1995 era visto por los constructores como un año promisorio, alentador, a luz del conjunto de los requerimientos de infraestructura y de la nueva faz económica que adquiría el país. Con un crecimiento de 5.3% anual, la industria seguiría siendo la rama líder en cuanto a su participación dentro del Producto Interno Bruto (PIB), la generación de empleos, el derrame económico a otras ramas y la formación bruta de capital.
Los constructores estimaron inversiones en infraestructura, tanto de la iniciativa privada como del gobierno, por 35,000 millones de dólares para los próximos 10 años.
Sin embargo, con la devaluación y el consiguiente recorte presupuestal, no habrá prácticamente inversión, sino más bien retroceso, y se diferirán los proyectos de construcción en todo el país, asegura Sergio Jinich Ripstein, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
El golpe se resentirá más en la creación de infraestructura: “Sin ella no hay desarrollo, no hay productividad, no hay comercio y no hay riqueza”, comenta.
“Ahora estamos en una crisis, como lo está toda la industria del país. A lo mejor es una de las peores de la industria de la construcción, porque los constructores, en general, deben muchos créditos y sobre todo, los grandes, en dólares. Los pasivos aumentan considerablemente y nos encontramos sin obra. El gobierno, con su ajuste, lo primero que recorta es donde hay discrecionalidad, es decir, en el gasto de inversión. Anunció que van a adelgazar el gasto público, el gasto corriente, pero esto ya lo han hecho y creo que ahora tienen poco de donde cortar.”
Consciente de la importancia vital de la infraestructura, el presidente Ernesto Zedillo anunció que en 1995 habría un incremento de 25% a la inversión sobre la de 1994. Inclusive, dijo que se iban a aplicar los fondos de contingencia para hacer obra.
“Ahorita el resultado es completamente inverso. Va a haber una reducción, no un aumento. El gobierno ya anunció que se va a recortar en 1.3% del PIB al presupuesto, del cual el 0.8 va a ser en gasto corriente y el 0.5% en gasto de inversión. La construcción representa el 5% del PIB que, antes de la devaluación, representaba 400,000 millones de dólares, y con la paridad actual 300,000 millones de dólares. Entonces, la inversión que se iba a hacer en construcción, no nada más obra pública, sino también privada, era del 5%, como 20,000 millones de dólares. Se iba a incrementar y hoy está al revés, en disminución”, dice.
El gobierno no tiene dinero para invertir directamente en obras, sobre todo de infraestructura. Los constructores tienen que conseguir fondos, pero “la banca nacional está en condiciones muy críticas”. La salida es “jalar los recursos del extranjero, pero en estos momentos México ya no está como nación más favorecida. Por lo pronto, durante no sé cuánto tiempo, no habrá quién piense en traer dinero de fuera para invertir en infraestructura. Entonces, las inversiones en carreteras, en plantas de generación de energía eléctrica y en otros rubros se van a detener hasta que no cambie esa visión del capital externo y sienta la confianza de poder regresar a México”.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, las perspectivas en los principales rubros de infraestructura se cayeron:
Carreteras. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estimó que en los próximos seis años se construirían 6,000 kilómetros de carreteras adicionales, con una inversión de 15,000 millones de dólares, las cuales, en su mayor parte, se concesionarían a la iniciativa privada en los rubros de diseño, construcción, mantenimiento, operación y servicios de apoyo.
Se abrirían nuevos campos en materia de asesoría, asistencia tecnológica, inversión directa, financiamiento y sistemas de operación.
Esa dependencia corrigió la meta: ahora sólo se construirán entre 2,000 y 3,000 kilómetros de carreteras.
También se habían estimado fuertes inversiones para la rehabilitación y mantenimiento de la red federal, para su integración con otros medios de transporte y mejorar los accesos a centros urbanos. Ya no se harán, por lo menos en esas magnitudes.
Ferrocarriles. También se verán frenadas las inversiones. Se había estimado que en los próximos 5 años se requeriría invertir 2,300 millones de dólares para modernizar el sector, de los cuales 50% iban a ser privados. En unidades operativas, el sector privado iba a participar en la comercialización de los servicios de carga y pasaje, y en la construcción, operación y mantenimiento de terminales intermodales e interiores de carga. Asimismo, podría arrendar locomotoras, ser propietaria de vagones de carga, dar mantenimiento y apoyo técnico, desarrollar sistemas de control de tráfico y telecomunicaciones.
