El debate público en torno a las causas de la crisis económica ha tomado un giro que no por espectacular es menos estéril: el linchamiento moral de buena parte del anterior gabinete económico, en primer lugar del expresidente Salinas de Gortari. La crisis se convierte, bajo esa óptica, en un asunto de mala fe, incapacidad, o abierto abuso, por parte de quienes tuvieron en sus manos la capacidad de decisión en materia económica, el corolario son las denuncias penales presentadas por el PRD en contra de exfuncionarios y funcionarios del más alto nivel, y los excesos retóricos de no pocos de los editorialistas de nuestros diarios y revistas.
Combatir y desterrar la impunidad de los servidores públicos es parte fundamental de cualquier programa democratizador, como también lo es realizar los cambios que den lugar al equilibrio de poderes que impida el uso abusivo de facultades por parte del Titular del Poder Ejecutivo y de sus funcionarios. Sin un sistema efectivo y eficiente de pesos y contrapesos en el ejercicio de las responsabilidades públicas, el país queda expuesto, como lo hemos vuelto a comprobar en forma dramática, a las decisiones erróneas de un cerrado círculo al que nadie vigila y que a nadie rinde cuentas.
Sin lugar a dudas la economía no es una máquina de relojería ajena a la influencia de los hombres, las decisiones que estos toman, como gobernantes, como empresarios o como trabajadores, impactan el curso económico y determinan en buena medida el curso de la dinámica económica. Sin embargo, conviene recordar algo que en estos tiempos tiende a olvidarse con demasiada frecuencia: la economía está también sujeta a leyes de comportamiento que hace valer su peso más allá de la voluntad de los gobernantes. En otras palabras, el capitalismo opera y se reproduce conforme a ciertas pautas que dan origen al ciclo económico, a los períodos de auge y prosperidad, y a su contrario, las crisis y el retroceso.
Si los gobernantes tuvieran que pagar con cárcel sus errores de política económica, los centros penitenciarios de todo el mundo estarían saturados de presidentes, ministros de economía, directores de bancos centrales, y otro tipo de funcionarios similares. En política, los errores se pagan con la renuncia, o con la pérdida de votos en las urnas, pero si el error no es tal, sino abuso en beneficio propio o de terceros, entonces debe pagarse en la cárcel.
La relación entre política y economía es uno de los temas más complejos de la realidad, quizá por ello mismo es de los peor analizados por las ciencias sociales. El determinismo mecanicista, que en economía impregna por igual a las versiones vulgares de la teoría marxista que a la teoría neoclásica, prescindió del estudio de esas relaciones y construyó un marco analítico en el que todo está determinado por fuerzas que se comportan conforme a leyes que asemejan a las que rigen en las ciencias exactas. Una noción –las expectativas– que Marx intuyó y Keynes pudo desarrollar desde otra visión teórica (un economista polaco, contemporáneo de Keynes, también la abordó en extenso, me refiero a Michael Kalecky) es fundamental para tender el puente analítico entre política y economía.
El estudio del comportamiento de las expectativas económicas, en particular de las expectativas empresariales, puede proporcionar elementos clave para comprender la naturaleza de la crisis económica por la que México atraviesa, así como para el diseño de las políticas dirigidas a superarla. En efecto, si dejamos de lado las versiones maniqueas de la crisis, podemos constatar que existen dos intentos de explicación de lo ocurrido. La primera atribuye la crisis a causas puramente económicas, de las cuales la fundamental habría sido la configuración estructural de nuestra economía que la incapacita para operar con los niveles de productividad necesarios para competir en el mercado externo, al mismo tiempo que la hace dependiente en forma creciente de importaciones de maquinaria, equipo e insumos, con lo que los ciclos expansivos son cada vez más cortos en el tiempo y más limitados en su efecto expansivo sobre el PIB en su conjunto.
Bajo ese modelo, el crecimiento del PIB, por moderado que sea, termina estrangulado por el déficit de cuenta corriente, producto de la combinación del déficit comercial que crece en forma exponencial, y la insuficiencia de ahorro externo –ingreso neto de capitales– que obliga a cerrar la brecha con las reservas del banco central lo que conduce, en forma casi inexorable, a la devaluación, con sus riesgos implícitos de nuevas espirales hiperinflacionarias y círculos perversos inflación-devaluación-inflación.
La segunda explicación sostiene que el déficit comercial no representaba problema alguno en tanto se mantuviese un flujo adecuado de divisas provenientes del exterior.
