Era el jueves 15 de diciembre de 1994. La cita había sido fijada a las 20 horas. Con media hora de retraso, el doctor Juan Pablo de Tavira llegó presuroso, pero con buen ánimo, a su oficina del primer piso del edificio de Reforma y Jaime Nunó, sede de la Policía Judicial Federal (PJF).
“Me han de disculpar; ustedes comprenderán los ajetreos como nuevo director de la PJF”, dijo a Juan Ignacio Zavala, director de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República (PGR), al fotógrafo Germán Canseco y al reportero, quienes lo aguardaban.
Cumplía apenas una semana de haber sido designado director general de la Policía Judicial Federal, en sustitución del comandante Adrián Carrera Fuentes.
Impecablemente vestido con traje negro, y mostrando una gran placa dorada de la PJF cerca de la bolsa superior del saco, dijo al reportero: “estoy a sus órdenes”.
–Ahora sí que le tocó bailar con la más fea, doctor, con la PJF…
–Depende de cómo se quiera ver eso de la más fea. Todas las responsabilidades son difíciles. Aquí podría ser, porque se pensará que la institución no está funcionando como debería ser o tiene algunos vicios o demás. Siento que cuando la policía se sale del cauce constitucional, es cuando actúa mal.
–Son muchos los antecedentes de la gravísima corrupción que existe entre los agentes judiciales federales, sobre todo en relación con el cáncer narcotráfico…
–No es malo el ejemplo. Un cáncer es una célula enferma que empieza a crecer y contaminar, a enfermar todo lo que tiene a su lado. Y acaba ahogando, matando. En la aprehensión de algunos de los grandes capos del narcotráfico se detectó que tenían comprados a varios comandantes de la Policía Judicial Federal, por lo cual muchos de ellos están en prisión.
–¿Es incurable?
–No creo que sea incurable. Tampoco hay que manejarnos con un optimismo desmedido o llegar a límites utópicos. Pero cuando la criminalidad invade, destruye todo.
–¿Y la narcopolítica?
–Al Capone compraba presidentes, gobernadores, policías; los llenaba de regalos. Es el modus operandi de la mafia. Y que, de otra manera, podemos afirmar que es la forma de operar de la delincuencia organizada. Es un problema que a todos debe preocupar, más si el narcotráfico ya ha penetrado en los grupos de control social. Se lo voy a decir con una cita un poco así, filosóficamente hablando: es la lucha eterna entre el bien y el mal.
–¿Cómo mantener sana la institución cuando está muy infiltrada por comandantes con toda una maraña de viejos vicios?
–Ahí actúa la inteligencia. Siempre he creído que la inteligencia vence siempre a la fuerza. Entonces, primero hay que saber hasta qué grado está infiltrada la institución, quiénes son los buenos, los que han cumplido, y quiénes son los traidores a su causa, a su juramento, que no solamente han traicionado su vocación de policía sino también a la sociedad que les paga o que ha confiado en ellos.
–También se han creado mala fama por las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué medidas piensa tomar?
–Vamos a actuar rápidamente, no vamos a estar mucho tiempo analizando. Siempre dentro de los cauces de la ley porque, antes que nada, somos juristas. El imperio del derecho es lo fundamental para hacer prevalecer la paz y la justicia. Quienes no quieran entender esta nueva mística de servicio que se vayan. No vamos a entrar en una guerra con ellos, no les tenemos miedo. Se lo digo con toda franqueza: vamos a luchar.
No era la primera vez que De Tavira mostraba su firme decisión de afrontar los riesgos de sus responsabilidades, incluso cuando fue amenazado de muerte, siendo director del penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez.
–¿Está preocupado por las amenazas que ha recibido? –le preguntó a principios de 1994 el reportero Miguel Cabildo.
–Aquí el interno amenaza con toda facilidad. Y lo hace porque siempre le ha funcionado. “Este señor vive horas extra”, dice Rafael Caro Quintero refiriéndose a mí. Lo grita frente a mucha gente, para que me entere: “es un muerto en vida, porque hay 500 personas dispuestas a matarlo en cualquier momento”.
–¿Qué tanto le preocupan esas amenazas?
–Dicho de quien ha hecho de su vida una actividad delictiva, sí preocupa. Pero creo que debo ser firme y enfrentar los riesgos. No podemos dejarnos vencer por el miedo o porque nos puedan matar…
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El último acto público a que asistió Juan Pablo de Tavira fue el brindis con motivo de Navidad, el 23 de diciembre, en las oficinas de la PGR. Al día siguiente ya no se presentó. Pasaron los días y su ausencia fue cada vez más notoria. Empezaron los rumores. El procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, nombró, el 19 de enero, al comandante Enrique Gándara Chacón director interino de la Policía Judicial Federal, por “enfermedad” de su titular.
