El 5 de febrero, al conmemorar el aniversario de la Constitución de 1917, Ernesto Zedillo Ponce de León dijo a la nación que buscaba la paz en Chiapas y que reiteraba su llamado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para dialogar y acordar una paz justa y digna. Advirtió que si no obtenía respuesta afirmativa, propondría un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para que el Poder Legislativo se corresponsabilizara con el Ejecutivo en la solución que hubiera que darse al problema de Chiapas que afligía la nación por más de un año ya.
Diversas interpretaciones se dieron a esa advertencia. Desde considerar que se preparaba la desaparición de poderes en Chiapas hasta la de que buscaba el apoyo del Congreso para romper la tregua de parte del gobierno. Algunos creímos que se pretendía ampliar la consulta para buscar soluciones racionales al conflicto; que, ¡por fin!, el presidente de la República entendía que tomar decisiones unipersonales “en la soledad de Los Pinos”, como dijo algún frívolo presidente hace no muchos sexenios, no es el mejor camino para dirigir los destinos de un país tan plural como el nuestro.
Llegamos a pensar que era posible establecer un consenso entre los legisladores y el Poder Ejecutivo para resolver el problema de Chiapas mediante reformas que recogieran las demandas del EZLN, apoyadas por la mayoría de la población mexicana, respaldo que se ha expresado a lo largo y ancho del territorio nacional de muchas y diversas maneras. No fue así. Todos fuimos engañados otra vez. Quien estas líneas escribe, en especial.
Con la hipótesis de que en verdad quería consensarse una solución, los integrantes de la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Paz en Chiapas (CL, para abreviar), del PAN, PRI, PT y PRD, nos propusimos acudir al lugar del conflicto para oír de viva voz la opinión de los actores. Tuvimos el problema de que el EZLN no aceptó reunirse con nosotros para cambiar impresiones y para, como le dijimos a su dirección a través de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), hacer posible que coadyuváramos a restablecer la paz en la región y pudiéramos recoger de manera directa las propuestas de reformas de la Constitución que necesariamente deberán hacerse para rectificar las condiciones de injusticia e iniquidad que privan en la república contra las diversas etnias que la habitan y en general contra los marginados de siempre, quienes no tienen otra mercancía que ofrecer al mercado que su fuerza de trabajo.
Sin embargo, establecimos contacto directo con la Conai, con Amado Avendaño Figueroa, con los campesinos que desde hace décadas luchan por hacer valer sus derechos sobre la tierra como manda la Constitución, la de antes de Carlos Salinas y la de ahora, castrada en el artículo 27 por él, y quisimos ir a charlar con los ganaderos, con los desplazados, con el comandante militar de la zona, con Eduardo Robledo Rincón y Eraclio Zepeda, para que no se dijera que oíamos sólo a la parte cercana en las simpatías al EZLN.
El panorama en Chiapas era distinto del que había antes del discurso de Zedillo Ponce de León el 5 de febrero, opinábamos algunos miembros de la CL, porque tras el reconocimiento del gobierno a la Conai como intermediaria y el nombramiento de la Secretaría de Gobernación como representante del Poder Ejecutivo ante el EZLN, sólo se había logrado un encuentro entre la dirección de éste y el secretario, y nada más había ocurrido. Tras el discurso había renacido la presión desmedida sobre el presidente para que se ejerciera la represión. El gobierno estadunidense exigía condiciones no financieras para otorgar su aval a la línea de crédito proporcionada al gobierno de Zedillo Ponce de León, las que negaba tercamente éste: control policiaco sobre mexicanos en la frontera norte para no salir del país, limitación en las relaciones con Cuba y, por supuesto, tranquilidad en Chiapas.
La advertencia de Zedillo Ponce de León de hacer participar al Congreso en la solución del conflicto chiapaneco podía entonces interpretarse como respuesta a esas presiones y como signo para el norte de que se actuaría de manera enérgica contra los rebeldes.
