En una acción silenciosa, el gobierno federal preparó el camino.
El país sólo conoció la parte ruidosa del operativo que permitió a las fuerzas de seguridad allanar domicilios, capturar armamento y aprehender a miembros y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Cuando el presidente de la República anunció –en su inesperado mensaje televisado del jueves 9 a las 18 horas– haber dado “instrucciones precisas a la Procuraduría General de la República (PGR)”, no sólo las investigaciones estaban más que adelantadas sino que la policía y el ejército habían entrado ya en actividad contra el EZLN.
La ciudad de México, Veracruz, el Estado de México y, por supuesto, Chiapas fueron escenarios de los golpes fulminantes contra los zapatistas y sus dirigentes.
A partir del anuncio presidencial, el operativo policiaco-militar llegó en menos de 24 horas al corazón de la zona zapatista.
Cateos y detenciones se llevaron a cabo en San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Altamirano y Las Margaritas, por la Policía Judicial Federal (PJF) y el ejército.
La PGR informó que francotiradores zapatistas dispararon contra un convoy militar que patrullaba la zona de Nuevo Momón, en Las Margaritas, causando la muerte del teniente coronel Hugo Monterola.
De acuerdo con organismos de derechos humanos, aunque se pretende conservar el orden legal, algunas de las acciones efectuadas por los militares y los diferentes cuerpos policiacos son catalogadas de anticonstitucionales, como la de impedir el paso de civiles a las zonas que hasta el jueves se consideraban territorio zapatista.
En las primeras horas del viernes 10, alrededor de 30 elementos, entre militares, agentes federales y municipales, se introdujeron en las instalaciones de la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales Por la Paz (Conpaz) en “busca de armas”, según declaró uno de los elementos participantes en el operativo.
En cuestión de segundos, la casa de la Conpaz fue inspeccionada minuciosamente sin que se sepa oficialmente cuál fue el resultado, aunque trascendió que no encontraron elementos que involucren ese organismo con el EZLN.
Un comunicado firmado por la Comisión Coordinadora, integrada por Roger Maldonado, Gerardo González y Marcos Arana, informó que “según los testimonios de los vecinos, los miembros de la PJF portando armas largas entraron violentamente en la oficinas” del organismo.
Aunque aparentemente no hubo movilización masiva del ejército, éste se hallaba apostado ya en posiciones clave en torno de las zonas controladas por el EZLN, lo cual le permitió pasar a la ofensiva en busca de los señalados por el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Sin embargo, en la ciudad de Comitán fue donde se concentró el mayor número de efectivos. De ahí partió una columna de alrededor de 2,000 soldados con dirección a Guadalupe Tepeyac, a donde también llegaron por vía aérea. Según versiones de habitantes de esa población, alrededor de 40 helicópteros apoyaron la llegada de las fuerzas terrestres.
Los vuelos de reconocimiento ocurrieron durante toda la noche, con la luz del día aumentaron los patrullajes de helicópteros y aviones Pilatus, y se intensificó la vigilancia militar en los municipios donde tomaron el control desde la noche del jueves: San Andrés Larráinzar, Simojovel, Sabanilla, Temó, Guadalupe Tepeyac, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas, principalmente.
En el transcurso de la mañana del viernes, conforme avanzaba el ejército hacia las posiciones zapatistas, también se fue cerrando el cerco en torno de la zona de conflicto y se impidió el acceso a la mayoría de los representantes de los medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Alrededor de las 14 horas, a través de los noticiarios de Televisa, cuyo reportero forma parte de la avanzada militar, se observaron algunas imágenes de los soldados entrando en Guadalupe Tepeyac, lugar donde se realizó en agosto pasado la primera Convención Nacional Democrática.
Mientras el ejército avanzaba, la PGR continuó las detenciones. En la población de Teopisca, a 30 kilómetros de esta ciudad, fue aprehendido Jorge Santiago Santiago, acusado por el presidente de la República como integrante de la dirección del EZLN.
