Con sus notas, recibos y comprobantes con sus propias cifras, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoce que la iniquidad habida en las elecciones federales de 1994: gastó 78% de las erogaciones totales reportadas al Instituto Federal Electoal (IFE) por los nueve partidos políticos contendentes.
Esto es, de los 414 millones 778,751 nuevos pesos invertidos en conjunto, 324 millones 681,340 nuevos pesos correspondieron a gastos del partido en el gobierno. El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sus dos contendientes principales, gastaron, en contraste, el 10.38% y 4.58%, respectivamente, de acuerdo con informes proporcionados por los propios partidos al Instituto Federal Electoral, recopilados por el reportero.
Así, con el 78% de inversión total, el PRI obtuvo 49% de los votos; con el 10.34% del gasto, el PAN logró 27%, y con el 4.58% el PRD alcanzó 17% de los sufragios emitidos el 21 de agosto.
El candidato presidencial del PRI, Ernesto Zedillo, erogó en su campaña 71.4% de lo gastado por los nuebe aspirantes a la Presidencia de la República.
Los 128 millones 3,812 nuevos pesos invertidos en su campaña por el sucesor de Carlos Salinas de Gortari corresponden, a su vez, a 31% del gran total y prácticamente a lo mismo que erogaron los 2,700 candidatos a diputados federales en contienda por todo el país.
Por su lado, el candidato del PAN, Diego Fernández de Cevallos, invirtió 31 millones 968,728 nuevos pesos, correspondientes a 17.8%, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 10 millones 857,300 nuevos pesos, igual a 6.05%.
La iniquidad en el monto de los recursos económicos empleados por el Revolucionario Institucional en la polémica elección de agosto de 1994, crece proporcionalmente en lo que se refiere a las campañas de senadores.
En ese apartado, el PRI gastó 87.72% por ciento de los 91 millones 561,116 nuevos pesos empleados por los nueve institutos políticos, esto es, 80 millones 317,701.
En tanto, para las campañas de diputados federales, el PRI utilizó 104 millones 334,147 nuevos pesos, equivalentes a 81.24% de los 128 millones 430,464 nuevos pesos invertidos por todos los contendientes.
Y para las campañas de asambleístas del Distrito Federal, erogó 12 millones 25,680 nuevos pesos, 77.73% de los 15 millones 471,743 nuevos pesos gastados por los nueve partidos en este nivel.
En su momento, los candidatos a senadores del PRI en el Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Puebla gastaron más de 90% de los recursos erogados por todos los aspirantes en cada una de esas demrcaciones, mientras en otras 17 entidades los candidatos del tricolor gastaron más de 80%.
EN EL DF, PAREJA GASTALONA
Se dio el caso, en esta capital, que los ahora legisladores Fernando Solana Morales y María de los Angeles Moreno gastaron 97.63% del total, que les redituó, sin embargo, el porcentaje más bajo de votos de entre todos los aspirantes priístas al Senado: 42.94%.
La pareja Solana y Moreno gastó 18 millones 190,867 nuevos pesos. Sus contendientes del PAN, José Angel Conchello y Diego Zavala, sólo invirtieron 124,240 nuevos pesos, y los del PRD, Bernardo Bátiz y Pablo Gómez, 17,500 nuevos pesos-
Entre Solana y Moreno gastaron aproximadamente 58% de lo que invirtió Fernández de Cevallos y casi 200% de lo que erogó Cárdenas Solórzano en sus respectivas campañas en todo el país.
El candidato a senador del PRI que más gastó fue Eugenio Ruiz Orozco, ahora candidato de ese partido a gobernador de Jalisco. Invirtió tres millones 616,412 nuevos pesos y apenas si ganó por tres puntos porcentuales a su oponente del PAN, Gabriel Jiménez Remus, quien sólo gastó 139,185 nuevos pesos y 15 que superaron el millón.
En el caso de la elección de diputados federales, 15 candidatos del PRI gastaron al menos 90% del total que invirtieron en su distrito los diferentes aspirantes; otros 139 contendientes superaron el 80% y 100 más, el 70%.
Entre ellos, el diputado “más caro”, el que más invirtió en su campaña, fue el priísta José García García. Utilizó un millón 1,741 nuevos pesos, esto es, 94.78% de lo que gastaron todos los aspirantes de su distrito, el primero de Querétaro. Ganó con 51.30% de los votos.
Por su parte, los candidatos a senador panistas que más invirtieron en su campaña fueron los de Chihuahua, Luis H. Alvarez y Alberto Torres Pérez, quienes erogaron 807,591 nuevos pesos cada uno. En caso inédito, Luis H. Alvarez gastó 6,000 nuevos pesos más que su oponente del PRI, Martha Lara Alatorre y perdió.
