WASHINGTON, DC.- La carta fue fechada en esta capital. En ella, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos se dirige al secretario del Tesoro para discutir el otorgamiento de un préstamo millonario a México.
El subsecretario señala que “el Departamento (de Estado) apoya plenamente la visión del embajador” estadunidense en México, en el sentido de que este país “debe realizar acciones para incrementar la confianza de los inversionistas y otros en su economía”. Agrega que “en el terreno de la estabilización financiera, México parece estar haciendo progresos” y que “la falta de confianza en el peso, que persiste, si bien es parcialmente una resaca de la devaluación… más que una estimación razonada de condiciones presentes, también se debe al fracaso del gobierno mexicano en tomar medidas efectivas para generar un regreso de la confianza. La confianza en el peso regresará sólo con el tiempo –afirma el subsecretario– y conforme el gobierno mexicano evite meticulosamente las acciones perturbadoras y, al mismo tiempo, aproveche todas las oportunidades para tranquilizar a la opinión pública y alentar la inversión privada”.
Continúa: el embajador estadunidense “sugiere que sería bueno considerar qué ayuda, si alguna, puede brindar Estados Unidos, y que se le informe para que pueda pasarla informal y confidencialmente” al secretario de Hacienda mexicano.
“Nuestro sentimiento es que la situación financiera de México está mejorando”, sostiene el funcionario, quien opina que debe decirse al secretario de Hacienda que “deseamos ayudarlos y, después de que México haya tomado pasos internos para restaurar la confianza, revisaremos la situación con él. Mientras tanto, se le puede decir que esperamos discutir asuntos con representantes de México, cuando lleguen más tarde este mes”. Concluye: el secretario de Hacienda “es un amigo de Estados Unidos que ha luchado exitosamente para mantener la convertibilidad del peso y que merece nuestro apoyo”.
La carta, que bien podría haber sido escrita cualquier día de este mes, está fechada hace 40 años, el 17 de enero de 1955. El subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos era Henry H. Holland; el secretario del Tesoro, George M. Humphrey, y el secretario de Hacienda de México, Antonio Carrillo Flores; los presidentes de uno y otro país eran Dwight D. Eisenhower y Adolfo Ruiz Cortines. Este –según consta en documentos oficiales de la relación México-Estados Unidos, cuyo contenido tiene poco tiempo de haber sido revelado aquí al público– había solicitado al gobierno estadunidense un préstamo, a diez años, por 75 millones de dólares, para ayudar al peso a recuperarse de la súbita y drástica devaluación de abril de 1954, que fue causada, entre otros factores, por desconfianza en la composición del gabinete del político veracruzano.
Doce años después de esa crisis monetaria, Estados Unidos convirtió en institucional su tutoría de las finanzas mexicanas. Esto se hizo mediante la inclusión del Banco de México en un sistema de bancos centrales, coordinados por el Sistema de la Reserva Federal. El 12 de mayo de 1967, México fue admitido como la décimo cuarta nación de la Red de Arreglos Monetarios Recíprocos (NRCA) del Banco de la Reserva Federal (Fed, apócope utilizado comúnmente por los estadunidenses).
Las discusiones para llegar a esa decisión –que, en pocas palabras, significaba el reconocimiento del peso como moneda formalmente convertible a dólares y sujeta a operaciones de intercambio o swap– tomaron cerca de medio año. Durante ese lapso, y por primera vez en la historia, México fue sujeto de largas y a veces acaloradas discusiones en el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC), la máxima instancia directiva de la Reserva Federal, que afecta con sus decisiones la vida económica en todo el mundo.
Los debates a puerta cerrada, que se llevaron a cabo sin el conocimiento de las autoridades mexicanas y sin que éstas hubieran siquiera solicitado el ingreso del país en la NRCA, están reseñados en las minutas de las reuniones mensuales del FOMC que guarda la biblioteca de la Fed. Estos documentos, que empezaron a producirse en 1936, a causa de la promulgación de una ley que obliga al FOMC a guardar registros de todas sus acciones, fueron estrictamente confidenciales hasta 1963.
