WASHINGTON.- La decisión sobre el futuro de México pudo haber sido trasladada de un extremo a otro de la avenida Pensilvania, pero al final fue la misma: la suerte de los mexicanos quedó atada formalmente, si no lo estaba ya en los hechos, a los vaivenes políticos y económicos de Estados Unidos.
A partir de este lunes 6, cuando el país comience a “desembolsar” –según la expresión de un alto funcionario del gobierno de Ernesto Zedillo– los préstamos e intercambios monetarios que le permitirán, de acuerdo con la óptica oficial, enfrentar su actual “crisis de liquidez”, estará aceptando explícita o implícitamente “monitoreos”, asesorías, inspecciones y vistos buenos en muchos aspectos de su vida nacional.
A pesar de que, a la postre, el presidente de Estados Unidos, William Clinton, asumió él solo, sin intervención del Congreso, la responsabilidad de “rescatar” México, se multiplican las instancias gubernamentales estadunidenses que demandan u ofrecen traer cortito al vecino del sur. Y con todo y que, a juicio de los sectores financieros estadunidenses, “las sanas bases fundamentales de la economía mexicana permanecen intactas”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos están “virtualmente acampados en el banco central (de México)”, según publicó, el viernes 3, el periódico británico especializado Financial Times.
Pocas dudas quedaron de que Estados Unidos emprendió por cuenta propia la decisión de salvar del colapso la economía mexicana.
Al cierre de esta edición, la contribución europea al paquete de asistencia estaba en duda. De acuerdo con el anuncio que se hizo en Washington el 31 de enero, varios países de Europa, además de Japón, reunirían, coordinados por el Banco de Pagos Internacionales, la suma de 10,000 millones de dólares. Sin embargo, el jueves 2 comenzó a crecer el sentimiento en el viejo continente de que Clinton había actuado “sin consultar adecuadamente” a sus socios.
“Estamos preparados para participar… pero no estaremos listos para tomar una decisión hasta que tengamos propuestas detalladas”, dijo una fuente del Banco de Inglaterra, citada ese mismo día por el diario londinense The Daily Telegraph. El periódico agregó: “Gran Bretaña está intentando poner buena cara al problema mediante la demanda de una dura acción correctiva a México a fin de justificar el apoyo que está recibiendo. La posición del Tesoro (británico) es que los desaciertos económicos de México son culpables de la inestabilidad en los mercados financieros, y no al revés, como aseguran los estadunidenses”.
La rebelión europea se había ampliado para el viernes 3. De acuerdo con una nota del periódico The New York Times, que alcanzó la primera plana en la edición de ese día, “funcionarios financieros” informaron que seis naciones de Europa –Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y Suiza– se habían abstenido de votar en el seno de la Junta Ejecutiva del FMI, el miércoles 1 por la noche, ya que el acuerdo de brindar asistencia a México hasta por 17,759 millones de dólares fue sacado “aceleradamente” y “sin tomar en cuenta si podía secar los fondos del FMI, incluyendo aquéllos destinados a grandes países en desarrollo con problemas de deuda y países excomunistas de Europa del Este que están iniciando economías de libre mercado”. Los votos de los países mencionados –cuyos representantes en la Junta Ejecutiva dan voz a un total de 38 naciones– constituyen, en términos de “cuotas”, 26.75% de los sufragios en la mesa del órgano superior del FMI.
Antes de partir a una reunión ministerial del Grupo de los Siete que tendría lugar el fin de semana, en Toronto, Canadá –donde, por cierto, se incluyó en la agenda el tema de México–, el vocero del gobierno alemán, Dieter Vogel, dijo que los miembros del FMI habían sido “informados de último minuto” sobre el préstamo.
No menos sorprendido estaba el gobierno canadiense. Una fuente del Banco de Canadá, consultada por el corresponsal, dijo que la ayuda canadiense a México había sido anunciada desde el 3 de enero pasado, como parte del Acuerdo Financiero de América del Norte, y precisó que no era de 1,000 millones de dólares estadunidenses, como se dijo en Washington, sino de 1,500 millones de dólares canadienses (unos 1,110 millones de los otros), suma de la cual México ya había hecho retiros en los últimos días. “Creo que se manejó así para engordar el paquete y dar una mejor impresión a los inversionistas”, afirmó la fuente, que pidió el anonimato.
El gobierno estadunidense había armado solo el paquete.
Ante la lentitud del Congreso estadunidense para elaborar una iniciativa de ley que posibilitara, luego de aprobada, entregar a México un paquete de garantías crediticias por hasta 40,000 millones de dólares, la administración Clinton se lanzó a la ofensiva para sacar la vuelta al Capitolio y construir una alternativa financiera con la cual pudiera “evitar una crisis financiera mundial” y “proteger el interés estratégico de Estados Unidos”.