Entre los aspirantes a diputado de Acción Nacional, el que más gastó fue el del cuarto distrito de Baja California, Gastón Loustaunau Andrade y perdió. Sus erogaciones ascendieron a 181,273 nuevos pesos, aproximadamente dos terceras partes que su contrincante del PRI.
Por lo que toca al PRD, el aspirante a senador que más gastó fue Pablo Gómez, y también perdió. Erogó 92,000 nuevos pesos, correspondientes a 0.93% del total gastado entre todos los candidatos.
Mientras, los candidatos a diputados perredistas que más invirtieron en su campaña fueron los de los distritos 2 y 13 de Michoacán. El primero gastó 42,000 nuevos pesos y el segundo 46,000. Este último triunfó sobre el candidato del PRI, que había erogado 592,073 nuevos pesos.
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Cada partido, en cumplimiento con lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), entregó al IFE un informe de financiamiento y gastos de campaña efectuados para las campañas de 1994, que analizan los seis consejeros ciudadanos y el director ejectuvo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Juan Molinar Horcasitas, en calidad de secretario técnico.
Este grupo de trabajo, deberá emitir un dictamen al respecto, a mediados de febrero.
Por lo pronto, ya venció el plazo de los partidos para responder a las aclaraciones de documentación solicitadas por los consejeros del IFE y actualmente está en curso el período de comprobación de las erogaciones, que podría arrojar más luz sobre aspectos del financiamiento partidista y algunos gastos en particular.
Por ejemplo, consejeros ciudadanos han solicitado al PRI que explique a satisfacción el origen de aproximadamente 2,000 millones de nuevos pesos, que reporta oficialmente como productos financieros.
Asimismo, por lo que respecta a gastos en prensa, radio y televisión, los consejeros, además de cotejar los egresos reportados por cada partido en ese concepto, podrían hacerlo también con los monitoreos de campaña que se realizaron, para corroborar si el PRI o cualquier otro partido incorporó a sus datos todos los espacios utilizados en los medios de información.
En este renglón, el PRI reporta que gastó 84 millones 455,918 nuevos pesos
COLADERA PARA EL DISPENDIO
Las cantidades y porcentajes que en esta nota se presentan se tomaron de los informes partidistas enviados al IFE. A dos consejeros ciudadanos, Proceso solicitó sus comentarios.
“Las cifras que se van conociendo, que no son definitivas, confirman lo que hemos dicho sobre la iniquidad y la injusticia electoral. Con su publicación, las críticas que se hicieron al respecto van a quedar validadas”, asume el consejero ciudadano Agustín Ortiz Pinchetti, quien sin embargo interroga:
“¿Esas cifras reflejan realmente lo que gastó cada partido? No lo creo; son muy limitadas. Son los reportes oficiales de los partidos, a los que no se les puede aplicar auditoría, porque no están obligados a llevar una contabilidad en forma.
“¿Dónde queda, por ejemplo, el valor de los espacios concedidos en prensa, radio y televisión?”, cuestiona el abogado de profesión.
“Simplemente, por ejemplo, podría hacerse un monitoreo y veríamos con verdadero sobresalto las discrepancias que hay entre los gastos reportados y lo que verdaderamente tuvieron como costo para los partidos los mensajes transmitidos por los medios de información.”
El consejero acusa: “Las elecciones son un negocio inmenso, por lo menos eso me consta luego de estar como observador, antes, durante y después, en once procesos electorales; ahí me di cuenta de la magnitud del negocio que es, no sólo para los dueños de los medios o los informadores, sino por lo que se gasta en propaganda masiva, ya sea en espectaculares, en carreteras, en pintas que inundan las paredes de todo el país.
“¿De dónde vienen, de dónde salen las flotillas de vehículos, de helicópteros, de camiones? ¿De dónde? Cómo es que no le podemos decir al pueblo de México todavía: ‘Señores, el origen de este gasto proviene de los 25 hombres más importantes económicamente del país, o de Juan o de Pedro’. Por qué no podemos decirlo”, comentó alterado.
A su vez, el consejero ciudadano Santiago Creel Miranda considera que “la publicidad de estas cifras podría llevar a un juicio moral sobre los resultados de la elección. En el momento en que el asunto se haga público y se revele toda la documentación, los analistas, haciendo los cruces debidos con cada una de las informaciones de que dispongan, van a poder sacar conclusiones.