Esta aprehensión ocurrió casi 20 horas después de que Jorge Santiago Santiago fuera señalado como zapatista. Según relató un familiar que presenció la captura, se presentaron en su domicilio unos 30 agentes policiacos apoyados por soldados, quienes le leyeron la orden de aprehensión. Minutos después fue subido a una camioneta y trasladado a Tuxtla Gutiérrez.
Casi al mismo tiempo, fue capturado Jorge Javier Elorriaga Berdegué, alias Vicente, quien –con Santiago Santiago– fue trasladado a la capital del estado.
Los allanamientos militares incluyeron hasta el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, localizado en Guadalupe Tepeyac, que se encontraba bajo custodia del Comité Internacional de la Cruz Roja y era considerado zona neutral. La institución hizo pública de inmediato su protesta.
Por su parte, Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal, dijo al llegar a esta ciudad, luego de haberse reunido con los miembros de la Comisión Nacional de Intermediación en la ciudad de México, que “ningún esfuerzo por la negociación de una salida política puede ser tan costoso como los sufrimientos y las consecuencias destructivas, para Chiapas y el país, de una confrontación militar”.
En la capital del estado, el gobernador Eduardo Robledo Rincón; el presidente del Congreso local, Francisco Sau Lara, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jorge Arias Zebadúa, hicieron un llamado “a conservar, hoy más que nunca, la tranquilidad, y a conducir nuestros actos dentro del orden legal”, convencidos de que las acciones tomadas en las horas pasadas “permitirán retomar los esfuerzos para encontrar una paz con democracia y una mejor vida para todos”.
Aunque la PGR negó, hasta el cierre de la edición, que se hubieran dado enfrentamientos, extraoficialmente trascendió que ante el despliegue militar los zapatistas respondieron con tiros de manera esporádica a la avanzada del ejército sobre territorio bajo su control.
OPERATIVOS EN EL DF, VERACRUZ Y EL ESTADO DE MEXICO
Las declaraciones de dos presuntos militantes del EZLN fueron suficientes para que la PGR, con apoyo de las fuerzas militares, “identificara” e iniciara la persecución de los “principales” líderes del grupo armado de Chiapas.
Con operativos judiciales en diferentes entidades de la república, que hasta el viernes 10 habían arrojado la detención de 23 personas –en su mayoría, presuntos militantes zapatistas–, la orden de aprehensión contra otras 13, así como el reconocimiento de la muerte de un policía, dos soldados del ejército y más de una decena de heridos, la PGR rompió el armisticio que organizaciones políticas y civiles lograron establecer hace más de un año con el gobierno salinista.
En menos de 24 horas, la dependencia, encabezada por el panista Antonio Lozano Gracia, había efectuado ya tres cateos: uno en la ciudad de México; otro en el municipio de Yanga, Veracruz, y uno más en Cacalomacán, Estado de México, de los cuales derivó la captura de 22 presuntos militantes zapatistas y la “identificación” del subcomandante Marcos, quien se dijo responde al nombre de Rafael Sebastián Guillén Vicente.
Asimismo, había girado órdenes de aprehensión contra otros 13 presuntos dirigentes zapatistas a quienes, con los detenidos, se acusa de los delitos de sedición, motín, rebelión, conspiración, terrorismo, portación y transmisión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, así como de provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio, esto a solicitud del juez primero de distrito en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El asunto, de acuerdo con la PGR, se desprende del acta 39/I/95 radicada en la capital chiapaneca, en la cual Salvador Morales Garibay, presunto integrante del EZLN, decidió revelar la identidad de los dirigentes principales del grupo armado. Entre ellos mencionó a: Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Zacarías o Marcos; Fernando Núñez Muñoz, (a) Raúl o Germán; Jorge Santiago Santiago; Jorge Javier Elorriaga Berdegué, (a) Vicente, y María Gloria Benavides Guevara, subcomandante Elisa.
