WASHINGTON, DC- Apenas catorce meses después de haber sido decidido en esta capital, el futuro de México ha vuelto a ser motivo de una discusión que excluye a los mexicanos y se funda en prejuicios, paternalismo y verdades a medias. Pero si en aquella ocasión –en que el Congreso norteamericano acordó finalmente la asociación de México y Estados Unidos en un acuerdo de libre comercio– el país tenía de su lado el argumento de la bonanza, esta vez las circunstancias son peores:
Como si fuera el gran perdedor de una guerra, México ha sido exhibido, insultado, amenazado y constreñido a aceptar condiciones que en muy poco se distinguen de las de una capitulación. Mediante un intenso debate sobre su realidad, que ya rebasó las dos semanas, el país parece estar pagando la ayuda que el gobierno mexicano suplicó a las autoridades estadunidenses, aún sin haber visto ni una centésima parte de los cerca de 66,000 millones de dólares que se le han ofrecido a fin de no dejarlo caer en una desgracia “horrorosa”.
La virtual requisición de su riqueza petrolera, la revisión de su política exterior, más privatizaciones, cambios en disposiciones fiscales y una serie de “garantías” en materia de inmigración, procuración de justicia y combate al narcotráfico –algunas de las cuales podrían implicar la violación de leyes mexicanas– son condiciones, directas o indirectas, para una eventual asistencia financiera de Estados Unidos a México, que han aparecido en borradores de documentos oficiales y hasta en boca de altos funcionarios del gobierno de Bill Clinton.
Algunas de ellas ya han sido confirmadas por el gobierno mexicano, como el uso de los ingresos petroleros para garantizar el pago de la nueva deuda que eventualmente se contraería. Curiosamente, el último antecedente relevante de un país comprometido de manera formal a cumplir sus obligaciones financieras con ventas de petróleo, es el de Irak. Ese país perdió contra Estados Unidos y sus aliados la Guerra del Golfo Pérsico, a principios de 1991. Venezuela ha rechazado diferentes tentaciones de hacer lo mismo, una de ellas hace apenas unas semanas, en vista de los problemas jurídicos y políticos que podrían derivarse.
Otras condiciones, sugeridas a título individual por congresistas estadunidenses, quienes parecen tener cada vez más en sus manos el futuro de México, han sido vender Petróleos Mexicanos, permitir la intervención norteamericana del banco central, adoptar un sistema de paridad “de pizarrón”, homologar las normas laborales y ambientales del país a las de Estados Unidos y restituir al peso el valor que tenía antes de la devaluación. Tampoco han faltado opiniones de legisladores en el sentido de que nada se debe hacer por México, ya sea para “darle una lección a los mexicanos”; porque, de todos modos, “resulta imposible salvarlos”, o para no poner en riesgo el presupuesto de Estados Unidos.
Y mientras que se han escuchado aquí defensas mucho más completas de la soberanía mexicana de las que han podido imaginar el presidente Ernesto Zedillo y su gabinete, también se ha llegado a catalogar a México como un vecino malo, pobre y mentiroso al que hay que huirle. El senador Arlen Specter, precandidato presidencial del Partido Republicano, sugirió que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio (TLC), porque ese acuerdo estuvo basado en la “falsificación de datos económicos”. En entrevista con el diario conservador The Washington Times, Specter –quien es también presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y votó a favor del TLC en noviembre de 1993– afirmó que el acuerdo comercial pudo haber sido una mala idea, pues, citó el periódico, “alinear a una nación adelantada como Estados Unidos con una nación en desarrollo como México es inherentemente problemático”.
Lo cierto es que tanta exhibición podría, a la postre, resultar en vano.
El paquete de asistencia financiera a México –de hasta 40,000 millones de dólares– propuesto, el jueves 12, por Clinton y los líderes del Congreso, fue asediado crecientemente, al grado de poner en riesgo su aprobación legislativa. El periódico Los Angeles Times publicó una encuesta que revela que 81% de los norteamericanos se opone a dicha ayuda económica. Y las audiencias que celebraron la semana pasada la Cámara de Representantes y el Senado estadunidenses mostraron que entre los legisladores no hay mucha simpatía por la llamada Ley de Estabilidad Económica de México 1995, que próximamente será sometida al Congreso.
