WASHINGTON, DC- La supuesta existencia de una “carta de garantías” o “carta paralela”, en el marco de las negociaciones que sostienen México y Estados Unidos para encontrar una salida a la crisis monetaria mexicana, provocó una intensa movilización del personal de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Hasta el cierre de esta edición, funcionarios de la Cancillería y de la Embajada de México en esta capital seguían esforzándose por desmentir las “versiones” de que el gobierno mexicano está aceptando condiciones no financieras para recibir la ayuda económica de la administración Clinton, si el Congreso estadunidense la aprueba.
Relaciones Exteriores no sólo produjo su propio desmentido, sino que se convirtió en portavoz del portavoz del Departamento de Estado, en su afán por desautorizar al propio secretario de Estado, Warren Christopher, y al embajador de Estados Unidos en México, Jim Jones.
La Cancillería nunca lo reconoció, pero la “versión” de la existencia de las supuestas cartas partió de Christopher. En respuesta a una pregunta del diputado demócrata Bruce Vento, durante la audiencia del Comité de Bancos de la Cámara de Representantes, el miércoles 25, Christopher afirmó: “Los mexicanos han aceptado proveernos de una carta de garantías (en el sentido de) que darán alta prioridad y tomarán medidas en los terrenos de procuración de justicia, narcóticos e inmigración. El borrador no ha sido terminado todavía, pero le puedo decir que… es muy significativo”.
Vento había dicho a Christopher que “muchos de los problemas fundamentales de México… no son económicos” y le había pedido precisar si había “condiciones que tuvieran que ver con preocupaciones políticas, laborales y de otros tipos”.
Christopher añadió: “Por ejemplo, en el terreno de procuración de justicia, (en) el de narcóticos, habrá un entendimiento de que los mexicanos extenderán el Grupo Beta a otras áreas de la frontera… Se comprometerán a cerrar túneles que han sido fuente de migración. Y, uno de los temas que ha sido importante en California y otras partes, reconocerán la importancia de regresar gente, cuando la regresemos a México, no sólo al otro lado de la frontera, sino a ciudades y puertos bien adentro de México, para que no tengamos este retorno inmediato”.
Los reporteros presentes en la audiencia buscaron confirmar la noticia dada por Christopher, quien se retiró poco después. En la sala estaban presentes Alexander Watson, subsecretario de Estado, y el embajador Jim Jones. Watson comentó ante grabadoras que “no sería correcto hablar del contenido” de las cartas. Y añadió: “Yo no quisiera ser más específico”. A Jones se le preguntó cuántos puntos había en la carta. Respondió: “Sé que hay varios puntos… pero yo no juzgaría con base en puntos. Lo que estamos viendo son temas en los que tenemos interés común: procuración de justicia, migración, medio ambiente, cosas así. Y todo eso se está discutiendo ahora, pero el plan sería tener eso en cartas paralelas”.
Al día siguiente, en el marco de una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Christopher, Watson y Jones no negaron categóricamente que temas no financieros, como Cuba y migración, estuvieran en medio de las negociaciones económicas. Esto hizo crecer las especulaciones. Lo más preciso que dijo Christopher al respecto fue que “no existe una carta en este momento”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió desde el mismo miércoles 25 en la noche la existencia de la supuesta carta. Dijo, al igual que Jones, que había negociaciones sobre diferentes temas entre México y Estados Unidos y que éstas se habían iniciado desde antes de que el gobierno mexicano devaluara la moneda. El viernes 27 por la noche, la embajada de México envió al fax de este corresponsal una entrevista de tres párrafos con el vocero del Departamento de Estado, en la que se hace referencia a la declaración de Christopher del jueves 26, pero no a la del día anterior, en la que el funcionario mencionó la “carta de garantías”.
Los temas de Cuba, migración y procuración de justicia han estado desde hace varios días –antes de las audiencias, incluso– en los borradores de la iniciativa de la Ley de Estabilidad Económica de México 1995, que es la ley que se tiene que aprobar en el Congreso para que Estados Unidos pueda servir de aval a México hasta por 40,000 millones de dólares.
El compromiso de cooperación “D”, para el otorgamiento del aval, dice textualmente: “Repatriar migrantes (que se encuentren) ilegalmente en Estados Unidos a lugares mutuamente acordados, con pleno respeto a los derechos humanos de tales migrantes”. En el borrador –obtenido por Proceso– no se explica si “mutuamente” implica entre México y Estados Unidos, entre los migrantes y las autoridades mexicanas o entre los migrantes y el gobierno de Estados Unidos.
Y el compromiso “A” establece: “Proteger la integridad de la frontera entre México y Estados Unidos”.
El viernes 27, mientras la Cancillería desmentía, el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, ponía en marcha en la Ciudad de México “el impulso renovador y vigoroso” de la política migratoria del país. Reunido en el edificio sede de la dependencia, en la calle de Bucareli, con delegados, subdelegados y coordinadores del Instituto Nacional de Migración, Moctezuma informó que entre los propósitos de la nueva política migratoria estará “realizar una efectiva aplicación de la ley que contribuya a dar seguridad a nuestras fronteras”.
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