Mucho más por la nobleza que inspira su valeroso testimonio que por el dolor, la indignación y la cólera que provoca la cobardía con que se pretendió aniquilarlo, me impongo el afán de decir lo que sé sobre el atentado que ha sufrido una de las personas que amo y admiro más entrañablemente: mi hermano Juan Pablo de Tavira.
Lo hago públicamente porque la guerra en que ha sido abatido es la guerra que libran los mexicanos que aún creen posible rescatar el país del estado de abyección que lo mantiene rehén de la corrupción, la injusticia y la criminalidad impunes e institucionalizadas.
Es preciso desmentir las calumnias que han surgido para ocultar las verdaderas causas que provocaron su ausencia de la dirección de la policía más importante del país. Calumnias que hierven en el caldero de los rumores a que parece estar condenada la sociedad mexicana. Somos el país donde nadie sabe nada. La desinformación es violencia, injusticia e impunidad.
En el caso de este atentado, los rumores urdidos y difundidos por diversos medios delatan, por sí solos, al menos dos propósitos: por una parte, intentan liquidar en su prestigio a quien no consiguieron matar físicamente; por otra parte, pretenden desalentar toda exigencia de investigación que conduzca a los responsables del complot, uno más que se suma a la siniestra trama del gran complot que padecemos los mexicanos.
Todo parece indicar que Juan Pablo de Tavira fue envenenado con gas por su propia guardia y personal de confianza, a unos días de haber sido nombrado director general de la Policía Judicial Federal, la madrugada del 24 de diciembre pasado.
Rescatado unas horas después de que sus agresores lo daban por muerto, sobrevivió milagrosamente. Después de dos días en estado de coma, recuperó la conciencia durante una semana, en la cual pudo reconstruir los hechos, interrogar a los testigos protagonistas, analizar el caso según sus métodos de criminólogo profesional y establecer conclusiones que lo pondrían en la pista para descubrir el complot de que había sido víctima, en la misma institución, cuya dirección pretendía retomar a la brevedad posible. Los primeros días de enero fue dado de alta por los médicos, pero a unas horas de salir del hospital recayó en el síndrome tardío de una encefalopatía desmielinizante a consecuencia de la intoxicación por gas venenoso, y actualmente se debate entre la vida y la muerte, sujeto de un pronóstico médico reservado.
Fue un atentado largamente anunciado. En su extensa trayectoria como criminólogo en las diversas responsabilidades que desempeñó en muchos centros penitenciarios, o al frente de las agencias de averiguaciones previas, o en la dirección de centros de formación profesional para investigadores y policías, Juan Pablo se enfrentó sistemáticamente a los vicios, usos y abusos de las instituciones judiciales. Su trabajo fue incansable e indeclinable en el propósito de suprimir la corrupción y profesionalizar la readaptación social y la reconstrucción de la justicia. Su testimonio de honestidad ha sido intachable, valiente y eficaz. Por ello se convirtió en un peligro para el negocio de la corrupción. Las amenazas a su seguridad se hicieron frecuentes hasta la costumbre. No tenía miedo, pero vivía en un estado de alerta permanente y en un trabajo sin descanso que se fueron convirtiendo en un modo de vida.
De los últimos meses, recuerdo algunos incidentes que ahora me parecen particularmente relevantes. Al poco tiempo de poner en marcha el penal de alta seguridad de Almoloya, ponía en marcha también un riguroso programa que erradicaba la compraventa de privilegios, lujos y vicios entre los reclusos, pero que, sobre todo, impedía que los capos del narcotráfico siguieran dirigiendo sus bandas desde la cárcel. Por aquel entonces, Juan Pablo tuvo que enfrentar una costosa campaña de prensa en su contra, pagada por el narcotráfico y coordinada por los abogados de los capos detenidos. En desplegados a página completa en los diarios protestaban por supuestos tratos inhumanos. Juan Pablo contestó y expuso sus motivos y razones a la opinión pública. Las protestas no progresaron, pero Juan Pablo quedó ubicado como un obstáculo visible para los intereses de la mafia. Las autoridades responsables de la seguridad nacional le expresaron su apoyo y le ofrecieron una camioneta blindada. Comenzaron días terribles, en los cuales tuvo que sortear presiones tremendas. Tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y la aprehensión de “El Chapo” Guzmán, se decidió recluir al narcotraficante en el penal de Almoloya. Juan Pablo expresó a sus superiores lo que consideraba un error grave, al llevar un reo que debía ser procesado a un centro diseñado sólo para sentenciados. En Almoloya no hay juzgados ni salas de prensa, y por ello la realización de un proceso tan publicitado alteraba seriamente los reglamentos que garantizan la seguridad y el sistema mismo del penal. A pesar de sus objeciones, debió acatar órdenes superiores y resolver los problemas que había previsto. Fue entonces cuando manifestó su deseo de dejar la dirección de Almoloya. Le pidieron que esperara y esperó. Poco después, hubo cambio de gobierno en el Estado de México y el nuevo gobernador le ofreció un puesto en su administración. Presentó su renuncia, le fue aceptada, pero antes de tomar posesión de su nuevo cargo, el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo McGregor, lo llamó para decirle que el presidente de la República consideraba de interés para la seguridad nacional el que permaneciera al frente de Almoloya.
