TUXTLA GUTIERREZ, Chis.- Exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal, partido en el que milita desde hace 23 años, el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez considera que el gobernador priísta de Chiapas, Eduardo Robledo, ha incurrido en “graves violaciones a ley”; que la mayoría del Congreso ha avalado las mismas y que, de plano, se han registrado hechos que hacen creer que existe ingobernabilidad en la entidad.
En entrevista con Proceso, reconoce como ciertas las imputaciones hechas a Robledo Rincón por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), las que podrían llevar al gobernador a enfrentar –con la mayoría de los diputados locales de su partido– un juicio político ante el Congreso de la Unión.
“Efectivamente –dice Cruz Gutiérrez–, el gobernador inició su mandato violando el artículo 43 de la Constitución chiapaneca, al designar a Eraclio Zepeda encargado del despacho de Gobierno, pues no cumple con el requisito de ser licenciado en derecho, requerido para el cargo.”
El PRD también acusa a Robledo de haber creado cinco secretarías que no estaban consideradas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y de poner como cabeza del concejo municipal de Chiapa de Corzo al presidente municipal desaforado por el Congreso, “creando la figura de la reelección”.
Cruz Gutiérrez, diputado por el II distrito con cabecera en Chiapa de Corzo, habla en su despacho del Congreso del estado. Reconoce que, pasando por encima de la ley, el gobernador creó las decretarías de Salud; de Ecología, Recursos Forestales y Pesca; de Asuntos Indígenas; de Agricultura y Ganadería, y la de Desarrollo Agrario.
Acepta: “efectivamente, se anunció de que se nombraban titulares de secretarías que no estaban consideradas dentro de la Ley Orgánica, las que después se regularizaron. Pero con los nombramientos sí se violó la ley”.
De la otra acusación, relacionada con la imposición de Tiburcio Ruiz Espinoza en el concejo municipal de Chiapa de Corzo, el diputado priísta asienta:
“Fue un absurdo y con oportunidad señalé que no era posible que un ayuntamiento fuera desaparecido por mal funcionamiento y al mismo tiempo quien lo encabezaba volviese a ocupar el cargo de presidente del concejo municipal, cuando las funciones son las mismas.
“Por otro lado, la Constitución establece que nadie que haya ocupado el cargo de presidente municipal en cualquiera de sus nominaciones puede ser electo o designado para un período inmediato.”
Los diputados priístas que votaron en favor de la conformación de ese concejo municipal, el 17 de enero, y para quienes hoy se pide juicio político, son: Francisco Sau Lara, Rafael Arzat Herrera, Jorge Quiyono González, Roberto Fuentes Domínguez, Juan Rueda Aguilar, Carlos Morales Vázquez, Víctor Ortiz del Carpio, Fluvia Orantes Zenteno, Norma Alvarez Rincón, Romeo Ortega López, Arquímedes León Ovando, Laura Farrera Gutiérrez, Jesús Moguel Esponda, Francisco Zepeda Bermúdez, Mariano López Gómez, Hermisenda Paniagua Herrera y Gonzalo López Camacho.
Los únicos que no aparecen demandados son el exlíder cameral, Milton Morales Domínguez; el experredista Jack Demóstenes Muñoz –quien considera que la solicitud de juicio político contra Robledo y el Congreso “está mal fundamentada, porque no ha habido violaciones a la ley”–; el perredista Horacio Culebro Borrayas, quien interpuso la demanda, y Cruz Gutiérrez, quien votó contra esa propuesta.
Cruz Gutiérrez aclara que él no tiene nada personal contra Eduardo Robledo pero, dice, “las leyes se hicieron para cumplirse y los primeros que las deben respetar y cumplir son los encargados de su vigilancia y de su aplicación”.
Explica que, en las elecciones del 21 de agosto, los ciudadanos dieron una gran importancia a la oferta política de los candidatos a la gubernatura, principalmente a las propuestas de Amado Avendaño, del PRD, y Eduardo Robledo, del PRI.
“La propuesta de Robledo ofrecía la división de poderes, el fortalecimiento de la autonomía como un ejercicio necesario para la salud política del estado, y la oferta de leyes justas, además de la decisión de sujetarse al marco de la ley.
“A nosotros nos pareció muy grave que el gobierno se iniciara precisamente con la violación de un precepto constitucional. Yo protesté en su oportunidad, porque me pareció un exceso de autoritarismo. Ya el presidente Ernesto Zedillo lo dijo en la Cámara de Diputados, cuando señalaba que `ya no más príncipes’, y recalcaba que ningún gobernante debía estar por encima de la ley.”
