SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.- Durante las 120 horas en que miles de soldados y agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) “buscaron” a Rafael Sebastián Guillén Vicente –supuestamente el subcomandante Marcos– la población civil dentro y fuera de la zona de conflicto –según diversos testimonios y denuncias– sufrió cateos, detenciones, torturas, allanamientos, impedimento de transitar libremente, persecución religiosa, ametrallamientos y, de acuerdo con los zapatistas, hasta bombardeos.
El dispositivo policiaco-militar incluyó un férreo control de los medios de comunicación durante los cinco días siguientes a la decisión del presidente Ernesto Zedillo de detener a los rebeldes.
En el aspecto político, el gobernador constitucional, Eduardo Robledo Rincón, repentinamente solicitó licencia para separarse del cargo luego de repetir hasta el cansancio que Chiapas estaba vacunado contra los interinatos y que el Congreso haría respetar la soberanía estatal.
Y mientras en la ciudad de México la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia explicaba que la acción emprendida en Chiapas no representaba un endurecimiento o un acto de fuerza, el general Román Arrieta Hurtado, jefe del Cuerpo de Paracaidistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ocupó Guadalupe Tepeyac, afirmaba: “esto es la guerra”.
CERCO INFORMATIVO
Del jueves 9 al miércoles 15 de febrero, reporteros nacionales y extranjeros no pudieron entrar en las zonas controladas por el ejército ni obtuvieron información de lo que estaba ocurriendo, sólo se organizaron visitas guiadas por parte de la Secretaría de Gobernación (SG).
El domingo 12, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) y el subcomandante Marcos lograron hacer llegar varios comunicados a los reporteros concentrados en San Cristóbal, en los cuales fijaban su posición ante la ofensiva del gobierno y denunciaban atropellos cometidos por los soldados.
El gobierno, por conducto de la SG y la Presidencia de la República, pretendió desmentir la versión de los guerrilleros e intentó censurar el manejo de esa información. Cuatro corresponsales extranjeros relatan sus experiencias a Proceso:
Eduardo Kragelund, corresponsal de Reuters, afirma que “respecto a lo sucedido en 1994, las diferencias para cubrir la información en la zona de conflicto son totales. En primer lugar, el año pasado teníamos acceso a donde queríamos, con excepción de las limitaciones que imponían los zapatistas mismos. En estos días, la cosa se invirtió: las limitaciones las puso el ejército.
“Cuando en Altamirano pedí a un Ministerio Público Militar que me dijera por qué no podíamos pasar, me respondió que los intereses de la nación estaban por encima de los individuales. Entonces le pregunté: `¿esto quiere decir que hay un estado de sitio? Si no es así, la Constitución ampara tanto a extranjeros como a nacionales. Se permite el libre tránsito y la libertad de información’. La respuesta fue: `yo soy la autoridad y de aquí no pasa’. Eso ocurrió el viernes 10.
“La actitud de los militares tiene ribetes dictatoriales. El ejército no está respetando la Constitución, la viola y nadie se hace cargo de ello. Es una situación ilegal en que incurre el ejército, y pienso que el gobierno también.”
Agrega que los agentes de Migración, que dependen de la SG, “nos solicitaron a todos los corresponsales extranjeros papeles que nunca nos habían pedido. También decían que nuestra acreditación expedida por la Presidencia no tenía ninguna validez, afirmaban que la Presidencia no podía acreditarnos legalmente. Los papeles que nos pedían son los que habitualmente tenemos guardados en casa para renovarlos cuando se debe, no son los que se tienen que llevar normalmente en México. En lugares donde hay dictaduras sí se llevan ese tipo de documentos. En todos los retenes militares hay gente de Gobernación, subordinada al mando militar, pidiendo los papeles. El menor tiempo que hemos estado en un retén ha sido una hora.
“El domingo llegaron los comunicados zapatistas y los lanzamos. Obviamente se tomó lo más importante, que eran las denuncias en el sentido de que las fuerzas armadas estaban bombardeando en determinados lugares y se estaba matando a niños. En la nota ampliada informamos que el gobierno, aunque no reaccionó inmediatamente, había dicho exactamente lo contrario, que el avance había sido prácticamente incruento.