El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Larry Summers, pasó toda la noche del 30 al 31 de enero convenciendo a directivos del FMI sobre la necesidad de incrementar la ayuda que, a regañadientes, anunció el 26 de enero. En esa ocasión, luego de haber dicho que el Fondo carecía de recursos, el director gerente de éste, Michel Camdessus, afirmó que en poco tiempo pondría a consideración de la Junta Ejecutiva del organismo el otorgamiento de un crédito “extraordinario” a México por aproximadamente 7,759 millones de dólares.
Las gestiones de Summers tuvieron éxito y Camdessus hizo un segundo anuncio, el martes 31 de enero, en el sentido de que pediría la aprobación de un paquete extra por 10,000 millones de dólares, que sería integrado por bancos centrales de países en desarrollo que contaran con reservas importantes –como Malasia, Argentina y Brasil– y, en su defecto, aportado o complementado por el FMI.
Washington mismo entró en el juego como el mayor apostador, con 20,000 millones de dólares, que saldrán de las arcas del Departamento del Tesoro y del Sistema de la Reserva Federal como parte del Fondo de Estabilización Monetaria, un mecanismo creado durante la gran recesión y que casi nunca había servido, mucho menos en ese monto, para apoyar una moneda extranjera.
Atrapado en un juego político local y, al mismo tiempo, pintado como causante de lo que pudo haber sido “la primera gran crisis financiera mundial del siglo XXI”, México debió someterse –sin que su gobierno pusiera reparo alguno– a cuanto requisito oral o escrito le colocaron enfrente. Y salvo que en Kuala Lumpur, Buenos Aires o Brasilia se las ingenien para imponer a México condiciones draconianas, la estaca que sujeta la cadena del país estará enterrada en Estados Unidos.
Para el exsecretario de Estado, Henry Kissinger, quien habló el jueves 2 ante un comité del Senado de su país, ésta es la oportunidad para la “creación de un sistema político-económico del continente americano”.
EL DEFECTO CLINTON
Cuando –el 12 de enero– el presidente William Clinton reveló su plan para otorgar garantías crediticias a México por hasta 40,000 millones de dólares, pocos dudaban en tomar el anuncio como un hecho consumado. Más aún cuando se supo que el paquete de ayuda era suscrito por la nueva dirigencia republicana del Congreso.
En los días siguientes, los mercados se recuperaron un poco y el peso se estabilizó. La oposición al plan, se pensaba, sería marginal. De hecho, la primera muestra de inconformidad apenas reunió a unos cuantos diputados demócratas que se habían opuesto a la firma del Tratado de Libre Comercio.
Sin embargo, a esos legisladores generalmente vociferantes se les fueron uniendo otros: republicanos novatos, que pensaban que el rescate de la economía mexicana era un tema exótico que los distraía de la ejecución del plan legislativo de su partido; conservadores de viejo cuño, enemigos de la política de beneficencia; liberales, que querían ver antes cambios en México; diputados y senadores de distinto signo, que acusaban a Clinton de pretender rescatar a especuladores de Wall Street, y hasta izquierdistas, que consideraban que las condiciones en que se estaba ofreciendo la ayuda lesionaban la soberanía de México y la dignidad de los estadunidenses pobres. También había quienes, estando en general de acuerdo con la idea del aval, demandaban que México garantizara suficientemente “el dinero de los contribuyentes norteamericanos que podría ponerse en riesgo con esta operación”.
Los dirigentes republicanos y demócratas intentaron, aun así, redactar la iniciativa de ley, que era indispensable aprobar para que México tuviera acceso al aval financiero. Entre el 13 y el 30 de enero se elaboró una docena de borradores de la iniciativa, pero nadie quedaba conforme. La oposición crecía y también el número de diputados y senadores que comprometerían su voto en favor sólo en caso de que se impusieran determinadas condiciones a México. Entre éstas había de todo: apoyar el embargo a Cuba; modificar las legislaciones laboral y ambiental del país; adoptar un sistema de paridad “de pizarrón”, o cooperar con Estados Unidos en materia de narcotráfico, migración, procuración de justicia, etcétera.
Una serie de audiencias, convocadas por media docena de comités legislativos para estudiar la situación, tampoco ayudó mucho a crear un clima favorable a la aprobación de la denominada Ley de Estabilidad Económica de México 1995. Simultáneamente se produjo la publicación de los resultados de una encuesta encargada por el diario Los Angeles Times, que daba cuenta de que 81% de los estadunidenses estaba contra la idea de rescatar la economía mexicana. Para colmo, un comentario del canciller mexicano José Angel Gurría sobre la ignorancia de los legisladores estadunidenses resonó por todo el Capitolio.