Diputados, senadores y testigos presentes en dichas audiencias condenaron lo que no dejaron de llamar una ineficaz operación de rescate de México y tabla de salvación de ricos especuladores norteamericanos perjudicados por la devaluación del nuevo peso, pese a intentos de la administración Clinton para que se viera de otra manera la propuesta. El presidente y los secretarios del Tesoro, Robert Rubin, y de Estado, Warren Christopher, insistieron durante toda la semana en que el principal destinatario del paquete de ayuda no son los mexicanos sino, en primer lugar, los 700,000 estadunidenses cuyos empleos dependen del comercio con México.
Otro de los defensores del paquete, el jefe de la Reserva Federal, Alan Greenspan, de plano lo puso así: “Si esto fuera estrictamente sobre México, yo diría que no hay razón en absoluto (para tener un paquete)”.
COMO EL CHINITO
El martes 10 de enero fue una de las fechas más críticas en la actual crisis financiera de México. Dos anuncios de asistencia financiera a México, hechos en los días anteriores (el primero fue de 6,000 millones de dólares y el segundo elevó esa cifra al triple), habían sido insuficientes para calmar a los mercados. Ese día y el anterior, la bolsa mexicana había acumulado una caída de alrededor de 12.5%; mientras tanto, el dólar se cotizó en cerca de seis nuevos pesos.
Al cierre de los mercados financieros, el presidente Zedillo se comunicó telefónicamente a Washington para pedir ayuda a Bill Clinton. La llamada y la conversación iban a mantenerse en privado, pero el miércoles la bolsa empezó a experimentar pérdidas por tercer día consecutivo, pese a que el presidente mexicano había pronunciado un discurso, temprano, en un intento de calmar los ánimos. Así es que en Los Pinos se decidió hacer público el contenido del diálogo, resaltando una afirmación de Clinton en el sentido de que Estados Unidos tenía “un gran interés en la prosperidad y la estabilidad de México”.
También se pudo saber por ese conducto oficial que Clinton había instruido a la Reserva Federal para que “continúe tomando medidas adecuadas para ayudar a que México atraviese estas presiones financieras de corto plazo y construya sobre las bases sólidas para el crecimiento creadas en los últimos años” (Proceso 950). Por la tarde del 11 de enero, Clinton hizo un pronunciamiento público en apoyo al gobierno mexicano y dio a conocer que buscaría ampliar una línea de crédito ya autorizada, de 9,000 millones de dólares (cifra que se había doblado con aportaciones del banco central de Canadá e instituciones financieras europeas y de la que México había retirado, al cierre de esta edición, apenas unos 560 millones de dólares).
La llamada de Ernesto Zedillo al mandatario norteamericano quizá consiguió, mediante el comentario de Clinton, apaciguar de momento los mercados y frenar la caída de la moneda mexicana, pero, al mismo tiempo, abrió una caja de Pandora de la que salieron nuevamente los demonios del intervencionismo, el desdén, el paternalismo, la conmiseración y el racismo.
El jueves 12, Clinton consultó con los líderes de ambas Cámaras del Congreso –dominadas, desde el 4 de enero pasado, por el Partido Republicano– para encontrar una manera de ampliar el crédito a México. La solución que ambas partes encontraron, filtrada ese día a la prensa, fue que Estados Unidos sirviera de aval a México para que pudiera encontrar créditos en el sector privado. Se dijo también que el límite del respaldo sería de 40,000 millones de dólares y se explicó que México podría disponer de ese dinero en bloques de 5,000 millones, teniendo que pagar un interés ligeramente superior al que pagan los bonos de tesorería en Estados Unidos, más una cuota por el servicio. El plazo de pago sería de diez años.