El miércoles por la tarde, elementos de la PGR catearon el domicilio de Benavides Guevara, situado en la calle de Tenayuca número 30, en la colonia Vértiz Narvarte de la ciudad de México, logrando su captura. En el operativo los judiciales aseguraron dos pistolas calibre nueve milímetros, 300 cartuchos útiles de diversos calibres, así como documentación de las Fuerzas de Liberación Nacional y del EZLN. Para este caso se inició la averiguación previa 1126/D/95.
El mismo día, en Yanga, Veracruz, los efectivos judiciales catearon el domicilio localizado en el número 805 de la Avenida Tres, donde detuvieron a sus siete ocupantes, la mayoría indígenas, a quienes, después de ser golpeados, se les acusó de pertenecer al EZLN, lo cual fue consignado en la averiguación 1127/D/95.
Los detenidos en la población veracruzana fueron: Ricardo Hernández López, Hilario Martínez Hernández, Martín Trujillo Barajas, Luis Sánchez Navarrete, Alvaro Castillo Granados, Hermelinda García Zapagua y Rosa Hernández Hernández, quienes fueron presentados hasta el viernes 10 en el juzgado sexto de distrito situado en el reclusorio norte de la ciudad de México, donde negaron su relación con el grupo armado chiapaneco. Según la procuraduría, en aquel domicilio fue encontrado el “arsenal” siguiente: “ocho granadas de fragmentación y dos de presión; ocho pistolas de diferentes calibres (.22, .25, .32, .38 y .45); una metralleta Uzi; seis rifles lanzagranadas; ocho granadas para rifle; 11 bolsas de plástico con cloratos, nitratos, aluminio, azufre (componentes de la pólvora); 22 explosivos tipo hidrogel; 18 metros de mecha utilizable; cuatro estopines; cinco cohetones, y seis artefactos explosivos de fabricación casera”.
De acuerdo con información obtenida por el corresponsal de Proceso, el cateo de Yanga fue antecedido de una orden que fue captada por los habitantes a través del circuito de banda civil. “¡jálense a Yanga! Hay zapatistas en una casa clandestina. ¡Deténganlos y pártanles la madre, que no quede rastro!”, fue el mandato transmitido por la radio.
Alrededor de las 17 horas, comentaron los habitantes del lugar, un grupo de unos 300 elementos judiciales y militares vestidos de civil incursionó en el domicilio, y con lujo de violencia detuvo a sus ocupantes. “A todos los sacaron a golpes de macana y cachazos. Después los obligaron a ponerse frente a la pared exterior de la casa para revisarlos. A quienes opusieron resistencia los golpearon hasta ser derribados al suelo, donde recibieron patadas”, dijeron los testigos.
El jueves 9, después de que el presidente Zedillo Ponce de León había adelantado la noticia en una transmisión televisiva, el procurador Lozano Gracia rindió su informe sobre la situación y refirió que, con base en las investigaciones, las autoridades judiciales libraron orden de aprehensión contra 13 personas, a quienes se acusa de pertenecer al EZLN. Ellas son: Sebastián Entzin Gómez, Filiberto Gómez Díaz, Miguel Gómez Díaz, Carlos Gómez Díaz, Israel Gómez Díaz, Pedro Velasco Pérez, Venancio Jiménez López, Mercedes García López, Antonio López Santiz, José Luis Santiz Pérez, Mariano Santiz Vázquez, Arnulfo Pérez Aguilar y Domingo Pérez Aguilar.
En el auditorio de las oficinas centrales de la PGR, el funcionario informó que la orden de aprehensión de estos sujetos fue solicitada por el juez primero de distrito de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
El mismo jueves por la noche, la dependencia informó de un enfrentamiento entre judiciales y civiles en el poblado de Cacalomacán, Estado de México. Las primeras versiones atribuían el tiroteo a presuntos narcotraficantes o delincuentes.
En estos hechos, que dieron lugar a un tiroteo de dos horas y en el cual intervinieron elementos del ejército, Seguridad Nacional y las policías judiciales tanto federal como estatal, perdió la vida José Manuel Sánchez Hernández y resultó lesionado Mario Fidel Epifanio, ambos integrantes de la última de estas corporaciones.