Puertos. Las prioridades eran: fomentar la inversión y la eficiencia; modernizar y ampliar las instalaciones de los cuatro puertos más importantes –Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz–, e incentivar el movimiento de mercancías por medio de contenedores. La inversión mínima requerida en los próximos años era de 760 millones de dólares para construir y rehabilitar la infraestructura básica (acceso, dragado, urbanización, entre otros), ampliar o construir terminales especializadas de carga, bodegas e instalaciones comerciales, y elaborar proyectos eficientes en la actividad portuaria.
Aeropuertos. Las principales inversiones eran: 300 millones de dólares para un aeropuerto complementario al de la Ciudad de México y 800 millones de dólares para la ampliación de terminales y pistas en los aeropuertos más importantes del país. La participación privada incluía la ampliación y construcción de edificios, terminales, hoteles y estacionamientos, así como la concesión de servicios de transporte terrestre. La intensidad en el uso de la capacidad instalada de los siete principales aeropuertos era un indicador de que se presentarían problemas de saturación durante los próximos años.
Telecomunicaciones. Se prevén dificultades financieras en la participación de otras empresas del sector privado en la prestación de varios servicios de valor agregado y en la telefonía celular.
Agua. Se detendrá la construcción de macroproyectos hidráulicos. Las presas que faltan por terminarse son, casi todas, de usos múltiples: sirven para riego, generación de electricidad o para evitar desastres. También se prevé que no alcanzará el objetivo de dar cobertura de agua potable y alcantarillado al ritmo que se pensaba, a 3 millones de habitantes por año.
Electricidad. Aunque la iniciativa privada puede participar en la generación y distribución de energía eléctrica, no entrará de lleno en esta actividad a causa de los problemas económicos del país. Se había estimado que para los próximos ocho años se requerirían inversiones por 8,000 millones de dólares para generar en el país 15,000 megawatts. Para el año 2,010 se tendría que duplicar la actual capacidad instalada, y la inversión nacional y extranjera tendría una importante participación.
Vivienda. Este campo presentaba grandes retos debido al déficit de 6 millones de viviendas. Existe la necesidad de construir 590,000 unidades anuales, de las cuales 350,000 se ejecutarían dentro del programa nacional de vivienda del sector público, y el resto por iniciativa privada.
Sergio Jinich Ripstein asegura que este sector atraviesa por un “enorme problema”:
“Con los costos actuales del dinero, los derechohabientes –sobre todo para la vivienda de interés social– no van a ser sujetos de crédito. En 1993 se construyeron unas 320,000 viviendas y este año se pretendía construir 350,000. Ahora tenemos parado al Infonavit, que es el principal organismo constructor de vivienda. Antes de la crisis, el instituto no podía pagar lo que debía y tenía derechohabientes con tarjetas de crédito asignadas, a las que no les había dado dinero. Los promotores y constructores ya habían terminado las casas. No han recibido dinero del Infonavit y se vino la crisis encima. Ahora no reciben la vivienda y los constructores, con la vivienda terminada, tienen que seguir pagando créditos puente, porque no hay quién se las compre. Hay vivienda del Infonavit que no se puede usar y, desde luego, no se pueden construir nuevas viviendas.”
El presidente de la CNIC dice que la falta de una política en la construcción y el Pronasol están destruyendo al pequeño y mediano constructor, a la base industrial.
Para la industria de la construcción, dice, hubo una transformación total de la obra pública. “México se fue de un extremo a otro. Antes, toda la obra pública se hacía con fondos prespuestales y recursos fiscales; ahora casi nada se hace por esta vía. Toda la infraestructura importante se está tratando de hacer con fondos privados, en las figuras de obra concesionada o de ‘llave en mano’, dirigidas a las grandes constructoras. Eso está bien. Pero no ha habido una figura de concesión para obra de menor envergadura. Por lo tanto, el pequeño y mediano empresario no sólo carece de trabajo, sino también de espacios”.
El 60% de la obra la hace el 2% de los constructores y el 40% restante el 98%. “Eso es lo alarmante. En una situación así se pierde la base industrial. Los pequeños y medianos son los que más usan mano de obra. Si seguimos así van a desaparecer esos empresarios”.
La obra muy pequeña, dice, la ha hecho Pronasol directamente con las comunidades, sin la intermediación de una empresa constructora, aunque sea pequeña. “Lo ha hecho en detrimento de la calidad y del costo. Los gobiernos estatales y municipales reciben los fondos del Pronasol y construyen directamente. Contratan a un maestro de obra y dirigen una cuadrilla. Es pura mano de obra. Allí no hay espacio para los constructores”.
