Con la venia del presidente Ernesto Zedillo, la Cámara de Diputados rescató un cachito de la dignidad que la historia consigna que alguna vez tuvo, y mediante la aplicación de un “candado” autorizó el jueves 26 la suscripción de garantías de crédito con el gobierno estadunidense, equivalentes al monto de Bonos de la Tesorería de la Federación (Tesobonos) en circulación, con el objeto de sustituir deuda interna de corto plazo por deuda externa de mediano y largo plazo.
Con los votos del PAN y del PRI, la Cámara aprobó la reforma a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 1995, con una adición que permite al Congreso de la Unión, rescatando una de sus atribuciones constitucionales, revisar las condiciones que el Congreso estadunidense pretenda imponer al gobierno mexicano para autorizar el paquete de rescate ofrecido hasta por 40,000 millones de dólares.
“En caso que la contratación de créditos o emisión de valores en el exterior (…) se hiciera con la garantía de un gobierno extranjero, oportunamente el Congreso de la Unión, en los términos del artículo 73VIII (de la Constitución), conocerá acerca de los condicionamientos correspondientes a efecto de someterlo a su aprobación”, dice el cuarto párrafo adicionado al proyecto de decreto del Ejecutivo.
Pero lo anterior no fue noticia en Los Pinos. La enmienda legislativa al proyecto de decreto del Ejecutivo todavía no se leía en la sesión del período extraordinario de la Cámara de Diputados (ni, mucho menos, se había aprobado), cuando el presidente Zedillo ya lo daba a conocer ante la nueva mesa directiva del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación.
“Mi gobierno concretará la operación de garantías de préstamo con el gobierno de Estados Unidos, sólo cuando nuestro propio Congreso nos autorice a hacerlo”, dijo Zedillo.
Previamente, el Presidente había autorizado por teléfono al coordinador priísta y presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, Humberto Roque Villanueva, incluir ese párrafo en la reforma a la Ley de Ingresos, ante lo que algunos calificaron “rebelión” de legisladores priístas, que amenazaban con votar en contra del dictamen, pero que otros identificaron como parte de la “ofensiva” de la diputación colosista que presiona al Ejecutivo para no ceder espacios de poder al PRD en una eventual reforma política.
Sin ninguna consideración para el nuevo status soberano que habría de concederle un par de minutos después al Legislativo, el presidente Zedillo había anunciado ahí mismo que “el día de hoy se ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitirá al gobierno de México contar con recursos hasta por 7,575 millones de dólares en apoyo al programa para superar la emergencia económica”.
La operación y el monto (que representa el paquete individual más alto jamás autorizado por el FMI) no pasó por el Congreso mexicano para su aprobación, ni mucho menos las 24 condicionantes aceptadas por el gobierno mexicano mediante la firma de una carta de intención (Memorándum de políticas económicas), varias de las cuales son casi idénticas a las esbozadas en los borradores del Congreso estadunidense, que han sido calificadas por la oposición como un “secuestro de la soberanía nacional”.
Esta operación es adicional a los 18,000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria (con créditos de los bancos centrales de EU y Canadá, el Banco Interamericano de Pagos y bancos comerciales internacionales), a los 40,000 millones ofrecidos por la administración Clinton (que incluye la emisión autorizada de Tesobonos por 26,500 millones de dólares), y a los 5,000 millones de dólares autorizados a finales del año pasado como endeudamiento neto externo para 1995, por la Cámara de Diputados. El total del volumen de recursos que negocia el gobierno de Zedillo es de 70,575 millones de dólares, equivalente al 38.15% de la deuda externa total mexicana, según el secretario del Tesoro estadunidense, Robert Rubin.
A CIEGAS
El primer paso para obtener un paquete financiero de rescate estadunidense fue dado en México por una Cámara de Diputados que discutió, peleó, alegó y legisló… sin información.
El contraste con el Congreso estadunidense es brutal:
Allá, durante no menos de un mes, senadores y representantes han tenido a su entera disposición a todo un ejército de funcionarios mexicanos de primer nivel, incluyendo a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, y de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, quien pasó una semana entera en Washington.
Aquí, el secretario de Hacienda compareció durante siete horas, el lunes 23, ante el pleno de la Cámara de Diputados, y Gurría concedió tres horas a la Comisión de Relaciones Exteriores, el miércoles 25, en un desayuno.
Ambos –con un silencio envuelto en evasivas, metáforas y parábolas– sólo sembraron más dudas.