Fue hasta el viernes después del mediodía cuando Lozano Gracia informó que tal enfrentamiento estaba relacionado con la serie de operativos efectuados para la captura de presuntos miembros del EZLN.
Detalló que en este operativo se logró el aseguramiento de seis armas de fuego calibre nueve milímetros, una escopeta calibre .12 y 169 cartuchos útiles de diferentes calibres. Asimismo, agregó, se logró la detención de las personas siguientes: Fernando Domínguez Paredes, Gerardo López López, Joel Martín González, Joaquín Guadarrama Ayala, Gonzalo Sánchez Navarrete, Dámaso Sánchez Olivares, Pedro Tomás Solís Roque, Israel Valdez González, Ofelia Hernández Hernández, Brenda Rodríguez Acosta, Celia Martínez Guerrero, Patricia Jiménez Sánchez, Yesenia Bernal Segundo y Juana Segundo Castillo, entre ellos cuatro menores.
“Uno de los detenidos, Fernando Domínguez Paredes, declaró ser militante del EZLN y Gonzalo Sánchez Navarrete, ser simpatizante de ese grupo y hermano de Luis o Valentín Sánchez Navarrete, militante del denominado Ejército Zapatista, y detenido en el operativo realizado en el estado de Veracruz.
“La indagatoria se encuentra en integración y en su momento los detenidos podrán ser consignados por los delitos de homicidio, lesiones, acopio de armas, asociación delictuosa, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea y los que resulten”, citó el funcionario.
Desde la mañana del viernes, la Dirección de Prensa de la PGR había repartido ya entre los reporteros de la fuente las que supuestamente fueron las declaraciones de María Gloria Benavides Guevara y Salvador Morales Garibay.
A la primera se adjudicaban dos declaraciones (inicial y de ampliación), rendidas con diez horas de diferencia del mismo jueves 8 –una, a las cinco de la madrugada; la otra, a las 15 horas–. En éstas, según las autoridades, Benavides Guevara dijo que en 1972 se incorporó a las Fuerzas de Liberación Nacional a instancias de Napoleón Glockner Carreto y la compañera de éste, Nora Rivera.
En el documento, que no tiene orden cronológico, se cita que estuvo casada con diversos dirigentes zapatistas, entre ellos Jorge Velasco del Rincón, alias Ismael, y Jorge Javier Elorriaga Berdegué, (a) Vicente o Germán, quien tenía la función de recibir dinero y comprar armas. Elorriaga Berdegué fue detenido el mismo viernes, con Jorge Santiago Santiago, en el estado de Chiapas.
Según la declaración de Benavides Guevara, en septiembre de 1980 se efectuaron, en San Cristóbal de las Casas, cursos de primeros auxilios con la participación de simpatizantes de las Fuerzas de Liberación Nacional. Dijo que en 1981 conoció a Rafael Guillén Vicente, el subcomandante Marcos, quien entonces era presidente del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura.
Mencionó que en 1985 ya se advertía la presencia de catequistas en la organización. Y que, en 1990, Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal, tuvo conocimiento de la existencia del grupo armado y que, por lo mismo, cinco o seis meses antes del levantamiento armado intentó persuadir a los dirigentes de que no iniciaran la guerra.
Afirmó, siempre de acuerdo con el documento difundido por la PGR, que en 1980 recibió adiestramiento militar por la milicia sandinista en Nicaragua. Que en 1993 hubo una reunión de consejo y que, un año antes de que se acordara la guerra, fueron designados como principales dirigentes del EZLN Rodrigo, Germán y Marcos. En ese tiempo, según se relato, participó en el movimiento con los seudónimos de Esther y Elisa, indistintamente.
Por la tarde del viernes se iniciaron las primeras averiguaciones públicas de los inculpados. El juzgado sexto penal federal, con sede en el reclusorio norte, fue designado para llevar a cabo el juicio a los supuestos miembros del EZLN.