Otra dato de la pérdida de la base industrial: Al último trimestre de 1994, el 22% de las constructoras estaban paradas y el 5% había desaparecido. “Ahorita debemos andar en más del 50% de constructoras paradas y arriba del 10 o el 15% de empresas desaparecidas. Aunque hay constructoras que pueden resurgir, se pierde personal capacitado que se va a otras áreas y hay que capacitar de nueva cuenta”. La CNIC tenía 18,000 socios en 1993 y bajó a 16,000 en 1994. “Prevemos una baja importante para 1995”.
La industria de la construcción –tanto la formal como la informal– maneja el 5% del PIB y el 10% del empleo. “Es altamente generadora de trabajo. Estamos hablando de 2 millones de trabajadores de la construcción. Tenemos indicios de que se van a desemplear a miles y miles de personas”.
Sergio Jinich Ripstein, presidente del Grupo Coin –con más de 10 empresas, que ha construido la autopista Tijuana-Tecate y siete presas en el país– precisa que no sólo quiere criticar, sino proponer, porque está convencido de que la industria de la construcción puede sacar a México de la crisis, como ha sucedido en otros países, como en Estados Unidos cuando ocurrió su crack de 1928.
Pero cree que hace falta una política coherente de inversiones en la construcción, así como la ha habido en la macroeconomía:
“No hay claridad en cómo invertir y cómo manejar bien la inversión, para que la relación costo-beneficio sea la óptima. ¿Quién dice que es más importante construir un hospital o una escuela, cuando los recursos son escasos? A dónde van, ¿a una carretera o a una planta de electricidad?, ¿a una presa para riego o a un aeropuerto?, ¿cómo se dirige la inversión?, ¿por dónde da mejores resultados? y, luego, ¿cómo se controla que lo que se dijo que iba a costar es lo que costó, que lo que se dijo que iba a durar duró? y, sobre todo, ¿el beneficio se está dando?”
Esa política se la propondrán, dice, al presidente Ernesto Zedillo, porque el país “está mal construido.
“La regla general en México es que las obras nunca se terminan con la calidad requerida, en tiempo y costo. Nunca, porque el país vino de una recesión de muchos años, en donde se quitaron los costos inherentes a la planeación, a los estudios de los proyectos, a los planes estratégicos, a la planeación general, y cuando surgieron las necesidades todo era urgente. Entonces, había qué improvisar sobre las rodillas, a empezar a hacer las cosas y se hicieron. Pero no se hicieron optimizando los costos, hubo unas dilapidaciones terribles y se generó corrupción. Un sistema en donde hay qué trabajar sin proyectos o con proyectos deficientes, en donde no hay partidas suficientes para trabajar sin interrupción, en donde los programas financieros no coinciden con los programas de inversión, implica que empecemos mal o que estemos mal aun antes de empezar. Los constructores recibimos el dinero en época de lluvias y nos lo quitan en épocas de seca, o hay que ejercerlo todo al final del año, porque al principio se demoran eternidades. Nos dan dinero o nos lo cortan, como ahora. El constructor tiene que empezar con todas las desventajas y es al que se le hace culpable de todo esto.”
En un mercado de pocos recursos y muchas necesidades, se tiene un mercado de compradores y no de vendedores. “Entonces, los precios están al mínimo. Los concursos son a muerte y el regateo se incrementa, porque quieren ahorrar en la ejecución todo lo que no funcionó en la planeación. Entonces, empezamos mal. Eso induce corrupción en el sistema. Fomentamos la corrupción, en vez de evitarla, y eso es más ineficiente y más costoso.”
–¿En qué obras conocidas se puede hablar de dilapidación?
–La dilapidación no es en el sentido delictuoso, sino en el de la ineficiencia en el proceso de la inversión. Un ejemplo que todo mundo conoce es el de Laguna Verde, ¿cuánto costo y cuánto tiempo tardó en echarse a andar? Yo le puedo decir que muchas plantas de tratamiento de agua no funcionan o no funcionaban en las condiciones óptimas, para las que fueron diseñadas. Hay, por otra parte, 6,000 kilómetros de autopistas nuevas de altas especificaciones y están en condiciones terribles 250,000 kilómetros de carreteras federales, echándose a perder.
Dice, finalmente, que los constructores están preocupados por la crisis del país.
Como presidente de la CNIC, “los tengo encima continuamente. Estamos sujetos aquí a unas presiones tremendas. Me preguntan en qué los va a ayudar la Cámara, qué estamos haciendo, y cómo les están pidiendo que no suban los precios, a la vez que les suben los intereses y no tienen trabajo. Los veo preocupados. Se sienten defraudados, porque no esperaban esto. Se sienten con falta de confianza. No creen en lo que dicen las autoridades. Dos semanas antes de la crisis dijeron que no iba a pasar nada, que todo estaba muy bien y de repente viene el bombazo. ¿A quién le creemos?”.
