Preocupado –según lo describió uno de sus interlocutores–, el presidente Ernesto Zedillo habló, el martes 17, con los líderes del Congreso sobre el programa de recuperación económica mexicano.
Les agradeció su preocupación y les pidió rapidez. “Está muy ansioso, quiere que nos movamos en forma expedita… sabe que además de la economía hay muchos otros asuntos que tratar, pero quisiera que los viéramos en forma paralela”, dijo el líder del Senado, Robert Dole, a los reporteros, y agregó: “Pero nosotros queremos asegurarnos de que esto va a funcionar antes de firmar nada”.
Así comenzó la negociación entre el presidente Zedillo y el Congreso… de los Estados Unidos para lograr la aprobación de lo que significativamente se llama Ley de Estabilización Económica de México 1995 (LEEM), de la que hoy depende la tranquilidad y liquidez financiera del país.
El efímero respiro en los mercados que provocó la promesa de Bill Clinton, el jueves 12, cuando anunció que buscaría el otorgamiento a México de un paquete de garantías crediticias de hasta 40,000 millones de dólares, se había convertido, una semana después, en pura angustia cuando los inversionistas cayeron en la cuenta de que lo prometido venía de un presidente norteamericano débil, que tendría que convencer al Congreso hostil, que ha condicionado su voto aprobatorio a decenas de exigencias políticas, laborales y económicas para México.
Así, el miércoles 18 bajó el peso y la bolsa cerró 2.42% abajo. El jueves 19, ante más cuestionamientos del Congreso estadunidense, la bolsa colaboró para que hubiera cierta estabilización, pero el peso volvió a bajar.
Aprovechando la debilidad de Clinton y la urgencia de Zedillo, los congresistas norteamericanos, como en kermés, lo quieren todo: Que se rompan relaciones con Cuba, que se liberen los salarios, dicen unos, que los precios, alegan otros. Que más austeridad, que se rompa con el FMI, que se privatice Pemex, que se venda parte del país…
Y aunque muchas de estas peticiones quedarán obviamente fuera de la negociación, las que propone la Casa Blanca en sus documentos son suficientemente onerosas, por ejemplo: que el Banco de México proporcione informes a la Reserva Federal sobre política monetaria y acerca de la implementación del Programa de Emergencia Económica; que haya mayor apertura comercial y mayores oportunidades…
Hasta Bill Clinton, en un lenguaje más diplomático, dijo que “no habrá ninguna garantía hasta que estemos satisfechos de que México nos puede proporcionar medios de pago seguros”.
Y el gobierno de México, doblegado por la crisis económica, busca la manera de no otorgarlo todo, pero consciente de que tendrá que ceder para obtener el apoyo. Y una vez más, como sucedió con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, se queda de espectador y víctima de la lucha política entre republicanos y demócratas.
EL MAS CARO AVAL
Lo que Zedillo pide es que Estados Unidos se convierta en su aval ante la comunidad financiera internacional. De hecho, el gobierno estadunidense no tendría que desembolsar ni un centavo si México pagara las obligaciones que contraerá en forma de bonos –a cinco y diez años– emitidos en los mercados financieros. Estos recursos, a su vez, se utilizarían para pagar las obligaciones mexicanas que se vencen este año, como Tesobonos y otros instrumentos.
Tanta urgencia, que el gobierno mexicano tendrá que aceptar condiciones de usura para obtener de la Reserva Federal: análisis de corredurías de Nueva York, basados en la LEEM, aseguran que el costo de la obtención de las garantías –una especie de prima pagadera en efectivo y por adelantado para recibir los préstamos– podría llegar hasta 19% del valor de las mismas.
Un funcionario del Tesoro explicó que esta prima consta de dos partes: “Una por riesgo, que es del 7.5, y la otra, lo que llamamos el costo de subsidio, que puede ser del 12%; en realidad, esto último constituye una especie de freno para que no se usen los recursos y se intente obtenerlos en el mercado libre”.
Además, según la LEEM, el gobierno mexicano deberá depositar en una cuenta bancaria en Nueva York, a nombre de la Reseva Federal, los ingresos que obtenga Petróleos Mexicanos por sus exportaciones por un valor igual a los bonos mexicanos emitidos; esto como garantía de que serán pagados a su vencimiento.
Dice textualmente el borrador de la LEEM, en su subpárrafo A:
El acuerdo debe, además de otras condiciones, requerir que México haga que los ingresos por venta de petróleo mexicano a clientes fuera de México estén disponibles en una cuenta en el banco de la Reseva Federal de Nueva York, de manera satisfactoria para el Presidente, para asegurar el pago a Estados Unidos de cualquier vencimiento de los bonos emitidos bajo esta garantía.
Ante las críticas que las exigencias norteamericanas recibieron en México, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, insistió en que esto no es nuevo y que se había hecho en otras ocasiones, pero cuando informó en qué consistieron durante las crisis económicas de 1985 y 1987, reveló la gravedad de la situación actual.
