–¿Está cierto de que Rafael Sebastián Guillén Vicente es en realidad el subcomandante Marcos?
–Sí, absolutamente.
–¿Absolutamente?
–Absolutamente.
En ningún momento titubeó el licenciado Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República, al responder las anteriores preguntas en una entrevista con el reportero, realizada en la oficina del funcionario, durante la cual también explicó y justificó la actitud del presidente Ernesto Zedillo, así como la intervención del ejército, en apoyo de la PGR, en los últimos acontecimientos de Chiapas.
–¿Desde cuándo se identificó a Marcos?
–Cuando hubo imputaciones directas, estaríamos hablando del 8 de febrero, fecha en que se le identifica plenamente.
–¿Tiene confianza en que Marcos será detenido?
–Yo tendría, más que confianza, la esperanza de que este nuevo intento de solución pacífica del conflicto de Chiapas pudiese fructificar.
–¿Y concretamente en cuanto a su captura?
–Me parece que es circunstancial.
–De acuerdo con la ley, al margen de consideraciones políticas, ¿cuál es la situación jurídica de Marcos en este momento?
–Es un prófugo, en tanto que hay una orden de aprehensión en su contra.
–Cuando se habla de reiniciar el diálogo para la paz, ¿es posible hacerlo con un prófugo de la justicia?
–El factor fundamental para entender esto es la Ley de Amnistía. Tiene que estar de por medio esta ley para que efectivamente las personas involucradas se acojan a la amnistía y tengan sus derechos políticos plenos, para poder buscar, a través del diálogo, una solución de una causa y acción políticas, basadas en reclamos sociales.
–¿Y en caso de que Marcos no se acogiera a la amnistía, cuál sería su situación?
–Pues me parece que seguiría viva una orden de aprehensión que tendría que cumplirse.
–¿Cuál es el fundamento legal para que la Policía Judicial Federal, como autoridad ejecutora de la orden de aprehensión, suspenda sus actividades de persecución, cuando la autoridad ordenadora es la judicial? ¿Cómo ejecuta usted una orden de aprehensión?
–Bueno, en este caso, yendo a la selva. Es evidente, todos lo sabemos, que podría provocar un enfrentamiento. La instrucción que nosotros tenemos del presidente de la República es no propiciar eso, en virtud de que se está planteando en el Congreso la expedición de una Ley de Amnistía, que podría dejar sin efecto las órdenes de aprehensión, los procesos o bien que ya no se continuaran las averiguaciones contra las personas involucradas en hechos delictivos de esta naturaleza. Entonces, efectivamente, se está haciendo una suspensión, pero sólo de las actividades que podrían traer, lógica y racionalmente, estas consecuencias, para propiciar el marco que obedece a una razón superior, que puede ser la solución del conflicto por la vía pacífica.
–Hay quienes consideran que se violentó el orden constitucional porque no se contempla expresamente que el Ejecutivo pueda disponer de sus fuerzas para cumplimentar órdenes de aprehensión de origen judicial. ¿Qué opina usted?
–La facultad que el presidente tiene de disponer de las fuerzas armadas está en la fracción VI del artículo 89 y prevé que esta utilización pueda tener como objetivo la paz interior del país. Si estamos hablando de una orden de aprehensión que, en términos de ley, tiene que cumplir la PGR, dada la competencia de los delitos de que estamos hablando –rebelión, motín, etcétera–, y la procuraduría fuera a cumplir esa orden de aprehensión ante personas que constituyen un movimiento denominado EZLN y que están armadas y que han declarado la guerra y que en el mes de diciembre dijeron que se rompía la tregua, evidentemente estaríamos ante la presencia de un enfrentamiento armado. La PJF no es una fuerza pública, como las policías preventivas o el ejército, sino una policía que tiene como función cumplir los mandamientos judiciales o ministeriales en este caso. Por eso está plenamente justificado que el ejército apoye una autoridad, en este caso administrativa, a nosotros, para el cumplimiento de una orden judicial.
–Disculpe mi insistencia, pero la intervención de las fuerzas armadas civiles y militares para cumplir un mandato judicial, ¿está expresamente establecida en las leyes?
–Sí, hay previsiones en el Código de Procedimientos Penales que hablan de que para hacer cumplir mandatos judiciales se puede hacer uso, insisto, de la fuerza pública.
–¿Cómo interpreta usted el debate en las Cámaras y en el medio de la jurisprudencia sobre si el ejército actuó ilegalmente, en apoyo de la procuraduría, en el caso de Chiapas, aunado a las denuncias de violaciones de los derechos humanos y tortura de los detenidos?
–Claramente hay diferentes intereses. A mí me queda claro que el principal interés, así dicho genéricamente, del pueblo de México, de la gran mayoría, es la paz. Que las cosas se conduzcan por vías pacíficas, pero en medio de un Estado de derecho. Estas discusiones que pretenden cuestionar la intervención del ejército obedecen a intereses particulares o puntos de vista particulares. Déjeme darle un ejemplo que, por lo cotidiano, a lo mejor se nos escapa: el ejército interviene, en apoyo de la procuraduría, en acciones contra el narcotráfico y a nadie sorprende.