Al abrir la semana, la comparecencia de Ortiz Martínez dejó claro que, en materia de política económica, el gobierno de Ernesto Zedillo tampoco escucha las voces que claman por un “golpe de timón”. Según la postura fijada por el secretario de Hacienda, “mantendremos firme el rumbo, ya que tenemos la convicción de que es el adecuado”, es decir, más neoliberalismo.
A pesar de los reclamos de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PT, que le exigieron corregir los principales lineamientos de la política económica nacional, Ortiz Martínez insistió en que los efectos de los ajustes serán “temporales”, e inclusive sostuvo que las medidas adoptadas, que contraen el salario, “son estrictamente transitorias”.
En la comparecencia ante la Cámara de Diputados, Ortiz Martínez reconoció “algunos errores” cometidos en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, pero redistribuyó la responsabilidad por los errores de interpretación de las principales variables económicas. Las conclusiones a las que llegó el gobierno de Salinas de Gortari, y su decisión de no corregir la paridad del peso frente al dólar, “fueron avaladas por las principales instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE”, e incluso por muchas de las corredurías estadunidenses “que hoy se rasgan las vestiduras después de la devaluación”, subrayó el funcionario.
Todo mundo coincidió, según Ortiz, en que, “cuando más”, lo que había era “un foco amarillo” frente a la economía mexicana.
Pero los cuestionamientos sobre condiciones estadunidenses, cartas paralelas, negociaciones secretas, cartas de intención y concesiones mexicanas al Congreso y gobierno estadunidenses, o fueron negados sin más por Ortiz o fueron llanamente evadidos por el funcionario.
El martes 24, el PRD obtuvo apoyo del PAN para exigir la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, a fin de que explicara las negociaciones que ha conducido personalmente en Washington con el gobierno del presidente Clinton y con congresistas de ese país, pero el priísta Augusto Gómez Villanueva se les adelantó y anunció que, al día siguiente, el canciller se desayunaría con la Comisión de Relaciones Exteriores que preside él mismo.
El miércoles 25, Gurría no se atrevió a negar ni a confirmar que exista un memorándum de entendimiento que comprometa a México ante Estados Unidos; reconoció que, al no haberse actuado a tiempo sobre las finanzas del sexenio pasado, se provocó una sobrecorrección exagerada del mercado que ha subvaluado el peso; aceptó que los 40,000 millones de dólares ofrecidos para resolver el problema de perfil de deuda “no es condición suficiente” para solucionar las causas de fondo de la crisis, y no pudo prometer que estos desajustes no volverán a ocurrir.
El canciller mexicano terminó sembrando el pesimismo:
“El aval estadunidense es absolutamente necesario. Sin éste, la cuestión del retorno de la confianza no es concebible.”
Eso sí, Gurría se dio tiempo para justificar su labor de mediador ante empresarios, legisladores y gobiernos de Japón, Canadá y Estados Unidos, países en los que estuvo en las últimas semanas, como en sus mejores tiempos de subsecretario de Hacienda, en el sexenio salinista, cuando fue el responsable de renegociar 50,000 millones de dólares de deuda externa, por lo que se ganó el mote de El ángel de la dependencia.
“Tenemos que actualizar y moderni-zar las capacidades de la Cancillería en algunos temas que hoy forman parte medular de las relaciones internacionales”, dijo, por más que aceptó que su responsabilidad fundamental es de naturaleza “político-diplomático”.
Como lo había hecho el secretario de Hacienda, el lunes, Gurría negó que se estén hipotecando los ingresos petroleros; rechazó que el endeudamiento neto del país se vaya a incrementar; prometió que la soberanía nacional está salvaguardada, y definió como “técnicas” las negociaciones con Estados Unidos.
Ortiz Martínez y Gurría no se salieron del guión. Fieles al discurso oficial, repitieron todos y cada uno de los argumentos gubernamentales para explicar la crisis y sus vías de solución inmediata, y rechazaron cualquier interpretación ajena a esta posición.
Sólo tres cosas dejaron en claro ante los diputados: que los recursos del paquete estadunidense (si se aprueba allá), sólo se usarán para estabilizar la economía y los mercados financieros y cambiarios del país; que está previsto un documento que incluye la obligación de pagar (incluso con los ingresos de Pemex por exportaciones, si es necesario), y que “en las conversaciones que se tuvieron sobre cuáles serían los lineamientos de política económica del año 95, son que se apegue estrictamente el gobierno de México a los lineamientos de política económica (diseñados por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo) aprobados por esta soberanía”.
