Hace algunos meses, en este mismo espacio, me atrevía a escribir que, en el caso de los levantados de Chiapas, todos teníamos la obligación de tomarnos en serio. En efecto, ninguna de las declaraciones de la cabeza medio visible de los alzados daba para andarse por las ramas en interpretaciones: la autodefinición del movimiento violento siempre fue clara: “clandestino y armado”; su declaración formal de guerra –escrita y refrendada por la acción de inmediato– jamás fue retirada; su exhibición de armas ha sido permanente; vamos, su presunción de haber extendido territorios bajo su dominio ha sido pública y notoria.
De algún modo, el hecho de que se desconociera la identidad de quien habla por los levantados en armas obligaba al Estado a buscar, en condiciones de debilidad, la solución del conflicto. Eso llevó al gobierno, como lo señaló Proceso, a “doblegarse” y seguir un camino que, como candidato, había juzgado indebido e impracticable el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahora, identificados aquél y algunos de sus principales colaboradores, ese doblegamiento puede evitarse y se abre la vía del derecho. Un derecho, por cierto, que no puede tolerar a nadie el acopio y el uso de armas y explosivos, ni la explotación del pobre, ni el abuso de autoridad, ni el fraude electoral ni la impunidad. Lo que vale para quien viola la ley para reclamar justicia vale también, y quizá más, para quien la quebranta amparado en su poderío económico o político; es decir, para quien se aparta de la norma jurídica para perpetrar injusticia. Ningún tipo de máscara debe proteger a nadie de la acción legal.
Es evidente que la identificación de Marcos y sus colaboradores más próximos, que el fortalecimiento de la acción legal del Estado no resuelve todos los problemas que están en la raíz del conflicto chiapaneco. De aquí la importancia de que se plantee, desde la Presidencia de la República, la búsqueda de soluciones a aquéllos, y se anuncie una iniciativa de ley de amnistía que, de ser generosa, mucho puede contribuir a que no pocos alzados retomen la vía política y pacífica y, de tal modo, a crear un clima propicio a una sociedad que reclama eso y lo necesita con urgencia.
No está de más señalar que, para que el camino legal pueda transitarse en forma eficiente y promisoria, lo que se haga a partir de los resultados obtenidos en la investigación por la Procuraduría General de la República –es decir, más y mejores pesquisas y cumplimiento de las órdenes de aprehensión– no puede ignorar el marco de ley a que tales tareas públicas debe ceñirse. Mucho menos –sería no sólo inmoral e ilegal sino, lo que resulta peor, torpe y regresivo– perpetrar en esa labores atentados contra los derechos humanos. Cabe recordar, empero, que el Estado y sus brazos han de vérselas con personas y grupos clandestinos y armados –según su propia y no negada definición– que actúan con base en una declaración formal de guerra. Si tomamos en serio a quienes empuñaron los fusiles, no podemos someter a burla, a menosprecio o a infamia a quienes tienen la seria responsabilidad de hacerles frente directamente. Quien declara y hace la guerra no puede esperar otra cosa, si en realidad está convencido de la bondad de su decisión. Quien aplaude tal declaración y apoya el conflicto como vía áurea de liberación no debería caer en la ingenuidad de pensar que en una guerra sólo tienen derecho a disparar los que la declaran. El laberinto infernal de las armas tiene su lógica. Es tramposo aceptarla sólo para una de las partes. De aquí que toque a los declarantes decidir y hacer saber si quieren continuar por ese camino, o emprender el que dará a sus demandas justas la fuerza de la ley y la dinámica de la paz.
Quedan, insistimos, las situaciones que llevaron a los alzados a tomar las armas. Allí están en espera de soluciones prontas, justas, generosas. Indígenas, campesinos, comerciantes, ganaderos chiapanecos no podrán aceptar que el curso legal que habrán de tomar los acontecimientos resulte un velo de formalidades para ocultar realidades lacerantes y aplazar medidas impostergables. Y es preciso ir, en este sentido, mucho más lejos que la ley –no para violentarla sino para mejorarla, modificándola, y para trascenderla, perfeccionándola en los hechos– porque, como bien se ha escrito, “la justicia sin la caridad es una ilusión… la caridad sin justicia, una impostura… la justicia, la forma política del amor al prójimo”.
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