Las visitas del subprocurador Pablo Chapa Bezanilla a diputados y senadores y de Olga Islas, la exfiscal especial, a la Cámara de Diputados, los días 7 y 8 de febrero, removieron conjeturas, hipótesis y cabos sueltos que se habían soslayado o desechado en la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
¿Participaron uno o dos tiradores?, ¿giró o no el cuerpo antes de caer?, ¿cayó de frente o en decúbito lateral? No hay nada definitivo a más de diez meses de aquella trágica tarde en Lomas Taurinas.
No ha podido reconstruirse completamente lo que pasó. Hipótesis que se habían soslayado, nombres que parecían destinados al archivo, como el de Rodolfo Rivapalacio Tinajero –libre por falta de elementos– o Jorge Antonio Sánchez Ortega –quien dio positiva la prueba de radiozonato–, reaparecieron estremeciendo nuevamente los ambientes político y judicial del país.
Los días 7 y 8 de febrero, volvió a reforzarse la hipótesis de que fueron varios los individuos que participaron en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuando, una semana atrás, la Procuraduría General de la República (PGR) en su petición de cárcel para Tranquilino Sánchez Venegas, por el delito de ayuda o auxilio en el homicidio, ponía sobre la mesa la posibilidad de que Mario Aburto Martínez –sentenciado a 45 años de prisión– no actuó solo en el homicidio (Proceso 952).
Y ahora, después de la reunión de Chapa Bezanilla con los legisladores, cobró fuerza la versión de que habría intervenido un segundo hombre en el homicidio, lo cual confirmaba –para los integrantes de la Comisión de Seguimiento del caso Colosio– la hipótesis del complot.
Los legisladores Sergio Guerrero Mier –del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y Alfredo Ling Altamirano –del Acción Nacional– informaron, por separado, de la visita del subprocurador.
Un peritaje practicado por neurólogos, así como testimoniales de 20 testigos que sostienen “unánimemente” que el cuerpo del sonorense no giró sino que se desplomó y cayó hacia adelante, volvió a levantar polémica. A tal grado, que el mismo día de las declaraciones de Ling Altamirano y Guerrero Mier, la PGR emitió un boletín en el cual “lamenta profundamente la irresponsabilidad de quienes están obligados a guardar discreción y confidencialidad sobre asuntos de interés nacional”.
Y precisa que “las opiniones (de Ling Altamirano) –no se refirió a Guerrero Mier– sólo toman en cuenta una de las hipótesis en estudio y, por tanto, crean un clima de confusión en la opinión pública”.
En el comunicado de cuatro párrafos, que sin embargo no desmintió la versión del senador por Guanajuato, la PGR sostuvo que la Subprocuraduría Especial del caso Colosio es la única autoridad que puede emitir información en torno del asesinato de quien fue aspirante del PRI a la Presidencia de la República.
Asimismo, ratifica “su compromiso pleno de informar del avance de las investigaciones del caso Colosio, así como de las conclusiones respectivas, una vez que los hechos hayan sido comprobados”.
Ling Altamirano, visiblemente molesto, contestó al día siguiente que no había cometido indiscreción alguna y que en sus declaraciones no descartaba ninguna de las pistas de la investigación, de manera que exigió respeto a su fuero de senador, según el cual no puede reconvenírsele por sus opiniones.
Chapa Bezanilla precisó a senadores y diputados que ninguna línea de investigación está cerrada, y que en las anteriores pesquisas se privilegió la investigación jurídica en detrimento de la policiaca, por lo cual se incurrió en errores graves y deficiencias, ya denunciadas por Olga Islas en su último informe rendido al entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con el subprocurador –dijeron los legisladores–, las nuevas investigaciones harían necesaria, otra vez, la comparecencia del coordinador del grupo de orden y apoyo institucional para la seguridad de Colosio Murrieta, Fernando de la Sota Rodálleguez, así como del general brigadier Domiro García Reyes, integrante del Estado Mayor Presidencial, encargado de la seguridad de la campaña del candidato priísta.
