HUATULCO.- Un sombrero destartalado y una camisola guinda, luida, en la que todavía puede verse el logo del Club Med, enmarcan el rostro terroso de Julián Lagunes. “Aquí seguimos igual de jodidos que antes”, dice el campesino de 34 años de edad. “Nada hemos ganado con los hoteles ni con los turistas. Allá, ellos tienen todo, pero acá en la comunidad no tenemos ni agua para beber, por Dios”.
Menos de 30 kilómetros separan al desarrollo turístico de Bahías de Huatulco –en el que se han invertido 1,300 millones de nuevos pesos, a precios corrientes– de la comunidad de Bajos del Arenal, donde Lagunes vive con su mujer y sus cuatro hijos en una pocilga de un solo cuarto construida con varas y barro.
No es el suyo un caso aislado. A diez años de iniciado, el ambicioso proyecto turístico de la costa oaxaqueña –ni siquiera ha alcanzado la mitad de sus metas en construcción de cuartos de hotel– no ha significado beneficio alguno para la mayoría de los habitantes de un municipio sumido en la pobreza.
Mientras que en la cuidada zona turística se cuenta con todos los servicios, las comunidades rurales sobreviven sin agua potable, electricidad, caminos, servicios médicos y escolares, transporte, y la calidad de vida de sus integrantes se ha visto afectada por el encarecimiento de productos de primera necesidad provocado por el propio desarrollo y el abatimiento de la producción agrícola.
“Aquí vivimos en dos polos: uno, en el que hay casi todo y otro donde hay casi nada”, dice el presidente municipal José Humberto Cruz Ramos.
Las finanzas del ayuntamiento, dice, están en crisis. “Las aportaciones federales y estatales no alcanzan ni para cubrir la nómina, menos para hacer obras. La situación es grave”.
Se queja de que el apoyo económico que da al municipio el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), fuera de la zona turística, es “mínimo” y pide sensibilidad social de las autoridades federales ante la situación que enfrenta más de la mitad de los 18,000 habitantes.
En diciembre pasado, el ayuntamiento tuvo que recurrir a un embargo precautorio contra Fonatur –por ahora “suspendido”, en espera de una negociación– para exigirle el pago del impuesto predial acumulado, que ascendería a 61 millones de nuevos pesos, correspondiente a la posesión de 21,000 hectáreas expropiadas desde 1984.
Al respecto, el director regional de Fonatur, Miguel Acosta Otero, dice que a juicio de la entidad federal que representa no hay razón para obligarla a pagar el impuesto predial. “Nosotros somos un fideicomiso con objetivos de desarrollo nacional a través de la promoción turística. El municipio nos considera una empresa. Creo que es un error de enfoques”.
Por lo demás, reconoce que el municipio tiene “necesidades ingentes”, pero asegura que en la medida de sus posibilidades Fonatur colabora para mitigarlas a través de diversos apoyos.
EL PARAISO Y EL INFIERNO
El proyecto turístico de Bahías de Huatulco se inició en 1984, cuando fueron expropiadas 21,000 hectáreas de terrenos costeros que abarcan nueve bahías, con 26 playas de arenas doradas, bañadas por aguas tibias y mansas de intensos verdes y azules. En su primera etapa, apoyada por un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el desarrollo comprendió la urbanización de las bahías de Santa Cruz y Tangolunda, así como la construcción de un nuevo poblado, La Crucecita, donde actualmente viven unas 5,000 personas.
A la fecha hay en la zona 18 hoteles, cuatro de ellos de categoría cinco estrellas. Sin embargo, de los 4,000 cuartos que según el plan debieran estar ya construidos, apenas se cuenta con 1,791.
La zona turística está dotada con infraestructura de primera calidad: amplias vialidades, áreas verdes, agua potable, alumbrado público, teléfonos. Se han construido zonas comerciales, un campo de golf, marinas y embarcaderos, así como tres fraccionamientos residenciales con más de 400 lotes, aunque menos de una decena de ellos han sido vendidos.
Según el director regional de Fonatur, entidad dependiente de la Secretaría de Turismo, el desarrollo ha generado la creación de 1,500 empleos directos relacionados con la actividad turística, además de unos 4,200 empleos indirectos.