Poco después, sucede el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Mario Aburto Martínez y otros sospechosos son llevados al penal de Almoloya. Las objeciones que Juan Pablo había planteado en el caso de “El Chapo” Guzmán se vuelven esta vez radicales. La aplicación del reglamento del penal se convierte en un problema desde el primer momento: rasuran a Mario Aburto y los periódicos y la televisión sospechan que lo cambiaron por otro: los jueces se niegan a pasar por los controles de seguridad, y después el acoso natural de la prensa. En tales circunstancias, mantener las condiciones de alta seguridad se torna una condición crítica que descansa en un equilibrio extremadamente difícil de garantizar.
Pasada la tormenta, Juan Pablo vuelve a presentar su renuncia y acepta una invitación para asistir a un congreso en el extranjero; se nombra a un nuevo director en Almoloya. Pero a una escasa semana de haber salido del país, lo llaman de la Secretaría de Gobernación para pedirle que regrese con urgencia; el penal de Almoloya estaba en peligro de volverse ingobernable. Los custodios demandan que vuelva a la dirección; se le pide que se quede a formar y organizar los cuadros directivos de relevo.
Meses más tarde, un grupo de representantes de diversos partidos de la oposición ante el Instituto Federal Electoral lo propone como candidato para ocupar el cargo de fiscal electoral, figura recién creada para determinar sobre delitos comiciales. Jorge Carpizo McGregor, secretario de Gobernación y presidente del IFE, no ve con buenos ojos su nominación. Finalmente, es nombrada otra persona para el cargo. En cambio, Carpizo McGregor le ofrece a Juan Pablo la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Lugar proverbialmente conflictivo, esta dirección supone encarar uno de los ámbitos más corruptos de la administración pública: el tráfico de las preliberaciones, los permisos, privilegios y las prebendas de todos los presos sentenciados. Una vez más, Juan Pablo demuestra su honestidad y firmeza, su visión y capacidad para formular un proyecto de organización limpia y humana de la readaptación social. Tiene carisma, vocación, proyecto y congruencia, pero otra vez más enfrenta la iniciativa amenazante con que pretenden intimidarlo. En noviembre me contó que en Almoloya habían registrado en una grabación una conversación entre un capo del cártel de Tamaulipas y un funcionario a quien todavía no conseguían identificar, en la cual el narcotraficante reclamaba haber pagado ya a agentes policiales para quitar a Juan Pablo del camino. El funcionario alegaba que Juan Pablo ya se iba con el cambio de gobierno, pero que en todo caso, si se quedaba, ellos se encargarían de hacerlo a un lado. Esa grabación debería estar en el archivo de Almoloya al alcance y la disposición de una investigación responsable.
Supe también por él que el secretario Carpizo McGregor le aseguró que cuando entregara el cargo a su sucesor, le pediría expresamente que lo protegieran para que “no lo vayan a dejar solo porque está usted muy expuesto”.
Los primeros días de diciembre entregó la Dirección de Prevención y Readaptación Social y recibió la invitación entusiasmante para él, del nuevo procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, para hacerse cargo de la Policía Judicial Federal.
