La petición de la Procuraduría General de la República (PGR) de 33 años de cárcel para Tranquilino Sánchez Venegas, por el delito de ayuda o auxilio en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, giró de nuevo la tuerca hacia la hipótesis de que Mario Aburto Martínez –sentenciado a 45 años de prisión– no actuó solo.
El nuevo fiscal especial del proceso penal, Daniel Aguirre Luna, esperó hasta el último momento –contaba con 30 días hábiles– para entregar conclusiones acusatorias contra Tranquilino Sánchez Venegas, mientras que, en contraste, las que incriminaban a Mario Aburto Martínez las ofreció el entonces fiscal especial, Marco Antonio Díaz de León, en menos de cinco días.
La espera hizo pensar a los abogados que, ante el aparente desvanecimiento de las pruebas ministeriales por la cuales se le dictó orden de formal prisión, la PGR no presentaría conclusiones acusatorias o se desistiría de la acusación.
No fue así.
La PGR pide hasta 33 años de cárcel para el hombre de 65 años de edad que, además de padecer diabetes, con diez meses de encierro en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, ha presentado cuadros alucinatorios.
El juez Primero de Distrito que lleva el caso, Alejandro Sosa Ortiz, dio por recibidas las conclusiones el miércoles 25 de enero –las entregaron el lunes 23– e informó al abogado de Tranquilino Sánchez Venegas, Ventura Bastida García, que cuenta con el mismo tiempo para entregar las suyas.
Eugenio Zafra García, abogado de los otros dos detenidos por su presunta coparticipación en el homicidio del político sonorense, Vicente y Rodolfo Mayoral, consideró que las conclusiones acusatorias contra Sánchez Venegas “no afectan” a sus defendidos, “pero sí los lastima porque consideran que con esta misma brutalidad se van a conducir con ellos. Ya no hablan en función de aspectos técnicos, sino que tienen miedo de más brutalidad, de que la Procuraduría siga desbarrando con estas consideraciones”.
Al terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Olga Islas, subprocuradora especial para la investigación del Caso Colosio, había sostenido la hipótesis de que Mario Aburto Martínez actuó solo en el homicidio. Esta misma fue la que sostuvo –hasta el final– su antecesor Miguel Montes García, luego de que orientó sus primeras investigaciones hacia la acción concertada.
La tesis de un homicida solo fue incluso la primera que manejó el entonces procurador de la República, Diego Valadés, quien comenzó la investigación del crimen.
Olga Islas planteó en su informe final al presidente Carlos Salinas de Gortari que las 24 líneas de investigación que se le plantearon al recibir la encomienda el 14 de julio –después de la renuncia de Miguel Montes– se ampliaron a 31; de éstas quedaron abiertas diez.
Entre estas diez se encuentran la “relación completa sin omisiones acerca de lo ocurrido desde que Aburto fue detenido hasta que el Ministerio Público inició formalmente sus diligencias”; un informe sobre todas aquellas personas que tuvieron contacto con él, e investigaciones en torno de Jorge Vergara Berdejo, Jorge Antonio Sánchez Ortega, Raúl Loza Parra, Rodolfo Rivapalacio Tinajero, Fernando de la Sota y un primo de Mario Aburto. Este familiar del homicida confeso supuestamente hizo la mayor parte de los dibujos que aparecen en la libreta presentada.
Al parecer, estas líneas de investigación están llevando nuevamente a la hipótesis de la acción concertada.
Con el cambio de sexenio, el nuevo procurador, el panista Antonio Lozano Gracia, nombró a Pablo Chapa Bezanilla subprocurador especial, pero con la responsabilidad de investigar los tres asesinatos más sonados: los del cardenal Juan José Posadas Ocampo, de Colosio Murrieta y de José Francisco Ruiz Massieu. La investigación del crimen del candidato priísta quedó a cargo de Arturo Germán Rangel.
Con Mario Aburto Martínez sentenciado, y una vez que fueron cerrados los períodos de instrucción de los procesos de Tranquilino Sánchez Venegas y Vicente y Rodolfo Mayoral, la investigación de los nuevos funcionarios tiene que encaminarse a encontrar otros implicados en el homicidio, pues ya no pueden presentar pruebas para el expediente 44/94.
