La propensión a entender las crisis no sólo como problemas sino como oportunidades ha de ser tan antigua como el alfabeto chino; por necesidad de salud mental o porque los seres humanos somos los únicos “animales con proyecto”, el hecho es que la consideración del futuro y de sus posibilidades constituye, en las desgracias, recurso instintivo para salir de la postración.
Desde esta perspectiva algunos comentaristas se están ya refiriendo a las oportunidades que la presente crisis trae consigo, principalmente las de carácter económico y de corto plazo. Hay, sin embargo, otras oportunidades en las que conviene reflexionar.
El análisis de las causas que condujeron a la debacle de diciembre, incluyendo las sociales y políticas, obliga a incluir entre ellas algunas características fundamentales de nuestro sistema político. Se han señalado con razón la concentración del poder en la persona del Presidente y el estilo autoritario de gobierno como condiciones que hicieron posible imponer al país una concepción del desarrollo económico que nunca fue seriamente discutida por la opinión pública. Se ha también señalado el contubernio PRI-Gobierno que permitió, por la vía del mayoriteo irresponsable, contar con un Congreso incondicional que aprobaba todas las iniciativas del Ejecutivo. Aún después de la devaluación, ¿no aprobó el Congreso sin mayores cuestionamientos, por la inercia de sus hábitos, un presupuesto de egresos que requería evidentes ajustes? Y en estos últimos días, ¿no está procediendo el Ejecutivo a aceptar créditos externos que rebasan los límites permitidos, sin consultar siquiera a las Cámaras?
Los vicios del sistema político tantas veces denunciados –la sujeción del Poder Legislativo al Ejecutivo; la vinculación del Gobierno con el partido oficial o las maquinaciones electorales– aparecen hoy en una nueva luz: fueron factores que coadyuvaron a la génesis y al desenlace del desastre económico; al persistir en esos vicios, el sistema se acercó sin sospecharlo a su despeñadero. La crisis obliga a emprender ahora las reformas políticas reiteradamente demandadas, ya no por complacer a la oposición sino por la evidencia de su necesidad.
Otros aspectos del estilo mexicano de gobierno fueron también factores intervinientes. Piénsese en las maneras como el gobierno ignoró las protestas populares o las críticas independientes, prefiriendo sus interpretaciones voluntaristas, no supo escuchar a tiempo advertencias sobre los riesgos de una apertura comercial tan rápida e indiscriminada. Al excluir la participación auténtica, el diálogo abierto y el juego de equilibro propios de un poder democrático, los gobernantes eliminaron mecanismos de retroalimentación y se privaron de la posibilidad de rectificar a tiempo sus errores.
Piénsese también en el uso que hizo el pasado Gobierno de los medios de comunicación electrónica; el triunfalismo oficial y la manipulación de la opinión fueron también factores esenciales en el desarrollo de la crisis económica y en el carácter estrepitoso del desplome final; por algo muchas personas tienen hoy la convicción de que fueron engañadas. Quedarán como vergüenzas históricas y monumentos al ridículo las entrevistas de Salinas con Ricardo Rocha, la propaganda de “los hechos que generan confianza”, los autoengaños de los noticieros 24 horas y aun el VI Informe Presidencial, que logró “vender” a una parte de los ciudadanos la imagen de un país que nunca existió.
A medida que avancemos en la comprensión de las complejas causas de esta crisis –las económicas y las sociales y políticas– iremos aceptando la necesidad de emprender reformas que han estado por mucho tiempo en la agenda de los buenos deseos y que hoy se nos imponen como condiciones de supervivencia. La crisis será entonces oportunidad de iniciar una etapa muy diferente en el funcionamiento de nuestra vida pública.
Comportamientos irresponsables e inmorales de algunos funcionarios los habrá siempre. Pero quizás pueda hablarse de una moral institucional que consista en un conjunto de reglas de funcionamiento de las instituciones que disminuya el riesgo de las conductas individuales irresponsables. Esas reglas, incorporadas objetivamente a las instituciones, protegerían el sano funcionamiento de la vida pública; defenderían al poder de sus instintivos excesos, castigarían las transgresiones sin impunidades, garantizarían la representatividad de los órganos gubernamentales y el diálogo con los ciudadanos, harían efectiva la libertad de expresión y el derecho a la información veraz y, de esa manera, establecerían los equilibrios y contrapesos que requiere todo poder. Quizás sea esto, en definición mínima, la democracia a la que aspiramos, y a la que la actual crisis puede acercarnos.
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