El adalid de esa visión ha sido Miguel Mancera, Gobernador del Banco de México, quien en diciembre de 1994 declaró, en entrevista al boletín Tendencias Económicas del Grupo Editorial Expansión, que el tamaño del déficit comercial de México era símbolo del éxito de nuestra economía, no de su fracaso. Para esta visión, lo que falló no fue la estrategia económica, sino sus condicionantes políticas.
En abono de esa explicación, quienes la sostienen muestran el comportamiento de las entradas de capital y de las reservas internacionales del banco central. En enero, el levantamiento armado del EZLN en Chiapas produjo la primera salida fuerte de capitales, en marzo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio produjo la segunda estampida del año, en abril otro movimiento desfavorable habría sido provocado por las declaraciones y renuncia de Manuel Camacho al cargo de comisionado para la paz en Chiapas; entre mayo y agosto la situación se habría estabilizado en forma relativa, aunque con una pérdida neta de reservas ya considerable. Después del 21 de agosto y hasta mediados de septiembre se produjeron, a decir de algunas fuentes, importantes ingresos de capital de corto plazo, lo que permitió reconstituir reservas y disminuyó las presiones en el mercado cambiario.
La muerte de José Francisco Ruiz Massieu dio al traste con el corto período de recuperación de reservas, de nueva cuenta se produjo una fuerte salida de capitales que se prolongó hasta el día de la toma de posesión de Ernesto Zedillo. Para ese momento, cifras aproximadas, el país había perdido alrededor de 10 mil millones de dólares de reservas y el banco central se había visto obligado a emitir Tesobonos por la exorbitante cifra de casi 30 mil millones de dólares buscando amortiguar la fuga de capitales, nacionales y extranjeros.
La llegada del nuevo gobierno no habría representado un cambio en el comportamiento de los inversionistas, todo lo contrario. Las causas, siempre bajo esa visión, habrían estado en la exclusión del funcionario al que los inversionistas nacionales y extranjeros consideraban garantía de continuidad y adecuado manejo de la política económica –Pedro Aspe–, y en el inadecuado discurso y práctica gubernamental respecto del conflicto en Chiapas, que se colocó en el centro de las preocupaciones del nuevo gobierno, con iniciativas fracasadas, como la omisión legislativa de intermediación, y un renovado protagonismo beligerante del subcomandante Marcos.
En diciembre, al continuado deterioro de las reservas se le intentó hacer frente con la ampliación de la banda de flotación, sin contar con reservas suficientes para estabilizar un mercado al borde del pánico. En un día, casi 5 mil millones de dólares salieron en estampida, y la devaluación se precipitó. El corolario fue un nuevo error, la renuncia o despido de Jaime Serra (para el caso da lo mismo), hizo ver a los inversionistas que la capacidad de mando económico del nuevo gobierno era prácticamente nula, que si en los mercados financieros el nerviosismo había degenerado en pánico, en Los Pinos simplemente no sabían que hacer.
Bajo esa óptica, la solución a la crisis está en adoptar medidas políticas que den seguridad a los inversionistas, en otras palabras, el modelo económico es adecuado, lo que se perdió fue la confianza en la estabilidad del país, y en la capacidad del gobierno para mantenerla. Es una crisis de confianza, es una crisis política.
¿Quién tiene razón? En ambas visiones existen elementos ciertos, enfoques recuperables; no por eclecticismo, sino porque así lo impone la realidad, quizá una explicación más sólida deba provenir de recuperar lo que de valioso contienen ambos puntos de vista, y de la incorporación de otros elementos que están ausentes en ellos y que resultan determinantes para entender la raíz y dinámica de la crisis que padecemos.
El primer enfoque privilegia los elementos estructurales de la economía, pero carece de una hipótesis explicativa del movimiento de capitales observado en el curso de 1994. Es, en cierto modo, fatalista y por lo general quienes lo sostienen terminan concluyendo el “fracaso” de la estrategia de apertura externa y privatizaciones que caracteriza el sexenio que recién terminó.
El segundo enfoque pone el acento en las determinantes políticas de las expectativas privadas, carga en otros las culpas propias y desprecia las debilidades estructurales de una economía a la que pretende modernizada, cuando la realidad nos muestra que el sector moderno es un islote en un mar de atraso e incompetencia.