Así, el fiscal especial no presentó nuevas pruebas en las conclusiones acusatorias contra Sánchez Venegas, explica Zafra García, pero retomó las que utilizó para que fuera consignado, a pesar de que éstas ya fueron “destruidas durante el proceso”.
Dice que “esto demuestra la impotencia de la Procuraduría para acercarse realmente a quienes pudieran ser los responsables. Esa es una impotencia absoluta, y, por otro lado, quieren llenar el expediente con una persona inocente”.
El martes 24 de enero, un día después de que la representación social entregó las conclusiones contra Sánchez Venegas, Zafra García fue a ver a sus defendidos en el penal de Almoloya. Rodolfo Mayoral le contó que “Tranquilino está sufriendo nuevamente de alucinaciones; cree que ya lo van a fusilar”.
Zafra García insiste en la pregunta que se hizo a lo largo del proceso: “¿Usted cree que iban a contratar, para cometer el homicidio, a un hombre de 65 años, casi ciego –tiene una catarata en el ojo izquierdo–, que no puede caminar? ¿De qué les servía?”.
La PGR tiene la respuesta. Cuenta Zafra García que en el documento de las conclusiones se establece que, por su alta estatura, Sánchez Venegas tapó la visibilidad a todos los miembros encargados de la seguridad del candidato, y que moviéndose con gran agilidad obstruyó el paso al general brigadier Domiro García.
Entre las pruebas de peso que llevaron al juez Sosa Ortiz a dictar orden de formal prisión contra Sánchez Venegas el 1º de abril de 1994 se encuentran las declaraciones de Fernando de la Sota, Alejandro García, Domiro García Reyes, Rodolfo Rivapalacio Tinajero –detenido y puesto en libertad por “falta de elementos para procesar”–, Graciela González Díaz –quien lo identificó como la persona que se encontró con Aburto Martínez, unos días antes del atentado, en el parque cercano a la empresa donde trabajaba–, Vicente Mayoral Valenzuela y Mario Aburto Martínez.
Durante el proceso penal, Ventura Bastida García, abogado de Sánchez Venegas, presentó como prueba de descargo la ampliación de declaración del encargado de la seguridad del candidato, Domiro García Reyes, y de Fernando de la Sota.
Según informaron los defensores –la prensa no tuvo acceso a esas diligencias–, García Reyes aclaró en la audiencia que no fue el brazo de Tranquilino Sánchez lo que le obstruyó el paso, sino la menor Mónica Camarillo Martínez.
El careo entre Tranquilino Sánchez Venegas y Vicente Mayoral Valenzuela, que había sido presentado como prueba por los abogados Ventura Bastida y Zafra García, fue retirado por considerar que después de las aclaraciones de García Reyes ya no quedaba duda de la inocencia de sus defendidos. Además de que consideraron que el peritaje de los especialistas españoles debilitaba la acusación basada en los videos, e incluso el informe de Miguel Montes, volviendo a la hipótesis de un hombre solo, fue anexado al expediente 41/94 cuando tenía acumulado el 44/94. Ambos fueron separados por resolución del 5 de octubre.
Estos avances en el proceso apoyaban con más fuerza no sólo que estos coacusados eran inocentes, sino que Mario Aburto Martínez había actuado solo.
Con la investigación de las líneas dejadas abiertas por Olga Islas se vuelve a la hipótesis de concertación; además, el padre de Mario, Rubén Aburto Cortes, insiste en que tiene un video que incrimina a Fernando de la Sota, cuyas declaraciones fueron relevantes para sentenciar a Mario Aburto.
En la visita que el subprocurador Pablo Chapa realizó a la ciudad de Tijuana, el lunes 23 y el martes 24 de enero, se entrevistó, “de manera informal”, con el padre de Mario Aburto. Sin embargo, éste se negó a entregarle el supuesto video que involucra a Fernando de la Sota en el hecho.
De acuerdo con la información proporcionada por el corresponsal de este semanario en Tijuana, Miguel Cabildo, Chapa Bezanilla dijo respecto del video: “No sé si lo tiene o no en su poder”.
