Fragmento del capítulo “La última sorpresa”, que será agregado en la próxima edición del libro Sorpresas te da la vida, de Jorge G. Castañeda, publicado por editorial Aguilar
¿Es culpable Salinas de la debacle actual? Existen tres aristas distintas del problema. Si se trata de la responsabilidad por haber llevado al país a un callejón cuya única salida era una devaluación con sus conocidas secuelas, sí lo es. Pero junto con él lo son todos aquellos que festejaron y enarbolaron el modelo económico que es el verdadero responsable del caos actual. La culpa es del modelo: de un esquema que abrió la frontera, depreció la moneda y dejó intacta la deuda, todo ello de la noche a la mañana, al lado de Estados Unidos, y como resultado de una sucesión de fugas hacia adelante sin una estrategia de largo plazo. Si se trata del problema del engaño, sin duda Salinas es también culpable de haber tejido el cuento de hadas del ingreso en el Primer Mundo. Pero no olvidemos el proverbio árabe: el culpable de un primer engaño es el que engaña; el culpable de un segundo engaño es la víctima del mismo. Salinas no engañó una vez a los mexicanos; los engatusó en decenas de ocasiones, y la responsabilidad de tanta inocencia es compartida. Por último, si está en juego el dilema moral de haber comprometido la salud financiera del país sólo para ganar las elecciones y asegurar su propia sucesión, obviamente hay un solo veredicto posible: culpable. Pero no le pidan peras al olmo, ni aperturas de Capablanca o elegantes defensas sicilianas al empedernido jugador de póquer. Quien gobernó durante seis años con determinadas prioridades y un estilo muy peculiar de toma de decisiones de egoísmo, inmediatismo y bote-pronto, no iba de repente a volverse visionario, altruista y estratega. Sobre advertencia no había engaño: Salinas se comportó en las postrimerías de su sexenio tal y como su desempeño entero indicaba que lo haría.
Sería absurdo que quienes sistemáticamente criticamos al régimen saliente por su autoritarismo, su política económica antipopular, su política internacional entreguista y el ambiente de corrupción y despilfarro que generó, ahora nos pusiéramos a defender al mandatario anterior. Debo reconocer, sin embargo, que al descubrir el rosario de volteretas, traiciones y deslealtades frente al sexenio recién concluido en la desgracia y el oprobio, me tiembla el pulso al persistir en mi anti-salinismo primario. Durante los últimos seis años abundaron las oportunidades para criticar, disentir, renunciar y combatir las políticas que llevaron al país al despeñadero. Había, ciertamente, un costo; algunos lo pagamos, otros no se animaron. Muy pocos que no pertenecían ya a las filas de la oposición o de la crítica quisieron aprovechar esas oportunidades. Los demás comparten la responsabilidad del desastre con Carlos Salinas, y deben compartir su destino, cualquiera que éste sea. Para hacer leña del árbol caído, hay que tener credenciales de leñador. Que cada quién muestre las suyas.
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Si a Ernesto Zedillo le tocó bailar con la más fea, cierto es también que bailó con poco ritmo o gracia en esos días prenavideños que hoy quisiéramos olvidar. A partir del 19 de diciembre en la noche, parecería que el nuevo gobierno elaboró una lista de errores y tropiezos para enseguida dedicarse a palomearlos, uno por uno, conforme iban presentándose. Conviene señalar tres, y luego formular algunos esbozos de ideas para empezar a salir del abismo en el que nos hemos hundido.
La primera equivocación fue de índole internacional. No se preparó la intervención del gobierno de Estados Unidos como se debió hacer, y sobre todo no como hubiera sido deseable intentarlo. Los detalles no son públicos, pero es evidente que el estallido de la crisis y su magnitud tomaron por completo de sorpresa a Washington. No era ajeno a ello, sin duda, el hecho de que el antiguo secretario del Tesoro y principal interlocutor de la parte mexicana en Washington, Lloyd Bentsen, acababa de renunciar. Su sucesor, Robert Rubin, aún no había sido confirmado por el Congreso. La administración Clinton a todas luces no estuvo preparada para la crisis, ni pudo tomar de inmediato medidas de rescate realmente eficaces, como las que comenzó a poner en práctica apenas el 10 de enero mediante la declaración de apoyo del primer mandatario norteamericano.
