La solución que finalmente se dio al capítulo de corto plazo de la nueva crisis mexicana sin duda otorgó un respiro al país, al gobierno y a los mercados. Suponiendo que el paquete de salvamento estadunidense anunciado por el presidente Clinton efectivamente se materialice en montos y tiempos adecuados, es probable que el problema inmediato de los vencimientos de Tesobonos quede zanjado. Persisten dos dudas: por qué no se hizo antes, evitando la sangría de reservas, la incertidumbre y el pánico de los últimos días de enero, y qué implicaciones reviste la solución dada al problema para el mediano y largo plazo.
Escuché tres respuestas antes del 31 de enero a la pregunta de por qué no se recurría al fondo de estabilización de divisas del Tesoro estadunidense para apoyar el peso, permitiéndole de ese modo al primer mandatario estadunidense actuar sin recorrer el viacrucis de la aprobación legislativa. La reacción de fuentes con altas responsabilidades en los gobiernos de ambos países fue, en primer lugar, que los recursos disponibles para un apoyo del Tesoro y/o de la Reserva Federal de Estados Unidos eran insuficientes: el fondo de estabilización del Tesoro en principio sólo abarca 25,000 millones de dólares, y un fondo análogo de la Fed tiene únicamente 20,000 millones, y no serían utilizables ambos simultáneamente para un mismo país. A esta insuficiencia se debió la necesidad de conseguir recursos de otras fuentes: el FMI y el Banco de Pagos (BIS) de Basilea, principalmente. Pero de nuevo, la pregunta: ¿por qué no se consiguió ese dinero antes? Y, en segundo lugar, ¿bastará el paquete que se procuró, tomando en cuenta que parte de los recursos que contiene son aleatorios o de desembolso lento?
La segunda respuesta fue que no era del todo evidente que el presidente de Estados Unidos tuviera la facultad de utilizar dichos fondos del modo que una operación de rescate de México requeriría: mucho dinero en poco tiempo, todo para un solo país. El razonamiento era que la discrecionalidad del Ejecutivo para echar mano de esos recursos en esa forma podía ser cuestionada por el Congreso, sobre todo tratándose de una mayoría republicana y de un mandatario demócrata. El gobierno de Clinton prefería dejar flotando en la ambigüedad la disputa sobre su competencia para disponer de esos fondos, y no arriesgar un posible enfrentamiento con el Congreso.
Es un hecho hoy que los principales líderes republicanos en el Congreso reconocieron la legalidad de la decisión presidencial. Pero de allí surgen dos nuevas preguntas: ¿por qué aceptaron ahora lo que antes podrían haber rechazado? ¿Se mantendrá el apoyo legislativo a la discrecionalidad del presidente, sobre todo si resulta necesaria la totalidad de los recursos disponibles? ¿Persistiría si es preciso invocar la cláusula de la Ley de Reservas de Oro de 1934 que prevé que los préstamos del Exchange Stabilization Fund (ESF) sólo pueden extenderse por más de seis meses durante un período de 12 meses si el presidente lo notifica de antemano y por escrito al Congreso que “circunstancias únicas o de emergencia” así lo exigen?
La tercera respuesta fue que Clinton hubiera podido obtener anteriormente el dinero que, a final de cuentas, consiguió del FMI y del BIS, y hubiera podido utilizar los fondos del ESF desde antes, pero que no lo hizo porque quería a toda costa lograr el apoyo del Congreso para cubrirse, y no parecer como el único responsable de un rescate mexicano terriblemente impopular ante el electorado de Estados Unidos. Buscaba Clinton lo que en la jerga política estadunidense se llama cover: cobertura, o justificación y pretexto ante los electores. Lo habría hecho justamente porque conocía las consecuencias de su infatuación mexicana, primero con el Tratado de Libre Comercio, ahora con el rescate multimillonario: los votantes le pasarían la factura en 1996, y los republicanos harían su agosto reprochándole su disposición a gastar fondos públicos para ayudar a sus amigotes mexicanos y de Wall Street, pero no para salvar a “Orange County” o los ghettos negros, o la ciudad de Nueva York, o las bases militares. Cuando Clinton comprendió que los líderes republicanos no le iban a hacer ese favor, decidió actuar solo: no por estadismo sino porque su apuesta anterior había fracasado.