Sin embargo, casi de inmediato comenzaron a oírse voces contrarias al plan. Casualmente, la mayoría de éstas provenían de las filas del Partido Demócrata, al que pertenece el Presidente, aunque también se generó oposición entre los republicanos más conservadores. Clinton envió a Robert Rubin y a Alan Greenspan al Capitolio para hablar con algunos disidentes, pero esto no hizo sino exacerbar los ánimos. La situación llegó al punto de que el jefe negociador de la Cámara de Representantes, el republicano Jim Leach, presidente del Comité de Bancos, tuvo que enviar una carta a Clinton para quejarse de la atmósfera que empezaba a cobrar la negociación. Además, varios comités legislativos convocaron a Rubin, a Greenspan y a Warren Christopher para que acudieran al Congreso a explicar intenciones y detalles del plan.
Tanto el ambiente contrario como el favorable al paquete se fueron alimentando de ingredientes antimexicanos. Los enemigos de otorgar el aval financiero afirmaron que México nunca pagaría los préstamos y argumentaron que las autoridades mexicanas buscarían cualquier resquicio jurídico para zafarse de las obligaciones, por más condiciones y candados que se le impusieran. Por su parte, los partidarios del préstamo dijeron que México podría caer en la peor de las calamidades si no obtenía el crédito rápidamente y advirtieron que, en ese escenario, una ola de migrantes ilegales –que el gobierno norteamericano estimó en medio millón por año– se lanzaría sobre California, Texas y otros estados.
También se presentaron elementos de interés nacional y hasta local para alegar a favor y en contra de la propuesta. Por ejemplo, los defensores del plan afirmaron que el rechazo del paquete en el Congreso y la consecuente falta de ayuda a México haría peligrar 700,000 empleos norteamericanos; asimismo, esa situación pondría en riesgo el “interés estratégico” de Estados Unidos sobre México –como dijo Clinton– pues las posibilidades de desestabilización al sur de la frontera serían mayores. En cambio, la oposición al paquete se preguntó por qué “el Tío Sam debe avalar a México y no al norteamericano común y corriente que busca un préstamo para una casa o un coche”. Y pusieron el ejemplo del condado californiano de Orange, que quebró recientemente por malos manejos financieros y al que “nadie ayuda”.
Asimismo, de uno y otro lado se esgrimieron razones de carácter internacional. Los partidarios del paquete de asistencia apuntaron que dejar solo a México en estos momentos podría causar un efecto dominó en todos los mercados emergentes y poner en duda el liderazgo mundial de Estados Unidos. Pero para los enemigos del plan lo peor sería sentar el “terrible precedente” de que “país quebrado, país al que Estados Unidos tiene que salvar de su desgracia”.
Mientras tanto, los liderazgos de mayoría y minoría en cada Cámara se contradecían unos a otros y también a sí mismos. El lunes 23, Newt Gingrich, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que el consenso bipartidista en favor del paquete iba viento en popa y que, si bien no podía pronosticar cuándo se llevaría a cabo la votación, el plan sería aprobado. En cambio, Bob Dole, líder de la mayoría del Senado, expresó dudas acerca del avance del consenso. Gingrich modificó su opinión el miércoles 23, cuando afirmó que el plan carecía de apoyo popular y vaticinó que su aprobación en el Congreso resultaría “difícil”.
Como señal de que las negociaciones avanzaban lenta y difícilmente, los borradores de la iniciativa de ley –al miércoles 25 se había reescrito nueve veces el documento, según el diputado Jim Leach– prácticamente no presentaron cambios entre una semana y otra. En un borrador, obtenido por este semanario, que empezó a distribuirse el martes 24 entre algunos legisladores, el Senado y la Cámara de Representantes estaban atorados en si debían llamarle a Cuba por su nombre o referirse a la isla como uno de los “países que han rechazado celebrar elecciones multipartidistas”. Los senadores favorecían la primera “opción” y los diputados la otra, aunque los negociadores de ambas Cámaras seguían de acuerdo en incluir en la iniciativa el que México se abstuviera de ayudar al régimen de Fidel Castro, pese a llamados del Poder Ejecutivo de “descargar” el paquete de “condiciones políticas”.
Evidentemente, los opositores al plan habían logrado desacelerarlo. De nada sirvió que el presidente Clinton dedicara al caso mexicano una pequeña parte de su informe anual, el martes 24, en un intento por reimpulsar el paquete.