“Paralelamente, mientras nosotros hacíamos aquí este trabajo, el jefe de nuestra oficina en la ciudad de México, Jef Franz, llamó a la Presidencia y a la PGR para solicitar una reacción. Como es costumbre, no hubo nadie que pudiera dar una respuesta política.
“Sin embargo, de pronto llamó a la oficina de Franz el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Salomón, para reclamar por la información que se había transmitido. Se gritaron. El funcionario dijo que ése no era un trabajo periodístico honesto y otras acusaciones por el estilo. Hubo entonces un intercambio de insultos y el señor Salomón llegó a decir `fucking Reuters’.
“Jef se enojó mucho, porque, además, lo amenazó con interponer una demanda contra Reuters, a lo que nuestro jefe le respondió que ya estaba harto de aguantar insultos del gobierno, y que deberían aprender a hacer su trabajo. La conversación terminó violentamente.
“Después llamó Luis Téllez, jefe de la Oficina de la Presidencia, y en un tono más calmado le dijo que los comunicados eran falsos. Nuestro jefe le contestó que eso era lo que queríamos, una reacción del gobierno, pero Téllez insistió en que estábamos mintiendo. Jef volvió a discutir. Al parecer no hay forma de que el gobierno mexicano entienda en qué consiste la actividad periodística.
“Más tarde llamó Gabriel Guerra, otro funcionario de Comunicación Social, evidentemente con la orden de calmar las cosas.
“La posición de Reuters es dar información, la que tengamos y como la tengamos. La pregunta que siempre hicimos al gobierno durante esta crisis fue: `ustedes dicen que no hay bombardeo, que no hay violaciones de los derechos humanos. Nosotros no decimos que las haya, son los zapatistas quienes lo afirman. ¿Por qué entonces no dejan entrar a la Cruz Roja Internacional ni a la prensa? Si efectivamente no hubo bombardeos ni violaciones y podemos comprobarlo, transitando libremente y no con visitas guiadas, si podemos verificar esa información y resulta que los zapatistas mintieron, vamos a decirlo. Pero sí los hubo, también vamos a difundirlo, ésa es nuestra labor’. Lo que ellos no quieren es que hagamos nuestro trabajo. Quieren que difundamos solamente las versiones gubernamentales.”
Juan Carlos Salazar, de la Agencia Alemana de Prensa, también considera que han habido muchas dificultades para realizar su trabajo: “el malestar del gobierno es con los periodistas, a quienes responsabilizó de las versiones que circulaban, cuando la responsabilidad de corroborar esas informaciones es del propio gobierno”.
Antonio Ortega, de France Press, comentó que el gobierno organizó las visitas guiadas “para que los periodistas vieran lo que ellos querían. No fue sino hasta después del miércoles 15 cuando pudimos obtener información verídica. Cada vez crecen más los rumores. Para el gobierno, los reporteros somos los malos de la película. Ese ha sido el problema básico, la falta de información y el impedimento para acceder libremente a la zona de conflicto. No podemos pasar a confirmar nada, ni la información oficial ni la de la guerrilla”.
José Antonio Torres, de la agencia española EFE, expresó que la obligación del gobierno es permitir el trabajo de los periodistas, a no ser que haya estado de sitio. “Sí lo hay, pero no quieren declararlo oficialmente porque se les cae la bolsa. Pero al no permitir el paso, están violando la Constitución”.
No sólo los periodistas extranjeros fueron presionados. Fredy Martín Pérez, quien en los dos años pasados se desempeñó como corresponsal de la agencia oficial de noticias Notimex en esta zona, fue despedido la semana pasada por tener “relaciones de amistad” con “el gobernador en rebeldía”, Amado Avendaño.
El corresponsal dice: “en realidad, ése fue el pretexto. Lo que pretende Notimex es ocultar la información que se genera en la zona fronteriza”.
