Una soberanía relativa

Cuando el incendio amenazaba con propagarse fuera de control, el presidente William Clinton entró al quite, hizo a un lado al titubeante y contradictorio Congreso estadunidense, y haciendo uso de las facultades ejecutivas que sus leyes le otorgan, autorizó una línea de crédito directa a México, al mismo tiempo que negociaba con el FMI y con el Banco Internacional de Pagos la ampliación de los fondos originalmente ofrecidos a nuestro país; con ello, más el paquete comprometido con la banca comercial, el gobierno mexicano tendrá abiertas líneas de crédito por un total de 50,759 millones de dólares para apoyar el programa de emergencia y hacer frente a los compromisos de corto plazo derivados de la amortización de Tesobonos, vencimientos de capital y pago de intereses de la deuda externa y financiamiento del déficit en cuenta corriente de balanza de pagos.
Además, las líneas de crédito obtenidas a través del “salvamento Clinton” modifican las condiciones de pago originalmente previstas en el fracasado esquema de garantías; mientras que en ese esquema los plazos de vencimiento de los apoyos efectivamente ejercidos sería de tres a seis meses, el nuevo amplía esos plazos de tres a diez años, lo que, como ha informado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permitirá reconvertir deuda de corto plazo a plazos más largos, dando así un respiro adicional a las finanzas públicas y a unas reservas internacionales literalmente exhaustas (3,483 millones de dólares al 31 de enero de 1995, apenas 13.3% de las que había en enero de 1994, pero don Miguel Mancera insiste en que no hay error qué perseguir).
Salvo lo ya informado en materia de garantías a través de la factura de las ventas de petróleo mexicano en el extranjero, no se conocen las otras condiciones en que México recibe esas líneas de crédito, tales como tasas de interés, comisiones, montos ejercibles de inmediato, compromisos en materia de política económica, supervisión internacional del manejo de los recursos aportados. Es necesario esperar esa información para emitir una opinión fundada acerca de las repercusiones políticas y económicas del paquete de ayuda.
Sin embargo, conviene aclarar un mal entendido que circuló profusamente en las últimas semanas: desde el anuncio del original paquete de garantías se dijo que la deuda pública externa de México aumentaría exactamente en el monto de las garantías otorgadas, ahora en el monto de las líneas de crédito recibidas. No es exacto. Ni en el esquema de garantías ni en el de apertura de líneas de crédito, México recibirá los dólares, comprometidos en el papel, en forma automática. La deuda mexicana aumentará en el monto de recursos que llegaren a utilizarse de esas líneas de crédito y de conformidad con el destino que se dé a los recursos.
El efecto neto en materia de endeudamiento dependerá, entonces, de cuánto se use y para qué se use. Si México, por poner un caso, utiliza 16,000 millones de dólares para redimir los Tesobonos en manos de extranjeros, suponiendo que todos ellos deciden retirarse del mercado mexicano y se llevan sus fondos, tendríamos una conversión de deuda pública: en lugar de que el Banco de México deba a los tenedores de Tesobonos, el gobierno mexicano deberá a las instituciones financieras que hayan aportado los recursos para amortizar los ya famosos instrumentos de ahorro público.
Otro caso: si el gobierno mexicano usa fondos provenientes de las líneas de crédito para liquidar deuda externa de corto plazo, estará realizando una reconversión de la misma pasando saldos a mediano o largo plazo; el efecto neto sobre el capital resultará marginal y dependerá, en último caso, de si las comisiones se pagan de inmediato o se incorporan al monto del adeudo.
Un aumento neto de la deuda externa provendrá del uso de fondos que se destinen a cubrir obligaciones privadas a través de operaciones de mercado abierto soportadas por el Banco de México (venta de dólares a particulares), de incrementos a las reservas internacionales que luego se utilicen para dar soporte al peso en los mercados cambiarios, o simplemente para cerrar el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos. Sin embargo, sobre la última hipótesis conviene no olvidar el compromiso del gobierno en el sentido de utilizar las líneas de crédito sólo para fines de estabilización monetaria y reconstitución de reservas internacionales, mientras que el financiamiento del déficit en cuenta corriente debe, al menos en teoría, provenir de las entradas de capital y del endeudamiento originalmente previsto para 1995.
