Desplazado, al margen de la mayor decisión política tomada hasta el momento por el presidente Ernesto Zedillo, el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, “se enteró por televisión, como cualquier persona”, de la decisión del Ejecutivo: órdenes de aprehensión contra la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y movilización de tropas federales en Chiapas, según contó el propio Moctezuma a legisladores y dirigentes del PRD –en conversaciones que se realizaron del jueves 9 al sábado 11–, entre los que se encontraba el diputado Ramón Sosamontes.
“El secretario de Gobernación no daba crédito: entre los implicados estaban Jorge Javier Elorriaga Berdegué, su contacto personal con el subcomandante Marcos”, relata Sosamontes, en entrevista con estos reporteros.
Ese jueves, las llamadas a Gobernación eran constantes, particularmente de perredistas que eran amenazados con ser detenidos por la Procuraduría General de la República. Querían saber qué ocurría, demandaban explicaciones y advertían el costo político del enfrentamiento armado que, en ese momento, parecía inminente, refirió el diputado federal Juan N. Guerra, miembro de la Comisión Legislativa de Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas que se entrevistó con Moctezuma y posteriormente con el presidente Ernesto Zedillo.
“Voy a parar esto”, ofreció entonces Moctezuma.
El viernes 10, Elorriaga Berdegué fue detenido. “Al parecer, acababa de entregar un mensaje de Moctezuma al subcomandante Marcos, para fijar la fecha de un segundo encuentro, y traía una respuesta”, dice Sosamontes.
“Voy a ver al presidente”, dijo el secretario de Gobernación.
Durante los siguientes tres días, Moctezuma no ocultó ante diputados de todas las fracciones que él ignoraba los operativos de la PGR; que se le mantuvo al margen de la decisión “porque estaba en contra”, y que, finalmente, encaró al presidente Ernesto Zedillo, a quien incluso cuestionó:
“¿Quieres un secretario de Gobernación que trabaje para la paz, o no?”, espetó Moctezuma. Ante la respuesta afirmativa del presidente, el secretario de Gobernación reclamó: “entonces déjame actuar a mí”.
Al parecer, dice el diputado perredista, “Moctezuma recobró los hilos, como se ha comprobado”.
Antes de que estallara la crisis, el secretario de Gobernación aparecía ya alejado de los acontecimientos en Chiapas. El 7 de febrero inauguró la exposición fotográfica La Revolución Constitucionalista y la Constitución de 1917, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. El 8, inauguró una exposición de sellos postales, monedas y bibliografías nacionales, en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación. Ahí habló de las elecciones de Jalisco, pero guardó silencio cuando se le preguntó sobre Chiapas.
Moctezuma no regresó a escena hasta el miércoles 15.
Después del mensaje de Zedillo del jueves 9, el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, asumió la responsabilidad informativa. Y cuando ésta regresó al ámbito de Gobernación, tampoco salió Moctezuma a cuadro. Alfonso Durazo, el director de Comunicación Social, con ropa informal, apareció sábado y domingo ante la prensa para leer comunicados.
La falta de coordinación en las áreas de gobierno era evidente. El desconcierto, también. Los virajes en el discurso presidencial, los cambios de orden y de decisión eran las causas.
Así, mientras el 9 de febrero Zedillo ordenaba al ejército y a la PGR realizar aprehensiones en Chiapas, el 11 la Secretaría de Gobernación informaba que lo que ocurría en esa entidad se efectuaba conforme a derecho y que “de ningún modo se trata de una guerra”.
Al día siguiente, en Guadalupe Tepeyac, el general Ramón Arrieta, responsable de las operaciones de ocupación del principal bastión zapatista, el de Aguascalientes, disentía: “es la guerra”.
Ese mismo domingo, Alfonso Durazo informaba que se había restablecido el Estado de derecho en las zonas en conflicto y que el ejército federal se concentraría en acciones de vigilancia.
El martes 14, el presidente volvió a sorprender con su discurso. Ordenó al ejército y a la PGR evitar cualquier acción que llevara al enfrentamiento en Chiapas, insistió ante el EZLN para que expresara con claridad su opción por la vía política, anunció que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Amnistía para quienes depusieran las armas y solicitó a legisladores y a la CNDH que verificaran la situación de los derechos humanos en esa entidad.