Entre el viernes 10 y el martes 14, Martín Pérez envió notas en las que informaba que había habido enfrentamientos en Nuevo Momón, con un saldo de dos oficiales muertos, entre ellos el teniente coronel Hugo Manterola. Además, dio a conocer testimonios de personas que habían visto cómo llegaban al aeropuerto de Comitán, en transportes militares, casi 20 cadáveres.
Hugo Robles Guillén, otro corresponsal de Notimex, fue despedido, porque oficialmente se afirmó que tenía bajo rendimiento. Robles Guillén cree que la verdadera razón de su despido estriba en que es primo político de Avendaño.
DEMANDA CONTRA EL EJERCITO
La diputada federal Leticia Calzada Gómez –fue candidata por el PRD, pero no milita en ese partido– intentó ingresar el lunes 13 en la zona controlada por el ejército, con un grupo de representantes de la organización Pastores por la Paz. Su fuero no le sirvió de nada. El militar responsable del retén ordenó que tomaran fotografías a la legisladora y le pidió que se retirara.
Ese mismo día, Calzada Díaz presentó la siguiente denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal en San Cristóbal de las Casas: “en mi carácter de diputada federal, denuncio ante usted la violación de los artículos 1, 6, 9, 11, 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por los siguientes hechos:
“1. Ayer 13 de febrero, en el retén militar ubicado en la salida de Ocosingo a San Miguel, militares que no quisieron proporcionar ni sus nombres ni sus grados nos impidieron el acceso a mí, a otros ciudadanos mexicanos y a extranjeros internados legalmente en el país. Con este hecho se violó la libertad de tránsito en el territorio nacional.”
Finalmente, solicita “que se investigue quién ordenó estas violaciones y se finque responsabilidad a quien resulte responsable de este delito”.
LA ILEGALIDAD
Las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y respecto de los excesos cometidos por los soldados tardaron en conocerse, debido, precisamente, a los retenes militares.
El domingo 12, el CCRI del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en un comunicado escrito a mano, señaló que el ejército federal llevaba a cabo bombardeos indiscriminados contra la población civil.
Llama al “señor Ernesto Zedillo” traidor a la patria “por ordenar la ofensiva militar, y con ella estar matando de hambre a nuestros niños, al no poder estar en nuestros hogares para prepararles la poca alimentación que nos queda”.
Denuncia que soldados y policías “están torturando y deteniendo a personas civiles”, principalmente en la comunidad denominada Rosario Ibarra, en el municipio de Ocosingo, donde “todos están siendo torturados, incluyendo niños y mujeres, y a uno de ellos, que es reconocido como autoridad, le cortaron el brazo”.
Los bombardeos, según el CCRI, comenzaron el viernes 10 en las comunidades de Morelia y La Garrucha, y duraron cuatro días.
A su vez, el “Consejo del Gobierno de Transición en Rebeldía”, encabezado por Amado Avendaño, informó que la noche del domingo 12 delegados de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco fueron testigos del bombardeo contra las comunidades de Tani Perla, San Jerónimo, Amador, San José, Morelia y La Grandeza.
También hay denuncias sobre detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. El viernes 10, agentes de la PGR detuvieron a Jorge Santiago Santiago, Javier Elorriaga Verdegué y Sebastián Entzín Gómez, acusados de pertenecer a la dirección nacional del EZLN. Diversas asociaciones de derechos humanos denunciaron que Santiago Santiago es inocente y que los delitos que se le atribuyen, falsos.
Posteriormente fue hostigado el párroco de Teopisca, Javier Ruiz; hubo amenazas contra el obispo Samuel Ruiz; fue cateada la iglesia de Ocosingo, todo lo cual, según el centro de derechos humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, se inscribe “dentro de la campaña, bien fabricada, en contra de la Iglesia diocesana de San Cristóbal de las Casas”.
El miércoles 15 se intentó quemar una puerta del templo de San Nicolás, donde se encuentra el Archivo Diocesano, dirigido por Andrés Aubry.