En suma, hoy no es posible calcular el efecto neto que tendrán en la deuda pública externa las líneas de crédito obtenidas a través del “salvamento Clinton”; por ello resultan ociosos, cuando no simplemente alarmistas, los ejercicios hipotéticos que hemos visto en diversos medios pretendiendo calcular el efecto sobre la deuda total y sobre su servicio, bajo el erróneo supuesto de que los 50,759 millones de dólares ofrecidos a México son recursos netos adicionales a la deuda ya existente.
Creo que nadie con un mínimo de juicio económico podría sostener con seriedad que el paquete de ayuda era prescindible, que nos las podíamos arreglar solos. Además de inviable, esa posición condenaría al país a realizar un ajuste interno de dimensiones que harían aparecer como benignos los anteriores paquetes de estabilización, además de abrir la puerta a una devaluación mucho mayor a la ya sufrida, lo que haría imposible cualquier pretensión de someter la inflación a niveles compatibles con objetivos de recuperación a corto plazo. Quienes siguen proponiendo la autarquía como esquema económico para México, simplemente no se han dado cuenta del mundo en el que vivimos.
Juzgar el paquete de salvamento con la óptica de los daños provocados a la “soberanía nacional”, es una manera muy particular de analizar los problemas económicos no sólo de México sino del mundo. Leyendo las sesudas especulaciones acerca de documentos secretos, compromisos inconfesables, violaciones tumultuarias a la soberanía de la patria, no dejo de preguntarme si, de ser ciertas esas versiones, habría que reconocer una diabólica habilidad a los negociadores mexicanos, al extremo de convencer a los banqueros del mundo para poner en la cuenta mexicana más de 50,000 millones de dólares al amparo de documentos secretos, sin valor legal alguno, o con el mismo valor que el papel en el que están escritos. Nadie presta sin garantías, menos aún tratándose de banqueros, y éstos tendrán buen cuidado de checar que las otorgadas por nuestro gobierno satisfagan todos los requisitos de las leyes mexicanas. El problema no está ahí sino en que el Ejecutivo federal informe puntual y oportunamente acerca de esas garantías y del plazo de su vigencia, para entonces poder valorar lo pactado.
Conviene también actualizar nuestra visión y nuestro debate interno en relación al concepto de “soberanía”, sin prejuicios ni calificativos previos. Muchas de las visiones y prácticas asociadas a ese valor surgieron en siglos pasados, o en las confrontaciones bélicas de la primera mitad de este siglo; de igual forma, la larga etapa de la guerra fría y el enfrentamiento entre dos bloques influyó de manera decisiva para hacer de la “soberanía” un valor esencialmente defensivo, pregonado por diversas naciones ante las pretensiones de las dos grandes potencias. Ese mundo ha quedado atrás, lo que heredamos no es mejor aún en términos de estabilidad y paz, al amparo de supuestos derechos históricos y reivindicación de soberanías, naciones enteras han sido desintegradas y devastadas por sangrientas guerras de exterminio étnico.
Pero además del cambio geopolítico, cuyas consecuencias no terminamos aún por desentrañar, el mundo experimenta una acelerada globalización económica, cuya manifestación extrema la tenemos ya en los mercados financieros en los que hablar de determinantes nacionales ha pasado a un segundo plano. El otro fenómeno es la regionalización de las economías: la Europa comunitaria; los tratados y pactos entre las economías del sudeste asiático, con Japón a la cabeza, y el bloque en el cual estamos inscritos, el de Norteamérica, del que Estados Unidos es y seguirá siendo líder indiscutible.
De cara a esa realidad es que debemos adecuar, sin renunciar a su contenido profundo, nuestra política internacional y nuestro concepto de “soberanía”, la cual, aplicada a las naciones, es antes que otra cosa “independencia”. ¿Cómo ser independientes en un mundo interdependiente? ¿En qué aspectos y áreas del quehacer nacional, es decir del quehacer del Estado, cabe exigir y preservar total independencia respecto de injerencias externas, en cuáles deberemos aprender a aceptar una soberanía relativa, condicionada por realidades que escapan de nuestro control, pero que nos influyen de manera inevitable? La clave puede estar en rescatar para el concepto “soberanía” su original sentido político, en lugar de estarla mezclando con adjetivos que la hacen inasible, por ejemplo, “soberanía alimentaria”, “soberanía educativa”, “soberanía económica”, etcétera.