Ese mismo miércoles, en medio de una sorda negociación con el PAN y el PRD, y bajo la presión de la diputación colosista, Roque Villanueva logró la dispensa de primera lectura al dictamen aprobatorio de la reforma a la Ley de Ingresos, que aún no incluía la adición y de la que presumirían los priístas al día siguiente porque “fortalece la dignidad” del Congreso y “da cabal cumplimiento a la división de poderes”, además de “reforzar” al presidente Zedillo en “su defensa irrestricta de la soberanía y en la determinación de no aceptar ninguna condicionante de carácter político”.
CON SU PERMISO
La mañana del jueves 26, el líder de la mayoría priísta Humberto Roque Villanueva recurrió a la red y llamó a Los Pinos para consultar al presidente Zedillo.
Villanueva suspiró aliviado al obtener el consentimiento presidencial para adicionar un cuarto párrafo a su iniciativa de decreto, con lo que desaparecía el “cheque en blanco” que habría significado aprobarlo tal y como lo envió; se reunió con los coordinadores de las fracciones del PAN, PRD y PT, y concretó el acuerdo, que celebró la oposición ante el implícito reconocimiento del abandono en que el Poder Legislativo ha tenido sus facultades soberanas.
En la tribuna, el PAN consideró “histórico” el hecho, porque confirma que el Congreso no sólo tiene la facultad de aprobar las bases genéricas para contratar deuda externa, sino “como ha dicho la Constitución desde 1917, también (puede) aprobar o rechazar esos empréstitos”.
Hasta el PRD consideró “un paso muy significativo” que “este Congreso le retire al Ejecutivo el cheque en blanco”, pero demandó que, en consecuencia, se pospusiera la aprobación de las reformas a la Ley de Ingresos, pues la adición “es prácticamente una suspensión de facto de la discusión”, dijo el coordinador perredista Jesús Ortega.
Y es que, pese a que nadie lo vio ni lo escuchó (excepto el PT, que se le sumó), y el debate siguió y la reforma se aprobó, lo cierto es que –como dijo Ortega– “este Congreso va a reunirse posteriormente, cuando conozcamos las condiciones que ponen el gobierno y el Congreso estadunidense, para decidir, nosotros, en pleno uso de nuestras facultades y soberanía, si aceptamos o no esas condiciones que nos pongan los estadunidenses”.
Será entonces cuando tengan información oficial sobre la carta de intención que mencionó el secretario de Estado Warren Christopher a los congresistas estadunidenses, el miércoles 26, que abarca exigencias sobre política exterior, medio ambiente, laborales, finanzas públicas, justicia, migración y narcotráfico.
Se enterarán también de que los ingresos por las exportaciones petroleras no sólo estarán depositados en un banco de la Reserva Federal, sino que México tendrá que pedir permiso adelantado a la administración Clinton para que Pemex pueda vender a un cliente extranjero el crudo comprometido con una empresa estadunidense, según revelación del secretario del Tesoro, Robert Rubin.
Sabrán –hasta entonces– que, como dijo el diputado perredista Adolfo Aguilar Zínser, “Estados Unidos no otorga créditos a ningún país como lo haría un banco; las discusiones no son técnicas. Se equivoca el secretario de Relaciones Exteriores: son discusiones políticas (las que determinan) que Estados Unidos otorgue ese crédito. Lo que le está poniendo el Congreso de los Estados Unidos al presidente Zedillo son condicionantes políticas para México”.
En lo que fue un debate adelantado, el jueves 26, el PRD dejó ver la fuerza de los argumentos con los que, eventualmente, rechazaría cualquier condicionamiento estadunidense para otorgar el paquete de rescate a México.
“Nosotros estamos sosteniendo, sin ser consultados, el precedente de una negociación condicionada que traerá gravísimas consecuencias para nuestra condición de Estado soberano”, dijo la diputada Mara Robles, quien recordó que “la soberanía de un país sólo puede estar a salvo si se mantiene su autonomía económica, si su desarrollo no está subordinado a otra nación”.
La diputada Ifigenia Martínez, puso el acento en la realidad:
“El país no tiene capacidad de endeudamiento externo por el volumen que se está solicitando”, advirtió, y redefinió el fondo de la crisis financiera y monetaria:
“No es sólo un problema de liquidez”, como insiste el gobierno zedillista; “existe otro desequilibrio fundamental: el de la balanza de pagos, que no es más que el reflejo de la desestabilización de las cuentas de los particulares, de las carteras vencidas, quiebras de empresas medianas y pequeñas, apuros de todos los mexicanos, que fue resultado de la política de equilibrar las finanzas públicas sin fijarse en el desequilibrio que se producía en el resto de la economía”, concluyó la economista del PRD.