Los ocho primeros detenidos negaron, al presentar su declaración pública, pertenecer a la organización insurgente y aseguraron que fueron torturados y obligados a firmar testimonios falsos.
Diez minutos antes de las 16 horas, el juez Fernando Andrés Ortiz presentó en primer lugar a María Gloria Benavides –para la PGR, la subcomandante Elisa–, quien luego de proporcionar “sus generales” escuchó la lectura del acta en la que se exponen los motivos y la manera en que fue detenida, así como la declaración en la cual proporciona información sobre la identidad del subcomandante Marcos.
Apenas iniciada la lectura por parte del secretario del juzgado, irrumpieron en la sala cerca de 15 perredistas, entre ellos cinco diputados federales, quienes reclamaron al juez que se diera oportunidad a la detenida de nombrar un abogado en lugar del defensor de oficio que le había sido asignado.
El juez Ortiz aceptó de inmediato, pero con energía llamó a restablecer el orden en el recinto saturado por alrededor de 80 reporteros y fotógrafos, unos 20 policías fuertemente armados y otros tantos curiosos.
Entre los perredistas destacaban los exdirigentes estudiantiles Carlos Imaz e Imanol Ordorika. Este último gritó en cuanto vio a la acusada tras la rejilla: “Elisa, toda tu familia está bien, te mandan saludos”.
María Gloria Benavides apenas reaccionó al comentario, pálida y seria se mantuvo en la misma posición durante casi toda la sesión. A veces manifestaba con la cabeza su desacuerdo ante algo de lo escrito, pero nada más.
Luego de hora y media terminó su lectura el ayudante del juez y se abrió una sesión de preguntas del abogado defensor, interesado sobre todo en conocer si había sido golpeada o presionada para firmar el testimonio que se le atribuye.
A pregunta directa, respondió que la detuvieron el miércoles 7 a las 16 horas en su domicilio. Que los agentes dijeron ser enviados de su familia. Que irrumpieron violentamente en su casa con una orden de cateo, pero que nunca le permitieron presenciar el registro, pues inmediatamente fue segregada y vendada de los ojos.
Agregó que la transportaron en una camioneta siempre tirada en el piso, y ya en el reclusorio la torturaron psicológicamente con amenazas de muerte a su hijo. Después de esa presión le hicieron firmar la declaración que, según asegura, nunca hizo y de la que, luego que se la leyeron nuevamente, dijo sólo recordar una pequeña parte.
Antes de proceder al registro de firmas de la acusada, donde se asienta su nueva declaración, apareció en la sala Alfonso Esparza Jáuregui –quien dijo ser concuño de la declarante–, que llegó acompañado de otros abogados. A solicitud de la detenida, el juez aceptó el nuevo cambio de defensor.
A la mitad de la lectura del expediente de María Gloria Benavides, el juez ordenó la presentación, en otra de las rejillas, de los siete detenidos en Yanga, Veracruz.
Abogados y otros representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la Convención Nacional Democrática se hicieron presentes en la audiencia para testimoniar, sobre todo, acerca del estado de salud de los detenidos. Los cinco hombres y dos mujeres fueron agrupados en una sola rejilla y luego cada uno de ellos fue interrogado. Todos negaron ser miembros del EZLN y a algunos, como a Alvaro Castillo Granados, se les notaban evidentes huellas de golpes en el rostro y en las muñecas.
Después siguió el turno de los capturados en Veracruz, quienes negaron las acusaciones en su contra, además de denunciar que fueron torturados por los elementos judiciales.
A punto de terminar las audiencias, los diputados federales perredistas Salvador Martínez de la Roca, Javier González, Eliseo Moyado y Ana Lilia Cepeda improvisaron una rueda de prensa, en la cual denunciaron que todo el procedimiento legal fue violentado en la detención de los supuestos zapatistas. Gilberto López y Rivas, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indios del PRD, no dudó en calificar las imputaciones hechas a los detenidos como “delitos prefabricados para justificar los operativos armados del gobierno en contra del EZLN”.
