SAN JUAN TEOTIHUACAN, EDO. DE MEXICO.- Este martes a las 5 de la tarde se reúnen los 30 diputados de la recién instalada Comisión de Cultura en la Cámara de San Lázaro en el DF para escuchar la respuesta de María Teresa Franco y González Salas, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por la denuncia penal ante la Cámara de Diputados, suscrita en su contra por tres fracciones parlamentarias. PAN, PT y PRD.
Franco y González Salas es acusada, también penalmente, por destrucción del patrimonio federal y violaciones a la Ley de Monumentos, de Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, al igual que Eduardo Matos Moctezuma, director de la zona arqueológica de Teotihuacán; Eduardo Villa Kamel, excoordinador administrativo de dicha zona; el empresario Isaac Hilú Alfille y asociados (dueños del terreno La Ventilla donde iniciaron el centro mercantil Plaza Jaguares), así como Carmen Gaytán, directora de Comunicación Social del INAH.
La demanda penal es la AP 162-94 y 8176-094.
Rogelio Pérez Martínez, Emma Ortega Moreno, Antonio Cervantes y Rubén Almeida (oriundos del lugar) denunciaron irregularidades del megaproyecto Teotihuacán (Proceso 916, 917 y 920), denuncia leída en tribuna ante el pleno de la Cámara de Diputados el 29 de noviembre de 1994 por Humberto Vela, coordinador del Partido del Trabajo. El diputado José Sánchez Ochoa, del PAN, y secretario de la Comisión de Cultura, intervino también en apoyo. La denuncia fue suscrita por el PRD, mas no por el PRI, y se turnó a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas del parlamento. Los diputados de la Comisión de Cultura realizaron dos visitas a la zona para inspeccionar la supuesta destrucción de monumentos arqueológicos realizada por los acusados.
DONDE LOS DIOSES SE SACRIFICARON
El 16 de junio de 1994, el INAH anunció públicamente la suspensión de las obras en Plaza Jaguares; pero el 29 de septiembre, la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH retiró los sellos de clausura de la obra. Ya el 11 de noviembre, Rogelio Pérez y Emma Ortega denunciaron ante la UNESCO la destrucción arqueológica en Plaza Jaguares, donde se pensaba construir restaurantes, locales comerciales y un moll.
–Para el 22 de noviembre –relata a Proceso el denunciante Rogelio Pérez–, Elvira Cross Frías, representante de la UNESCO con sede en París, nos informó que el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, encargado de la aplicación de la Convención de 1972 relativa a la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, había tomado cartas en el asunto. Naciones Unidas llamó la atención del INAH mexicano, llevándose a cabo (cito) “una investigación exhaustiva que está siendo estudiada por el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Artístico e Histórico”.
Al ICOMOS, representado en México por el arquitecto Carlos Flores Marini, hicieron llegar otro documento informativo el 17 de noviembre, anexando fotografías. Aclara Pérez:
–La demanda no es contra el INAH, pues como institución sus objetivos son “la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”, según el artículo 2o. de la Ley Federal Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, sino contra los funcionarios y el empresario.
–¿Quién apoya esta demanda?
–En un principio, los grupos de la mexicanidad Tlacaelel, pero la iniciamos cuatro ciudadanos. Después que vieron aquí a los diputados y que el Ministerio Público hizo la inspección ocular de las destrucciones, se juntaron las asociaciones de artesanos y vendedores, así como representantes de Pueblos Unidos en Defensa de sus Derechos del Patrimonio Cultural y Económico del Valle de Teotihuacán.
Pérez afirma poseer unas 80 cartas del extranjero dirigidas al expresidente Salinas de Gortari, en las que se reprueba la construcción de las plazas comerciales.
–¿Qué es lo que se pretende con esta demanda?
–Que en principio se detenga y cancele definitivamente el proyecto Teotihuacán 1992-1994, se castigue a los responsables con la aplicación de la ley (el Código Penal castiga este delito con cinco a diez años de prisión) y pedimos la demolición de las estructuras existentes: Plaza Jaguares, la Manuel Gamio y El Corzo.
–¿Por qué también el Museo Gamio?
–Hemos pensado que en lo ahí construido bien se podría hacer una escuela, ya que la que existía se la apropió el INAH para el Centro de Estudios Teotihuacanos del lugar. O que se haga un centro de investigaciones; pero que se pregunte a la población lo que desea. También solicitamos respeto al Decreto Presidencial de 1988 publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de agosto, que dice en el artículo 13: “En la zona de monumentos definida de este decreto no se autorizarán construcciones cuya función, diseño o ubicación afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigación a que la misma está destinada.
El denunciante alega que las plazas El Corzo y Manuel Gamio no tienen el permiso de construcción correspondiente de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de San Martín de las Pirámides. En El Corzo funciona la Organización de Constructoras del País, S.A. de C.V. (Copais), en cuya oficina los empleados mostraron a Proceso plano del proyecto con sellos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) e INAH.
El arquitecto Edwin Romero Meneses, diputado del PRD en la LII Legislatura del Estado de México, mencionó que para el permiso de construcción de Plaza Jaguares se habían pagado 47 millones de pesos, pero que el cheque jamás ingresó en la tesorería municipal.
–¿Qué interés los mueve en esta denuncia?
Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, Pérez responde:
–La defensa del patrimonio cultural. Se pretende meter inversionistas extranjeros para apropiarse de las zonas arqueológicas, despojando a los habitantes naturales de su propiedad y modo de vida, artesanías y venta de comida típica. Las autoridades quieren hacer hoteles de cinco estrellas y cambiar hábitos alimentarios con MacDonalds y hamburguesas. Nos mueve el defender el patrimonio cultural de México.
Pérez advirtió que ratificará su denuncia ampliándola a Mari Carmen Serra Puche, presidenta del Consejo de Arqueología; Rafael Tovar y de Teresa, presidente de CNCA; y los hermanos del empresario Isaac Hilú, asociados a su proyecto.