El subprocurador afirmó, de acuerdo con la versión de Guerrero Mier y Ling Altamirano, que, entre otros puntos, queda por esclarecer quiénes y por qué sacaron a Mario Aburto Martínez de la delegación de la PGR en Tijuana y lo llevaron vendado a orillas del mar, donde se le habría cuestionado, y se afirma que de ese interrogatorio –en el cual habría participado el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones– existe una grabación que hasta el momento no aparece.
Guerrero Mier, quien preside la comisión senatorial, apuntó que el nuevo fiscal del caso Colosio –quien también lo es en los casos de los homicidios del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y de José Francisco Ruiz Massieu– les informó que no se ha concluido la reconstrucción gráfica del escenario del crimen, misma que permitiría situar posiciones y movimientos de todas las personas que se encontraban próximas al candidato presidencial asesinado.
Un día después del homicidio se hizo una reconstrucción en el lugar de los hechos y, asimismo, durante el proceso que se siguió al asesino confeso en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, se realizó otra reconstrucción de lo sucedido, según la versión de Aburto Martínez mismo, ahora sentenciado a 45 años de cárcel.
De acuerdo con información proporcionada por Chapa Bezanilla a los legisladores, se obtuvo la declaración negativa de 20 testigos del asesinato, específicamente sobre el supuesto giro de 90 grados que se dijo habría hecho el cuerpo de Colosio Murrieta después del primer impacto de bala. Por el contrario, todos coinciden al afirmar que Luis Donaldo Colosio Murrieta cayó de frente, con lo cual se reforzaría la hipótesis de que hubo dos tiradores y, por tanto, un complot para ultimar al político sonorense.
Sobre este punto, el juez Alejandro Sosa Ortiz, quien sentenció a Mario Aburto Martínez y sigue el proceso a los otros tres coacusados –Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela y Rodolfo Mayoral Esquer–, solicitó un careo de los peritos, porque en el expediente 41/94 había uno de la PGR y otro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que disentían: uno establecía que Colosio Murrieta había caído de frente y el otro afirmaba que lo había hecho en decúbito lateral.
Guerrero Mier explicó que Chapa Bezanilla les habló de la existencia de un dictamen médico-legista –que las dos anteriores fiscalías no practicaron–, cuya conclusión es que un cuerpo humano que recibe un impacto de bala que provoca la expulsión de la masa cerebral no puede girar sino que se desploma e, igual que Ling Altamirano, aclaró que “no se trata de pruebas sino de indicios y pistas que robustecen la hipótesis de que Aburto Martínez no actuó solo”.
Otro punto que Chapa Bezanilla expuso en su entrevista con los legisladores es que se sigue trabajando sobre la línea de la probable participación en el crimen del agente de Gobernación Antonio Sánchez Ortega, quien llevaba manchas de la sangre de Colosio Murrieta en la manga de su chamarra, y quien, además, dio positiva la prueba del radiozonato de sodio, lo cual demuestra que disparó un arma de fuego.
De acuerdo con videos y fotografías en poder de la subprocuraduría, se constató –dijo Chapa Bezanilla– que en abierta contradicción con lo declarado por Sánchez Ortega, éste no se encontraba a más de 200 metros del sitio del asesinato sino a menos de 20. A Sánchez Ortega, quien fue dado de baja y ya se entrevistó con el subprocurador, se le mantiene en calidad de sospechoso, sostuvo Guerrero Mier.
Del mismo modo, agregó el legislador por Durango, se destruyó la coartada de Mario Aburto Martínez, quien decía que había llegado al mitin cuando éste terminaba, porque en las fotos y grabaciones aparece en las vallas que se instalaron antes de que Colosio Murrieta llegara a Lomas Taurinas.