Los equívocos siguieron. La PGR, por conducto de Antonio Lozano Gracia, informó el miércoles que se había suspendido la persecución contra Marcos y la dirigencia del EZLN desde el día anterior.
Por la noche, en la reaparición de Esteban Moctezuma, de nuevo con el control de la situación, contradecía la PGR: “el gobierno no suspende la acción legal. Las órdenes de aprehensión dictadas contra quienes encabezan actos de violencia están vigentes y se resolverán conforme a derecho”.
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Entre el 18 y 20 de febrero habían pasado y se habían dicho muchas cosas en privado.
Mientras su director de Comunicación aparecía en televisión, Moctezuma Barragán se reunía el sábado con la Comisión Legislativa de Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas, que coordina el senador perredista Heberto Castillo Martínez.
Ante el discurso presidencial del día 9, dicha instancia, formada por legisladores del PRI, PAN, PRD y PT, decidió que lo mejor era disolverse. Consideraban “una burla, una falta de respeto, una bofetada” el mensaje de Zedillo, según narró Juan N. Guerra.
Pero antes de anunciar la decisión se dieron una última oportunidad: hablar con Esteban Moctezuma.
En la entrevista, los diputados y senadores reclamaron airados al secretario de Gobernación que no se les hubiera al menos informado, cuando se sabía que la Comisión Legislativa estaría en Chiapas esa semana.
Moctezuma, de acuerdo con Juan N. Guerra, les confesó que “no estaba enterado del operativo”.
Ante los hechos consumados, los legisladores le dijeron que era “una tontería esa guerra”, que “no se llegaría a ningún lado” y le pidieron una entrevista con Zedillo “para saber si tenía caso que la Comisión siguiera en pie porque no vamos a lavar la ropa sucia al gobierno. Se ha declarado la guerra bajo el disfraz de persecución policiaca”.
También reclamaron a Moctezuma que “hasta ahora todas las instancias consultadas nos han hablado con medias verdades”.
Moctezuma los escuchó, les contó que, como a ellos, no se le informó sobre la decisión y les dijo que estaba de acuerdo en lo principal: había que “buscar la salida política”.
Inmediatamente la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado, en el cual se invitaba a todos los actores en conflicto a iniciar a la brevedad negociaciones que condujeran al diálogo para una solución integral de la crisis.
La entrevista de la Comisión Legislativa con Ernesto Zedillo se realizaría el lunes 13, por la noche. Antes se había fortalecido. Además del encuentro con Moctezuma, los legisladores se entrevistaron con la Comisión Nacional de Intermediación, que encabeza el obispo Samuel Ruiz, a la que reclamaron “protagonismos”, y con los líderes de las fracciones parlamentarias y de ambas Cámaras legislativas, “logrando consensos de todas las partes”.
Finalmente, ya ante el presidente, la Comisión le propuso un plan basado en la tregua, una Ley de Amnistía y un paquete de medidas legales para atender las causas de fondo del levantamiento indígena de Chiapas. El texto consensado lo leyó Heberto Castillo. Asistían a la reunión: Jaime Martínez Veloz, Pablo Salazar y Oscar López Velarde, por el PRI; Rodolfo Elizondo y Luis Felipe Bravo, por el PAN, y Heberto Castillo, Juan N. Guerra, César Chávez y Guillermo del Río Ortegón, por el PRD.
Zedillo también sería acosado con reclamos de panistas y perredistas, mientras los legisladores priístas guardaban un atolondrado silencio.
El presidente les dijo que la decisión tomada obedecía a que tenía informes de que en Yanga, Veracruz, “se estaban fabricando cabezas de mortero y explosivos”, y que la casa de seguridad detectada en el Estado de México “era la escuela de capacitación de cuadros zapatistas”.