Clinton no pudo modificar la creencia generalizada de que el dinero de los contribuyentes norteamericanos peligraba con el aval, aun afirmando que ahí estaba el petróleo de los mexicanos para respaldar las garantías. Mucho menos pudo convencer a sus compatriotas de que la medida obedecía a los intereses de su país
No lo consiguió pese a que dedicó algunos párrafos de su informe anual ante el Congreso para explicar su plan. Tampoco sirvió mucho que el secretario de Estado, Warren Christopher, intentara tranquilizar a los legisladores diciendo, equivocadamente o por descuido, que “los mexicanos” le habían ofrecido una “carta de garantías” sobre temas no financieros. Los congresistas simplemente no creían en las supuestas virtudes del paquete, y los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, Newt Gingrich y Robert Dole, respectivamente, se fueron distanciando de su ofrecimiento original de apoyar el plan de la Casa Blanca. “El presidente no ha sabido venderle el paquete a la ciudadanía y a su partido; le falta liderato”, alegaron.
Lo cierto es que Gingrich y Dole tampoco tenían mucha suerte reuniendo a sus rebaños. Y por miedo al fracaso –Dole estaba bajo el fuego de uno de sus rivales por la candidatura republicana en 1996, el también senador Phil Gramm– o al hecho de que Clinton difícilmente conseguiría convencer a la mayoría de los 204 diputados y 47 senadores del Partido Demócrata, ambos optaron por la retirada. Clinton mismo aceptó la pobre popularidad de su propuesta, aunque la mantuvo. Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, de plano la calificó así: “es la menos peor de las opciones que tenemos para resolver este problema”.
“OPTION B”
El sábado 28 de enero, el presidente reunió en el salón Roosevelt de la Casa Blanca a sus principales funcionarios y consejeros económicos, así como al representante comercial, Mickey Kantor, y al secretario Christopher. El motivo del encuentro era diseñar la “Opción B” para enfrentar la crisis económica mexicana. La “Opción A” –el paquete de garantías crediticias por 40,000 millones de dólares– estaba prácticamente muerta y Clinton buscaba una alternativa. Así, la discusión sobre el futuro de México dejaba de concentrarse en el Capitolio y se trasladaba al otro extremo de la avenida Pensilvania.
Antes de proponer el aval, el presidente había integrado ya un modesto paquete de unos 18,000 millones de dólares para el que no era necesario recurrir al Congreso. Aunque resultaba claramente insuficiente para ayudar al gobierno mexicano a cumplir sus obligaciones crediticias –el 1 de febrero éste tendría que empezar a pagar su deuda de corto plazo por 28,000 millones de dólares–, era una manera para sacarle la vuelta al Capitolio. Lo imprescindible radicaba en engrosar la fórmula. Y entonces se envió a Europa al subsecretario Summers para buscar apoyos ante el Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea, Suiza.
De acuerdo con versiones periodísticas, Clinton todavía trabajó varias horas el domingo para intentar convencer a varios legisladores de que apoyaran el plan de garantías crediticias. Por teléfono, localizó a Gingrich y Dole, así como a los líderes de las bancadas demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, Richard Gephardt y Tom Daschle. Según una crónica del The Wall Street Journal, el presidente les “suplicó sacar adelante la iniciativa, urgiéndoles a actuar rápidamente”. Durante la mañana del lunes, surgió una leve esperanza de consenso en torno de un borrador de la iniciativa, pero por la tarde se había esfumado ya.
Entrada la noche, el jefe de asesores de la Casa Blanca, Leon Panetta, recibió una llamada desesperada del secretario de Hacienda de México, Guillermo Ortiz Martínez. La moneda mexicana se había derrumbado a una cotización histórica a la baja de 6.35 por dólar y la bolsa había perdido 3% en la jornada. La situación estaba mucho peor que en vísperas de que Clinton anunciara su plan de 40,000 millones. Las autoridades mexicanas habían gastado ya 3,700 millones de dólares –2,700 millones de las reservas y el resto en líneas de crédito– para defender al nuevo peso y las finanzas nacionales se encontraban al límite de sus fuerzas. Ortiz Martínez también advirtió a Panetta sobre las posibilidades de una crisis bancaria de grandes proporciones.
