–¿Cuáles serán los sacrificios que tendrán que hacer los defeños?–, preguntó el asambleísta del Partido de la Revolución Democrática, Eduardo Morales.
La pregunta se quedó sin respuesta.
Por la mecánica fijada en la mesa de trabajo, el secretario de Desarrollo Económico del Departamento del Distrito Federal, Héctor Flores Santana, ya no estaba obligado a responder. Y, apegándose a ese derecho, así lo hizo.
Ni frente a los reporteros que lo acosaron el martes 17 en el recinto de Donceles, después de su comparecencia ante las comisiones de Abasto y Distribución de Alimentos, Fomento Económico y Presupuesto y Cuenta Pública y de Población y Desarrollo de la Asamblea Legislativa, quiso responder la pregunta.
Flores Santana dio a conocer las líneas generales de acción que pretende llevar a cabo el gobierno de la ciudad para reactivar la economía, fomentar el empleo y elevar la calidad de vida de la población.
Pero Eduardo Morales piensa que la estrategia puede fallar, pues las autoridades basan el éxito de su modelo económico y social en la respuesta del sector privado, justo cuando prevalece en los empresarios la desconfianza y el temor, a la luz de la actual crisis financiera.
“No hay ninguna garantía de que la calidad de vida de los capitalinos mejore y sí, por el contrario, que empeore, porque el costo de vivir en la ciudad será más caro”, dijo Morales.
Parte importante de la estrategia económica del DDF descansa en:
Concesionar más servicios públicos y privatizar otros; desregular la administración; actualizar leyes y reglamentos; otorgar mayores incentivos fiscales a empresas; fortalecer a la micro, pequeña y mediana industrias; fomentar la organización social; promover exportaciones, turismo y comercio; ofrecer suelo para la instalación de industrias no contaminantes; modernizar la infraestructura urbana y el transporte, y dar facilidades para la construcción de entre 10 y 15 megaproyectos.
Explicó Flores Santana: “Tenemos que ser lo suficientemente capaces para promover la inversión privada, nacional o extranjera, en proyectos viables, rentables, que nos permitan desahogar muchos de los problemas que tenemos, y ofrecer alternativas suficientes a la luz de las necesidades que el mercado está demandando.
“Estamos con la disposición y con la apertura para trabajar de la mano de la Asamblea, de los empresarios y de los banqueros, porque tenemos que armarla en grande. Lo más fácil sería no hacer nada.”
El funcionario habló de alentar a la microempresa, de construir un Centro de Convenciones y varios centros de distribución de abasto; de volver los ojos a la industria manufacturera; de modernizar los mercados públicos; de hacer eficientes los servicios y de, en suma, abrir un abanico de instrumentos que permitan establecer una política de desarrollo y fomento económico que incida en las variables de producción, empleo, inversión y productividad, con el auxilio de la banca de segundo piso.
Días antes, en una reunión con miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el regente Oscar Espinosa Villarreal había mencionado que la operación de las plantas de tratamiento de aguas negras y los estacionamientos formarían parte del paquete que el DDF ofrecerá a la iniciativa privada en concesión.
A solicitud de la administración anterior, la firma Consultores Internacionales, S.C., diseñó un esquema de fomento económico para el Distrito Federal, en el que recomienda también poner en manos de la iniciativa privada otros servicios, como Ruta-100.
Plantea, además, la necesidad de construir un nuevo aeropuerto internacional, un ferrocarril suburbano, cuatro centrales de abasto, tres centros de acopio y un periférico de cuota.
Denominado Oportunidades para el Fomento Económico en el Distrito Federal, el estudio hace, en síntesis, una serie de recomendaciones para mejorar los sectores productivos de la capital, ofrecer nuevas alternativas a los inversionistas y reactivar actividades económicas rezagadas u olvidadas por gobiernos anteriores.
Pero también advierte:
“La finalidad de todo acto político de un gobierno es mejorar la calidad de vida de los habitantes a los que sirve.”
Principio que hasta ahora sólo ha servido como tema de discursos públicos.
Así lo deja ver la radiografía que a fines del año pasado hicieron de la capital un grupo de investigadores, especialistas, funcionarios, exfuncionarios públicos y representantes sociales.
Con base en las opiniones y recomendaciones que formularon en las mesas de trabajo los especialistas, la Fundación Mexicana Cambio XXI Luis Donaldo Colosio, editó el libro Retos y propuestas, Ciudad de México.
Esto fue lo que encontraron:
En materia financiera, el proceso de reestructuración de la economía nacional, las políticas de desconcentración y las deseconomías por la acumulación de problemas urbanos han generado una reorientación de la base productiva de la metrópoli, con efectos negativos: El cierre y/o emigración de empresas, la pérdida de empleos y la reducción de la base fiscal.
Este descenso en la economía afectó de manera desigual a los distintos sectores productivos de la ciudad.
Así, mientras que el sector servicios experimentó un vigoroso crecimiento y aumentó su participación dentro del PIB, en especial los servicios financieros, seguros, bienes inmuebles, comercio, restaurantes y hoteles, las ramas del sector primario e industrial experimentaron un crecimiento negativo.