–Una de las peticiones originales del EZLN es su reconocimiento como fuerza beligerante. Durante casi todo 1994 en los medios gubernamentales y militares, los zapatistas siempre fueron llamados “transgresores de la ley”, pero ahora, en su mensaje a la nación, el presidente Ernesto Zedillo y usted mismo hablan ya del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como tal. ¿Qué significa esto?
–Pues, tendría que, en todo caso, comentárselo al presidente de la República. Aquí veo una sutileza en su pregunta. Si digo que soy líder, cuando usted me llame líder, porque así siempre me digo, no creo que me está reconociendo que soy líder. Si ellos se dicen EZLN, si alguien les dice así, no implica necesariamente que se le reconociera la calidad de Ejército Zapatista sino tal vez sólo la referencia a como ellos dicen que se llaman.
–En cuanto a los cambios en la actitud del gobierno, pues primero el presidente habla del diálogo, luego ordena que se giren las órdenes de aprehensión, que se persiga a Marcos, y luego se ordena al ejército que se detenga, y a la PGR que ya no busque a Marcos, nuevamente se habla del diálogo, pero se aclara que siguen vigentes las órdenes de aprehensión. ¿Qué sucede?
–En una situación conflictiva como la que vivimos, las cosas desafortunadamente no pueden ser en una sola línea. El señor presidente hace un recuento de las iniciativas del gobierno. Y luego hace un recuento de las iniciativas propias, es decir, ya del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, que más que dar una opinión es una cronología de hechos objetivos comprobables por las fechas y la naturaleza de la propia convocatoria. Cuando surgen indicios, pruebas y luego detenciones de personas que están acumulando armas, trabajando para que pueda darse la violencia en otros lugares o colaborando con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional –y no lo digo reconociendo su calidad sino solamente como se llaman–, esto prueba que el aspecto formal o lo que formalmente se decía, de que se estaba en ánimo de celebrar un diálogo para encontrar una solución pacífica, no estaba siendo así en realidad. Esta es una circunstancia que obliga a tomar alguna acción referente a ella. Y esa acción fue proceder conforme a la ley, iniciándose averiguaciones, haciendo órdenes de cateo y consignaciones ante la autoridad competente. Esto motiva también un cambio de estrategia, de decir vamos a sentarnos a platicar para encontrar una solución pacífica que corresponde al espíritu de la inmensa mayoría de los mexicanos. Darnos otra vez la oportunidad antes que suceda algo que pueda ser irremediable.
–Ahora que usted habla de las armas, no han faltado las críticas también al respecto, en cuanto a que ha sido mínimo el armamento encontrado a los miembros del EZLN. No ha faltado, incluso, quien diga que más que arsenal de armas, ha sido un arsenal de palabras.
–No sé qué armas tenga usted en su casa. A lo mejor tiene cuchillos de cocina, un hacha o una pistola. Pero no creo que tenga la cantidad de explosivos suficiente para volar un puente. Y no sé qué reacción tendría al saber que su vecino tiene granadas, aunque seis, ocho, doce, en la casa que está al lado de la suya, donde viven sus hijos. ¿Es un arsenal chico o grande? ¿Comparado con el de Estados Unidos? ¿Con el de Saddam Hussein? ¿O con qué? Lo que quiero decir es que eso fue lo que se encontró. ¿Habría que haberle metido más? ¡Caray, estaríamos cayendo en las prácticas que sabemos serían del pasado! ¿Quién lo minimiza? ¿Quién dice que eso no es nada? ¿Cuál es el interés? Lo que está allí constituye delito y es obligación de la autoridad no dejarlo pasar.
Una última reflexión del procurador Lozano Gracia:
“Habrá gente que pueda simpatizar con estas personas (los zapatistas) o que simpatice de buena fe con sus causas o con las causas que ellos dicen defender, pero creo que está en el mejor interés de todos nosotros que no haya estas excepciones del Estado de derecho. Y también que la paz social se finque en la justicia social. No creo que sea posible, ni conveniente, ni adecuado, que aun resolviendo este problema, digamos en su aspecto puramente de violencia, ya las cosas pudieran quedar tranquilas. Tenemos todos una enorme responsabilidad de revisar las causas que generaron esto, al menos en las personas que de buena fe acudieron a ese llamado. Tenemos declaraciones de personas que nos dicen que se sumaron a este movimiento por el ofrecimiento que se les hizo de 20,000 viejos pesos diarios, que por cierto nunca se les pagaron. Entonces, esta causa que genera que una persona, un campesino, un indígena, acepte participar por una paga y porque esa paga les va a resolver su situación apremiante, bueno, pues eso es lo que precisamente tenemos que revisar y tiene que cambiar.”
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