El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de acudir al rescate de la economía mexicana y compromete en esa operación 20,000 millones de dólares tomados de fondos propios. ¿Qué lo motiva? Podemos responder con los prejuicios y experiencias –muchas de ellas traumáticas– del pasado. “Quieren nuestro petróleo, quieren nuestros bancos, quieren Baja California, o el Istmo de Tehuantepec”, en resumen, “quieren fregarnos, violar –one more time– nuestra soberanía”, y les hemos dado el motivo para llevar a cabo sus perversas intenciones.
Pero quizá podamos actualizar nuestros juicios y valoraciones, entender que el gobierno estadunidense ha venido al rescate de la economía mexicana porque nuestro hundimiento sería su hundimiento, la pérdida de oportunidades en un mundo cuyo signo es la competencia. Ni misionero ni bucanero, Clinton simplemente defiende los intereses del país que gobierna, su defensa es hacia el mundo y en lo interno. Lo nuevo es la interdependencia de las economías que integran el bloque de Norteamérica al amparo del Tratado de Libre Comercio; si México no supera pronto la crisis, el efecto sobre la posición norteamericana en el mundo sería catastrófico. Si la crisis mexicana se extiende, miles de trabajadores perderán su empleo, allá y acá, sólo que para miles de los nuestros, con o sin Acta 187, la única salida al alcance será emigrar al norte. La advertencia salinista de 1993 adquiere visos de emergencia para el gobierno estadunidense, más aún con el TLC en vigor: o les exportamos mercancías, o les exportamos fuerza de trabajo. Para que lo primero sea dominante, México requiere estabilidad y una posición competitiva adecuada dentro del bloque regional.
Bajo esa circunstancia el diseño de las políticas económicas, así como su análisis y crítica, deben romper el molde nacional, ubicarse en una perspectiva regional e incluso, como lo demuestra el “efecto tequila”, continental. La realidad va más rápido que nuestra capacidad de entenderla y adaptarnos a ella, abruptamente hemos descubierto que en menos de una década se tejieron nuevas redes y se establecieron nuevas formas de interdependencia entre las dos naciones. El viejo modelo dependentista –tan en boga en los años setenta– con su enfoque unilateral de metrópolis y periferias, es incapaz de dar cuenta de los nuevos procesos y dinámicas que envuelven a economías integradas en una alianza regional estratégica. Así lo ha entendido la administración demócrata encabezada por Clinton, y ha procedido en consecuencia.
Para el gobierno de Zedillo lo que sigue es actuar rápido, hacer un uso prudente de los recursos obtenidos y estabilizar los mercados financieros, llegar a una paridad compatible con nuestra posición regional, evitar que la inflación se dispare y reestablecer condiciones para proteger el nivel de actividad económica y, con él, los puestos de trabajo. Junto a lo inmediato, convendría, una vez calmados los nervios, proceder a discutir con frialdad y buen tino el significado que para México ha tenido esta nueva crisis, su origen profundo, su dinámica, su interrelación con la esfera política, y la forma en como debió resolverse. Seguimos careciendo de un proyecto nacional compartido en sus bases y en sus objetivos, de forma tal que la competencia y la confrontación, tanto en lo político como en lo académico, se realice en torno de los instrumentos y los plazos. Sospecho que esa asintonía de enfoques tiene que ver con la terca sobrevivencia de los antiguos modelos, de las ideas que creemos superadas, pero que resurgen en cada coyuntura crítica.
No es sólo un problema de discrepancias teóricas lo que nos agobia e impide establecer acuerdos, es también una historia de justificados recelos y profundas desconfianzas ante nuestro vecino del norte. Sin valorar nuestra posición en el mundo y en la región, sin comprender lo que para Estados Unidos, y Canadá, significan esas nuevas realidades, los desgarramientos de vestiduras seguirán contaminando el debate, y las ideas del pasado retornarán de sus tumbas, retroalimentando nuestros miedos e inseguridades.