Según muchas fuentes, una primera corrida contra el peso el 16 de diciembre redujo las reservas en unos 2,500-3,000 millones de dólares. De ser cierta esta versión que no es objeto de unanimidad, el aviso le brindaba al gobierno un fin de semana entero para organizar la resistencia del lunes 19. No lo hizo. Aún en la noche del 19, el Banco de México aún guardaba 11,000 millones en sus arcas. Por lo menos se hubiera podido esperar que el paquete de devaluación, los apoyos financieros inmediatos, el manejo de prensa y el mensaje a los mercados se hubiera elaborado en estrechas consultas con Washington antes del cambio de la paridad, durante el fin de semana y el lunes, para que el 20 de diciembre todo el mundo saliera a la palestra con su guión escrito y aprendido. Esto era lo mínimo que se podía hacer, y que era absolutamente indispensable lograr, después de haber pagado un precio tan alto por construir una “relación especial” con Estados Unidos.
Segunda improvisación: la secuencia de medidas y los tiempos de las mismas fueron deficientes. Se sugirió primero una flotación, señal inconfundible de la situación desesperada en la que se encontraban las autoridades. Luego se “amplió la banda de flotación” en un margen que resultaría a pocas horas insostenible, justamente porque el sector privado, al que se le hizo caso al no dejar flotar el peso ni devaluar, telegrafiándole la precariedad de la coyuntura, sacó su dinero, presa del pánico por las mismas consultas con el gobierno. Ya casi sin reservas, se dejó flotar el peso, creando nuevas incertidumbres, y sólo después se elevaron las tasas de interés, seguido por un programa de recuperación que debió haberse diseñado desde un principio. Por último, semanas después, se logró un apoyo suficiente de Estados Unidos, pero ya costosísimo y obligatorio para estabilizar por lo menos provisionalmente la paridad.
Peor aún, proceder como lo hicieron las autoridades mexicanas significaba quedarse corto frente a las oportunidades que el Tratado de Libre Comercio, con todo y el precio exorbitante que pagó el país por suscribirlo, ahora ofrecía. En lugar de que los apoyos financieros de Estados Unidos y del resto de la comunidad financiera internacional se brindaran a la antigüita, es decir, mediante préstamos condicionados y programas de austeridad más o menos impuestos, era el momento de pasar a una nueva relación monetaria con Estados Unidos y Canadá. Tal y como sugirieron varios analistas y algunos funcionarios en los primeros días de enero, la coyuntura era propicia para intentar, desde un principio y con orden y aliento, algo nuevo.
La propuesta se hubiera parecido a lo que se comenzó a hacer, de manera improvisada y a cuentagotas, el lunes 9 de enero (y que luego se abandonó a favor de un paquete de rescate gigantesco y tradicional): responzabilizar de la defensa del peso a la Reserva Federal mediante la compra de nuestra divisa en los mercados, de forma análoga a su comportamiento para sostener algunas otras monedas (siempre la libra esterlina y el franco francés, el yen y el marco alemán cuando es pertinente, y en ocasiones y bajo determinadas condiciones, la lira italiana y el dólar canadiense). En algún momento, el país asistido tiene que recuperar su divisa, y posiblemente pagar intereses, pero esta carga es más liviana, y sus consecuencias menores, que el incremento de la deuda en el que vamos a incurrir mediante el paquete actual.
México, como me comentó un expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ciertamente no es miembro del club exclusivo de países anteriormente mencionados, y su divisa no es moneda de reserva, requisito para ser comprada y vendida en los mercados internacionales. Pero la salud de la economía mexicana sí es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, y Washington se vería obligado de cualquier manera a intervenir para evitar un desplome total del país y de sus instituciones. El Ejecutivo norteamericano se vio finalmente forzado a ampliar las garantías o avales para créditos mexicanos hasta 40,000 millones de dólares, una suma extraordinaria y reveladora de la magnitud del abismo en el que hemos caído, y de lo que va a costar nuestra supuesta salvación. En lugar de pasar de nuevo por las fauces caudinas de la incondicionalidad crediticia del Congreso norteamericano y del FMI, el TLC hubiera podido ser considerado como el pase y el pago de inscripción a ese club. La prueba: la Fed intervino para comprar el equivalente en pesos de más de quinientos millones de dólares el lunes 9 de enero.