Esta versión quedó reforzada en el proceso contra Mario Aburto Martínez, por la evidencia de la fotografía en que aparece en la valla, así como por las declaraciones de Yolanda Lázaro Caratachea, quien afirma haberlo visto antes de la llegada del candidato priísta, cuando un grupo de jóvenes protestaba con una manta que decía: “Colosio, Camacho y Marcos te vigilan”, y abajo “EZLN repercusión nacional”, mientras que en la parte de atrás dicha manta exponía: “no más PRI-gobierno, di no a Televisa y basta de circo maroma y teatro”.
Otra investigación que no se ha agotado –según la afirmación de los legisladores– es la del posible vínculo entre Mario Aburto Martínez y Tranquilino Sánchez Venegas –reforzada por las declaraciones de la supuesta novia del asesino confeso, Graciela González Díaz, quien afirma haberlos visto juntos en el parque cercano a Gameros Magnéticos, donde trabajaba su prometido.
De la misma forma, se menciona la probable influencia de los familiares de Aburto Martínez en su comportamiento y sus acciones, toda vez que se plantea que fue uno de sus primos quien hizo los dibujos, aunque en la audiencia de reconstrucción de hechos Aburto Martínez demostró poseer gran habilidad para el dibujo. Además, se ha comprobado que el automóvil color azul que pasaba por Aburto Martínez a su trabajo en Cameros Magnéticos pertenece a su hermano Rubén.
En una segunda comparecencia ante el Ministerio Público, realizada el 27 de marzo, Graciela González Díaz contó que el día de los hechos y momentos antes de salir de su trabajo en Gameros Magnéticos, se dio cuenta que un vehículo color azul de dos puertas y de modelo reciente estaba estacionado en la puerta de la empresa. Después se percató cómo Mario Aburto Martínez “subía en el vehículo, siendo la última vez que lo vi”.
Sin embargo, en declaraciones posteriores dijo no saber si Aburto Martínez se había ido en ese vehículo o, después de platicar con el conductor, a quien había descrito como una persona “de sexo masculino de aproximadamente 47 años de edad, tez blanca, cabello lacio rubio, un poco largo, peinado hacia atrás y que vestía un saco tipo gabardina color negro”, se bajó del coche y se retiró caminando como el indiciado mismo declaró.
Guerrero Mier dijo que los datos proporcionados por el subprocurador robustecen la hipótesis de que existió un complot para asesinar a Colosio Murrieta, lo cual debilita la versión mantenida hasta ahora, en el sentido de que se trató de un asesino solitario.
El senador, quien ha participado en la Comisión de Seguimiento desde que ésta se conformó –a mediados de abril de 1993–, comentó que Chapa Bezanilla les dijo que se mantiene a 40 elementos de probada eficiencia en Tijuana, y que hay contactos con el FBI para recabar información sobre la actividad de Mario Aburto Martínez en San Pedro y San Diego, poblaciones del estado de California.
Mientras tanto, en la ciudad de México, el viernes 10 de febrero se creó la fundación “Luis Donaldo Colosio” –anunciada por viuda del político sonorense, Diana Laura Riojas, en junio de 1994–, y en Magdalena de Kino se develó una estatua del malogrado candidato priísta y una de sus calles lleva ahora el nombre de su esposa, fallecida el 18 de noviembre pasado, después de una larga y penosa enfermedad.
En el juzgado primero de distrito, con sede en la ciudad de Toluca, donde se sigue proceso a los otros tres coacusados en el homicidio del político sonorense, Alfredo Reyes rindió protesta como nuevo abogado defensor de Tranquilino Sánchez Venegas, sustituyendo a Ventura Bastida García, quien lo había representado hasta entonces.
El juez Alejandro Sosa Ortiz notificó a Ventura Bastida que la fiscalía había presentado las conclusiones acusatorias contra su cliente, por lo cual tiene 30 días hábiles para rebatirlas. Será el nuevo defensor quien presente las conclusiones, aunque el día 9 se esperaba la llegada de Ventura Bastida García para volver a tomar protesta como defensor de Sánchez Venegas.
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