Refiriéndose a la seguridad nacional de Estados Unidos, Clinton dijo a los legisladores: “La crisis financiera de México es un caso pertinente. Sé que no es popular decirlo esta noche, pero debemos actuar, no por el pueblo mexicano, sino por el bienestar de millones de norteamericanos cuya vida está ligada al bienestar de México. Si queremos asegurar trabajos norteamericanos, preservar exportaciones norteamericanas, salvaguardar las fronteras de Estados Unidos, entonces debemos aprobar el programa de estabilización y poner a México de nuevo en el camino. Ahora déjenme repetir. No es un préstamo, no es ayuda externa, no es asistencia”.
Mientras tanto, el gobierno mexicano nomás miraba…
AUDIENCIAS
El Capitolio ha vuelto a ser, como en el debate sobre el TLC, un lugar para dirimir el futuro de México. Pero si en noviembre de 1993 el país llegó al viejo recinto de mármol de la avenida Pennsylvania con el récord de tener una economía sana y sólida, casi de Primer Mundo, ahora arribó cojo y encorvado. Su nombre salió a relucir en media docena de audiencias legislativas, la semana pasada, pero fue especialmente mencionado en dos de ellas: las que tuvieron lugar el miércoles 25, en el Comité de Bancos, Finanzas y Asuntos Urbanos de la Cámara de Representantes y, el jueves 26, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
A ambas audiencias asistieron Rubin, Greenspan y Christopher. En la del Comité de Bancos, los funcionarios fueron sometidos a la metralla de 28 diputados –sin considerar al presidente del órgano legislativo, Jim Leach–, todos escépticos, por diferentes razones, acerca de los alcances del paquete financiero.
En su intento por justificar el plan, los funcionarios –Rubin, en particular– vaticinaron que el pueblo de México enfrentaría una situación “horrorosa” en caso de que el paquete no fuera aprobado rápidamente; advirtieron que el precio de no cumplir con las eventuales obligaciones, sería asumir “enormes consecuencias negativas”; cuestionaron el desempeño del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a quien Clinton seguía promoviendo para ser director general de la Organización Mundial de Comercio, y afirmaron que el caso mexicano sería abordado de manera experimental, para enfrentar situaciones similares en el futuro.
Además, explicaron que, de ser necesario, los ingresos petroleros de México serían entregados a la Reserva Federal directamente de los bolsillos de los importadores del crudo, sin pasar por México; anunciaron que las arcas estadunidenses recibirían una “pequeña ganancia” en caso de que México pague puntualmente su eventual deuda, y revelaron la existencia de “garantías” no financieras que están siendo entregadas “voluntariamente” por el gobierno mexicano, de manera paralela a estas negociaciones.
En sus preguntas y comentarios, los diputados estadunidenses –14 demócratas, 13 republicanos y un socialista– demostraron de todo: absoluta ignorancia sobre México, impulsos intervencionistas, desconfianza hacia la capacidad o disposición de pago del país, paternalismo, pero también, en algunos casos, mayor vigor en la defensa de la soberanía mexicana de la que se había escuchado en boca del presidente Zedillo o de algún miembro de su gabinete.
“Los mexicanos devaluaron el peso. ¿Por qué no pueden revaluarlo?”, preguntó a Robert Rubin el legislador republicano Spencer Bachus, de Alabama. Y continuó: “Si, como dice el señor Greenspan, tienen un nivel bajo de deuda, menor que el nuestro, y un presupuesto equilibrado… ¿por qué no pueden revaluar el peso? Ayer leí en un periódico de Brimingham que (el paquete) no le va a costar nada al contribuyente de Estados Unidos. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso… Nos dicen que éste es un nuevo gobierno, que no es como el de 1982 que no cumplió con su pago. Pero también leí en un US News que sólo una tercera parte de la gente que apoyaba a ese gobierno hace un año, lo sigue apoyando hoy. ¿Vamos a confiar en ese `Zidilou’, o como se llame?”.