Además, al precio económico se podría agregar el político: “El presidente Zedillo pidió que no hubiera demasiadas condiciones en el acuerdo, que podríamos tratarlo en otros foros, de otra manera”, dijo el republicano Bob Dole, líder del Senado, a quien Zedillo llamó el martes 17 para, entre otras cosas, “agradecer –a los senadores– su preocupación en el asunto mexicano”.
Ante el escándalo que algunas de las propuestas han provocado en México, el gobierno mexicano y la Casa Blanca propusieron a los líderes del Congreso que algunos de los compromisos exigidos por legisladores norteamericanos se hagan en privado, por medio de cartas paralelas, no incluidas en la legislación pública. Esto lo confirmaron a este reportero dos fuentes del Congreso y una fuente del Departamento de Estado.
Aún así, en los borradores que estaban listos el viernes 20, después de varios días de negociaciones, permanecían las condiciones políticas, aunque menos severas, lo que indicaba que muchos congresistas estaban renuentes a comprometer su voto con cartas privadas. En palabras de un asesor del Congreso: “Eso pasó en los últimos días de las negociaciones del TLC: muchas cartas fuera del documento final, muchas promesas y luego nada. Muchos congresistas ya aprendieron”.
ATORADOS EN EL CONGRESO
Aunque al gobierno mexicano le urge que en Estados Unidos se apruebe la LEEM, el presidente Zedillo acaba de descubrir que las necesidades mexicanas no son compatibles con el ritmo de negociación en el Congreso estadunidense.
En la Cámara de Representantes, las discusiones entre republicanos y demócratas son encabezadas por el conservador Jim Leach, presidente del Comité de Bancos, y Barney Frnak, demócrata de Massachusetts.
Desesperado por la falta de avance en las negociaciones, Leach envió una carta a Clinton, el miércoles 18, en la que advertía que “la atmósfera (de la negociación) ha ido de mala a pésima. En este ambiente –advertía Leach– es difícil alcanzar compromisos para una legislación de por sí controvertida”. Leach había dicho que veía una “ventana de oportunidad” para votar afirmativamente el paquete de la semana pasada, pero que entre más se retrasara más difícil sería su aprobación.
Por lo pronto, la discusión sobre la petición mexicana se ha vuelto un “mini TLC”, como lo describen algunos congresistas, en la que se pretenderá enjuiciar todos los aspectos de la vida pública mexicana como requisito para dar las garantías.
El viejo impugnador de México, Jesse Helms, logró que la aprobación de las garantías pasaran a la competencia del comité que preside Relaciones Exteriores, y no del de Finanzas, como correspondería; y, además, en contra de la voluntad de la Casa Blanca, realizará audiencias esta semana –probablemente el jueves 26– sobre corrupción y narcotráfico en México.
En el Senado, Fritz Hollongs presentará una ley alternativa a la que negocien el gobierno y los líderes legislativos, lo cual podría retrasar aún más la aprobación.
En la Cámara de Representantes, el viernes 20, la situación era tal que su presidente, el republicano Newt Gingrich, dijo estar “altamente preocupado”, y culpó a Clinton porque “no puede garantizar los votos demócratas necesarios para aprobar la ley”. El Comité de Reglas, que programa las discusiones del pleno, anticipó que si las negociaciones van por buen camino, no sería sino hasta el viernes 27 cuando se discutiría la LEEM.
Lo anterior da más tiempo a los que se oponen a la ayuda para crear consensos y alianzas políticas, que podrían obstaculizar un acuerdo o hacerlo inaceptable para el gobierno mexicano.
Mientras, el canciller José Angel Gurría –convertido en especie de secretario de Hacienda internacional– continuará cabildeando, negociando y tratando de convencer a legisladores estadunidenses. “Antes venía la gente de Hacienda y Presidencia –dice el asesor de un líder legislativo a Proceso–; hoy el problema lo hicieron político los mexicanos al mandar a su canciller”.
Así, aunque analistas y legisladores coinciden en que lo más probable es que la ley sea aprobada, la relación bilateral habrá salido dañada y entrará en una nueva dinámica de dependencia.
EL FUTURO, DESDE EL CAPITOLIO
Como cuando se discutió el TLC; el destino de México está en manos de los 435 diputados y los 100 senadores estadunidenses. Todos otorgándose el derecho de decidir en el futuro de los mexicanos: Los republicanos conservadores quieren que se rompa con Cuba y se venda Pemex; los demócratas liberales quieren renegociar los acuerdos laborales del Tratado y nueva reforma política; otros no quieren saber nada de México.
Esta vez, la ansiedad mexicana se encuentra con un panorama muy diferente al de hace un año. Ambos cuerpos legislativos se encuentran dominados por republicanos enfrentados con la Casa Blanca demócrata.
Los republicanos, durante sus campañas electorales, prometieron presentar diez leyes en sus primeros cien días de trabajo, por lo cual algunos legisladores afirman que la LEEM deberá postergarse hasta cumplir ese compromiso.
De hecho, una veintena de congresistas republicanos recién elegidos envió una carta a su líder, Newt Gringrich, advirtiéndole que votarán en contra de cualquier legislación para aprobar las garantías de préstamo a México de hasta 40,000 millones de dólares.