En ese año, presiones del Congreso y de la opinión pública obligaron a la Reserva Federal a sacar a la luz sus memorandos correspondientes al período 1936-1960, aunque la institución impuso después el criterio de que los documentos de menos de cinco años seguirían siendo confidenciales y, por tanto, de circulación reservada.
Hasta 1976, las actividades de la Fed no eran sujetas al Acta de Libertad de Información, que obliga a las dependencias gubernamentales estadunidenses a revisar, valorar y, si ello no pone en riesgo la seguridad nacional, desclasificar y entregar documentos a petición de cualquier ciudadano o de cualquier medio de comunicación. La conversión de la Fed en entidad vigilable por la ciudadanía, hizo que el entonces poderoso presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Arthur F. Burns, dispusiera que las reuniones del FOMC dejaran de reseñarse.
La decisión que molestó a muchos congresistas fue desobedecida por el propio Burns, que grababa subrepticiamente las reuniones, a fin de no perder registro de las sesiones. Esta maniobra, que fue continuada por otros presidentes de la Fed, duró más de tres lustros, hasta que fue puesta al descubierto en noviembre de 1993.
Así, pues, gran parte de las deliberaciones del FOMC, aunque en vía de descubrirse, está aún en la sombra. Pasarán algunos años, seguramente, antes de que pueda conocerse, por ejemplo, el papel que jugó la Fed en la crisis económica de los años ochenta en México. O, más aún, en torno de las sacudidas políticas y económicas de 1994, que culminaron con la devaluación de la moneda mexicana.
En este último caso, la Reserva Federal puso a disposición de México una línea de crédito de 3,000 millones de dólares –que se completó con otros 3,000 millones provenientes del Departamento del Tesoro– para que el gobierno mexicano defendiera el valor del peso luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio. El memorando de entendimiento que establecía las condiciones de dicho crédito fue declarado “confidencial” por la Fed, por considerarse que contenía “información de seguridad nacional”. De nada valieron las gestiones del entonces presidente del Comité de Bancos de la Cámara de Representantes, Henry González, para que el documento se hiciera del conocimiento público (Proceso 912).
Sin embargo, buena parte de lo que está disponible sobre el período 1967-1976, este semanario pudo reconstruir pasajes de la relación Fed-gobierno mexicano. Los documentos –cientos de páginas de minutas, estudios económicos, telegramas, gráficas, correspondencia– fueron recolectados por Kate Doyle, analista de la organización no gubernamental National Security Archives, en los archivos públicos de la Reserva Federal y en la Biblioteca Presidencial Gerald R. Ford.
UN BUNKER
Desde 1967 la política económica de México ha sido tomada, o cuando menos avalada, en el bunker de la Reserva Federal, que se ubica a un lado de la explanada de prados, andadores y fuentes que los washingtonianos conocen como The Mall. Ahí se reúnen, por lo menos mensualmente, los 12 integrantes del Comité Federal de Mercados Abiertos, encabezados por el presidente de la Fed.
Desde ese año, la Reserva Federal ha sido presidida por cinco personas: William McChesney Martin Jr., Arthur F. Burns, G. William Miller, Paul A. Volcker y Alan Greenspan. Este último esta en funciones desde 1987.
El 22 de noviembre de 1966, el FOMC discutió la ampliación de la Red de Arreglos Monetarios Recíprocos, que entonces vinculaba al Sistema de la Reserva Federal con 11 bancos centrales de igual número de naciones y reconocía a otras tantas monedas como hijas legítimas del dólar. Cuatro países fueron mencionados como posibles nuevos integrantes de la NRCA: Dinamarca, Noruega, Venezuela y México. En su sesión del 7 de febrero de 1967, el Comité comenzó a deliberar al respecto. En las intervenciones que se reproducen en la minuta, queda claro que el gobierno mexicano no había sido consultado si le interesaba que el Banco de México pudiera ingresar en la Red, aunque se asegura que la propuesta de inclusión sería “cálidamente recibida” por los bancos centrales de México y Venezuela.