Los legisladores le hablaron también de los detenidos y de las órdenes de aprehensión. “No me pidan ir contra la ley”, les respondió Zedillo, y les mencionó entonces la posibilidad de amnistiar y dejar en suspenso las órdenes de aprehensión para poder iniciar el diálogo con el EZLN.
En resumen, contó Juan N. Guerra, Zedillo estaba de acuerdo en reactivar el diálogo y les adelantaba que, en acto público, daría todo el respaldo a la Comisión Legislativa para que pudiera hacer las negociaciones respectivas.
Pero también el diputado perredista cuestionó la desigualdad a la hora de aplicar la ley. Reclamó al presidente que no se estuviera actuando con la misma prontitud con que se estaba deteniendo a zapatistas, que en la denuncia penal contra Carlos Salinas de Gortari, “a quien ni siquiera se ha citado a declarar”, así como en la acusación contra Carlos Hank González, “uno de los primeros en sacar dólares ante la devaluación de diciembre y sobre quien no se tiene abierta ninguna línea de investigación”.
El último reproche perredista sacó a Zedillo de sus casillas: Juan N. Guerra se refirió también a la intervención de Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro y Arsenio Farell Cubillas, “responsables de labores de inteligencia y coordinación del operativo policiaco-militar que se perpetra en Chiapas, y del que la PGR sólo sirve de alcahuete”.
Zedillo reaccionó airado:
“¡Farell ya no trabaja para mí!”, paró en seco el presidente al perredista, pero ya no tocó los asuntos de Salinas y Hank.
También le fueron planteados a Zedillo los casos de Jorge Santiago Santiago, detenido en Chiapas, y de Samuel Ruiz.
Del primero, el mandatario dijo que “sólo se le acusaría por entregar fondos de organizaciones internacionales al EZLN”. Del obispo, el presidente respondió que algunos de los detenidos decían que conocía la existencia del EZLN desde antes, pero luego les informó que ya había platicado con él, que no había nada contra Samuel Ruiz y que incluso “esperaba que siguiera colaborando para encontrar una salida política del problema”.
Zedillo, en fin, les adelantó lo que sería su discurso del día siguiente, ante grupos indígenas patrocinados por los Fondos Regionales Solidaridad: contener el avance del ejército; abrir las zonas bajo estado de “restricción” al paso de la prensa y grupos de derechos humanos… en suma, un mensaje de conciliación.
Entre los ofrecimientos presidenciales estaba la respuesta a uno de los principales focos de tensión en Chiapas: el presidente anunció ese lunes a diputados y senadores la salida del gobernador Eduardo Robledo, a quien se había sostenido pese a que en las negociaciones con el PRD se prometió su remoción, junto con la del gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, como primer paso hacia un acuerdo político nacional.
Veinticuatro horas después, Robledo presentó una “solicitud de licencia” por 11 meses, anunciándola como si se tratara de “una decisión personal”.
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El viernes 17, localizado en San Cristóbal de las Casas telefónicamente, Juan N. Guerra comentó decepcionado: “el diálogo es imposible; el ejército tiene cercado todo. No hay condiciones. Poblaciones civiles han sido convertidas en cuarteles; otras están tomadas prácticamente por las fuerzas armadas. Se oye a la gente que está en los cerros. Oímos a niños llorar”.
–Entonces, ¿cuál sería la salida?
–Sólo que un representante del gobierno se internara en la selva o que el diálogo se realizara en otro país.
La Comisión Legislativa acababa de recorrer Ocosingo, San Miguel, Guadalupe Tepeyac y Nuevo Momón.
–¿Lo que nos dice es la posición de la Comisión?
–No sé si se vayan a atrever a decirlo; lo que sí aseguro es que lo que digo es el sentir de la Comisión.
Todavía el viernes 17, el presidente Zedillo, ahora ante los dirigentes del Congreso del Trabajo, quiso conciliar una doble posición: prometió que “el gobierno no volverá a abdicar de su responsabilidad constitucional de preservar la soberanía de nuestro territorio” y, al mismo tiempo, aseguró que “se están estableciendo condiciones para una solución política”.
Pero Juan N. Guerra no ve cómo: “con las detención de zapatistas, la negociación se quedó sin puentes”.