El diputado demócrata Melvin Watt, de Carolina del Norte, expresó: “Me parece, ahora que estamos hablando de la estabilización de la moneda mexicana, que si nos hubiéramos involucrado en ese proceso podríamos haber hecho juicios a tiempo que hubieran impedido que este tipo de crisis llegara a este punto. Ahora, ¿vamos a poner en este acuerdo algo que nos dé alguna participación en la estabilización de la moneda mexicana, y algún involucramiento en otros países por este precedente?”
Ken Bentsen, demócrata de Texas, preguntó: “¿Es correcto decir que en caso de que México encontrara una manera de sacarle la vuelta a las condiciones, de que no cumpliera con el aval, sería excluido de los mercados internacionales de deuda?” Y añadió: “Me interesaría que el Tesoro me mostrara o dejara en actas cualquier evidencia histórica de países que hayan dejado de cumplir con sus avales y cuál es el impacto que esto ha tenido en su habilidad de reingresar en el mercado”.
El diputado demócrata Joseph P. Kennedy, de Massachusetts, opinó: “Incluso en Chiapas, hay enormes oportunidades para la inversión (primaria) estadunidense, que, a largo plazo, puede producir mucha más prosperidad económica para todo el pueblo de México que una manipulación de la deuda, de corto plazo, que bien podría representar perseguir dinero malo con bueno… Ahora, entiendo que ésta es una propuesta sin riesgo de perder, porque podremos cobrarles. Pero no entiendo, porque he estado en la industria petrolera, cómo vamos a proceder a cobrarles si nuestro propósito era ayudarlos. Y, ¿qué vamos a hacer cuando esto salga mal? ¿Ir a quitarles el dinero que van a necesitar desesperadamente para alimentar a su pueblo?”.
El socialista Bernie Sanders, de Vermont, acusó: “Usted (Rubin) trabajaba para Goldman Sachs, ¿verdad? Así que tiene familiaridad con este proceso. Entonces, ¿por qué no regresa con sus amigos patrióticos de Wall Street y les dice: `Oigan, tenemos un problema. Tienen oportunidad de ganar 19, 20%, tal vez más, en su inversión en México. Todos ustedes creen en el sistema de libre empresa y el capitalismo. A veces ganas y a veces pierdes’. ¿Por qué el norteamericano promedio debe garantizar esas inversiones…? Este es un país donde hay cinco millones de niños hambrientos. Si no somos capaces de conducir bien nuestra economía, me sorprendería que pudiéramos conducir bien la de México, y tal vez debamos dejar que el pueblo de México conduzca su economía lo mejor que pueda”.
Nydia Velázquez, demócrata de Nueva York, sentenció: “Este país tiene una triste historia dictando a las naciones de América Latina su política exterior. Parece que esta propuesta de estabilización continúa con esa desafortunada tradición. ¿Cuál es la justificación de la condición sobre las relaciones de México con Cuba? ¿Regularmente adoptamos cláusulas así en otros avales financieros, como aquellos que se dieron a Israel? Hay miembros como yo que votarán en contra de este paquete si tales condiciones prevalecen. Creo que es una clara violación a la soberanía de México, y no nos atrevemos a incluir tal condición cuando tratamos con Israel. Estamos cansados de que el gobierno de este país dicte a las naciones de Latinoamérica su política exterior. Yo voy a votar en contra”.
Por cierto, después de su comentario, la diputada Velázquez abandonó la sala Wright Patman, del edificio congresional Rayburn. Detrás de ella salió corriendo el subsecretario de Estado, Alexander Watson, quien le dijo que la cláusula sobre Cuba había sido impuesta por el Partido Republicano y no por el gobierno de Clinton. La legisladora replicó: “Yo creí que esta administración, la del presidente Clinton, haría sentir su influencia no permitiendo ese tipo de condiciones”. Y se marchó.
La exhibición de México continuó al día siguiente, en la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Jesse Helms. Este legislador cobró fama en los ochenta por despotricar, desde la misma posición política, contra México y su gobierno. Un día dijo que el entonces presidente Miguel de la Madrid había llegado a Los Pinos mediante un fraude electoral.