Se informó de manera oficial que había sufrido “un accidente” que le había provocado una “infección pulmonar”. Con motivo del nombramiento de Gándara Chacón, el periódico Reforma informó en su edición del 20 de enero: “extraoficialmente, fuentes de alto nivel señalaron que De Tavira se encuentra enfermo desde hace más de 20 días de una infección pulmonar derivada de un intento de suicidio”.
El director de Comunicación Social de la PGR, Juan Ignacio Zavala, envió una carta al director de Reforma, en la cual desmentía el “intento de suicidio:
“Es lamentable que su diario, que tiene un prestigio bien ganado por su apego a un código ético y periodístico, dé cabida a este tipo de rumores que, además de ser falsos, atentan contra la integridad de una persona que ha dedicado buena parte de su vida al servicio de nuestro país, demostrando en todo momento ser un funcionario probo, capaz y un factor de cambio para las labores que le han sido encomendadas… La sociedad, la difícil situación nacional y las delicadas labores que lleva a cabo esta institución exigen un periodismo serio y profesional.”
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De 49 años de edad, originario de la ciudad de México, Juan Pablo de Tavira se graduó en la Escuela Libre de Derecho, en 1975, con la tesis La pena y los principios jurídicos fundamentales. Al año siguiente, obtuvo el posgrado en ciencias criminológicas en el Instituto de Criminología de la Universidad de Madrid. Y luego, el doctorado en derecho en la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Apuntes para una sociología criminal mexicana.
De Tavira siguió otros cursos en universidades españolas sobre derecho comparado, técnica penitenciaria, drogas y estupefacientes, así como uno en México de formación de instructores de seguridad, organizado por la Secretaría de Marina, y otro de actualización en criminología sobre la nueva dimensión del crimen, organizado por la Sociedad Internacional de Criminología de la Universidad de Nueva York.
En 1966, inició sus prácticas forenses, hasta 1971. De 1972 a 1975, trabajó en el departamento jurídico de una empresa inmobiliaria, donde renunció para seguir sus estudios en España. A su regreso, de diciembre de 1976 a mayo de 1977, fue subdirector técnico del reclusorio preventivo oriente del Distrito Federal, iniciando así una larga carrera en técnicas y seguridad penitenciarias, que lo llevó del 1 de enero de 1991 al 31 de mayo de 1994 a ser director del centro federal de readaptación social número uno de Almoloya de Juárez, Estado de México, y coordinador de Centros Federales de Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Del 1 de junio del año pasado hasta el momento de su designación como director general de la Policía Judicial Federal, fue director general de Prevención y Readaptación Social de esa secretaría.
Entre sus actividades docentes, fue profesor de las cátedras de criminología y derecho penitenciario, en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de las asignaturas de derecho procesal penal, en la Universidad Iberoamericana; derecho penitenciario, en la Universidad Nuevo Mundo, y criminología, en el posgrado en ciencias penales de la Universidad Panamericana.
Conferenciante en México y en el extranjero de los más diversos temas criminológicos y penitenciarios –”Clasificación penitenciaria”, “Neurosis y criminalidad”, “Factores sociales del crimen”, “Política criminal”, “Capacitación de recursos humanos”–, De Tavira es miembro de la Sociedad Internacional de Criminología, con sede en París; de la Academia Mexicana de Criminalística, y fundador y actual presidente honorario del Colegio Mexicano de Criminología, AC.
Algunas de sus publicaciones: Derecho penal y criminología, La democracia como solución justa en el ejercicio del poder, Cinco biografías penitenciarias y Sociología criminal mexicana. Trabajos de investigación: Factores sociales de la criminalidad, Hacia una nueva concepción del crimen, A un paso del infierno y ¿Por qué Almoloya?
En su último ensayo, El crimen político en México, apunta:
“La lucha por el poder, las traiciones y los fraudes electorales constituyen el crimen político, son un fenómeno que la criminología tradicional ha estudiado muy poco… En la lucha política de los pueblos, los saldos de sangre son muy elevados.”
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En su larga trayectoria, Juan Pablo de Tavira no ha escapado a las amenazas y ataques derivados de sus cargos públicos. Sin embargo, fue a partir de su gestión administrativa en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez cuando se vio envuelto en una serie de insultos, plantones y huelgas de hambre promovidos por sus detractores.
