléfono y la falta de personal administrativo.
En Quintana Roo, el secretario general del CDE, Sergio de la Cruz Osorno, dice que, aunque se trabaje austeramente, su partido no tiene problemas económicos, debido a que –asegura– las campañas de autofinanciamiento han sido “todo un éxito”. Por ello rechaza que haya vínculos económicos entre el PRI y el gobierno del estado, pese a que un presidente municipal y siete regidores priístas enfrentan órdenes de aprehensión por disponer de recursos públicos en favor de su partido y se presentaron dos denuncias contra el gobernador Mario Villanueva por presuntos delitos electorales.
En la entrevista, De la Cruz Osorno aceptó que “hay algunos” locales del PRI que son propiedad del gobierno del estado, pero sostiene que pagan renta. De acuerdo con información recabada por el corresponsal, el edificio del PRI en Cancún es propiedad del gobierno del estado, según el Diario Oficial de la entidad. Además, el diputado local panista, Hugo Ravell Magaña, anunció el 6 de febrero que su partido interpondría una demanda contra el gobierno del estado por poner a disposición del PRI bienes inmuebles de su propiedad, y citó los locales priístas de Cancún e Isla Mujeres.
En Monterrey, Nuevo León, el viejo priísta Leopoldo González Sáenz pregunta: “¿ahora, quién le entra sin dinero a revivir al muerto? A lo mejor los empresarios; ellos tienen unos 15 años contribuyendo al sostenimiento del PRI. El grueso de la carga, durante más de 50 años, lo llevaron los burócratas. No tengo idea del monto de esas aportaciones, pero era bastante dinero, alcanzaba para todo, y si no… pues se completaba de otras partes”. (Gerardo Galarza con información de los corresponsales Patricia Dávila en Durango; Gloria Leticia Díaz en Guanajuato; Alejandro Gutiérrez en Chihuahua; Armando Guzmán en Tabasco; Antonio Jáquez en Nuevo León; Pedro Matías en Oaxaca; Martín Morita en Quintana Roo, y Julio Alberto Rubio en Tamaulipas.)
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