Consideró el subprocurador que quizá la situación por la que atraviesa la familia de Aburto –están en espera de que se resuelva su status migratorio, pues pidieron asilo después del homicidio– influyó en el hecho de que Rubén Aburto se abstuviera de plantear algunos otros aspectos.
Por otro lado, el padre de Aburto Martínez insistía en que el Presidente de la República le asegurara que no tendría problemas legales si venía a Almoloya de Juárez a ver a su hijo, pues presuntamente cometió un homicidio en 1967. De hecho, este delito prescribió en 1981.
Chapa Bezanilla aclaró en Tijuana que la investigación se encuentra en “la fase uno, relativa a las condiciones de la escena del crimen; es importante reforzarla”, dijo.
Es la primera línea de investigación dejada por la exsubprocuradora Olga Islas, que incluye la declaración del propio Mario Aburto de que fue llevado a una playa –oía oleaje– envuelto en una colchoneta y con los ojos vendados, donde lo interrogaron y torturaron psicológicamente. Ha trascendido que quien lo llevó fue el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones (Proceso 943).
En Tijuana, Chapa Bezanilla declaró también que otro nivel de investigación tiene que ver con la participación de los Mayoral padre e hijo.
Dijo que gente como Rodolfo Rivapalacio –quien fue dejado libre del delito de asociación delictuosa y del de coparticipación por falta de elementos para procesar–, Domiro García Reyes, Fernando de la Sota y Raúl Loza Parra también habrán de ser investigados, “pero en su momento”.
“Todo es importante”, dijo Chapa Bezanilla, y confirmó que se investiga el crimen de Federico Benítez López, director de Seguridad Pública de Tijuana, quien a su vez realizaba investigaciones paralelas sobre el caso Colosio, reconoció el subprocurador.
Al intentar evadir al grupo de reporteros que lo aguardaban en el hotel donde se hospedó, Chapa Bezanilla arrolló con su vehículo al fotógrafo del periódico Cambio, quien resultó lesionado en una pierna. El subprocurador se bajó de la camioneta para ver qué había pasado. Le ofreció llevarlo a un médico y explicó al resto de los periodistas que “por la mañana una persona se hizo pasar por reportero” y trató de lesionarlo. La delegación de la PGR en Tijuana negó tener conocimiento del hecho.
Por su parte, el abogado Zafra García está en espera de que se vuelva a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –sus miembros fueron designados el pasado 26 de enero– para que envíe el acuerdo del desistimiento de amparo pendiente. El abogado se había inconformado contra el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, mediante el cual fue trasladado a Toluca el caso Colosio.
Dice Zafra que “había ministros que querían conceder dicho amparo porque ese artículo 10 es totalmente inconstitucional. Se dividieron las opiniones y se llevaron un susto… Si lo concedieran, se vendría abajo todo el sistema, y optaron por estar difiriendo el expediente”.
En eso estaban en la Suprema Corte cuando se vino “el fujimorazo en diciembre. Entonces desintegraron la Corte. Ante eso, yo pregunté: ¿Qué va a pasar con mi amparo? ¿Cuándo me lo van a resolver? Me dijeron que había quedado extinto el Poder Judicial, que había que esperar a que se organizara de nuevo, y por lo delicado del amparo, señalaron, quizá no sea resuelto hasta noviembre del 95”.
Y explica: “Como sería cruel que yo mantuviera a mis clientes con la esperanza de un amparo que en noviembre de 1995 podría ser pospuesto de nuevo, por eso me desistí”.
Al cerrar el período de instrucción de la causa penal 44/94, el juez Sosa Ortiz determinó declarar suspendido el que se sigue a los Mayoral (padre e hijo) en tanto no se resolvieran los amparos.
El comprobante de Zafra García de que había presentado el desistimiento no fue suficiente para el juez, quien solicitó el acuerdo de aceptación de la Corte. Esta, a su vez, exigió que la petición fuera ratificada por Vicente y Rodolfo Mayoral, cosa que ya hicieron. Sólo falta que entre en funciones la nueva SCJN, y “como no es una resolución de fondo, lo más probable es que salga pronto: es un simple trámite para que los ministros de la Corte respiren tranquilos”, comentó el abogado.
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