VERACRUZ, VER.- El jueves 9, un día después de que en el municipio de Yanga fueron detenidas siete personas presuntamente relacionadas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), efectivos del ejército federal, así como agentes de las policías Judicial Federal (PJF), Estatal y de la Dirección General de Seguridad Pública, realizaron detenciones y cateos en busca de armamento y de personas ligadas a los zapatistas en varias ciudades del estado de Veracruz.
Los operativos se extendieron hacia las sierras de Zongolica, Chicontepec, Papantla, Soteapan y Tezonapa, principal asiento de los grupos indígenas veracruzanos, donde cerca de 3,000 soldados incursionaron para realizar patrullajes a bordo de tanquetas y jeeps equipados con ametralladoras.
En el municipio de Tezonapa, punto de entrada a la sierra del mismo nombre, el ejército estableció, desde el mismo jueves, retenes en las poblaciones de Xocoapa y Villa Nueva, según informaron voceros de la decimosexta zona militar.
La madrugada del sábado 11, elementos de la PJF catearon varias propiedades de la señora Carmen Martínez Vargas, dueña de la casa situada en Yanga, la que rentaban, desde mayo de 1993, los siete presuntos zapatistas detenidos el miércoles 8.
La señora Martínez Vargas, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció que la policía llegó a su casa a las dos de la madrugada para interrogarla. Específicamente le preguntaron sobre la comida a que fue invitado Cuauhtémoc Cárdenas, la cual debía efectuarse el viernes 10 en su rancho El Vergel, en Amatlán de los Reyes, comunidad situada a diez minutos de Yanga. La reunión con el líder perredista no se llevó a cabo.
En una entrevista telefónica, la señora explicó que sólo le prestó el rancho a su sobrino, Rubén Aguilar, excandidato del PRD a la presidencia municipal de Yanga.
“Los policías entraron violentamente en la casa y revisaron una habitación desocupada desde hace ocho años, donde supuestamente fueron encontrados cartuchos y balas de diversos calibres, así como una vieja escopeta que usó mi esposo durante la Revolución”, refirió.
“Esa misma noche –añadió–, la policía cateó el rancho El Vergel. Violaron chapas y candados, rompieron puertas y ventanas, revisaron cajones, closets, cajas… sin encontrar nada.”
Un día después, el sábado 11, realizaron excavaciones en el patio de la casa de Yanga, en busca de armas. Los trabajos se prolongaron durante toda la semana pasada, y hasta el viernes 17 no habían hallado nada.
En Córdoba, la madrugada del viernes 10, agentes de la PJF y efectivos de Seguridad Pública detuvieron a los jóvenes Alejandro Ponce Orijel y Francisco Bueno Ladrón de Guevara, miembros del grupo de rock Córdoba Orgullo de América. Además, fue detenido Marcelino Estrada Domínguez, vendedor de tortas en la comunidad.
Según denunciaron los afectados, su aprehensión se realizó porque la policía sospechó que eran miembros del EZLN. Cuando fueron detenidos viajaban abordo de un Volkswagen blanco, “parecido al que solían usar los siete presuntos zapatistas detenidos en Yanga”. Fueron liberados un día después, luego de pagar una multa de 500 nuevos pesos cada uno.
En Xalapa, el domingo 12, la PJF cateó la tienda de abarrotes La Superfiesta y la carnicería La Fuente. En el primer establecimiento, según denunció el propietario, forzaron los candados de las cortinas de acero. No encontraron nada.
El martes 14 fue detenido, en Orizaba, Francisco Alejandro García Santiago, integrante del Movimiento de Cristianos Comprometidos con las Luchas Populares, quien ante el juez cuarto de distrito, Manuel Reynaud Caruz, y el agente del Ministerio Público Federal, Héctor Sánchez León, admitió ser miembro del EZLN.
La aprehensión de García Santiago se realizó en la casa situada en Poniente 7 número 471, departamento dos, donde vive su hermana Mónica Isabel, aunque el detenido tiene su domicilio en Poniente 22 número 413, casa que, según la Procuraduría General de la República (PGR), también es propiedad de Carmen Martínez Vargas.
Mónica Isabel informó que su hermano colecciona serpientes, y que en el momento de la detención hizo que una de ellas lo mordiera. Se desmayó y los agentes lo trasladaron a un hospital.
Ante la asesora legal de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Margarita Espino, Mónica Isabel denunció que su hermano fue secuestrado, “porque los agentes judiciales allanaron mi casa sin orden de cateo, y tampoco llevaban orden de aprehensión en contra suya”.
El viernes 10, había sido detenido otro de los hermanos García Santiago, Víctor Hugo, quien desde entonces permanece en las instalaciones de la PJF en Fortín de las Flores.
En un boletín, la PGR informó el miércoles 15 que en la casa de García Santiago “se detectó un doble fondo en el piso de una de las recámaras, que al excavarse resultó ser un compartimento subterráneo, donde se aseguraron algunos artículos que se presume estaban destinados a la fabricación y producción de armas y explosivos”.
El mismo miércoles 15, Francisco Alejandro García Santiago quedó detenido en el penal “Ignacio Allende” de la ciudad de Veracruz. Ahí, ante el juez cuarto de distrito, Manuel Reynaud Caruz, declaró que el EZLN “incursionó en territorio veracruzano desde mediados del año pasado, cuando se planeó construir una base militar en el municipio de Yanga”.
También confesó haber participado en el derribo de una torre de energía eléctrica en Tehuacán, Puebla, y otra más en Acayucan, al sur de Veracruz.
Los operativos en busca de zapatistas en las sierras de Tezonapan, Zongolica, Papantla, Soteapan y Chicontepec se intensificaron, el lunes 13, por parte de los efectivos del ejército.
Integrantes de la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica (OCISZ) denunciaron el martes 14 la desaparición de Alejandro Salas Romero, quien el 10 de febrero fue detenido por 15 personas armadas.
A Salas Romero, según Juan de Dios Pérez Sosa, líder de la OCISZ, lo relacionaron con el EZLN desde agosto, cuando asistió a la primera Convención Nacional Democrática, en Aguascalientes, Chiapas. “Ya hemos preguntado en todas las corporaciones policiacas y dicen no saber nada de él”, afirma.
Pérez Sosa informó, además, que el ejército ha realizado patrullajes y cateos en decenas de casas de los municipios de Tequila y Tlaquila, entre otros, con el objetivo de capturar zapatistas. Reconoce que en muchas casas, iglesias, escuelas y en los camiones urbanos hay carteles del EZLN.
A su vez, Edgar Flores Galán, presidente municipal de Tezonapa, señala: “aquí hay gente armada desde hace rato, y el gobierno lo sabía porque aquí hay mucha hambre”.
Por su parte, Fernando Ortiz Cruz, juez sexto de distrito en materia penal, con sede en el reclusorio norte de la ciudad de México, se declaró incompetente para seguir el proceso iniciado contra los siete detenidos en Yanga.
A éstos, sin embargo, la autoridad judicial los acusa de los delitos de asociación delictuosa, terrorismo, rebelión, así como de portación y acopio ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, la armada y fuerza aérea, cargos que ameritan penas de 35 años de cárcel y no alcanzan liberación bajo fianza.
“Si la denuncia se inició allá, entonces deben ser las autoridades judiciales veracruzanas las que tendrán que conocer del caso”, refirió Ortiz Cruz.
Por lo mismo, dijo, se envió el expediente al juzgado de distrito en materia penal localizado en el puerto de Veracruz. Ese mismo día, los detenidos fueron trasladados a este lugar sin que hasta el momento se conozca su situación jurídica.
 |
 |
 |
 |
 |