Las oficinas de la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz fue cateada a las 1:30 horas del viernes 10, por 30 agentes de la PGR fuertemente armados, quienes “entraron violentamente por dos puntos: un grupo pateando la puerta de entrada y el otro desde la casa vecina”, según denuncia de ese organismo. Durante el cateo, agrega, los judiciales “violaron candados, registraron toda la casa y los archivos, dejándolos en desorden”.
El lunes 13 de febrero, una casa rentada por Amado Avendaño, en la que vive su cuñada, Victoria Villafuerte Blanco, fue allanada por desconocidos. Concepción Villafuerte, esposa de Avendaño, aseguró que del inmueble fueron sustraídos una computadora portátil con su respectiva impresora, documentos originales de todos los comunicados del EZLN, un radio de intercomunicación de circuito cerrado y 50,000 nuevos pesos.
MAS TESTIMONIOS
Los reporteros de Proceso visitaron comunidades de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, y pudieron observar en algunas de ellas, como La Estrella, La Garrucha y Patihuitz, casas con las puertas destruidas y desorden en su interior.
Además, obtuvieron testimonios sobre detenciones arbitrarias y torturas con golpes, toques eléctricos, sumersión en agua y asfixia, cometidas por soldados en contra de dirigentes indígenas que son señalados como miembros del EZLN, pero que en realidad militan en organizaciones civiles que respaldan a Amado Avendaño.
Por ejemplo, Alfredo Jiménez Santiz y Mario Alvarez López, representantes de la Central Independiente de Organizaciones Indígenas y Campesinas, sufrieron maltrato por parte de los militares. Declararon que fueron acusados de pertenecer al grupo armado y amenazados para que no denunciaran las torturas que padecieron.
ROBLEDO, OTRA VICTIMA
Cuando nadie lo esperaba, y los priístas consideraban que Eduardo Robledo Rincón se había fortalecido con el operativo militar, el martes 14 el gobernador pidió licencia a su cargo, por 11 meses, al Congreso estatal.
Al respecto, el diputado local por el PRI Carlos Morales dijo que es lamentable y preocupante lo que está ocurriendo, pues no se respetó la voluntad de los chiapanecos:
“Nos enteramos por la televisión de la renuncia de Eduardo Robledo. Posteriormente, en una reunión en la casa de gobierno, conocimos la situación. Robledo nos dijo que era una decisión que había tomado porque quería contribuir a la reconciliación en Chiapas, que era una determinación personal y nos pidió que lo apoyáramos.
“Todos creíamos que el gobierno de Robledo se había fortalecido en los últimos días. Pero nuevamente fue la federación la que decidió por encima de la voluntad de los chiapanecos.”
El diputado Plácido Morales, hermano del actual dirigente del PRI en la entidad, afirmó no conocer al nuevo gobernador, Julio César Ruiz Ferro: “es un chiapaneco del Distrito Federal”, dijo.
Consideró que la decisión de cambiar a Robledo “traerá un gran desencanto y falta de confianza en las instituciones. Habíamos peleado y defendido la soberanía local, nuestro proceso electoral, pensábamos que con ello podíamos fortalecer las estructuras de gobierno, pero con la nueva situación esto va a ser muy difícil.
“Se quiere garantizar la paz con estos cambios, pero sinceramente pienso que no va a ser así. En mi opinión, lo que debe hacerse es respetar la ley, la voluntad mayoritaria; ése es el único camino para lograr un entendimiento.”
En poco más de seis años, Chiapas ha tenido cinco gobernadores.
DIALOGO, UNICA SOLUCION
La Diócesis de San Cristóbal manifestó su preocupación porque “la fachada jurídico-penal que se le da a este desproporcionado operativo militar, que ha dado pie al arresto de personas inocentes, hace que la población viva un estado de guerra real”.
Llamó a los organismos no gubernamentales a unirse en una campaña para que el gobierno federal detenga las acciones “que nos llevan a la guerra que no queremos”; que se restituyan las zonas francas y se autorice la entrada de observadores internacionales, y que se restablezca el proceso de diálogo como única vía de solución.