Juan Pablo vivía solo, deliberadamente desmarcado de su familia. Su casa estaba en la carretera a Toluca, equidistante del Distrito Federal y Almoloya. Personal de seguridad asignado era el responsable de atender las necesidades domésticas y vigilarla. Hubo un último aviso. El 16 de diciembre, Juan Pablo se despertó en la madrugada con náuseas y un agudo dolor de cabeza. Salió a tomar aire y se recuperó. Al volver a la casa encontró todos los pilotos de la calefacción y de la estufa apagados. Lo dio por un accidente, reprendió a los responsables y ordenó que se revisaran y repararan todas las instalaciones. Al parecer, sus órdenes fueron atendidas y pasaron varios días sin novedad doméstica. Pero un accidente nunca se repite exactamente de la misma manera, en el mismo lugar y a la misma hora. Y si se repite, resulta evidente que ya no es accidente sino un montaje con guión. Nadie choca dos veces en la misma esquina, a la misma hora, de la misma manera, contra el mismo coche, y si se repite, eso ya no es un accidente sino una acción bajo plan y con ensayo general. Y eso fue exactamente lo que pasó la madrugada del 24 de diciembre. Me he preguntado cómo pudo Juan Pablo no prever que lo que había dado por accidente podía ser repetido con gran facilidad; cómo no se aseguró y cambió al personal. Y la única respuesta que encuentro lógica indica que la confianza que otorgó a su personal fue traicionada. Juan Pablo nunca ha sido de esa clase de personas cuya lealtad se vende o se compra. Por eso mismo nunca compró a nadie. Juan Pablo confió y la confianza se regala. Su error trágico consistió en confiar en personas que se habían vendido a personas que los compraron. Unos y otros son los responsables y sería muy sencillo dar con ellos y hacer justicia, si las instituciones encargadas de la procuración de justicia de este país no fueran lo que son. Y estos responsables trabajan en la Policía Judicial Federal, que es al mismo tiempo el brazo ejecutor de la investigación que debe hacerse. En efecto, el enemigo está en casa.
La noche del 23 de diciembre, asistió al brindis navideño de la Procuraduría General de la República. Ahí le fue confirmada una cita para acuerdo con el procurador para el mismo 24 a las diez de la mañana. Se trataba, al parecer, de decidir con suma cautela la estrategia para una reestructuración a fondo de la Policía Judicial Federal. Juan Pablo estaba al tanto de la perniciosa costumbre de compraventa de plazas y credenciales de policía. Le preocupaba la integración del cuerpo policiaco y la conformación de los cuadros de mando. El acuerdo con el procurador ya no pudo realizarse. Al salir de la PGR, Juan Pablo fue a cenar con mi hermana Martha y su esposo. Era la víspera de Navidad y departieron sobre asuntos familiares. Según mi hermana, Juan Pablo estaba sereno y optimista. Después de la cena se fue a su casa de la carretera a Toluca; iba acompañado por su chofer, su jefe de seguridad, Alberto Castillo, y eran seguidos por la escolta. Llegaron a las tres de la mañana. Castillo lo acompañó al interior de la casa y le ayudó a bajar los regalos de Navidad para su hijos. Al parecer, todo en casa estaba en orden. Juan Pablo sugirió a Castillo que él y la escolta se quedaran a dormir, hay un local junto a la casa, ya que debían salir temprano para acudir a la cita con el procurador. Juan Pablo se retiró a acostar, pensaba levantarse a las siete para salir a correr y hacer sus ejercicios habituales. La escolta se quedó afuera, Castillo se fue después de un rato. Después de las siete, César, un vecino que solía acompañar a Juan Pablo en sus ejercicios, se extrañó de que no estuviera afuera corriendo; pensó que debía estar muy cansado y se fue a sus ocupaciones. Castillo llegó tarde, sobre las 9:30 de la mañana, y se quedó afuera, según dijo, porque pensaba que Juan Pablo ya se había ido. La cita en México era a las diez. La guardia le insistió que no había salido. Minutos más tarde, César reapareció y se alarmó. No era normal que Juan Pablo no se hubiera levantado y menos aún que el jefe de seguridad permaneciera afuera simplemente esperando. ¿Qué? César insistió a Castillo que debían entrar. Entró Castillo y salió después de un rato con una taza de café. Dijo que su jefe estaba dormido. César le preguntó que por qué no lo despertaba. Castillo dijo que lo había llamado, pero que no respondía. César se decidió a entrar y encontró a Juan Pablo inconsciente, tenía el cuerpo arqueado y la cabeza metida entre la cabecera y el colchón. César salió a dar la voz de alarma. Castillo desestimó la emergencia, nada hizo, la escolta no se movió. César corrió desesperado al pueblo cercano para buscar un médico. No lo encontró y decidió llamar a la Cruz Roja. Una hora después llegó una camioneta de auxilio. Castillo rehusó subir en la ambulancia. César lo hizo. Camino a Toluca, a donde fue trasladado, sufrió un conato de broncoaspiración, que pudo ser mortal, de no haberlo ayudado en ese momento César, el vecino.