“Yo creo que estas elecciones estuvieron siempre cuestionadas en su equidad, no sólo en materia de gastos y financiamiento de campaña, sino en medios electrónicos, particularmente la televisión, y no sólo en cuanto a tiempos de cobertura, sino de calidad de la información, que en cuanto a noticiarios matutinos y nocturnos no fue veraz ni objetiva ni oportuna.”
Respecto de la documentación que analizan, Creel sostiene: “Operamos con base en la buena fe de los partidos. Es prácticamente imposible hacer una buena auditoría, o qué se audita si no hay ese registro específico de partidas contables; entramos así a un universo muy inasible, a una mar en el que fácilmente podemos perdernos”.
Comenta: “La propia legislación establece una serie de disposiciones que nada facilitan llevar a cabo esta revisión. Por ejemplo, en materia de aportaciones en especie, no en económico, no existe límite. Entonces, a los candidatos les pueden prestar aviones, camiones, comida, hoteles y un sinfín de gastos que no son computables”.
Hace una comparación: “En Estados Unidos, la persona física puede donar 600 veces menos de lo que un individuo puede aportar en México”.
En consecuencia, concluye, “vemos que, por todos lados, la legislación tiene muchos agujeros. Esto es, si yo pudiera dar una imagen de las reglas en materia de gastos y financiamiento, yo vería una coladera. Una coladera con los agujeros muy anchos, en los que fácilmente puede fluir cualquier cantidad de dinero por las vías que acabo de mencionar y que difícilmente se pueden revisar”.
LIBRO BLANCO
Pero José Agustín Pinchetti va más allá del asunto del financiamiento y los gastos de los partidos. “Yo estaría por la elaboración de un libro blanco en el que rindiéramos un informe a la nación del costo de la campaña de 1994, no sólo por lo que toca a los egresos partidistas sino del IFE en su conjunto.
“Sería muy sano poder decirle a los mexicanos cuál fue el peso económico que soportó la nación para que se celebraran los comicios de 1994. Hasta ahora sabemos que el costo fue muy elevado, más que en otros países, con procesos complejísimos.”
El consejero dice que hay varias estimaciones. La menor habla de 1,000 millones de dólares, otras de hasta 3,000 millones. Se declara incómodo al no poer rendirle cuentas al pueblo de México; “me siento así cuando he afirmado que las elecciones fueron válidas pero profundamente injustas, porque ¿cómo es posible que toda esta enorme energía social, administrativa y de peso económico hayan significado un futuro francamente tan mediocre?
“Me indigna que no pueda hacerse una investigación profunda de todos los elementos, me indigna que los gastos totales que se esbozan sean tan altos y preocupantes, sobre todo cuando estamos tan necesitados de recursos.”
Para Ortiz Pinchetti “las cantidades faraónicas” gastadas en los comicios “van a aumentar la indignación de muchos sectores respecto de cómo se orientó el gasto en le época de Salinas de Gortari; va a aumentar la inquietud popular respecto de la falta de control efectivo de las finanzas públicas y la credibilidad de la Contraloría. Va, en concreto, a deslegitimar todavía más al régimen anterior que fue el que administró esos comicios”.
Y apunta: “Si las erogaciones del IFE hubieran llebado a la construcción de una democracia, serían relativamente moderadas y hasta las estuviéramos viendo con simpatía, pero estamos lejos de eso, las elecciones pudieron ser válidas pero no justas”.
Santiago Creel es de los que estima que el costo de las elecciones federales de 1994 fue superior a 3,000 millones de dólares. Recuerda que sólo el proceso de fotocredencialización significó 750 millones de dólares.
“En un país con 40 millones de mexicanos definidos como pobres, no podemos darnos el lujo de gastar cantidades de tal magnitud, pero también hay que tomar en cuenta que si la actual crisis económica es resultado de decisiones político-electorales, habría que engrosar el costo de esa mala decisión.”
Para Creel Miranda “estamos desbordados en materia de gastos y financiamientos”.
El también abogado y catedrático del ITAM propuso no cerrar el expediente de la elección de 1994 “y la misma historia electoral del país, para arribar, ahora sí, a una definitiva reforma comicial”.
Considera que habría muchos debates por darse respecto de la elección federal pasada. “Ese proceso require de un amplio juicio en los diferentes segmentos de que se compuso”.
Pero puntualiza que ese análisis “tendría que darse como un ejercicio de lo que no debe ocurrir; esto es, a partir de las crudas realidades ver hacia el futuro”, y en este momento “aprovechar” el acuerdo político nacional suscrito el martes 17 de enero por los tres principales partidos políticos y el presidente Ernesto Zedillo..
