En la historia de este país, particularmente en tiempos de crisis, ha correspondido a la política educativa explicitar el sentido del desarrollo nacional; en momentos difíciles ha sido en el territorio de la educación donde el Estado ha expresado las orientaciones fundamentales que deben guiar al país a largo plazo.
Esto tiene su razón: la filosofía educativa, al profundizar en las posibilidades del desarrollo, tanto del individuo como de la comunidad nacional, tiene necesariamente que ocuparse del ser, del deber ser, del poder ser y de las maneras de llegar a ser de todos los mexicanos. En momentos particularmente críticos (piénsese, para el siglo XIX, en las propuestas educativas de Mora y Gómez Farías, las de los liberales de la República Restaurada o la modernización positivista de Barreda y, para el XX, en el proyecto Vasconcelista, el socialismo radical de 1934 o la reforma del artículo 3o. de 1946), ha sido en el campo de la educación donde se han formulado los criterios y valores fundamentales de nuestros sucesivos proyectos de nación.
Esta reflexión resulta oportuna ahora, cuando vuelve al primer plano de la discusión nuestro futuro posible y deseable. La actual crisis, según se va esclareciendo, no fue sólo un descalabro de las finanzas públicas; cuestiona las condiciones políticas que hicieron posible ese descalabro y, más a fondo, las orientaciones neoliberales impuestas al país en los últimos años, que produjeron un desarrollo ficticio, desigual y desnacionalizado. La necesidad innegable de insertarnos en la economía mundial y de estimular con decisión la eficiencia y competitividad de la planta pruductiva, puede y debe tener otras respuestas, distintas de las que se implantaron, y compatibles con las orientaciones del proyecto de país reiteradamente postulado.
Porque somos un país frágil y expuesto a la vecindad de una gran potencia, frecuentemente abusiva, el proyecto nacional ha enfatizado repetidamente la soberanía e independencia; porque estamos compuestos de múltiples grupos étnicos y abiertos al mestizaje, nos hemos propuesto promover la unidad, la cohesión interna y la convivencia fundada en el derecho y la tolerancia; porque persisten entre nosotros formas de explotación y enormes desigualdades, damos un lugar prominente a la justicia social; y por otras características de nuestro pasado, hablamos de conquistar la democracia como forma de vida, de aprovechar bien nuestros recursos naturales, de universalizar la educación básica y hacer accesibles a todos los bienes sociales, sin discriminaciones ni privilegios. Todo bajo la acción rectora de un Estado vigilante y activo. Así se ha pensado que podemos conciliar la satisfacción de las necesidades propias con los requerimientos del exterior; así hemos decidido defender nuestra identidad. Estos son los valores que consigna el artículo 3o. constitucional.
La política educativa de los seis últimos años no se vio tan afectada por el embate neoliberal como otros ramos de la administración pública. Quizás algunos errores de Zedillo al frente de la SEP (sus tropiezos con los textos de Historia y sus comentarios desafortunados sobre la universidad pública en una reunión con rectores) lo hicieron más cauto o más perceptivo de las realidades de nuestra educación y de las aspiraciones y necesidades de los maestros. El hecho es que ni la Ley General de Educación ni las principales medidas administrativas y pedagógicas de su bienio (o del año que siguió, completado por Solana y Pescador) reflejan una concepción que pueda llamarse neoliberal, que subordine la educación a la productividad, la privatice o la trate como mercancía.
Pero ni el bienio de Zedillo en la SEP ni el conjunto del sexenio salinista llegó a plantearse con mínima profundidad lo que la “modernización” implicaba; no tuvo el salinismo filósofos del desarrollo que elaboraran justificaciones, más allá de las definiciones retóricas y demagógicas del “liberalismo social”; así, el mundo oficial y el coro de sus beneficiarios aceptaron la “reforma de la Revolución” sin ponderar la gravedad de sus incongruencias con las orientaciones del proyecto nacional que, en lo sustancial, ha estado vigente al menos desde la Revolución.
Hoy el debate sobre neoliberalismo y ese proyecto nacional es insoslayable; está en el centro de las respuestas que demos a la crisis. En el orden estrictamente político, el Acuerdo Nacional firmado por los partidos la semana pasada es un paso alentador. En el orden filosófico del hacer político, del que dependen las orientaciones sociales y económicas, se han pronunciado ya varias instituciones, algunas de gran peso político, reclamando que se replantee a fondo el sentido de nuestro desarrollo. Entre ellas llama la atención el SNTE, que ha convocado a un nuevo “pacto social”, “el de la nación que somos hoy, cuyo único capital somos los mexicanos”, y ha propuesto que se debatan “los modelos de desarrollo puestos en marcha en los últimos lustros”, con objeto de “definir las bases indiscutibles que nos configuran como nación soberana de cara al siglo XXI”.
En este debate se esperaría el liderazgo intelectual de la SEP. Si en el pasado estadistas, intelectuales y maestros coincidieron en definir los sucesivos proyectos nacionales, hoy la SEP debería convocar a un foro nacional sobre los valores que el artículo 3o. ha consignado como irrenunciables para nuestro desarrollo y su vigencia en la actual coyuntura. El debate esclarecería lo esencial de este país, el cual no es un conjunto de mercaderías sino una colectividad con destino propio, que quiere respetar su pasado peculiar, sus compromisos y exigencias, sentimientos y lealtades, y tiene la voluntad de ser y vivir de una determinada manera; de ese debate surgirían las propuestas para conciliar las necesidades pragmáticas del presente con el sentido de nuestra historia y la búsqueda de significados.
En estos días y semanas, ante una ciudadanía indignada y cada vez más movilizada, se esperaría de las autoridades educativas algo más que acuerdos sobre el monto de las colegiaturas en las escuelas privadas, o libros para los maestros o esquemas para normalizar las competencias laborales, por importante que todo ello sea. Se esperaría pensamiento.
Corresponde a Gobernación recomponer las fuerzas políticas y a Hacienda estabilizar las finanzas nacionales; pero ¿a quién corresponde pensar lo de fondo, la idea de México?
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