Creado con la idea de recluir en él, solamente, a delincuentes sentenciados, el primer centro federal de readaptación social, localizado en Almoloya de Juárez, Estado de México, empezó a recibir, un año después de su inauguración, a presuntos delincuentes sujetos a proceso, lo cual generó de inmediato problemas de seguridad.
En 1991, empezó a funcionar este penal de máxima seguridad, bajo la dirección del doctor Juan Pablo de Tavira.
En 1993, se inauguró el segundo, en el estado de Jalisco.
De acuerdo con su reglamento –expedido en agosto de 1991–, estos centros, dependientes de la Secretaría de Gobernación, estaban destinados “al internamiento de reos que se encuentren privados de su libertad por resolución judicial ejecutoriada, de autoridad federal competente y, en materia de fuero común, previo convenio de la federación, con los gobiernos de los estados y con el Departamento del Distrito Federal”.
Sin embargo, en agosto del año siguiente –1992– se modificaron los artículos segundo, tercero, undécimo y duodécimo del reglamento interno de los centros. Así, en los artículos segundo y tercero se estableció que estas instituciones estaban destinadas también a la “prisión preventiva”, y al artículo 12 se agregó el párrafo siguiente:
“Cuando así convenga en función de la peligrosidad del recluso, conforme al dictamen que al efecto formule la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, podrá aceptarse el ingreso de procesados o de quienes estén a disposición de autoridad judicial que conozca de algún medio de impugnación hecho valer.”
Debido a lo anterior, la población del penal de Almoloya –su capacidad era para 400 internos– empezó a crecer rápidamente. Entre los primeros procesados que se enviaron estaban Mario Alberto González Treviño, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
Llevar procesados al centro implicaba la entrada no solamente de su abogado defensor y familiares sino de personal de los juzgados, además de que las audiencias deben ser públicas. Se tuvieron que construir, en los locutorios, áreas para audiencias.
Otro problema que se presentó en Almoloya fue su rígida disciplina interna, por lo cual empezaron a suscitarse protestas de los internos.
En marzo de 1994, Juan Pablo de Tavira explicó al reportero Miguel Cabildo el sentido de los penales de alta seguridad: “cuando empiezan las guerras por el poder, con matanzas entre internos, y nos damos cuenta que dentro de las prisiones existen toda clase de armas y que los intereses creados son terribles, surge como necesidad prioritaria la creación del centro de máxima seguridad” (Proceso 905).
Acerca de los problemas, señaló:
“Aquí, el interno amenaza con toda facilidad. Y lo hace porque siempre le ha funcionado. `Este señor vive horas extra’, dice Rafael Caro Quintero refiriéndose a mí.”
Sin embargo, De Tavira acostumbraba visitar constantemente los módulos de sentenciados para hablar directamente con ellos acerca de su situación y sus condiciones de vida.
En abril de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el instructivo para regular las visitas íntima, de familiares, autoridades, defensores y ministros de cultos religiosos.
Mario Aburto Martínez, homicida de Luis Donaldo Colosio Murrieta, también fue llevado a ese centro con el argumento de velar por su seguridad: ostentaba el número 502, aunque a principios de marzo De Tavira decía que había 383 reos.
Con la llegada de Aburto Martínez empezaron otros conflictos. De acuerdo con el reglamento interno, se le cortó el cabello y se le rasuró, con lo que cambió su imagen, lo cual provocó especulaciones acerca de su verdadera identidad.
La atención que despertó el proceso de Aburto Martínez en los medios de información creó problemas de seguridad, y todas las audiencias judiciales fueron realizadas sin periodistas.
En agosto de 1994, De Tavira dejó la dirección de Almoloya y lo nombraron director General de Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
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