Poco después, Newt Gingrich informó a la Casa Blanca que las posibilidades de sacar la iniciativa de ley eran escasas. Clinton, quien había asistido a una cena con gobernadores, regresó a su oficina y fue enterado de la situación. Larry Summers, de regreso de Europa, fue enviado de inmediato a las oficinas del FMI para continuar llenando la bolsa del rescate. Mientras tanto, el presidente convocó a los líderes del Congreso a una reunión urgente, el martes 31 a las 8:45 de la mañana.
A las diez de la mañana, el Comité de Bancos del Senado empezaba una audiencia en la cual se preveía que el plan de garantías crediticias recibiera otra felpa. Los secretarios del Tesoro, Robert Rubin, y de Estado, Warren Cristopher, así como el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, estaban citados para comparecer. La ausencia de los dos primeros desconcertó al presidente del Comité, el republicano Alfonse D’Amato. “¿Por qué no están aquí? No he recibido ninguna solicitud de cambio de fecha”, reclamaba. Pero pronto la noticia comenzó a esparcirse por la sala: “Clinton ya desechó el Congreso. Lo hará solo”.
Una hora antes, en la Casa Blanca, el presidente informó a los líderes parlamentarios de sus intenciones. “Nos va a quitar un gran peso de encima”, habría dicho Gingrich, aliviado. Clinton les pidió su apoyo, pero esta vez por escrito. Los cuatro legisladores firmaron un comunicado apoyando la medida y reconociendo que el mandatario actuaba con apego pleno a la ley.
A las 11, Clinton asistió a una reunión de gobernadores. En su discurso, que estuvo dedicado a muchos temas, expresó sus motivos para prescindir del Congreso. “Tenemos que actuar ahora… No podemos arriesgarnos a un mayor retraso”, sentenció el presidente. Y explicó esquemáticamente en qué consistía su nuevo plan para salvar “miles de empleos y miles de millones de dólares de exportaciones norteamericanas”, así como para evitar “un problema más serio de inmigración ilegal” e impedir el contagio de la crisis a otros países. “Los riesgos de la inactividad son más grandes que los riesgos de la acción decisiva”, sostuvo.
Esa acción –ahora sí– difícilmente será detenida, aun cuando diversas instancias del Congreso comenzaron inmediatamente a imaginar medidas que la frenen (se han anunciado posibles acciones legislativas para ese efecto, en medio de acusaciones de “traición” lanzadas contra el presidente) o la pongan en el ojo de la opinión pública norteamericana. Un ejemplo de esto último es la propuesta de Newt Gingrich de crear una comisión que supervise la relación Estados Unidos-México en todos sus rubros, “desde inmigración ilegal hasta drogas”.
GRILLETES DE ORO
De manera simultánea al anuncio de Clinton, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado de cuatro párrafos con declaraciones de su director gerente, el francés Michel Camdessus. Luego de anunciar que la Junta Ejecutiva del FMI consideraría al día siguiente su “recomendación”, hecha días atrás, de otorgar a México un crédito de excepción por casi 7,800 millones de dólares, Camdessus dio a conocer que sugeriría, en la misma reunión del organismo, que se añadieran otros 10,000 millones de dólares a la cuenta.
Añadió: “el FMI, junto con la Reserva Federal, monitoreará cuidadosamente los acontecimientos durante los seis meses siguientes para permitir a México mantener los mercados libres de cualquier obstáculo a la convertibilidad, cumplir todas sus obligaciones y garantizar que todos los recursos necesarios estén disponibles para el Banco de México, de una manera regular, a fin de permitir un funcionamiento tranquilo de los mercados y la realización normal de todas las transacciones.
“Todos estos pasos se están dando para permitir que el programa mexicano de estabilización, que ha sido acordado con el FMI, sea desarrollado plenamente y para fortalecer el clima de confianza requerido para su éxito total.”
Minutos después, a bordo del avión presidencial, y luego de haber informado de su decisión a las máximas autoridades de Alaska, Hawai, Kentucky, Nebraska y otros estados, Clinton se comunicó con el primer mandatario mexicano para hacer de su conocimiento que el plan comenzaba a andar. Además, según versión del secretario Warren Christopher, “lo urgió a tomar acciones para darnos su continuo apoyo” en rubros como “narcóticos, procuración de justicia y migración”.
Christopher y Rubin se presentaron ante periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca, poco después de las tres de la tarde. El secretario del Tesoro informó que el dinero que Estados Unidos pondría a disposición de México, 20,000 millones de dólares, provendría del Fondo de Estabilización Monetaria, y que sería transferido a México en partes y en forma de intercambios de divisas, o swaps, de corto y mediano plazos o préstamos garantizados de largo plazo. Añadió que el crédito estará sujeto a “condiciones estrictas” y apoyado por los ingresos petroleros de México.