Más tarde, fue trasladado a un hospital de la ciudad de México, donde lo atiende un grupo de médicos que desde el principio se extrañó de las circunstancias del caso y la evolución del síndrome.
Regresé de España la tarde del 24, me trasladé del aeropuerto al hospital. En la entrada me atajaron dos personas, no recuerdo sus nombres, que se dijeron peritos de la Procuraduría General de la República. Me llevaron a la cafetería, me invitaron un café, y se aseguraron de que me quedara claro que después de hacer un peritaje en la casa, habían llegado a la conclusión de que se trataba de un accidente indudable. Ya solo, en el elevador, me asaltó la primera sospecha: explicación no pedida, acusación manifiesta.
A los dos días, Juan Pablo volvió del coma, recobró la conciencia, en el mismo cuarto del hospital pidió hablar con todos los involucrados en los hechos, uno por uno. Y más tarde, pidió hablar con su amigo Rafael Estrada Sámano, subprocurador jurídico de la PGR. Con él conversó a puerta cerrada, largamente. Al día siguiente, la guardia que custodiaba el cuarto fue cambiada por elementos del Estado Mayor Presidencial, al parecer por instrucciones del presidente mismo.
Tras la recaída en el síndrome de desmielinización, el equipo médico se ha visto precisado a realizar estudios diversos para explicar lo sucedido. Según dicen, se trata de un caso de intoxicación muy infrecuente. Las interconsultas realizadas entre médicos mexicanos y tres especialistas estadunidenses, uno de Boston y dos de Houston, coinciden en el diagnóstico y el tratamiento, pero difieren en relación con las causas y el pronóstico. Para unos, se trata de una intoxicación por monóxido de carbono; para otro, por gas tóxico, probablemente butano alterado. Explican que faltan dos estudios que hubieran podido ayudar a aclarar las causas. Un antidoping y una primera resonancia magnética del perfil encefálico. Y faltan porque no se realizaron a tiempo, en las primeras horas de su llegada al hospital de Toluca, o porque nunca se incorporaron al expediente y se perdieron. En cualquier caso, sus opiniones contradicen las conclusiones del primer supuesto peritaje, apresurado e insuficiente. Según se infiere de los datos médicos, no se han cotejado los porcentajes de concentración tóxica en la sangre y las horas de exposición que explican la magnitud del daño, con las circunstancias comprobables en la reconstrucción de los hechos.
Antes de su recaída, los primeros días de enero pude tener una larga conversación con Juan Pablo, en la cual entre otras cosas me expuso con gran agudeza su convicción de que se trataba de un atentado y una traición. Los responsables de su seguridad se habían vendido y la criminalidad infiltrada en la misma policía le daba la bienvenida. Una infiltración más grave y patente de lo que podría sospecharse. Lo conminé a reflexionar, a reconsiderar, a medir fuerzas, a valorar la vida… Me contestó con firmeza que él deseaba vivir por sus convicciones y estaba dispuesto a dar la batalla hasta sus últimas consecuencias. Que lo mismo le habían dicho cuando estaba al frente del sistema penitenciario y que a pesar de todo había sido posible demostrar que podían darse pasos importantes en la rehabilitación social. Recordó amnistías a presos políticos impulsadas por él; dostoyevskiano como siempre, recordó nombres y rostros de personas cuya reconstrucción habían hecho que el esfuerzo valiera la pena. Recordó Almoloya y cómo había sido posible erradicar la corrupción carcelaria. Recordó policías rescatables, habló del terror que ha paralizado a la sociedad. Me aseguró su confianza en Lozano Gracia, seguro de que con él podía irse a fondo. Tenía ilusión, entusiasmo. Quería vivir para dar la batalla.
Pocos he conocido que como él hayan estado más cerca del horror de la condición criminal. Pero mucho menos conozco a alguien que como él mantuviera una fe más auténtica en la reconstrucción de un mundo deseable y digno de vivir.
Que su sacrificio no sea en vano.
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