Huelga decir que no era factible un acuerdo de largo alcance con las autoridades monetarias estadunidenses sin pactar previamente con ellas los detalles del programa de recuperación. Y sin duda compartir la responsabilidad de sostener una moneda entraña alguna dosis de abdicación de soberanía monetaria. Pero ésta igual se ha desvanecido con los años, tanto en México como en otras latitudes. De haber procedido de esta manera desde un principio, se hubieran evitado tal vez el pánico, la incertidumbre y la sangría terrible de dinero, así como algunas de las condiciones impuestas por el Capitolio. Si bien las diferencias técnicas entre un swap con la Fed sin límite ni vencimiento declarados y los préstamos del gobierno de Estados Unidos por 9,000 millones de dólares y las garantías por otros 30,000 millones más, pueden parecer mínimas, el efecto psicológico de un anuncio de la Reserva Federal de que defendería el peso a 4.50 o a 5.00 por dólar “como perro” (pero un perro gringo) hubiera orillado a los especuladores a desistir de sus ataques contra nuestra moneda. La línea de 20,000 millones de dólares de estabilización de divisas quizás hubiera sido insuficiente a pesar de un tal anuncio. Nunca lo sabremos, ni qué opciones habrían surgido frente a esa eventualidad.
Con tiempo y paciencia se debió haber expuesto a las autoridades en Washington la gravedad de la situación y la disposición de México de negociar, en paquete, el apoyo de la Fed, un programa de recuperación no recesivo sino de crecimiento, y la regulación de los efectos migratorios de la nueva crisis mexicana. Quizás no habrían entendido de inmediato. Pero sin duda al poco tiempo se hubiera estrenado una nueva etapa, pos-TLC, en la relación México-Estados Unidos. Para ello, habría que haber enfrentado la crisis a la vez con calma y celeridad, con imaginación y audacia, atributos que no han sobrado en México a lo largo de las interminables semanas posteriores al 19 de diciembre.
Un convenio de esta índole con Estados Unidos –hacia una versión edulcorada del mismo se inclinó posteriormente el gobierno de México, tarde, mal y en condiciones cuestionables para el país– hubiera permitido también iniciar dos negociaciones adicionales, en mejores circunstancias, sin por supuesto eliminar la complejidad y la delicadeza de los temas involucrados. En primer lugar, el recurso de un mecanismo monetario de esta naturaleza –semejante al que existe entre los países de la Unión Europea y financiado por el virtual Banco Central de ese conjunto de países, a saber, la Bundesbank alemana– mitiga los efectos de un diferencial inflacionario excesivo entre los dos países. La clave de una devaluación real es que la inflación no se dispare, ya que entonces, además de nulificar las hipotéticas ventajas competitivas que brinda, rápidamente se encuentra el país en la misma situación que antes. A la larga, la inflación en México no puede ser sustancialmente superior a la de Estados Unidos. Pero si la nueva paridad fija gozara del respaldo de la Reserva Federal y los mercados así lo reconocieran, por un tiempo por lo menos no resultaría tan grave un fuerte diferencial inflacionario.
Ese margen entreabriría la posibilidad –no la certeza– de negociar con Estados Unidos –no con el Fondo Monetario Internacional– un programa económico de recuperación y crecimiento –no recesivo– para México: lo que ambos países necesitan desesperadamente. México lo requiere porque después de trece años de escasa o nula expansión económica –hay que insistir: en dólares constantes el Producto Interno Bruto por habitante es menor hoy al que era en 1980– la población no resiste más austeridad y desempleo. Estados Unidos también lo ansía, ya que otra recesión en México, aunada a la caída vertiginosa en dólares de los salarios mexicanos, entrañaría una nueva ola migratoria que la sociedad norteamericana no puede tolerar. Las condiciones de hoy son idénticas a las de los años ochenta, que provocaron la resaca de la Propuesta 187 que todos lamentamos: recesión y devaluación en México, sobrecalentamiento de la economía estadunidense, y auge de la demanda de mano de obra no calificada.