Luego, ambos funcionarios contestaron preguntas:
–¿Cuáles son las condiciones? ¿Van a prestar dinero de los contribuyentes norteamericanos sin revelar, en específico, cuáles son las condiciones?
Christopher: “habrá condiciones fuertes y duras para apoyar la integridad de los préstamos. Con el FMI involucrado ahora tanto como lo está, usted puede estar seguro de que las condiciones del Fondo Monetario Internacional, a veces criticadas por ser demasiado estrictas, serían apropiadamente estrictas en esta situación.
“Ahora, respecto a los temas no económicos, tanto el secretario Rubin como yo hemos dicho frecuentemente que a esta transacción en particular no había que cargarla con condiciones no económicas. Al mismo tiempo, vamos a estar trabajando muy de cerca con los mexicanos en estos temas políticos, si se les quiere llamar así, y vamos a estar haciendo progresos constantes, como lo hemos hecho a lo largo del tiempo, acrecentados por la acción de hoy.”
–El presidente (de la Reserva Federal) Greenspan dice que ningún plan funcionará a menos que México altere sus políticas fiscales. Lo dijo hoy en el Capitolio. ¿Qué garantías tienen de los mexicanos?
Rubin: “obviamente hemos hablado largo con los mexicanos el día de hoy, y van a decir algo en el sentido de que toca a México lidiar con sus problemas y colocarse en una base correcta. Para ayudarles a hacer eso y para aumentar su propia determinación de hacerlo, habrá condiciones que tengan que ver con el crecimiento del crédito interno, con el crecimiento del dinero en circulación, con el déficit fiscal –aunque, como ustedes saben, ellos están en superávit, a diferencia de otros países–, y el endeudamiento externo del sector público.
“También habrá condiciones de transparencia, y habrá condiciones respecto del reforzamiento de la independencia del banco central. Estas condiciones, como dijo el secretario Christopher, están en proceso de elaboración entre nosotros y el FMI… Este tiene la reputación de ser excesivamente duro en lo que concierne a condiciones. Algunas de estas condiciones probablemente surjan, de manera independiente, desde Estados Unidos.”
Luego de la partida de Christopher y Rubin, dos funcionarios de nivel intermedio accedieron a proseguir la rueda de prensa, en el entendido de que sus comentarios serían usados únicamente como “contexto”. Esta práctica, socorrida en el periodismo estadunidense, impide a los reporteros revelar el nombre del interlocutor, aunque sí pueden reproducirse sus palabras. Una empresa privada que se dedica a producir y vender transcripciones reprodujo así parte de ese diálogo:
Pregunta: “se ha sugerido que México deberá proporcionar a Estados Unidos reportes trimestrales sobre su economía… ¿Se hará mediante el FMI o directamente?”.
Funcionario: “espero que ellos hagan sus reportes al FMI y que nosotros también estemos involucrados de cerca en el monitoreo de su economía, sí”.
Cuando se preguntó a uno de esos funcionarios cuál será el monto del interés y la cuota que México tendrá que pagar para usar el crédito de Estados Unidos, respondió que entre “5% y 12%”. Sin embargo, un alto funcionario mexicano que visitó Washington la semana pasada y accedió hablar off the record con la prensa negó tal aseveración y estimó que dicho interés, incluida la tasa complementaria, “no rebasará 4%”. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, ha dicho que el endeudamiento de largo plazo del país no aumentará con motivo de la conversión de deuda que supuestamente habrá de efectuarse mediante el nuevo paquete crediticio.
El alto funcionario mexicano, quien fue insistente en pedir que la entrevista fuera informal, afirmó que México no hará cambios de su programa de estabilización cuando empiece a “desembolsar” –así dijo– los nuevos créditos, este lunes. Sin embargo, en el documento que da cuenta de la aprobación, por parte de la Junta Ejecutiva del FMI, del paquete de casi 17,800 millones de dólares en créditos para México, se afirma: “las autoridades (mexicanas) están dispuestas a fortalecer el programa (de estabilización) lo que se requiera para cumplirlos objetivos del programa”.
Y por vez primera desde que estalló la crisis monetaria mexicana, el 20 de diciembre pasado, la discusión sobre el futuro de México al fin salió de Estados Unidos. Cruzó la frontera, pero no hacia el sur sino hacia el norte. A partir del viernes 3, y por dos días más, tendría lugar en Toronto, Canadá, en una reunión preparatoria para la cumbre del Grupo de los Siete (países más poderosos de mundo).