Ese proceso de cambio sectorial “ha desembocado en una reorientación del perfil económico de la ciudad, con algunas consecuencias preocupantes”, como la reducción en importancia del sector manufacturero y gubernamental.
“El desempleo generado por este cambio estructural ha afectado a los sectores con limitada flexibilidad laboral. Para resolver este problema será necesario generar 400,000 empleos anuales en la ciudad, en los próximos seis años.
“Cierto es –apunta el texto– que las nuevas circunstancias nacionales e internacionales, como son la apertura comercial y las ventajas propias de la ciudad, abren nuevas oportunidades. Sin embargo, no hay nada que asegure el aprovechamiento de las mismas.
“Por el contrario, la emigración de empresas industriales, acentuadas por el TLC, puede repercutir negativamente para la expansión del sector servicios. Habría, además, más deterioro ambiental, servicios urbanos más caros e insuficientes y mayor escasez de suelo y agua.”
En relación con la economía subterránea, los especialistas llegaron a la conclusión de que la sobrerregulación administrativa, el aumento del desempleo y subempleo, los bajos salarios y la limitada calificación laboral propiciaron un acelerado crecimiento del comercio informal.
Este fenómeno, subrayan, tiene “serias y graves” consecuencias, pues afecta el sano desarrollo de la economía, desalienta la inversión productiva, deteriora la hacienda pública y genera conflictos sociales por la disputa de espacios urbanos.
Sobre el suelo y la vivienda, el diagnóstico ofrece un panorama sombrío:
“El insuficiente ingreso de las familias, el escaso y costoso crédito para la vivienda, la sobrerregulación administrativa y las restricciones espaciales provocan limitaciones en el acceso a la vivienda, lo cual se traduce en crecientes tensiones sociales provocadas.
“Durante el presente sexenio se tendrán que construir aproximadamente 80,000 viviendas anuales, además de llevar a cabo 40,000 acciones más para cubrir los rezagos existentes. Esto significa que se deberá cubrir una demanda anual de 120,000 viviendas, de las cuales aproximadamente 76% corresponderán al área conurbada.”
Adicionalmente, se requiere reemplazar, reconstruir y mejorar 656,000 viviendas, de las cuales 455,000 pertenecen a sectores de menores ingresos. (El DDF proyecta construir este año 45,000 viviendas).
La desigualdad social prevaleciente en la Ciudad de México y su área metropolitana es, en opinión de los especialistas, otro de los retos que tendrá que resolver la actual administración.
Observan: “La crisis económica de los años ochenta y los ajustes en las finanzas públicas, con su impacto negativo sobre los programas sociales, y la reestructuración de la economía, han repercutido negativamente en el nivel de vida de los sectores de menores ingresos de la ciudad”.
Los rasgos más evidentes son, en su opinión, la desigualdad en el ingreso, la disparidad en la dotación, cantidad y calidad de los servicios públicos. Así, por ejemplo, en algunas zonas de la ciudad se reciben hasta 600 litros de agua por habitante, mientras que en otras se consumen apenas 20 litros al día.
Datos del INEGI indican que en la ciudad hay 224,519 niños entre 6 y 14 años de edad que están marginados de los programas educativos básicos.
Peor aún está la situación en materia de salud. Cinco millones de personas no tienen acceso a ese servicio. Y por si fuera poco, la infraestructura hospitalaria no se encuentra distribuida en función de las necesidades de la población.
Preocupante resulta para los especialistas también la disparidad en los ingresos. Sólo el 3.4% de la población ocupada percibe ingresos superiores a diez salarios mínimos. En cambio, la población con ingresos hasta de un salario mínimo representa el 18.3% de la población económicamente activa (PEA).
“Aun cuando el promedio de ingreso por habitante en la ciudad es tres veces mayor que a nivel nacional, la metrópoli presenta altos niveles de concentración del ingreso. Así, tenemos que el 10% de la población concentra el 40% de los ingresos totales, mientras que el 60% de los habitantes percibe menos de tres salarios mínimos.”
Los especialistas advierten que la atención de este problema resulta prioritario “para evitar una polarización social que podría atentar contra la estabilidad de la urbe”. Sugieren, por lo tanto, crear más empleos, mejorar el nivel de las percepciones y ampliar la dotación de servicios básicos.
Otros problemas que reclaman atención urgente de las autoridades son los siguientes:
Deterioro y rezagos en la infraestructura, transporte público, contaminación del aire, uso y manejo de desechos sólidos, agua potable y drenaje, uso de suelo y seguridad pública.
Para revertir esos problemas, los especialistas esbozaron, entre otras, las siguientes líneas de acción: La definición de un proyecto integral, flexible y de consenso; la redefinición del papel de la ciudad en el desarrollo nacional; la promoción de una ciudad eficiente, competitiva y autosuficiente financieramente; el fomento de un desarrollo económicamente sustentable; el fortalecimiento de los mecanismos de representación política y participación social; el aprovechamiento racional y equilibrado de espacio urbano, y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Tres años, no más, tiene Espinosa Villarreal para demostrar la viabilidad de su modelo económico a los capitalinos, pues a partir de 1997 entrará en vigor la segunda fase de la reforma política de la Ciudad de México, con la elección del jefe del Departamento del Distrito Federal.
 |
 |
 |
 |
 |