Un programa de recuperación con crecimiento obligaría a rectificar el principal error del régimen anterior, y que remonta a sus primeros días en 1988, o incluso al período de interregno que transcurrió entre principios de octubre de 1987 y el primero de diciembre de 1988: intervenir únicamente sobre la cuenta de capitales de la balanza de pagos, dejando la cuenta corriente en manos de las vicisitudes del mercado, de los acreedores y de los insaciables consumidores mexicanos de bienes y servicios importados. Hoy urge cambiar de norte, corrigiendo los desequilibrios de la cuenta corriente, trabajando sobre ella misma, colocando en cambio la cuenta de capitales en manos de la voluntad del mercado: que lleguen a México los capitales que quieran y que puedan, pero sin atraerlos afanosamente mediante remates de activos, rendimientos estratosféricos y trampas como los Tesobonos. Las consecuencias y los platos rotos de aquéllas siempre se pagan, y solemos sufragarlas los contribuyentes mexicanos, no los bisoños inversionistas neoyorquinos que se dejaron estafar.
Operar sobre la cuenta corriente significa tres cosas. En primer término, ir más allá en la reducción de las importaciones que en principio surtirá la propia devaluación. Si se reconoce que la apertura, por necesaria e impostergable que hubiese sido, fue excesiva en sus ritmos, alcance e improvisación, entonces hay que rectificarla. Es preciso utilizar para ello todos los instrumentos de salvaguarda y arancelarios que nos ofrecen el GATT y el TLC para comprimir importaciones, sobre todo aquellas que no aportan absolutamente nada al país. Luego hay que recurrir, como se empezó ya a hacer desde hace meses, pero sin suficiente vigor, a toda la retahíla posible de maniobras, astucias, resquicios y recursos de tortuguismo de carácter administrativo para detener la vorágine de bienes importados. Así ganaríamos el respiro suficiente para pensar con calma cuáles son los sectores de nuestra economía que queremos proteger, y cuáles en efecto conviene exponer sin piedad al rigor de la competencia internacional.
En segundo lugar, se requiere una política de fomento de exportaciones, que no coloque exclusivamente en manos del mercado la selección de los rubros y de los nichos que nuestra economía debe promover y conquistar. Tanto se ha escrito sobre la imperiosa necesidad de una política industrial de “sustitución de exportaciones” (ver desde las publicaciones de David Ibarra y Jesús Reyes Heroles hasta el capítulo cuatro de este mismo libro). Basta con reiterar que ningún país –ni Inglaterra o Alemania en el siglo XIX, ni Japón, Corea, Brasil o siquiera Chile en el siglo XX– se ha vuelto exportador de primer rango sin una política deliberada de aliento, protección, subsidio y planificación para arrebatar mercados externos.
En tercer y último término, concentrar los esfuerzos en la cuenta corriente significa reducir, de nuevo y ojalá esta vez de verdad, el pago de intereses sobre la deuda externa. Este año, como ya se dijo, dichos réditos quizás superen los 14,000 millones de dólares, el doble, por ejemplo, del valor de nuestras exportaciones de petróleo. Renegociar la deuda no significa engañar por un tiempo a los mexicanos e incluso a los mercados con subterfugios inteligentes pero a la larga insostenibles. Existen dos opciones: una consiste en incluir un capítulo de reducción de deuda y de financiamiento compensatorio en el acuerdo de libre comercio, aprovechando la situación excepcional que ocupa México en el universo de los países deudores. La otra: buscar alianzas con estos últimos, en particular con Brasil y Venezuela, para convenir juntos y con los acreedores (pero principalmente con los gobiernos de los países ricos) una solución definitiva. Esto es más verosímil hoy que nunca, simplemente porque los pasivos soberanos de los bancos ahora representan una proporción mucho menor que durante los años ochenta.
