TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.- Bajo la incertidumbre de que se reinicie la guerra, la rivalidad entre ganaderos y campesinos de Chiapas amenaza una vez más con generalizar la violencia en el estado a causa, dicen unos y otros, de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) y la “ingobernabilidad” tras dos meses de mandato de Eduardo Robledo.
Ganaderos y pequeños propietarios, quienes dicen que han sido invadidos unos 2,000 predios, advierten que se encuentran armados y que se harán justicia por su propia mano; los campesinos responden que si hay una acción violenta en su contra, “nos vamos a defender. Eso no tiene vuelta”.
Asimismo, los dirigentes ganaderos consideran que Miguel Limón Rojas, cuando fue secretario de la SRA, sólo vino a “alborotar a la indiada” con “supuestos” repartos de tierra; y los dirigentes campesinos, dicen que el nuevo secretario, Arturo Warman, representa un obstáculo para las negociaciones por la paz, ya que niega la existencia de latifundios y se ha manifestado públicamente contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Arturo Luna, miembro de la dirigencia del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), piensa que Limón Rojas “sólo vino a hacer demagogia” y que su sustituto debe saber que todos los funcionarios de la SRA han llegado únicamente “a cavar su tumba política en el estado”.
Se pregunta: “¿Cómo va a enfrentar el problema ahora con una situación donde estamos hablando de más de 500 predios tomados por los campesinos zapatistas?”.
–¿Pero los ganaderos dicen que son más de 2,000?
–Bueno, eso considerando también los que están en la zona en conflicto. Estamos acumulando más información sobre dónde están los latifundios y se la vamos a dar.
Recordó que cuando Warman fue procurador agrario rechazó que la rebelión indígena obedeciera a una expresión de la pobreza que impera en la región. Acusó al EZLN de intransigente, y de “hacer resonar la historia en beneficio de sus intereses”.
Con estos antecedentes, según el líder de la CEOIC, Warman, en todo caso, debiera reconsiderar su posición anterior: “Por el momento, su presencia es negativa para los campesinos. Es un nombramiento equivocado para resolver la problemática de Chiapas. Si no cambia esa posición torpe que ha estado asumiendo, representa un obstáculo para una solución política al problema de la guerra”.
En cuanto a las amenazas de los ganaderos, el dirigente de la CEOIC dice que sin duda el comportamiento de estos nunca ha sido buscar una solución a la problemática agraria: “Ellos han persistido en mantener sus privilegios, en conservar lo que tuvieron toda la vida, sin analizar la dimensión social en el estado. Entonces es natural que estén tomando esas decisiones.
“Nosotros tenemos una posición muy clara: Vamos a defender esos predios, el derecho de los campesinos a la tierra y el derecho de que esos privilegios de que gozó esa clase social, que es la que ha provocado toda la crisis chiapaneca, se transformen en bienestar para los indios.”
–¿Y el gobierno local qué hace?
–Para nosotros Eduardo Robledo no existe, por lo que desde el 1º de diciembre pasado entre ganaderos y CEOIC no ha habido diálogo ni nada. Por lo tanto, vamos a tener que defendernos de las acciones de las guardias blancas. De eso hay plena seguridad.
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Los ganaderos también se quejan por la actuación de Limón Rojas y esperan que con el nuevo secretario haya un “poquito más de seguridad porque estuvo antes en la Procuraduría Agraria y tiene más conocimiento”.
Limón Rojas, sostiene Alberto Martín Toache, líder de la Unión Regional Ganadera de la Zona Norte, “desconocía por completo la situación agraria. Sólo armó una escandalera publicitaria. Con su actitud, dizque de repartir tierras, perjudicó a los ganaderos. Nos preocupó, aunque nosotros estábamos seguros, con base en que realmente no existen latifundios desde hace mucho tiempo”.
Acusa: “Limón Rojas habló con el criterio de todos los funcionarios de la SRA, que son los verdaderos causantes del problema de la tenencia de la tierra en Chiapas. La SRA es una dependencia que debe desaparecer, pues en su lugar ya existe la Procuraduría Agraria. La otra, sólo genera burocratismo y gastos al pueblo.
“La verdad es que Limón Rojas vino a buscar latifundios, pero no los encontró porque no los hay. Vino a trabajar con datos de hace 20 años, cuando existían las concesiones ganaderas y estuvo tomando expedientes que ya fueron doblemente repartidos. Todo fue política y bandera publicitaria. No me explico a qué vienen los secretarios si ya no cubren ninguna función.”
Limón Rojas avaló, el 29 de diciembre, la puesta en marcha del Pacto Agrario del gobernador Eduardo Robledo. Una semana antes, en la residencia de Los Pinos, había asegurado que existían latifundios y, para que no quedara duda, en la primera quincena de enero “repartió” 5,000 hectáreas del predio Santa Clara, con lo que provocó que casi se enfrentaran campesinos e indios lacandones que se disputan el terreno.
Por si fuera poco, dicen los parvifundistas, amenazó con repartir otras 26,000 hectáreas más.
A raíz de su presencia, dice el entrevistado, las invasiones se incrementaron.
