El rescate emprendido por el presidente William Clinton de la crisis económica de México, con un paquete superior a los 50,000 millones de dólares, disipó de un golpe la incertidumbre de los mercados y otorgó, más que un respiro, un horizonte de mediano y largo plazo a las reformas de mercado en que México se empeñó, para muchos temeraria e irresponsablemente, en la última década. El presidente Ernesto Zedillo asumió su propio empeño en esas reformas el mismo día del anuncio del rescate: “estamos claramente conscientes de que debemos mantener el rumbo económico que se funda en la disciplina fiscal y monetaria; en el impulso a la transformación estructural para fortalecer la productividad y la competitividad de nuestra economía; en el aliento a la inversión privada y nacional como motor del crecimiento, y en la conveniencia de consolidar, en beneficio propio, nuestra integración con el mercado mundial”.
Las condiciones para el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria de la Reserva Federal, que aportará los 20,000 millones centrales del paquete de Clinton, fueron aún más específicas: “las garantías estarán condicionadas a la presentación de un plan financiero global, aprobado por el Fondo Monetario Internacional y a la puesta en práctica de un fuerte programa de reforma y ajuste, incluyendo la continuación de las privatizaciones”. Los observadores se preguntan si esas privatizaciones incluyen a las empresas petroleras y eléctricas, únicas verdaderamente grandes que quedan en poder del Estado, o se refieren sólo al paquete anunciado de terminales portuarias y aéreas, carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones.
En lo que no caben ya dudas, como las hubo en sectores políticos y financieros a principios del gobierno de Zedillo, es en la continuidad del rumbo económico y de sus instrumentos básicos. México entrará en el corto plazo a un severo programa de ajuste que permita asegurar para el mediano un desarrollo sano y sostenido, basado en la competitividad internacional. El problema es que esa tonada la han escuchado ya los mexicanos durante una década y los beneficios anunciados no llegan aún.
La idea de un último apretón del cinto, así sea por un semestre, como parece ser la idea del gobierno, puede resultar insoportable económica y políticamente. El bolsillo de los trabajadores está vacío, lo mismo que las arcas de las empresas; las tarjetas de crédito de los consumidores están llenas y rebosantes las carteras de clientes morosos de los bancos. Una aguda crisis de liquidez paraliza negocios viables y seca la actividad económica. Sobreponer a ese panorama de astringencia una reducción del gasto público, sin programas compensatorios de emergencia, puede estirar demasiado una liga que de por sí ya reventó varias veces en el aciago 1994. Y sin embargo, así será. Con lo cual, las consideraciones económicas pasan a un segundo plano frente a las políticas.
¿Será sostenible el ajuste previsto sin nuevas rupturas? Es imposible decirlo. Desde luego, el salvamento financiero ha fortalecido al gobierno en su frente interno. Pero la puesta en marcha del ajuste puede volver a poner sobre la mesa la debilidad política de fondo del gobierno zedillista, la debilidad que pudo ser su virtud, de no mediar el desplome cambiario y financiero de diciembre pasado. Me refiero a su ausencia de compromisos y alianzas previos.
Al asumir el poder, Zedillo tomó distancia de la coalición que lo había llevado al triunfo. Se apartó por igual del PRI que de la cúpula financiera y económica, de los enclaves corporativos tradicionales tanto como de la vieja clase política. Propuso un gobierno de gente fresca, inexperta, pero abierta a los reclamos de cambio político y consolidación democrática que parecían venir de la sociedad. La marejada devaluatoria arrasó con la credibilidad de ese equipo gobernante y si es verdad que la estabilización financiera tiende a fortalecerlo, es también cierto que lo deja en un bajo perfil y frente a una coyuntura de ajuste que será todo, menos fácil de lidiar.
Estabilizado el frente financiero, se ofrece al gobierno de Zedillo la posibilidad de un nuevo inicio. En el frente económico, al subvaluar la moneda, la crisis hizo a palos la corrección básica que faltaba para garantizar una mayor competitividad de la economía y una reducción del déficit externo. La otra corrección básica requerida –establecer una política de rescate y fomento a la planta productiva que puede cosechar las oportunidades de mercado de la crisis– se impone con la misma evidencia del daño y ha empezado a plantearla ya el propio presidente, públicamente, ante distintos grupos de empresarios.
En el frente político, la crisis desgastó al gobierno, pero hizo crecer en torno de Zedillo una paradójica solidaridad en la desgracia, deseosa de la renovación de su liderato. La vocación democratizadora de Zedillo, sostenida aún en medio de la emergencia económica, se verá más clara y será más efectiva ahora que la emergencia ha pasado y el gobierno no parece arrinconado sino fortalecido. Asumiendo los costos de la marejada en su gabinete, y sus necesidades de alianza política para lidiar los desafíos del corto plazo, Ernesto Zedillo está en condiciones de repartir otra vez la baraja del Poder Ejecutivo y formar un nuevo gobierno.
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