Así como condujo necesariamente a la venta de activos, al TLC, a la subida vertiginosa de los intereses y a los Tesobonos, seguir privilegiando la cuenta de capitales y ceder la corrección de la cuenta corriente sólo a la devaluación lleva de manera ineluctable a vender la última joya que nos queda, la que habíamos celosamente conservado porque de ella y de sus glorias vivimos todos: el petróleo. Aquí no hay que caer en las nuevas distorsiones y trampas de algunos funcionarios gubernamentales que siguen queriendo tomarle sistemáticamente el pelo a la ciudadanía. El problema no es privatizar Pemex: lo más probable es que nadie quiera comprar sus fierros viejos. En el negocio petrolero, también hay joyas y bisutería: la gema de la corona es el crudo, y la extracción y venta del mismo. La tentación para el gobierno –irresistible, si así seguimos– no va a ser transformar a Pemex en un “common-carrier” o aceptar la inversión extranjera en la petroquímica o en la refinación.
Lo que hace brillar los ojitos de los financieros es otra cosa: vender concesiones de exploración y extracción en la Sonda de Campeche o Chicontepec mediante contratos de riesgo. Así las arcas del Banco de México se colmarían dos veces: una, por el ingreso procedente de la subasta de concesiones; otra, por las regalías que, directa o indirectamente, pagarían la Exxon o la Chevron (parece que ésta es la preferida de las autoridades petroleras) por cada barril de petróleo que descubran y extraigan. La lógica es impecable: hoy no tenemos dinero para aumentar nuestras exportaciones, pero necesitamos los recursos procedentes de la venta de más barriles de aceite. Las compañías financiarían la exploración, la inversión en plataformas, ductos, boyas, etcétera, y nos quedaremos con algo por cada barril: menos de lo que nos reportaría el extraer nosotros mismos el crudo, pero más que no sacar el crudo y dejarlo bajo tierra o mar. La razón para oponerse también es impecable, e implacable: estaríamos rematando hoy lo que podremos aprovechar mañana, sólo para resolver un “problema de caja”. (¡Remember Silva Herzog!)
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Así como habría que vincular la obtención del apoyo del Banco Central norteamericano a la negociación del paquete de recuperación con crecimiento, este último difícilmente resultaría vendible en Estados Unidos, sobre todo con un Congreso Republicano, sin su componente que, a su modo racista y xenófobo, ya comenzaron a impulsar varios diputados y senadores norteamericanos. Es cierto que toda negociación migratoria encierra serias complicaciones para México, incluyendo la decisión sobre el grado de responsabilidad que asuman las autoridades en relación con aquellos flujos de personas que rebasen cualquier acuerdo posible de legalización estacional o sectorial. Pero este dilema igual existe, y de todas maneras habrá que enfrentarlo, con o sin crisis devaluatoria, con o sin debacle económica. Al atar la negociación migratoria a lo demás, México lograría, a cambio de concesiones sumamente dolorosas que tendrá que realizar un día, los apoyos que la situación exige.
La secuencia deseable, en realidad, era exactamente la opuesta a la que se siguió. Una vez pactado el compromiso de la Reserva Federal de defender una determinada paridad fija –digamos la de 4.50 por dólar, que el gobierno dice querer y creer factible, o ahora una más realista de 5.20-5.50–, se debía haber incrementado las tasas de interés a un nivel suficiente para que, junto con la declaración del Banco Central de Estados Unidos de intervención en los mercados, el anuncio de la nueva paridad fuera recibida por todos como un cambio definitivo. No habría ni ampliación de la banda, ni flotación, ni recuperación ulterior o desbandada cambiaria: simplemente un nuevo tipo de cambio, respaldado durante un período indefinido por la Fed y en lo inmediato por mayores tasas de interés para arraigar el dinero en México. La diferencia básica entre un esquema como el aquí delineado y las respuestas ad hoc, improvisadas y sistemáticamente retrasadas que dio el gobierno mexicano desde el 19 de diciembre, yace justamente en el diseño conceptual y en la evolución ulterior. Los detalles –o los árboles– pueden, en algunos casos, ser los mismos; el enfoque –o el bosque– sí es distinto. En un caso, se empezaba por un acuerdo con Estados Unidos diseñado por México, se ajustaba la paridad de manera ordenada, se elaboraba un programa de recuperación de crecimiento, cargándole menos la mano a los salarios y más a la inflación, y en lugar de endeudar masivamente al país para reembolsar a los inversionistas de Wall Street que corrieron sus riesgos, obtuvieron ganancias extraordinarias y ahora se quejan, se buscaba incluir en el paquete una renegociación de la deuda que redujera su servicio. Por último, se comenzaba a rectificar los errores del pasado, a fin de evitar que al cabo de unos años volvamos al punto de partida: un déficit inmanejable de la cuenta corriente, flujos financieros exiguos o excesivamente onerosos, y la postración del país ante la disyuntiva diabólica: devaluar o persistir en el estancamiento económico.