A finales de 1993, empezaron las inconformidades de los reclusos de Almoloya, principalmente de los narcotraficantes, quienes protestaban por las rígidas condiciones disciplinarias y de alimentación del centro penitenciario. Las inconformidades se convirtieron en ataques al director que, según De Tavira mismo, eran financiados por los grandes capos de la droga como Miguel Angel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Arellano Félix y Gilberto Ontiveros.
Para entonces, febrero de 1994, esposas y familiares de los narcotraficantes presos habían convocado a una conferencia de prensa en el hotel Camino Real, para denunciar supuestas violaciones de los derechos humanos en Almoloya. Luego, hubo otra en el despacho de Efraín García Ramírez, quien defendía a Félix Gallardo, Caro Quintero y al colombiano Rafael Pardo Cardona, con el mismo objetivo. Y, como colofón, un desplegado firmado por el Comité Interamericano de Derechos Humanos en Defensa del Interno Penitenciario.
Esto motivó, en los primeros días de marzo, una conferencia de prensa de De Tavira, algo inusitado en los pocos más de tres años que llevaba como director del centro de Almoloya, para desmentir las acusaciones y denunciar que había recibido amenazas:
“Todo ello se debe a que en el penal no hay privilegios ni distinciones entre los presos. Las acusaciones son completamente falsas, lo cual puede comprobarse fácilmente porque no se ha recibido una sola recomendación, en este sentido, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.”
Previamente, había dicho que el Estado tiene la obligación de garantizar no sólo la seguridad de todos los internos de Almoloya sino también el respeto a la sociedad. “Es decir, que aquellos quienes han vulnerado los derechos fundamentales de la sociedad paguen en la medida que los violaron. No que vayan a una institución a vivir como reyes; esto es un insulto a la sociedad”.
Días después, el 7 de marzo, miembros de tres organismos independientes de derechos humanos efectuaron un recorrido por el penal de Almoloya, acompañados por su director.
“No pude dormir en tres días sólo de pensar en las condiciones que prevalecen en ese lugar. Eso está para volver loco a cualquiera”, comentó Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa.
Designado ya como director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, De Tavira tuvo que afrontar las presiones de algunos reos del penal de Santa Martha, quienes demandaban su preliberación.
El 8 y el 9 de agosto de 1994, 40 internos de ese centro penitenciario –”aplazados”, se llamaron– iniciaron una huelga de hambre, cosiéndose los labios algunos de ellos.
Luis de la Barreda Solórzano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, intervino para que se analizaran los casos de los presos. En respuesta, De Tavira envió un oficio a la CDHDF para decir que los internos no habían recibido su preliberación por su adicción a las drogas. “Nos encontramos que en la mayoría había problemas graves de farmacodependencia, no tienen aval moral o su conducta dentro de la institución ha sido mala”.
Según explicó, para otorgar las preliberaciones resulta necesario que los reos tengan buen comportamiento y que haya una prueba efectiva de su readaptación social, lo cual decide en última instancia el Consejo Técnico Interdisciplinario de la institución.
Finalmente, fueron otorgadas 75 liberaciones, 15 de las cuales no cumplían el requisito de buena conducta. A los “reprobados” se les daba un voto de confianza, dijo De Tavira.
A otra huelga de hambre de 26 presos en el reclusorio preventivo norte, con igual objetivo, a partir del 6 de septiembre, siguió una más en el centro federal de Almoloya. Los narcotraficantes volvían a presionar a De Tavira, por los mismos motivos que habían esgrimido meses antes, solicitando su traslado a sus lugares de origen o procedencia; libertad inmediata en las preliberaciones; modificaciones del régimen de visita familiar e íntima, y buena alimentación. Se trataba de 27 de los 382 reos del penal, sumándose ahora Oliverio Chávez Araujo y José Antonio Zorrilla Pérez, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía Tellezgirón.
“Félix Gallardo tenía un imperio en el reclusorio sur. Caro Quintero vivía en iguales condiciones en el reclusorio norte. Pardo Cardona, en el oriente, lo mismo que Zorrilla Pérez. En Almoloya de Juárez, la alimentación de los internos es suficiente y de buena calidad, aunque no comparable a los banquetes que solían darse en sus centros de origen, donde además tenían pésimo comportamiento”, respondió De Tavira.
En las páginas de Proceso, De Tavira libró su última batalla pública, hasta fines de noviembre del año pasado, cuando respondió a una serie de acusaciones, que mediante cartas, le hacían otra vez los internos de Almoloya.