En Chiapas no se tiene memoria de otra Legislatura local en la que algunos priístas se hayan opuesto y votado contra iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal. Y es la única durante la cual un diputado del PRI denuncia violaciones a la ley cometidas por el gobernador perteneciente a su mismo partido.
Cruz Gutiérrez considera que lo anterior se debe a que la experiencia que les ha tocado vivir a los congresistas “es muy rica: han convivido con cuatro gobernadores y con una guerra declarada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por lo que no se parece a las legislaturas anteriores”.
Los actuales diputados comenzaron su gestión cuando era gobernador Patrocinio González Garrido; al ser nombrado secretario de Gobernación, lo sustituyó Elmar Setzer, quien después del levantamiento zapatista renunció, y ocupó su lugar Javier López Moreno.
Por las reformas a la Constitución local, propuestas por González Garrido, los diputados alargaron su período a cuatro años, incluido 1995, cuando el gobernador es Eduardo Robledo Rincón.
Cruz Gutiérrez, quien en 1974 fue dirigente de las Juventudes Revolucionarias en Chiapas y, 20 años más tarde, secretario general del PRI, explica que estos cambios de gobierno y el cambio que ha experimentado Chiapas por los zapatistas han marcado diferencias entre los legisladores.
Orgulloso, cuenta que la LVIII Legislatura, por primera vez, logró cambiar “de manera muy radical el proyecto de ley electoral que nos había enviado el Ejecutivo”, en 1994, y se dio el caso de que recortaran “sustancialmente una petición de autorización de un crédito al gobernador López Moreno, en uso de la autonomía del Congreso”.
A pesar de ello, considera que en Chiapas y en México no existe una real división de poderes y que en muchas ocasiones el Congreso, “que está subordinado al presidente o al gobernador”, aprueba “caprichos” del Ejecutivo.
–¿Cuáles serían algunos casos concretos de esta subordinación en Chiapas? ¿En qué momento cree que Eduardo Robledo ha tratado de imponer su voluntad al Congreso del estado?
–Quiero ser claro en que la mía no es una oposición sistemática al gobernador. Nos ha enviado ocho iniciativas y de ellas cuatro son de particular importancia, por ser propuestas de reformas a la Constitución: la ley de procesos electorales, la ley de los derechos políticos y la creación de los nuevos municipios. Estamos en una consulta muy abierta y, hasta el momento, de acuerdo con lo que hemos platicado, no hay ninguna consigna para mantener las iniciativas sin reformas; hay el deseo de meterles mano en serio y hacer las adecuaciones que sean necesarias…
–¿Y en el caso de la reforma que se hizo a la Constitución para que Eraclio Zepeda pudiera ocupar su cargo? ¿Fue un capricho del gobernador?
–Sí, porque si había la intención de hacer esa modificación se debió hacer antes. Considero que en ese caso sí hubo un viso de autoritarismo, porque primero se dio el acto en violación a la ley y luego se acomodó la Constitución al gusto del gobernador.
El diputado priísta se refiere también a los hechos de violencia que se han registrado en Chiapas, particularmente los suscitados durante el gobierno de Robledo.
Considera que situaciones como las de Chicomuselo, donde el 10 de enero perdieron la vida siete personas, y la agresión de militantes del PRI contra perredistas en Huehuetán, el 31 de enero, con un saldo de más de una decena de heridos, demuestran indicios de ingobernabilidad, tal y como lo han declarado en repetidas ocasiones las organizaciones sociales.
“Cuando uno ve hechos como los de Chicomuselo, en los que civiles, en presencia de la policía y el propio procurador de Justicia, se mantienen armados con armas reservadas al ejército y se auxilian con ellas para reprimir a un grupo, esto es ingobernabilidad y es a mi juicio muy peligroso, porque permitir que esas fuerzas actúen nos puede llevar a un callejón sin salida”, dice.
Y advierte que con los enfrentamientos entre grupos –como el registrado en Huehuetán– “se corre el riesgo de propiciar una especie de guerra civil”.
Eso, afirma, “hay que detenerlo; y si el gobierno del estado no lo detiene en su momento, pues será la mayor prueba de que no hay gobernabilidad”.
Por último, ante la posible renuncia del gobernador, el diputado priísta reitera –en contraposición con lo manifestado reiteradamente por Eduardo Robledo– que “Chiapas no estará vacunada contra los interinatos, e incluso contra las conflagraciones sociales, mientras no se transformen las instituciones, no logremos el establecimiento de una relación adecuada y cordial, y mientras las distintas corrientes no seamos capaces de sentarnos a platicar y llegar a acuerdos”.
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