Para algunos de los integrantes de la CL, en especial para mí, la forma en que se convino la línea de crédito, 50,759 millones de dólares de una sola vez, una cifra igual a las dos terceras partes del total de la deuda externa acumulada del sector oficial en toda la historia de México, era prueba más que suficiente del grado extremo de dependencia del gobierno del vecino país del norte. Si Carlos Salinas se había puesto al servicio de George Bush y William Clinton, la actual administración –de Zedillo Ponce de León– había llegado ya amarrada al gobierno del vecino país del norte y sólo existía en mí la esperanza de que hubiera un acto patriótico de rebeldía contra esta supeditación y se negociara la deuda y se fijaran las bases de un nuevo gobierno independiente del de Clinton. Por desgracia, no fue así.
La abrupta decisión de Zedillo Ponce de León de acusar a los dirigentes del EZLN de delitos comunes, de comunicar personalmente a la nación que se ha descubierto la identidad de Marcos y que se han encontrado arsenales que muestran la inminencia de una ofensiva del Ejército Zapatista, rompe por completo con toda esperanza que se hubiera forjado nadie de buena fe de que este gobierno pretendía cambiar las cosas.
Está a la vista que se quiere seguir hablando de reforma política definitiva para seguir cometiendo fraude electoral como en Chiapas, Tabasco y Veracruz. ¿Quién puede creer que con las armas encontradas en el Distrito Federal y en Yanga puede reforzarse notablemente un ejército como el Zapatista de Liberación Nacional?
¿De dónde sale la afirmación de que se preparaba un ataque del EZLN? ¿Cuáles son las bases para afirmarlo?
¿Habrá alguien que crea que puede ordenarse la aprehensión del jefe de un ejército como el EZLN mandando a un grupo de judiciales a la selva? ¿Es posible ignorar que hacerlo significa romper la tregua y atacar al EZLN? ¿Por qué no llamar las cosas por su nombre?
Si el doctor Zedillo Ponce de León se cansó de esperar por el diálogo, si consideró que ya no resultaba prudente esperar más, es más sano para todos que así lo diga y no que se exponga a que la opinión pública nacional e internacional considere que se basa en argumentos carentes en absoluto de racionalidad para fundar su decisión.
Todo ejército que mantiene una tregua, un alto al fuego, sigue preparándose para la guerra. ¿No lo hizo así el federal? ¿Alguien cree que entretanto los dos ejércitos se fueron a veranear, a descansar, que no se pertrecharon mejor? Torpe habría sido que en estos meses el ejército mexicano no hubiera estudiado mejor la región, determinado posiciones del adversario, conocido sus fuentes de abastecimiento. De igual manera debe haber procedido el EZLN. ¿No es lo racional?
La CL acudió al lugar del conflicto y habló con los actores. Supo de la iracundia de los ganaderos y los desplazados, del odio y rencor que sienten y que, además, les han sembrado los medios pagados con dineros gubernamentales. Y odian al EZLN pero también al Partido de la Revolución Democrática y a Samuel Ruiz García y a Amado Avendaño Figueroa. Pude ver una campaña bien orquestada para preparar las condiciones de una agresión en gran escala. Supimos también del rencor de los campesinos contra quienes los han explotado desde siempre y que las organizaciones afines al EZLN también han hecho su labor usando los escasos recursos de que disponen, infinitamente menores que los de los contrarios. Hay una polarización de fuerzas sumamente peligrosa.
Regresamos a Chiapas los integrantes de la CL preocupados porque pensábamos que en cualquier momento podía estallar el conflicto, incontrolado. Y así decidimos reunirnos un día después para elaborar un informe consensado.
Volé de Tuxtla Gutiérrez hacia la ciudad de Aguascalientes para participar en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ahí recibí la noticia del mensaje del doctor Zedillo Ponce de León, anunciando que ordenaba la aprehensión de Marcos, a quien identifica como Rafael Sebastián Guillén Vicente. Haciendo uso de sus facultades constitucionales, según dijo, ordenaba que el ejército federal apoyara la Policía Judicial para cumplir la orden de aprehensión. Olvida que la Constitución establece en su artículo 129, a la letra, que: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Pero en estos tiempos de paz vale menos el peso, pero no hay devaluaciones, se obtienen nuevos y fabulosos créditos, pero no aumenta la deuda, y se lanza al ejército a combatir el EZLN, pero no se rompe la tregua. Y no se respeta la Constitución, pero no se la viola. Se miente, diría Zedillo Ponce de León, pero se dice verdad.
¿Hasta cuándo?
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