No se aceptará ni negociará nada que vulnere la soberanía nacional o las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El petróleo no será garantía de crédito alguno. No se aceptarán condicionantes políticas ni que se fije el régimen cambiario que debe tener México. Los mexicanos seguirán tomando las decisiones sobre su propio futuro. No habrá dependencia financiera. No habrá moratoria.
Así, el presidente Ernesto Zedillo y sus secretarios de Estado –Guillermo Ortiz (Hacienda), Angel Gurría (Relaciones Exteriores) e Ignacio Pichardo Pagaza (Energía)– han tratado de convencer a la población sobre lo inocuo que resulta el respaldo financiero estadunidense de hasta 40,000 millones de dólares para que México pueda tranquilizar a los mercados y garantizar el pago de los Tesobonos.
Sin embargo, no pudieron eliminar la confusión que han generado sus propias declaraciones y las que vienen del extranjero.
El martes 24, el presidente Zedillo dijo que el propósito más elevado de su gobierno es el pleno ejercicio de la soberanía nacional. Es un principio enaltecido “por nuestra historia, nuestra geografía y nuestro nacionalismo”. La política económica para superar la actual emergencia, señaló, está diseñada por los mexicanos y para los mexicanos, y será aplicada por los mexicanos y para los mexicanos.
“La negociación de los empréstitos que contribuirán a la estabilización del mercado financiero y cambiario será conducida en un marco de pleno respeto a las decisiones soberanas de la nación; será conducida defendiendo compromisos que puedan ser cumplidos, sin menoscabo de la soberanía nacional y la dignidad de los mexicanos.”
Estableció los cuatro “no” de la negociación: No habrá compromisos que vulneren la soberanía o los intereses de los mexicanos; no se privatizará Pemex ni se enajenarán, bajo ninguna forma o modalidad, los recursos naturales de la nación; no se reabrirá el TLC, y no se modificará la política exterior, que “seguirá respondiendo a nuestros principios, a nuestra independencia y a los intereses nacionales”.
Al día siguiente, Warren Christopher, secretario de Estado norteamericano, informó que el gobierno mexicano estaba dispuesto a firmar una carta compromiso en la que detallaría las acciones que tomaría para hacer cumplir sus leyes, combatir el narcotráfico y controlar la migración, con el objeto de satisfacer las preocupaciones de los legisladores estadunidenses.
Acosado por los reporteros en la Cámara de Diputados, el secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, no negó ni afirmó esa información.
El primer mandatario insistió en que la política económica refleja la autodeterminación de México. Pero Gurría, el 22 de enero, dijo que la iniciativa de rescate es del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, suscrita por los líderes del Congreso de ese país.
En Washington y en México, el secretario de Relaciones Exteriores –a momentos parecía, más bien, el titular de la Secretaría de Hacienda– dio diversas explicaciones sobre la línea de crédito para México que, en conjunto, arrojaron más confusiones. Por ejemplo, aseguró que el respaldo estadunidense no significará un aumento de la deuda externa, porque sólo se intercambiará deuda interna de corto plazo por una de largo plazo, pero, según el Instituto de Economía Internacional de Estados Unidos, ese país ganará “un sustancial monto de dinero” si México decide utilizar las garantías.
Gurría dijo que el respaldo financiero de Estados Unidos no es un préstamo, pero luego precisó que el costo del aval se pagará como si fuera un préstamo. “Será razonablemente similar a los costos de lo que México pedía prestado antes de la crisis”.
Dijo el funcionario que el paquete financiero de 40,000 millones de dólares representa una garantía para la renegociación de la deuda interna, “que México puede usar o no en su totalidad”.
Respecto de los ingresos petroleros que servirán como garantía del aval de Estados Unidos, expresó que los fondos provenientes de las ventas del petróleo seguirán llegando normalmente a nuestro país y se invertirán de acuerdo con lo autorizado.
“Sólo en caso de que el gobierno de México incurra en incumplimiento de sus obligaciones pasaríamos a la operación del mecanismo de pago mediante las futuras cuentas por cobrar”. Además, “en la muy remota posibilidad de que México no pudiese hacer frente a las obligaciones, y Estados Unidos lo hiciera por nuestra cuenta, se activaría el mecanismo establecido en torno de los ingresos por venta de petróleo. Esta fórmula estaría vigente entre hoy y el año 2005; por ello debe quedar bien establecida desde ahora”.
Sin embargo, en el Congreso estadunidense se discute que los ingresos mexicanos por ventas petroleras al exterior deberían comenzar a fluir a la cuenta de la Reserva Federal de Estados Unidos tan pronto México acceda a las garantías para emitir instrumentos de deuda.
No es distinto lo que ocurre con las declaraciones de Ignacio Pichardo Pagaza, secretario de Energía. Gurría manifestó que “Pemex seguirá siendo una empresa de los mexicanos, en poder del Estado mexicano. El petróleo no es garantía, ni se hipoteca ni forma parte de las garantías”.
Mientras tanto, cada día aumentan las dificultades para que el Congreso de Estados Unidos apoye el paquete financiero.
Y en un claro mensaje al Capitolio, el secretario mexicano de Hacienda, Guillermo Ortiz, aseguró que el gobierno de la República tiene descartado por completo cualquier posibilidad de recurrir a la declaración de moratoria de pagos para salir de la crisis.
“Se traduciría en un alto costo para los mercados financieros internacionales, para el país y para los particulares que ya no podrán seguirse endeudando”, dijo a los diputados perredistas el 20 de enero.
Raúl Livas Vera, del PRD, replicó que la primera deuda que el gobierno debería saldar no es la externa, sino la que tiene con la mayoría de la población que vive en la pobreza. “Ya está bien de sacrificar sólo a una parte, que es, además, la que no ha tenido responsabilidad alguna en la crisis”.
 |
 |
 |
 |
 |
