El presidente Zedillo tomó un camino riesgoso en extremo frente a los datos aportados por las fuerzas de seguridad y la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con la identidad y las presuntas acciones e intenciones de los líderes visibles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Haber descubierto –por fin– la identidad de Marcos y de algunos de quienes, presumiblemente, son colaboradores cercanos del líder guerrillero, así como la detección de dos casas de seguridad del grupo armado y la aprehensión de quienes en ellas se encontraban, no son factores que alcancen a modificar la situación previa al pasado jueves 9 de febrero.
Es cierto que frente a la amenaza de nuevas acciones armadas –o peor aún, terroristas–, el gobierno, en particular la PGR, actuó con prontitud y eficacia dignas de reconocimiento. Pedir al gobierno que, en aras de la tregua, permaneciera impasible ante esos movimientos es irracional. Quienes violaron la tregua, conforme a los datos aportados por la Procuraduría General de la República, fueron Marcos y sus compañeros; en el pecado pagan la penitencia. Sin embargo, detenido el intento, capturados o identificados los dirigentes del grupo armado, cabe preguntarse por la subsistencia o no de las razones que llevaron al Ejecutivo federal, desde principios de enero de 1994, a reconocer la raíz y razón del levantamiento armado en Chiapas, y a dar, implícitamente, la razón al propio Marcos cuando éste afirmó: “podrán cuestionar el camino, pero nunca las causas” (Proceso 897).
Descubrir la identidad de Marcos y atajar sus supuestas intenciones no conduce, de manera automática, a validar la tajante afirmación presidencial en el sentido de que: “la evidencia descubierta ha permitido comprobar que el origen, la composición de la dirigencia y los propósitos de la agrupación no son ni populares ni indígenas ni chiapanecos. Se trata de un grupo guerrillero derivado de uno formado en 1969 en otro estado de la república y denominado Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), partidario de la lucha armada para tomar el poder político”.
Hay un giro de 180 grados en la posición del gobierno: hoy trata a la dirigencia del EZLN como delincuentes y ordenó, a la PGR, la detención de sus integrantes. Reitero mi concordancia con las acciones del gobierno dirigidas a evitar nuevos actos de violencia, en Chiapas o en cualquier lugar del país; pero de ahí no se desprende razón para el juicio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Que Marcos y una parte de la dirigencia del Ejército Zapatista no son indígenas ni chiapanecos era evidente desde el 1 de enero de 1994, lo cual no impidió que el gobierno reconociera sus demandas, no sus métodos. Que sus propósitos no tienen raíz popular es, por lo menos, discutible, más aún si como argumento se invoca el origen remoto del grupo armado.
Decir que derivan del FLN, creado en 1969, no los descalifica. Los grupos armados surgidos en aquellos meses se nutrieron de jóvenes agobiados por la falta de perspectiva democrática, por la convicción sincera de que las vías de acción legal habían quedado cerradas. No fueron partidarios “de la lucha armada para tomar el poder político”, más correcto es decir que fueron empujados a ese camino por un sistema autoritario que cerró toda posibilidad de expresión. Muchos pagaron con la vida, o con varios años de cárcel, su convicción; fueron precursores en la lucha por las libertades que hoy gozamos, así terminó por reconocerlo el propio gobierno desde hace algunos años.
Discrepo de la decisión presidencial de no hablar más de negociación y –al parecer– autorizar a la PGR y al ejército a penetrar en la zona de conflicto para enfrentar al EZLN. Si “la pobreza, la ausencia de oportunidades, la injusticia, la falta de democracia” son, como reconoce el presidente Zedillo, las raíces del levantamiento en Chiapas, la identificación o captura de los dirigentes no representa la solución del problema, menos aún si lo que sigue –escribo este artículo el viernes 10– es el choque sangriento del ejército nacional con los efectivos del Zapatista de Liberación Nacional.
Al país costó años remontar –tarea inconclusa– el trauma de 1968; después de la represión, vinieron los años de la guerra sucia, los muertos, la militarización de Guerrero y Oaxaca, el auge y el descontrol de los cuerpos de seguridad. Desde el primer momento critiqué el camino, no las causas, del EZLN; sigo pensando que quienes desde la comodidad de su fuero, su candidatura o su cubículo hicieron la apología de Marcos y sus métodos hacen flaco favor a la causa democrática de México. De ellos nada cabe esperar, repetirán las irresponsables tonterías que han saturado nuestros diarios y nuestras revistas en los 14 últimos meses.
Así como el presidente Zedillo Ponce de León repudió la herencia del salinismo, evitando el enfrentamiento visceral con el Partido de la Revolución Democrática, y reabrió los cauces del diálogo con el EZLN, hoy está obligado a ser prudente, a poner por delante la razón de Estado. Si durante más de dos meses rechazó cubrirse las manos de sangre –reiterando su disposición al diálogo y a la negociación–, por el bien de México, por el bien de todos, debe mantener esa conducta incólume. Ernesto Zedillo debe saber que la “solución” armada es una salida falsa que conduce al precipicio del rencor y la desesperación; que mientras la raíz persista, otros tomarán el relevo de la razón. Para resolver raíz y razón requerimos paz, tiempo, recursos, voluntad.
Los tambores de guerra que, en interesado júbilo, hacen sonar con estruendo los dueños del dinero y los fariseos políticos no deben imponer al país entero sus exigencias. A todos toca dar una oportunidad a la paz: a los dirigentes y cuadros del EZLN, tomar la oferta presidencial de amnistía; a los partidos políticos, dejar de lado sus cuitas y cuentas; a la Iglesia católica –con Samuel Ruiz García incluido–, renunciar a jugar al juego del poder, para colocar misión e influencia en favor de la reconciliación; a las organizaciones sociales, actuar con madurez y cordura; a todos, pasar de la preocupación a la ocupación que preserve diálogo y civilidad.
Del gobierno espero la generosidad que abone en pago de la palabra traicionada en 1968; Zedillo Ponce de León debe tender mano sincera y franca, en simbólico acto desde el zócalo, no desde el “canal de las estrellas”, a los que tienen raíz y razón. La apertura tardó diez años, quienes murieron son nuestro mejor argumento para no repetir la historia. Espero cordura, también generosidad, pues sólo así los indios de Chiapas, mexicanos como todos nosotros, a los que “la falta de democracia” –como a los muchachos de 1968– condujo a creer que la violencia redimiría a México, podrán encontrar, con dignidad y justicia, los métodos legales para proseguir la infatigable lucha que los une con millones de sus compatriotas.
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