Los asistentes que dudaban sobre admitir a países latinoamericanos, recordaron que la Fed debía negociar arreglos swap siempre “con el reconocimiento de que su responsabilidad primaria es proteger los intereses de Estados Unidos”. Uno de los gobernadores pidió que la argumentación en favor de los nuevos integrantes se hiciera “en términos del interés de la nación”.
Como no hubo acuerdo, el presidente Martin pospuso la resolución para la siguiente reunión. Esta se efectuó el 7 de marzo. El gobernador Anthony M. Salomon dijo que la estabilidad política debía ser uno de los factores para tomar la decisión. También informó que México era el único de los cuatro países que cumplía con los requisitos del Fondo Monetario Internacional acerca de la convertibilidad de su moneda. Otro integrante, de apellido Wayne, insistió en que la Fed debía involucrarse en arreglos swap sólo si favorecía los intereses de Estados Unidos, mediante la contribución de proteger al dólar y preservar su papel en tanto moneda internacional. Si tales cosas no se cumplían, agregó, prefería “no añadir a un país aunque el hacerlo mejorara su status internacional o tal vez contribuyera a las relaciones diplomáticas”.
Finalmente hubo consenso en favor de la admisión de México y el rechazo a Venezuela. El 2 de mayo, cuando se celebró una nueva reunión de la FOMC, sólo era cuestión de afinar la invitación a México. El gobernador Coombs fue el encargado de hablar con el gobierno de México. La minuta da cuenta de que “apenas ayer los mexicanos le avisaron que estaban preparados para sumarse al arreglo”.
El 12 de mayo, el FOMC votó unánimemente a favor de “enmendar los párrafos 1 A y 2 de la autorización para operaciones de moneda extranjera del Sistema (de la Reserva Federal), efectivo el 17 de mayo de 1967. El párrafo 2 establece:
“2. El Comité Federal de Mercados Abiertos ordena al Banco de la Reserva Federal de Nueva York a sostener arreglos monetarios recíprocos (arreglos swap) con los siguientes bancos extranjeros, que están entre aquellos designados por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, bajo la sección 214.5 de la Regulación N, Relaciones con Bancos Extranjeros y Banqueros, y con la aprobación del Comité para renovar tales arreglos al vencimiento: … Banco de México. Monto del arreglo: 130 millones de dólares. Período máximo de arreglo: 12 meses”.
LA CRISIS DEL 76
Amarrada formalmente a la Fed, la economía mexicana fue objeto de revisiones minuciosas por el FOMC. De eso dan cuenta documentos oficiales de los años posteriores a 1967, hasta 1976, cuando las evidencias documentales de las deliberaciones y decisiones de la Reserva Federal se volvieron escasas.
Arthur F. Burns, quien presidió la Junta de Gobernadores de 1970 a 1978, donó su archivo a la Biblioteca Presidencial Gerald F. Ford, en Ann Arbor, Michigan. Consta de unas 374,000 páginas, de las cuales la gran mayoría corresponden al período de Burns en la Fed. Sin embargo, buena parte de los documentos están vedados al público.
Entre los documentos clasificados están, por ejemplo, un análisis sobre “las posibilidades de devaluación del peso mexicano”, fechado el 15 de abril de 1976 (el anuncio de la libre flotación del peso se hizo en la noche del 31 de agosto de ese año). También están decenas de telegramas entre la embajada de Estados Unidos en México y el presidente de la Junta de Gobernadores de la Fed, discutiendo la situación de la economía mexicana, según las constancias de retiro de esa documentación. Igualmente clasificados están varios memorandos de reuniones entre funcionarios estadunidense y mexicanos, dirigidos a Burns, y las transcripciones de sesiones del FOMC obtenidas de los casetes que se descubrieron en 1993. La razón del retiro generalmente es la misma: “restricción de seguridad nacional”.
