Después de que el año pasado algunos medios informativos aseguraron que el subcomandante Marcos era jesuita, ahora el gobierno informó que Rafael Santiago Guillén Vicente, a quien identificó como Marcos, se formó en escuelas de la Compañía de Jesús.
Tan pronto fue dada a conocer la identidad del líder zapatista, algunas estaciones de radio y televisión enfatizaron el paso de Guillén Vicente por el Instituto Cultural Tampico, manejado por jesuitas. Además, falsamente, llegaron a informar que estudió también en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, a cargo igualmente de jesuitas.
Pedro Arriaga Alarcón, viceprovincial de la Compañía en México, señala:
“Nuestra responsabilidad es la formación social, capacitar a nuestros alumnos para que puedan hacer una verdadera crítica de la sociedad. Y si ellos después se radicalizan al grado de tomar las armas, ése ya no es asunto nuestro.”
Recalca que la educación impartida por los jesuitas siempre se ha opuesto a la violencia:
“Al contrario, siempre hemos promovido el apego al Estado de derecho y a la teología de la liberación, que es signo de paz y de concordia.”
Considera que los ataques se deben a que la línea de trabajo de la compañía, que opta por los pobres, la justicia y la transformación social, afecta los intereses de ciertos grupos de poder.
Agrega: “se dice también que el subcomandante Marcos prestó su servicio social en el vicariato de la Tarahumara, a cargo de nosotros. Es falso. Allá no tuvimos organizado ese tipo de colaboración con laicos”.
En un boletín de prensa dado a conocer el viernes 10, la Compañía de Jesús afirma que su posición es en favor de “una salida negociada a la crisis política y evitar la confrontación armada” en Chiapas.
Añade: “la larga tradición educativa de la Compañía de Jesús en México y sus numerosos exalumnos son quienes con su actuación en la sociedad avalan nuestro sistema educativo. Muchos de estos exalumnos ocupan puestos de responsabilidad dentro del gobierno, en las instituciones privadas, en los organismos sociales y en la Iglesia misma”.
En su edición del 8 de abril de 1994, el periódico Summa, de Televisa, difundió en su encabezado principal que el subcomandante Marcos era el jesuita Jerónimo Hernández. Inmediatamente, la Compañía de Jesús envío un desmentido, en el cual afirmaba que era “muy poco profesional provocar difamación e inseguridad a partir de noticias falsas”.
Pocos días después, el 12 de abril, otro periódico de Televisa, Ovaciones, volvió a arremeter contra la Compañía de Jesús; esta vez acusó al jesuita Eugenio Maurer, de 66 años e inválido por un accidente automovilístico, de ser el verdadero Marcos.
Molesta ya, el 21 de abril, la compañía presentó una querella penal contra Summa, por difamación, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Los acusados: José Antonio Pérez Stuart, entonces director del periódico; Jacobo Zabludovsky, director de la casa editorial y del programa 24 horas, y Ernesto Esparza, el reportero que escribió la información donde se difamó a Jerónimo Hernández.
José Morales Orozco, provincial de los jesuitas, confiaba en que las autoridades judiciales les aplicarían la ley:
“Tenemos todo el fundamento jurídico. Es evidente que se trata de toda una campaña de ataques contra la Compañía de Jesús. Recurrimos a la vía penal porque a través de ella tenemos más posibilidades de que se repare el daño. Intentamos vivir en un Estado de derecho. No se puede estar calumniando y quedar impune como si nada hubiera pasado.”
Pérez Stuart replicó con amenazas en su columna “Portafolios”:
“A los jesuitas-teólogos de la liberación les decimos que poseemos gran cantidad de información acerca de sus actividades, de sus vinculaciones en favor de grupos subversivos, de promociones en favor de guerrilleros, y que estamos dispuestos a hacerla pública con el fin de que la opinión pública conozca de cerca cómo es que tras la sotana se encuentra, en algunos casos, una franca actitud de lucha contra el gobierno mexicano.”
El 23 de mayo, Pérez Stuart y el reportero Esparza comparecieron ante el Ministerio Público. Zabludovsky rehusó asistir.
Pérez Stuart declaró simplemente que no tenía la intención de difamar, y que Zabludovsky no se había presentado porque era “totalmente ajeno” a lo que Summa publicaba, que ni siquiera tenía “el gusto de conocer” al padre Jerónimo.
Finalmente, el 15 de junio, la PGJDF dictaminó que carecía de elementos para probar que Summa difamaba.
Los jesuitas se inconformaron, exigieron la comparecencia de Zabludovsky frente al Ministerio Público. Y para que no hubiera dudas sobre las difamaciones en su contra, entregaron a la procuraduría una carpeta con recortes de Summa, donde, aparte de amenazas y acusaciones falsas, a los jesuitas se les calificaba de “guerrilleros” y “subversivos”. Todo fue inútil. Se dio carpetazo al asunto.
Los jesuitas sufrieron por esas fechas allanamiento de oficinas y terrorismo telefónico:
La tarde del 23 de junio, alrededor de 20 hombres vestidos de negro irrumpieron sorpresivamente en las oficinas de Fomento Cultural Educativo, que los jesuitas tienen en Palenque, Chiapas.
–¡Venimos por las armas! –gritaron los uniformados al entrar.
Durante dos horas estuvieron revisando las habitaciones, los cajones, los documentos. Filmaron minuciosamente el operativo. Levantaron un acta y salieron sin haber mostrado orden de cateo.
En la propia casa provincial, situada en Séneca 310, en la ciudad de México, llegaron a recibir telefonazos anónimos que alertaban sobre la explosión de bombas colocadas ahí. Se desalojaba el inmueble, se llamaba a la policía… y nada.
Después, la revista Impacto, en su edición del 7 de julio, en un reportaje titulado “Quieren incendiar a México en el nombre de Dios”, acusó al jesuita Javier Avila de promover en Chihuahua la formación de grupos armados para desestabilizar el país.
La publicación dirigida por Juan Bustillos involucró también algunas organizaciones no gubernamentales, como al Centro de Reflexión Teológica, al Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.
Los ataques arreciaron en agosto y adquirieron una nueva modalidad; la de los carteles.
En los alrededores de varias residencias de la Compañía de Jesús fueron pegados carteles enormes, en los cuales se decía:
“¡Ya basta! No más traición a la patria. En El Salvador murieron millares de indígenas antes que los jesuitas: responsables de la masacre. En México morirán los jesuitas primero.”
La Compañía de Jesús tocó finalmente las puertas de Los Pinos. El 17 de agosto, un grupo de jesuitas, encabezados por el provincial José Morales Orozco, fue recibido por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y su secretario de Gobernación, Jorge Carpizo McGregor.
Ahí, en conferencia de prensa en el salón Presidentes, Morales Orozco se abrió de capa:
“Venimos a decir al presidente lo que somos y lo que hacemos. Las cosas deben quedar claras. También venimos a pedirle justicia.”
Entregaron al presidente una relación escrita de las actividades de sus 509 miembros que entonces trabajaban en México, y de las zonas del país en que se distribuían.
Dice ahora el viceprovincial, Arriaga Alarcón:
“Vuelve a surgir ahora la misma campaña que nos relaciona con hechos violentos, sustentada en el temor y el miedo. ¡Y qué bueno!, porque nos da la oportunidad de reiterar nuestra postura. No tenemos nada que esconder.”
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