Ambos enfoques, dejan de lado las determinantes externas que la apertura, la firma del TLC, y la nueva inserción de México en los mercados internacionales de capitales, han traído aparejadas. Como apunté en otro artículo para Proceso, una comparación entre el comportamiento de los índices de precios de las bolsas de valores de Nueva York y México durante todo 1994 muestran una notable sincronía. La pregunta es en dónde está la causa y en dónde el efecto, cuál es la línea de causalidad. Si en enero de 1994 la bolsa de México cae, en Nueva York también cayó, ¿el EZLN provocó la baja en México y ésta provocó el desplome en Nueva York? Suena un poco exagerado. Pongamos la hipótesis inversa, la astringencia internacional de fondos prestables, provocada por las medidas de la Reserva Federal norteamericana, conduce a la caída de la bolsa de Nueva York, caen los precios de las acciones de empresas mexicanas en ese mercado; capitales de corto plazo depositados en la bolsa mexicana salen y la caída se sincroniza. El efecto se amplifica en México por la incertidumbre ante el conflicto en Chiapas y los rumores sobre el cambio de candidato presidencial del PRI. La salida de capitales debe ser compensada utilizando la reserva del Banco de México.
Tenemos entonces una posibilidad para desarrollar un tercer enfoque: el modelo salinista reproduce y amplifica el viejo problema estructural representado por el sector externo, las exportaciones crecen, pero las importaciones lo hacen a una tasa considerablemente mayor, el efecto en balanza comercial es un crecimiento exponencial del déficit que puede soportarse en tanto fluyan los capitales del exterior que lo financien. Sólo hay tres fuentes de financiamiento posible: inversión extranjera directa, entradas de capitales de corto plazo, endeudamiento externo.
La primera no fluye a las tasas de crecimiento proyectadas, el esperado efecto TLC no se produce, es necesario optar entre ajustar el déficit comercial a niveles financiables con la inversión extranjera realmente disponible, o acudir a los mercados internacionales de fondos prestables: el endeudamiento creciente no es opción, ni política ni financiera, el shock de 1982 sigue presente en los bancos internacionales, los inversionistas lo verían como signo de debilidad del modelo. Se recurre entonces al mercado abierto, la deuda pública se dolariza a través de los Tesobonos, y estos, al igual que los CETES y otros valores de renta fija denominados en moneda nacional ofrecen rendimientos reales muy superiores a los del mercado norteamericano. El ajuste se posterga y todo pasa a depender del flujo de capitales especulativos de cortísimo plazo.
La fragilidad del esquema es evidente, termina cortado por una tijera cuyas hojas son: el cambio en los flujos internacionales de capital que provoca la demanda norteamericana por fondos, con el fin de disminuir su creciente déficit externo y fiscal –aumento de tasas de interés en Estados Unidos–, y la suma de expectativas con igual resultado. La certidumbre de que el déficit de México en cuenta corriente no es financiable en el corto plazo y la incertidumbre por los acontecimientos políticos. La tijera se cierra en diciembre de 1994 y la crisis estalla.
Si este enfoque es correcto, entonces debemos concluir que la restauración de un clima de certidumbre política –pocas cosas son tan volubles como el clima–, fincado en medidas que alejen la posibilidad de guerra en Chiapas y den cauce a la democratización por la vía del diálogo y el respeto a la legalidad, es condición necesaria, pero no suficiente para superar la crisis económica.
Se requerirá también y de manera prioritaria de una nueva política económica que se haga cargo de la debilidad estructural que nos ha conducido al renovado fracaso. La quimera del mercado autoajustable y autorregulable a lo que nos llevó fue a la reproducción amplificada de las deformaciones de nuestro aparato económico y a la prevalencia de los circuitos especulativos, a una economía dominada por reglas propias de un casino.
Conocer las nuevas condiciones de nuestra nueva inserción en la economía internacional, es requisito para contar con un diagnóstico sólido de la situación por la que atravesamos. Lo que de ahí se desprende no puede ser la resignada aceptación de las desventajas y fragilidades que para nuestra economía supone esa realidad, sino el diseño de las políticas que permitan disminuir el riesgo y aprovechar las potencialidades que se abrieron con las reformas vividas en más de una década. Invertir la relación entre capital productivo y capital rentista; corregir en el mediano plazo la debilidad estructural interna, que condujo a importaciones fuera de toda posibilidad de financiamiento sano y toda racionalidad económica; fortalecer la capacidad exportadora y volver a mirar nuestro mercado interno, son, entre otros, objetivos que deben articular un programa de gobierno para el momento actual.
Una precisión final: no sugiero que la crisis no tenga responsables, mucho menos que las responsabilidades no deban ser exigidas. Lo que sostengo es que la cháchara que nos invade en estos días no debería suplantar el esfuerzo de análisis.
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