Sin contenido definido, a 50 días del nuevo gobierno, se anunció, “ahora sí”, la reforma electoral definitiva. Como en gobiernos anteriores. Tan lejanas, como la de Manuel Avila Camacho (Ley Federal Electoral de 1946), o tan cercanas, como la del salinato en 1989, que resultó tan imperfecta que requirió, como ninguna otra, de enmiendas de fondo o parciales en seis ocasiones más.
La actual, prometida bajo firma del 17 de enero, y con el título genérico de Acuerdo Político Nacional, por lo pronto, nace con rezagos. Al menos en el papel.
La nueva promesa sexenal de elecciones confiables se queda rezagada de los compromisos “de Barcelona” –en referencia a la calle donde la Secretaría de Gobernación tiene oficinas que han sido utilizadas para negociaciones políticas– firmados por los dirigentes nacionales y candidatos presidenciales de ocho de los nueve partidos que contendieron en los comisios de 1994, el 29 de enero de ese año.
El de ahora, que llevó por segunda ocasión en menos de una semana a los reticentes dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a Los Pinos, plantea “avanzar hacia la reforma electoral definitiva”, pero no dice cómo.
Se compromete “a impulsar la reforma política del Distrito Federal”, pero tampoco adelanta cómo.
Se detiene en obviedades como la del compromiso de “conducirse con apego a la ley y que la ley se acate y se aplique”.
Habla, en ese mismo tono, de “asegurar legalidad, equidad y transparencia de los próximos procesos electorales”, y acuerda, sin explicar, detallar o decir cómo, la resolución inmediata de los conflictos poselectorales.
En cambio, en el documento del 27 de enero de 1994, signado de manera destacada por Luis Donaldo Colosio, Diego Fernández de Cevallos, Cuauhtémoc Cárdenas y los dirigentes de sus partidos incluye compromisos similares a los anteriores –excepto el de resolver los conflictos poseslectorales–, pero con la diferencia de que concretaba agenda y pendientes.
Decía cómo llegar a tener autoridades imparciales y autónomas, cómo garantizar el acceso partidista y ciudadano a las bases de datos e imágenes con las que se elaboró el padrón electoral, y detallaba cómo garantizar equidad en los medios de comunicación. Ni más ni menos, los tres puntos cuestionados elección tras elección por los partidos de oposición.
Ahora, el acuerdo no dio para precisiones. Apremiado por la crisis económica, urgido de fortaleza política, el gobierno de Zedillo no escatimó tiempo ni oratoria para acercarse a la única fuerza con la que no había diálogo público: el PRD.
Y lo logró. Sucesivamente se entrevistó con legisladores, asambleístas y la dirigencia nacional de ese partido. Los convenció de ir a Los Pinos, y aún sin la asistencia de su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas, el hecho alcanzó rango de histórico.
“Asesores del Presidente” aceptaron, en entrevistas con The New York Times, que la crisis económica “había forzado la mano del gobierno para aceptar y acelerar el nuevo acuerdo”.
El Acuerdo Político Nacional estaba, pues, al alcance de la mano. La promesa de democratización del país, el anzuelo.
Lo cierto es que en casi 50 años de reformas políticas, hasta enero de 1995, el gobierno no ha cedido el control de los órganos electorales.
Así ha ocurrido con la Ley Federal Electoral de Avila Camacho en 1946; con la de Miguel Alemán en 1951; con Adolfo Ruiz Cortines, quien en 1954 decretó reformas a 28 artículos de la ley alemanista; con Adolfo López Mateos, quien introdujo en 1963 su Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Federal Electoral; con Gustavo Díaz Ordaz, quien a su vez, en 1970, reformó 14 artículos de la misma ley; con Luis Echeverría, mandatario que encauzó su reforma política en otra Ley Federal Electoral, en 1973; con José López Portillo, quien expidió la publicitada Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE) que no aguantó ni 10 años y que su sucesor, Miguel de la Madrid, redujo a Código Federal Electoral, para que 3 años más tarde, el sucesor del sucesor, Carlos Salinas de Gortari, la convirtiera en el parchado pero aún vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que no logró desvanecer del diccionario político mexicano las palabras fraude y conflicto poselectoral.
Ahora, Ernesto Zedilo dijo: “Los compromisos firmados marcan el inicio de un acuerdo al que llegaremos sólo a través del pleno consenso”.
Y remarcó: “México da el primer paso hacia la construcción de una democracia plena, sin tacha. Ahora y aquí una éra histórica termina y otra comienza. En nuestras manos está que las generaciones futuras recuerden la firma de estos compromisos para un acuerdo político nacional como el simiento de la nueva democracia mexicana”.
Hoy, Carlos Castillo Peraza interlocutor opositor único del gobierno saliente, cabeza del PAN que en 1989 aprobó la reforma política de Salinas de Gortari, se compromete en el acuerdo, esperando que no haya “doble lenguaje en ninguna de las partes ni la amenaza ni el chantaje”.
Lo hace “sin hechar las campanas a vuelo”, porque, asegura, “hemos visto otros vientos y tempestades”. Lo resume como Zedillo: “Un paso”.
En 1989, Abel Viencio Tovar, entonces coordinador parlamentaria del PAN, lo puso así: Acción Nacional quiere creer “que el gobierno de Carlos Salinas va a actuar de buena fe”. Luis H. Alvarez, su presidente nacional entonces, la calificó como “apenas un escalón” (Proceso 677).
El PRD, participante de las negociaciones de 1989 y 1993 –en las primeras casi hasta el final, en las segundas no tanto–, decidió firmar la promesa zedillista.
Cuauhtémoc Cárdenas lo hizo en enero de 1994. Pocas veces se le oyó y vio tan efusivo, al grado de declarar en plena campaña por Baja California: “Más cerca que nunca la garantía de una elección limpia”, aunque después del asesinato de Luis Donaldo Colosio dijo que aquello no pasaría del papel.
Y así ocurriría con casi todos los compromisos del Pacto de Barcelona.
Hoy, Porfirio Muñoz Ledo resume: “Los compromisos contraídos señalan puntos de partida, que no de llegada”, y advierte que “corromper ese compromiso por el engaño tendría un costo impagable para la nación”.
Dos días después de la firma declaraba, a propósito de la violencia en Tabasco, que el Acuerdo Político era “poco viable” si no se reparaba el daño en esa entidad.
De acuerdo con Castillo Peraza y Muñoz Ledo, los próximos días habrán de instalarse las mesas de negociación, Tabasco y Chiapas mediante.
Todo, en veremos.
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