Los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el Senado de la República deberá elegir en un plazo de 30 días, “tendrán en sus manos el enorme reto de hacer valer el principio constitucional de la autonomía de poderes, resistiéndose a no caer en la tentación de convertirse en bufones del Ejecutivo”, dice Mariano Azuela.
El miércoles 18 el presidente Ernesto Zedillo envió al Senado una lista de 18 candidatos a ministros, siete de los cuales serán descartados por la Cámara de Senadores. En esa lista sólo se encuentran tres de los 26 ministros jubilados el 1º de enero: Azuela, Juan Díaz Romero y Carlos Sempe Mirvielle.
El jueves 19 Azuela compareció ante el pleno del Senado, donde el PRD lo llamó “marioneta”.
En entrevista con el reportero, Azuela se defiende: “Si un Rey invita a una persona a ser su bufón, ésta podrá o no aceptar, pero si lo están invitando a ser bufón, debe cumplir con esa función. Pero si un Presidente de la República invita a alguien a ser ministro de la Corte, que es un cargo que constitucionalmente debe ser independiente y autónomo, yo no veo cómo pueda transformase en un bufón, en un ser incondicional de quien lo está invitando a fomar parte del organismo”.
Explica que el Poder Judicial solamente ha perdido su autonomía cuando han llegado ministros con características de sumisión o dependencia.
Y agrega: “El problema de la depen-dencia y sumisión de los ministros no se debe a un sistema de elección controlado por el Presidente de la República, sino a la proclivilidad subjetiva de las personas a adoptar esas actitudes. Si alguien es sumiso o dependiente, pues es por problemas personales y significará que efectivamente no se hizo la mejor designación.
“Ahora bien, para un Presidente de la República que entienda bien lo que es su responsabilidad, debería estar claro que por bien de él es mejor contar con un Poder Judicial autónomo e independiente, porque sólo así se llegan a prestigiar sus actos como mandatario. Y si a lo que aspira es a tener una Corte dependiente y sumisa, pues ya no se está entendiendo lo que es la función de un Presidente, que es gobernar para el bien del pueblo.”
Ministro de la Corte desde 1983, Azuela hace una crítica al estatus “autoritario” que habían implantado en la Corte sus anteriores presidentes. Sin esconder su interés por ocupar ese puesto de la SCJN, se atreve a desafiar el reto:
“Yo estimo que, conforme las nuevas características de la ley, el gran reto para quien llegue a ocupar la presidencia será precisamente `despresidencializar’ la Corte. El Presidente debe ser par entre pares, actuar como coordinador y no superior de los trabajos del pleno de ministros. La anterior estructura permitía autoritarismos, que condujeron al desprestigio de la Corte.
“En el Poder Judicial debe haber medidas congruentes con la situación actual, porque en México no creemos ya en las palabras. Medidas tan sensibles como establecer que el presidente de la Corte gane exactamente lo mismo que los demás ministros. O que, por ejemplo, ya no salga escoltado por patrullas en un ostentoso automóvil. Eso debe borrarse.”
Ya encarrerado, señala que otro de los retos de la nueva Corte, y a su juicio “el más dificil”, será llevar la “verdad” a la opinión pública:
“En síntesis, recuperar credibilidad. Habría que buscar, por ejemplo, que se publique mensualmente el despacho de los asuntos, cuántos ingresan, cuál fue su desarrollo, etcétera. Se debe idear un sistema de trabajo en el que los ministros se subordinen al volumen de trabajo y no al revés. Entonces la gente no sólo va a creer sino hasta se va a convencer. Es un reto impresionante, no fácil de cumplir.”
También considera que la Suprema Corte debe abrirse a la opinión de la población escuchando sus demandas y no sentirse “los supremos”. “Los ministros debemos bajarnos a escuchar a todo tipo de gente, a orientarlos en la resolución de sus problemas”.
Dice que el Consejo de la Judicatura, órgano que se encargará de las cuestiones administrativas de la Corte, deberá crear un sistema de operación con características mexicanas. “No caer en actitudes malinchistas de querer reproducir lo que se da en otros países”.
Insiste:
“La autonomía se reflejará cuando los once integrantes del pleno, que van a decidir el destino de una ley, se preocupen por hacer un análisis jurídico serio y se olviden o prescindan por completo del prejuicio de cómo le va a caer al Presidente su actuación. Cuando ya se empieza a pensar que se va a dañar a alguien, en ese momento es cuando se comienza a perder la autonomía. Por eso la clave estará en saber elegir a los miembros de la nueva Corte.”
Los 18 propuestos por el presidente Zedillo son:
José Vicente Aguinaco Alemán; Sergio Salvador Aguirre Anguiano; María del Carmen Aurora Arroyo Moreno; Mariano Azuela; Juventino Víctor Castro Castro; Juan Díaz Romero; J. Refugio Gallegos Baeza; Jorge García Ramírez; Genaro David Góngora Pimentel; José de Jesús Gudiño Pelayo; Guillermo Guzmán Orozco; Raúl Medina Mora y Martín del Campo; Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia; Humberto Román Palacios; Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila; Carlos Sempé Minivielle; Juan Nepomuceno Silva Meza y María Laura Huguette y Gaismán.
Todos, elegidos, según el Ejecutivo, a través de una amplia consulta de la que resultó haber optado por los más “idóneos”.
“Cabe destacar que, a juicio del Ejecutivo a mi cargo, todos los candidatos contemplados en la presente propuesta se han distinguido en las diversas ramas del quehacer jurídico. Entre ellos se encuentran funcionarios de carrera en el ejercicio de la función jurisdiccional, así como servidores públicos con experiencia, y su ejercicio profesional permite garantizar la capacidad, probidad e independencia necesarias para el desempeño de dicho cargo”, resumió Zedillo en el documento enviado al Senado.
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