Martín Toache: “Existen más latifundios en el sector social, pues son los campesinos los que han ido acaparando lo que antes era nuestra propiedad. Por eso el problema de la tierra no se termina en Chiapas, ya que se ha ido mal acostumbrando a los ejidatarios que tienen 80% de los predios sin producir. En todos lados hay ejidos que se están revendiendo. El conflicto, entonces, no es agrario sino político”.
Mario Monterrosa, líder de la Unión Regional Ganadera de la zona Costa, relata, por separado, que a consecuencia del movimiento zapatista, todo se ha precipitado y que cualquier grupo se escuda con los rebeldes:
“Esa es la gran preocupación e intranquilidad que tenemos todos los productores. Lo que queremos es que el gobierno actúe a través de sus dependencias, que se reestablezca el Estado de derecho. Y solamente aplicando la ley se puede lograr la paz y la tranquilidad.
“Nosotros hemos sido muy pacientes y tolerantes con la situación que estamos viviendo. Se necesita paz para poder invertir, porque con tanta incertidumbre verdaderamente nada se puede hacer. Necesitamos seguridad, que es lo primordial, no solamente en Chiapas sino en todo México. Con certidumbre real vamos a salir adelante. Y eso le pedimos al nuevo titular de la SRA que si hay latifundios se afecten, pero que se respete el artículo 27, el cual dice que ya se terminó el reparto agrario.”
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El diputado del PRI y líder de la Unión Regional Ganadera zona centro, Gonzalo López Camacho, señala que en Chiapas “no hay autoridad que ejerza su mandato constitucional en defensa de la causa superior de la sociedad y de los destinos del estado, sino cómo se explican las invasiones, secuestros, asaltos a comercios y las declaratorias de municipios autónomos fuera de los lineamientos legales”.
El jueves 19 de enero, por la tarde, iracundos miembros de la Coalición de Organizaciones Civiles, encabezados por Federico Serrano Figueroa, se introdujeron el despacho del presidente del Congreso local, Francisco Sau Lara, y con golpes de puño sobre su escritorio, le exigieron intervenir “de una vez por todas” contra “el grave clima de ingobernabilidad” que prevalece en Chiapas.
Con palabras altisonantes, ganaderos y empresarios demandaron al diputado priísta que el Congreso haga respetar la ley y que frene las invasiones, la toma de alcaldías, los secuestros, asesinatos y robos que, aseguraron, se han multiplicado a causa del movimiento zapatista.
Un día antes, la Coalición de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa de la Ley y la Constitución había iniciado una campaña para “recolectar un millón de firmas por Chiapas”, manifestándose contra la toma de presidencias municipales y la invasión de tierras; la devolución de los predios invadidos, fin a los actos vandálicos y al saqueo de comercios; a favor de que no se retire el Ejército federal de Chiapas y porque se imponga el orden constitucional.
A juicio de Serrano y de López Camacho, ante la falta de aplicación de la ley los afectados procederán a desalojar sus predios con sus propios recursos. “Esa es –dijo el diputado–, la única manera en que los que hacemos producir la tierra, podemos lograr que prevalezca el derecho”.
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Ubicada cerca de la zona de “La Chanona” en esta capital, las oficinas de los ganaderos tienen en sus cristales carteles contra el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz. Uno de ellos dice:
“Se Busca: Comandante Samuel Ruiz, por traición a la patria. Crímenes: Separatistas. Profesión: Invasión a México por fuerzas extranjeras para romper el pacto federal y la integridad territorial. Encargado político y de relaciones internacionales de Sendero Luminoso. Corruptor de monjas, seminaristas y sacerdotes. Promotor de la violencia usando a indígenas como carne de cañón. Se disfraza de cura. A veces de obispo, pero no oculta su ambición de poder. Usa pasamontañas cuando se oculta bajo las enaguas de Rigoberta Menchú.
“Doctrina: Teología de la Liberación que degenera en marxismo. Busca una iglesia autóctona de ritos paganos precolombinos. Adoración: Satanás. Compinches: el subcomandante Marcos, Cuauhtémoc Cárdenas, Departamento de Estado de los Estados Unidos… Organo de Difusión: La Jornada y Proceso. Recompensa: la paz nacional, la soberanía y unas fuerzas armadas íntegras.
“No intentes detenerlo si no estás armado con un crucifijo, agua bendita y un estandarte de la Virgen de Guadalupe, al frente de un movimiento de masas nacionalista.”
Otro cartel dice: “Fuera Samuel Ruiz de la Selva Lacandona”. Y muestra una serpiente enredada en una cruz de paja.
Representantes de los 72,000 ganaderos y pequeños propietarios de la entidad, se reunieron el viernes 27 en el municipio de Chicomuselo –mientras en San Cristóbal concluían los festejos por los 35 años de Samuel Ruiz como obispo– y arremetieron contra el prelado, denunciaron la “ingobernabilidad” que se produce con Eduardo Robledo y, bajo la consigna de que “no hay mal que dure 100 años ni cristiano que los aguante”, reiteraron que pueden tomar las armas para hacerse justicia por su propia mano.