A diferencia de Leach, quien se pronunció a favor del plan, Helms se manifestó abiertamente en contra, alegando que los mercados debían “seguir su curso” y que era hora de dar una lección al vecino del sur. En una sesión matutina, antes de la comparecencia de Rubin, Greenspan y Christopher, Helms presentó un panel compuesto por cuatro opositores al paquete y un simpatizante. Además, presionó a los miembros del comité con grandes carteles que recordaban, entre otras cosas, que “81% de los norteamericanos se oponen al plan de rescate”. Pero los senadores, fuera de un par de ellos, no necesitaban ser presionados. Ya estaban en contra.
Tres de los panelistas iniciales, los especialistas Lawrence Kudlow y William Seidman, así como el editor Malcolm S. Forbes, coincidieron en que el paquete de asistencia financiera sólo hará peores las cosas. En cambio, Seidman pronosticó que “los únicos perjudicados” por el rechazo legislativo del paquete serían “los depredadores y el gobierno mexicano”. Kudlow dijo que el compromiso de pagar con ingresos petroleros “es un subterfugio del peor tipo, que le saca la vuelta a la Constitución Mexicana”. Y Forbes aseveró que si México no pagara las obligaciones que implicaría el aval, “simplemente no habría manera de cobrarle”. Solitario en su apoyo al paquete, el académico Sidney Weintraub alegó que el plan resolvería el problema de liquidez que enfrenta la economía mexicana, pero tuvo que aceptar la lluvia de críticas que le profirieron el propio Helms y los demás senadores.
Un quinto panelista, el senador demócrata Fritz Hollings, desentonó. Presentó su anunciado plan alternativo al paquete, que se enfoca en lograr el crecimiento económico de México mediante préstamos para inversión primaria; el plan se complementa con ayuda por parte de países que gozan de un superávit en su balanza comercial con México, como Japón y Alemania. Excoordinador de la oposición al TLC en el Senado, afamado por su liberalismo y por haber participado en los gobiernos de Eisenhower y Kennedy, Hollings aconsejó a los mexicanos no comprometer su petróleo, “porque en Wall Street están gritando `queremos esas reservas’ “.
Añadió: “Si México acepta este paquete, no le va a servir de nada y no lo va a poder pagar. Es tiempo de que Estados Unidos sea un verdadero amigo de México y le ayude igual que lo hizo la Comunidad Europea con Portugal y España”.
Por la tarde, Rubin, Greenspan y Christopher se expresaron en términos similares a los del día anterior. El secretario del Tesoro inició su intervención anunciando que México había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un crédito por 7,575 millones de dólares, “el paquete más grande reunido por el FMI”. En un nuevo esfuerzo por atraer simpatía al plan de Clinton, Rubin afirmó que el aval a México representaba “la oportunidad histórica” de detener la crisis mexicana “antes de que sea demasiado tarde”.
Sin embargo, fue rebatido por el senador demócrata Joseph Biden. “Yo no creo en esos argumentos”, dijo. Lo mismo se decía que ocurriría si no se aprobaba el TLC, continuó, “y ahora me llaman de mi estado para decirme: `Ves, Joe, te lo dijimos’. Yo quiero saber qué más le vamos a pedir a los mexicanos, qué condiciones políticas les vamos a poner”. Y Jesse Helms cerró la audiencia justamente pidiendo a los funcionarios que le hicieran llegar por escrito “todas” las condiciones del paquete.
Para el viernes 27, todos los esfuerzos del gobierno de Clinton por reunir suficientes votos para aprobar el paquete parecían en vano. Ese día, tres diputados por Florida exigieron, como condición para votar a favor del paquete, que exista un compromiso de México de sumarse al bloqueo económico a Cuba. Una semana antes, una veintena de diputados republicanos anunciaron sus intenciones de votar en contra del paquete por no ser parte de la agenda partidista.
Y peor: de los 234 diputados que en noviembre de 1993 aprobaron el TLC, 52 perdieron o renunciaron a su asiento en el Congreso.
Ante la dificultad de reunir los 218 votos necesarios para la aprobación de la ley, el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, consideró que el paquete “es muy impopular en el país y no ha sido explicado muy bien. Y yo creo que (su aprobación) resulta mucho más difícil de lo que yo pensaba…”.