“Este es el único desarrollo turístico del país donde todos los servicios públicos son costeados por Fonatur”, dice Acosta Otero.
Fuera del área urbanizada, sin embargo, la situación es totalmente distinta: un entorno de miseria y marginación.
El munícipe Cruz Ramos, entrevistado en el palacio municipal de Santa María Huatulco, a 30 kilómetros de la zona turística, hace un balance:
“Si hablamos de la población total del municipio, podemos calcular que del 100% se ha visto beneficiado sólo 10%. Viéndolo fríamente no ha resultado como debe ser. No estamos en contra del desarrollo turístico ni de Fonatur. Al contrario, pensamos que Huatulco se debe consolidar. Ha creado muchas expectativas. La gente está esperanzada. Pero lo cierto es que 90% ahorita no ha sido beneficiado. Y a las comunidades campesinas les ha afectado, están peor.”
Considera una paradoja el que, en el resto del país y en el propio estado de Oaxaca, se considere a Huatulco un municipio rico y privilegiado. “Se habla mucho de la pobreza de algunos municipios de la Mixteca. La verdad es que aquí en Huatulco también tenemos gente muy jodida, igual o más jodida que en la propia Mixteca”.
Su dicho se constata en comunidades como Coyula, Bajos del Arenal, Los Limones, El Faisán, Piedra de Moros, Alemania y muchas más, dentro y fuera de la zona expropiada.
“Acá lo que más tenemos es hambre”, dice en El Faisán, Gregorio García Hernández. “No tenemos más que frijoles y tortillas para comer. No hay agua. No hay luz. Los niños se enferman”.
EMBARGO “SUSPENDIDO”
Ante tales necesidades, el ayuntamiento se declara impotente.
Jorge Sánchez Cruz, regidor de Hacienda, analiza las cuentas municipales:
La pura nómina implica una erogación de unos 170,000 nuevos pesos mensuales. El municipio recibe alrededor de 100,000 nuevos pesos al mes por concepto de participaciones federales y estatales. Esto significa un déficit mensual de unos 70,000 nuevos pesos, sólo para cubrir la nómina.
“Fuera de las participaciones, el único ingreso importante del municipio es por concepto de impuesto predial. En 1994, facturamos unos dos millones de nuevos pesos por ese impuesto. Con eso apenas completamos para los gastos administrativos, de seguridad pública, combustibles, equipamiento. No hay dinero para obras. ¿De dónde vamos a sacar?.”
Para colmo, en aras del desarrollo turístico, en 1992 hubo una reforma a la legislación estatal para darle incentivos a la inversión privada en Huatulco. El impuesto predial se redujo así de una tasa del 0.8% sobre el avalúo catastral de la propiedad al 0.5%. La captación a nivel municipal del impuesto predial, que es la principal fuente de ingresos municipales, bajó en un 45%.
También se redujo el impuesto por traslación de dominio. Se pagaba al municipio el 10% del monto de la operación. A partir de 1993 bajó al 2%.
“Entiendo que esas medidas son buenas para atraer al inversionista, pero aquí le pegaron directamente a las arcas municipales”, se queja el alcalde Cruz Ramos. “Pienso que se debió buscar la forma de compensar al municipio, tal vez no con dinero, pero sí con obras”.
Y considera injusto que Fonatur no pague al municipio cantidad alguna por concepto de impuesto predial.
“Según la ley de Catastro del Estado, ellos son sujetos de ese impuesto desde el momento en que están en posesión de un bien inmueble, como son las 21,000 hectáreas expropiadas”, dice.
Poco después de iniciada su gestión, a principios de 1993, el actual ayuntamiento intentó una negociación con la dirección regional de Fonatur para lograr un acuerdo “que satisficiera a ambos”. Dos años después no se ha dado ninguna respuesta positiva. Según el “cálculo final” presentado por el ayuntamiento a Fonatur, el adeudo de éste por impuesto predial asciende a 61 millones de nuevos pesos.
“Observamos que el director regional era muy accesible en las platicas, en la mesa, pero ya en los hechos se actuaba en sentido contrario, en oposición a un acuerdo. Y al ver nosotros que había no había buena fe, no había honestidad en ese diálogo, valoramos muy bien la situación y al final el cabildo tomó la decisión de recurrir al embargo para presionar a Fonatur, tal vez a nivel de la dirección general.”