En el otro caso nos resignamos a ser salvados por un rescate de dimensiones apenas imaginables, orientado a corregir causas discutibles y acompañado de condiciones cuestionables. El paquete de los 40,000 millones de dólares es la consecuencia lógica y perversa de la improvisación y del pasmo. Fue diseñado en Washington, para proteger, como lo confesó el domingo 15 de enero el nuevo secretario norteamericano del Tesoro, Robert Rubin, los intereses de Estados Unidos, y ante todo las ganancias y la salud mental de los inversionistas de Wall Street. México paga tres veces por los recursos ofrecidos: una vez, mediante la prima de seguro de hasta 10% de los fondos utilizados, como compensación por la garantía brindada por la Reserva Federal; una segunda vez, a través de los intereses pagaderos sobre los nuevos préstamos contratados para reembolsar en dólares los 29,000 millones de Tesobonos, garantizados por Estados Unidos y, tercera vez, al comprometer los ingresos petroleros a futuro como garantía de la garantía. Si bien es poco probable que efectivamente tengamos que desembolsar esos ingresos, el hipotecarlos nos impide comprometer esos mismos ingresos para otros fines: por ejemplo, para construir carreteras o escuelas. Los tesoreros de los fondos y corredurías de Nueva York sabían lo que hacían cuando invertían en valores mexicanos y recibían rendimientos descomunales: asumían un riesgo. Ahora, con el paquete, el costo del riesgo, aun después de recibir jugosas ganancias durante dos o tres años, se transfiere por completo a los contribuyentes mexicanos. Ellos se equivocaron, nosotros pagamos, endeudándonos, y condenando nuestra economía y la de nuestros hijos a la atonía indefinida.
El tercer y último error del flamante régimen de Ernesto Zedillo fue no comprender que, si al comienzo de su gestión resultaría necesaria una devaluación y un consiguiente ajuste económico de gran envergadura, era preferible llevar a cabo ambas tareas con toda la oposición y el conjunto de fuerzas sociales y culturales del país dentro del gobierno, no fuera. Ya corrió agua bajo los puentes desde aquella reunión en julio del Grupo San Angel con Ernesto Zedillo, cuando el entonces candidato del PRI se rehusó categóricamente a formar un gabinete de coalición. Muchos ya habían suscrito la idea, empezando por Carlos Fuentes y la mayoría de los integrantes del mismo Grupo San Angel, y otros tantos lo hicieron después, desde Cuauhtémoc Cárdenas al llamar a la formación de un gobierno de “salvación nacional”, hasta el PAN, que de hecho dio el primer paso en esa dirección al aceptar que uno de sus dirigentes ocupara el cargo de procurador general de la República. La tesis ha hecho obviamente su camino, y aunque no haya sido puesta en práctica por Zedillo en su primer gabinete, para esta iniciativa nunca es tarde.
Sólo un paso de esta envergadura permitiría poner en práctica la gran reforma democrática que el país reclama, y que en el fondo equivale a fundar un nuevo sistema político, en sustitución de las cenizas y chatarra de aquel otro, arcaico e inutilizable, creado desde 1929. Incluye, desde luego, una reforma electoral y judicial, la solución de los conflictos de Chiapas y Tabasco, pero no se limita a ninguna de estos ámbitos críticos pero parciales. Abarca también la construcción de una cabal libertad de prensa y sindical, de una sociedad civil vigorosa y diversa, de una reforma del Estado y la traducción al mexicano del hasta ahora intraducible “accountability” o “rendición de cuentas” de los anglosajones. Sin que todos participen en esta empresa, será extremadamente ardua la tarea de realizarla. Y será demasiado fácil bloquearla, torpedearla y finalmente coartarla.