A partir de la revisión de los documentos que sí están disponibles, total o parcialmente, se puede afirmar que la Fed estuvo plenamente involucrada en el diseño de las políticas económicas de México en los años setenta, y que cuando las decisiones del gobierno mexicano no le satisfacían –en esta materia e incluso en otras– las criticó e hizo todo por cambiarlas. Un ejemplo de esto último es el gasto público que ejerció el gobierno de Luis Echeverría. En un análisis de las perspectivas económicas para 1976 y 1977, la Fed pronosticaba un alza en el gasto público, “por encima de las proyecciones, sólo porque éste es el último año del período del presidente de México, y el gobierno saliente, como sus predecesores, querrá completar tantos proyectos iniciados como pueda”.
Los analistas de la Reserva Federal también vaticinaron esa vez una caída en el turismo “por la posición de México, sobre el caso de Israel, en la Organización de las Naciones Unidas”. Advirtieron que los aumentos salariales iban más allá “de lo que hubiera sido consistente con 10% de aumento en el gasto público”. Observaron que “la producción de los ricos pozos (petroleros) del sur de México, que comenzaron en 1974… ya ha transformado al país de importador neto de crudo a exportador neto”. Y adelantaron que la virtual elección de José López Portillo como presidente “será la ocasión para la adopción de fuertes medidas antiinflacionarias, pues la experiencia del nuevo presidente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo lleva a dar más importancia a las consecuencias financieras de sus decisiones políticas”.
El 31 de agosto de 1976, a las 20:47 horas, el director general del Banco de México, Ernesto Fernández Hurtado, dirigió el siguiente telegrama a Arthur F. Burns: “por favor, tome nota de que el gobierno de México ha decidido abandonar la actual tasa de cambio del peso mexicano respecto del dólar estadunidense. Por tanto, desde las 24 horas del 31 de agosto de 1976, hora de la ciudad de México, el Banco de México no observará márgenes e intervendrá sólo para prevenir fluctuaciones erráticas y especulativas. El gobierno de México ha decidido mantener la tradicional libre convertibilidad del peso mexicano”.
Pero después de hacer un anuncio que podría considerarse de cortesía y hasta de rigor, Fernández Hurtado comunicó a Burns las medidas económicas que el gobierno de Echeverría tomaría después de la devaluación “para mantener la competitividad de la economía mexicana”. Dicha información todavía no se proporcionaba a los mexicanos.
Diecisiete días después, el FOMC discutió “los aspectos analíticos de la situación económica mexicana”, mediante un documento que fue preparado por dos analistas de la División de Finanzas Internacionales de la Junta, Yves Maroni y Ted Truman. En el análisis, la Fed determinó que “el objetivo crucial de cualquier programa mexicano de estabilización para complementar la depreciación del peso debe ser el traslado de recursos hacia el sector externo” y que la “demanda agregada doméstica debe ser restringida mediante la reducción del tamaño del déficit del sector público”.
Además, recomendó lo que en los años siguientes sería una práctica sostenida: “los salarios reales deben ser contenidos, si no es que reducidos, para hacer caer el consumo privado… A la fecha, tenemos muy poca información específica en el sentido de que las autoridades mexicanas estén dispuestas o en capacidad de tomar las medidas necesarias en estos rubros”.
Preocupaba el hecho de que la “plena compensación salarial por los aumentos en el costo de la vida”, durante los tres años anteriores, hubiera forzado al cierre de plantas ensambladoras en el lado mexicano de la frontera. “Si México tiene éxito en contener los aumentos de salarios y precios en proporciones sustancialmente más pequeñas que la tasa de depreciación de la moneda, uno de los beneficios de la devaluación del peso y el programa que le acompaña podría ser una resurrección del atractivo de la frontera mexicana como el posible sitio de plantas ensambladoras que sirvieran al mercado de Estados Unidos…”.