De ser cierta esta tercera respuesta, surgen a su vez varias interrogantes. En primer término, si Clinton demoró durante casi tres semanas la decisión de actuar sin el Congreso por motivos de política pura (lo que los franceses llaman politique politicienne), ¿qué garantías existen de que no vuelva a comportarse así a la vuelta de algunas semanas o meses, pero en una dirección opuesta a los intereses mexicanos, o en todo caso a los del gobierno de México? En segundo lugar, si Clinton pensaba hasta el 31 de enero que su destino político dependía de no tener que cargar solo con el fardo mexicano ¿por qué ahora sería diferente? El haberse lanzado solo puede ser visto como prenda estadista por el New York Times o el Fondo Monetario Internacional, pero no necesariamente por los electores de Iowa, Kansas y California: donde se ganará o se perderá la elección de 1996.
De estas tres respuestas, y de todas las incógnitas que entreabren, se deriva una preocupación que un gran número de mexicanos ya ha expresado. Tal vez ya no había alternativa: frente al terrible deterioro de los mercados y de la pérdida total de confianza que se manifestó en dichos mercados el lunes 30 (que no debe confundirse con la caída del peso, probablemente fomentada por el propio gobierno de México para “meter un calambre” a los estadunidenses), o nos salvaba Washington, o nos hundíamos. Pero esta realidad probablemente incontrovertible debe ser situada en un contexto previo: cómo llegamos a un callejón cuya única salida consistía en un salvamento como el que ahora nos tienta y nos tranquiliza a la vez.
Peor tantito, nada de lo que ha sucedido desde el 19 de diciembre parece estar en nuestras manos. De acuerdo con la información disponible (y puede no ser completa) las autoridades mexicanas no metieron ni las manos en los sucesivos rescates originados y diseñados en Washington. Cuando se activó la línea de 6,000 millones de dólares en diciembre, parece que nunca dijimos que no bastaría. Cuando se amplió dicha facilidad a 9,000 millones, tampoco. Cuando pedimos auxilio el 10 de enero y nos respondieron con el paquete de los 40,000 millones de dólares de garantías, no señalamos que el riesgo de un prolongado proceso de aprobación por el Congreso en Washington sería desastroso para México. Y ahora que Clinton cambió de parecer, también brillamos por nuestra ausencia, tanto para contribuir al diseño del nuevo paquete, como para advertir que un nuevo fracaso, o una reacción escéptica de los mercados, podría resultar fatal para el país. Después de todos los errores que cometió la administración Clinton ¿convenía realmente seguir dejando en sus manos armar un esquema de salvación?
La otra gran duda que suscita la respiración de boca a boca que nos dieron nuestros vecinos se refiere al mediano plazo. Muchos piensan que el rumbo seguido desde mediados de los años ochenta y muy particularmente desde 1988 fue acertado: faltó tiempo, estadismo y suerte. Otros más, por lo menos, consideran que el problema yace precisamente en el rumbo: eso es lo que es preciso corregir. Para dirimir de manera sensata y provechosa el diferendo, no hay más remedio que someterlo a la discusión y revisión de todos, sin insistir en retirar de la mesa de negociación institucional o del foro de debates nacional la agenda económica y social de México. Pero ¿cómo discutirla y negociarla si ya está amarrada? ¿Qué sentido tiene debatir algo inmodificable, debido a los compromisos contraídos con Estados Unidos, con el FMI, con el mundo entero? El presidente Ernesto Zedillo puede encontrarse dispuesto –es imposible saberlo a ciencia cierta– a discutir el rumbo: fracasos y humildad obligan. Pero aún si así fuera, de haberse comprometido hasta los ojos con nuestros nuevos y viejos acreedores, de nada servirá su buena voluntad. Es el costo más elevado –francamente exorbitante– de nuestra salvación americana.
Sobre este mediano y largo plazo habrá oportunidad de discutir en la presentación del nuevo libro de Gabriel Székely, Teléfonos de México: una empresa privada, que tendrá lugar el jueves 9 de febrero en el Centro Cultural San Angel. Telmex es la empresa privada por excelencia surgida del salinismo. Pero ¿podrá llevarnos al próximo siglo y a la tierra prometida de la competitividad? Permítase una sana duda cartesiana, sobre ésta y tantas otras promesas de los últimos años.
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