Así, a través de la Dirección de Hacienda municipal se ejecutó el embargo precautorio el 14 de diciembre pasado. Inicialmente se intentó embargar el campo de golf y el almacén general de Fonatur, pero la entidad federal “puso al frente” el sistema de agua potable del desarrollo turístico.
Esa misma tarde, el alcalde tuvo una conversación telefónica con la subdirección general de Fonatur México. “Llegamos al acuerdo de que a través de ellos empezaríamos a dialogar este mismo mes para darle una solución definitiva al asunto. Yo me comprometí a suspender el embargo. Así quedó, suspendido, desde el día siguiente. No se eliminó, está en suspenso ahorita”.
Fonatur, sin embargo, no parece haber cambiado de posición. El director regional Acosta Otero insiste en que “no somos sujetos del impuesto predial” por tratarse de un fideicomiso, aunque está de acuerdo en buscar nuevas fórmulas de colaboración con el municipio.
“Hay que considerar que nosotros sufragamos todos los gastos asociados a los servicios municipales en el desarrollo turístico”, dice. Y enumera: recolección de basura, jardinería, alumbrado público, agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua, combate a la fauna nociva, bacheo.
En 1994, explica, Fonatur erogó por esos conceptos unos 25 millones de nuevos pesos. En ocho años, ha gastado 135 millones, a precios actuales. “Si pagáramos el predial, como lo pide el municipio, serían unos 12 millones de nuevos pesos al año”.
–¿No incumbe a Fonatur la situación del resto del municipio, fuera de la zona turística?
–Claro que nos concierne. El objetivo final de un desarrollo como este es la elevación de la calidad de vida en la región. Por eso colaboramos en el proyecto para llevar agua potable a 35 comunidades, a través de Sedesol, con un costo de ocho millones de nuevos pesos. También se han hecho donaciones de terreno al gobierno del estado para vivienda de interés social. En 1994 hicimos aportaciones al municipio por 2.4 millones de nuevos pesos, tanto por concepto del cobro del agua potable como por apoyos al pago de la nómina municipal y ayudas en escuelas y servicios comunitarios. Y la creación de empleos repercute directamente en la comunidad.
A pesar del rezago en la construcción de cuartos de hotel –a la fecha, menos de la mitad de los previstos– y en general de la inversión privada –al 60% de lo previsto– Acosta Otero califica como “exitoso” el proyecto de Bahías de Huatulco. Menciona un dato: “con una inversión de 1,300 millones de nuevos pesos, hemos jalado una inversión privada de 700 millones”. Por lo demás, dice, hay infraestructura suficiente para muchos años. “El actual sistema de agua potable, por ejemplo, es suficiente para un centro turístico con 4,000 cuartos y de 60,000 a 70,000 habitantes”.
El sector privado de Huatulco, por su parte, considera que el proyecto turístico se ha llevado bien y se cuenta con un desarrollo de primera.
“Lo que ha fallado es el aspecto social”, precisa Genaro Gómez, nuevo presidente de la Canaco local, que agrupa a unos 700 comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios. “Vemos bien que el gobierno del estado tome las riendas del proyecto social y haga esfuerzos, como en materia de vivienda los ha hecho, a pesar de sus limitaciones. Esperamos que también Fonatur le entre al problema social, como estamos dispuestos a entrarle los empresarios”.
En cuanto al desarrollo turístico, dice que se requieren otros dos hoteles, cuando menos, para que la afluencia turística tenga su punto de equilibrio. Y critica a Fonatur por haber perdido la línea: “dejó de ser promotor y se volvió especulador”.
Menciona que en los fraccionamientos residenciales, como el de Conejo, hay 400 lotes perfectamente urbanizados, con todos los servicios, que están baldíos. “No se venden, por su alto precio y porque no se promocionan. Es necesario que Fonatur vuelva a su papel de promotor”.
Sobre el conflicto entre el ayuntamiento y Fonatur por el pago del impuesto predial, dice que los comerciantes dan la razón al municipio. “Tiene derecho a cobrar, es justo: ese dinero puede ser utilizado para atacar los problemas sociales, que son muy graves”.