La nueva generación de republicanos que dio a su partido el control de la Cámara de Representantes por primera vez en medio siglo, advierten en su carta: “Nos oponemos a esta propuesta porque fuimos elegidos para arreglar los problemas de Washington y el país, no para aprobar dádivas a la comunidad financiera internacional.
“Salvar a un Estado soberano no es una buena idea. Pero cuando estamos estudiando una legislación para balancear nuestro presupuesto federal, esta propuesta amenaza con incrementar nuestro déficit público.”
“EL GOBIERNO DE MEXICO, SE COMPROMETE…”
Por lo menos dos borradores de la Ley de Estabilización Económica Mexicana comenzaron a circular entre legisladores la semana pasada, además de un documento del Departamento del Tesoro, con las justificaciones y propuestas de la Casa Blanca. Copias de todos ellos fueron obtenidas por Proceso. En las propuestas abundan las condiciones para México, tanto en lo político como en lo económico.
Como nunca, Estados Unidos discute las situaciones internas mexicanas como si fueran su problema. Dice el preámbulo de la LEEM:
Es el sentir del Congreso que:
(1) La estabilidad social en México corre riesgos si se polarizan demasiado los extremos entre pobres y ricos;
(2) La historia nos ha enseñado que sociedades que no tienen una clase media amplia y viable tienen dificultades para sostener instituciones de gobierno demócratas que sean estables; y
(3) El gobierno de México debe mantener su compromiso con una resolución pacífica del conflicto en el estado de Chiapas.
En el último borrador, producto de las negociaciones, se habían aligerado algunas de las primeras condiciones políticas –como la relación con Cuba– pero habían aparecido otras en lo económico:
1. El gobierno de México se ha comprometido a usar los recursos obtenidos con estas garantías para ayudar a revaluar su moneda y estabilizar los mercados financieros y cambiarios…
2. El gobierno de México se ha comprometido a proporcionar:
(a) Antes de que ninguna garantía sea emitida, un amplio plan financiero que deberá incluir:
(i) Una descripción del uso programado de los recursos obtenidos con las emisiones que esta ley garantiza; y
(ii) información del Banco Central sobre emisión de moneda, agregados monetarios y política monetaria, que será compartida en forma confidencial con el Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal; y
(B) durante la vida del bono emitido y garantizado por esta ley, informes constantes sobre la implementación del plan financiero.
3. El gobierno de México se ha comprometido a otorgar compromisos efectivos de la autonomía del Banco Central para cumplir el mandato de dicha institución de estabilizar el poder adquisitivo del peso mexicano.
4. El Banco Central de México se ha comprometido a seguir una política monetaria y crediticia ajustada y no inflacionaria, diseñada para asegurar controles estrictos en expansiones crediticias futuras, y constricción disciplinada en el crecimiento del circulante monetario, así como una moneda fuerte.
5. El gobierno de México se ha comprometido a adoptar e implenentar un programa de privatización para transferir empresas estatales a la inciativa privada.
6. El gobierno de México se ha comprometido a seguir quitando limitaciones para que las instituciones financieras estadunidenses puedan operar en México.
7. El gobierno mexicano se ha comprometido: a) A seguir la entrada de inversión extranjera directa en México y la repatriación de inversiones en México de nacionales estadunidenses; b) A implementar medidas acordes con el libre mercado, para detener la salida de capitales propiedad de nacionales mexicanos.
8. El gobierno de México se ha comprometido a examinar y diseñar, en cooperación con los Estados Unidos, medidas diseñadas para aumentar las oportunidades para trabajadores, agricultores y empresarios estadunidenses en la economía mexicana.
Las condiciones políticas, que en los primeros borradores eran 16, han sido suavizadas, pero no suprimidas:
10. El gobierno de México se ha comprometido a cooperar cercanamente en lo siguiente:
(a) Proteger la integridad de la frontera entre México y Estados Unidos.
(b) Incrementar esfuerzos en contra de la violencia y la criminalidad.
(c) Hacer expedito el proceso de solicitudes de trasnferencia de prisioneros entre México y Estados Unidos.
(d) Repartir migrantes ilegales en Estados Unidos a lugares acordados mutuamente con pleno respeto a los derechos humanos de dichos migrantes.
(e) Tomar los pasos adecuados para prevenir y eliminar la falsificación de documentos oficiales de ambos países.
(f) Implementar con eficiencia el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
(g) Combatir las drogas, incluyendo su cultivo, producción, consumo, tráfico, químicos precursores y lavado de dinero.
(h) Liberar el tratamiento de los bienes llevados de los Estados Undidos a México por nacionales mexicanos.
(g) Evitar la ayuda (inlcuyendo perdón de deudas o el regalo o descuento en la venta de una deuda) a países que han rechazado celebrar elecciones multipartidistas.
Analistas y funcionarios consultados por el corresponsal aseguraron que a partir de las negociaciones del fin de semana, este lunes 23 por la noche, habría un nuevo borrador, que podría cambiar en los detalles; pero también tienen la certeza de que “no podría variar mucho en la sustancia, debido a que se pide mucho a un nuevo y hostil Congreso, desde las frágiles posiciones de la Casa Blanca y Los Pinos”.
