La doble postura –la del discurso de “paz” y la de los hechos de “provocación”– que el gobierno ha adoptado para resolver el conflicto armado en Chiapas, vulnera los compromisos adquiridos por México con las organizaciones internacionales de derechos humanos. Y lo peor: No se ve en el nuevo gobierno un compromiso “enfático” y “decisivo” para cambiar la situación.
“Simplemente, en México hay una actitud de incumplimiento y de irresponsabilidad para los compromisos que asume en esta materia, y una falta muy grave de las autoridades al hacer prevalecer la impunidad, que fue una de las razones que llevaron a la insurrección indígena”, opina Morris Tidball, representante de Aministía Internacional comisionado para el caso chiapaneco.
Agrega: “México se atrevió, por ejemplo, a firmar y ratificar la Convención Contra la Tortura y, sin embargo, seguimos teniendo abundantes denuncias y pruebas de la prevalencia de esta práctica no solamente en Chiapas, sino a lo largo y ancho del país”.
Entrevistado por el reportero al término de una visita de doce días –del 1 al 12 de enero– con el fin de observar la situación chiapaneca, Tidball dice que deja el país con la desilusión –”aunque con esperanza”– de no haber encontrado una actitud diferente, nueva, en los compromisos del gobierno en relación con la prevención y castigo de la violación de los derechos humanos.
“A pesar de que ya han mostrado su ineficacia en lo hechos, las autoridades mexicanas siguen confiando en sus mecanismos prevalecientes para hacer justicia a quienes sufrieron alguna violación de sus derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que en todo este tiempo que ha durado el conflicto chiapaneco no se haya llevado a nadie ante la justicia y condenado debidamente por ejercer esa práctica, cuando hay tantas denuncias formales y bien sustentadas con análisis profesionales? Es algo que todavía no podemos entender.”
Tidball señala que el jueves 12 se reunieron con Ignacio Cabrera y Emilio Rabasa, funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Originalmente iba a asistir la subsecretaria de Gobernación, Beatriz Paredes, pero a última hora no pudo ir.
“A estos funcionarios, les hicimos un llamado para que se adopten nuevas medidas que resuelvan de fondo los casos de violación registrados en Chiapas; nos respondieron que los métodos empleados por la justicia mexicana en estos casos siguen teniendo vigencia. Eso es muy preocupante.”
Durante su estancia en México, Tidball estuvo acompañado por los especialistas Gabriela Irivarne, de Amnistía Internacional de Canadá, y Orgen L. Thomsem, de Dinamarca.
Dice que en Chiapas, “tuvimos acceso a testimonios directos sobre la existencia de guardias blancas. Por ejemplo, está el caso de represión contra los habitantes de la comunidad de Sabanilla, el 25 y 26 de diciembre, donde miembros de esas guardias destruyeron casas y golpearon a decenas de campesinos asentados en terrenos de antiguos latifundios.
“Lo sorprendente es que los hechos se dan en presencia de efectivos del Ejército Mexicano, que ahí habían establecido retenes de inspección, lo que no deja lugar a dudas sobre la connivencia y apoyo gubernamental que existe para este tipo de abusos.”
Cita, asimismo, los casos de Enrique Pérez López, director de la Asociación de Derechos Humanos de Comitán, y de Mario Landeros Cárdenas, uno de los dirigentes de X’Nich, organización de derechos indígenas, secuestrados y golpeados por guardias blancas.
En un memorándum, que no ha tenido respuesta oficial hasta ahora, entregado el 27 de octubre de 1994 a Ernesto Zedillo, entonces candidato a la Presidencia, Amnistía Internacional enlistó una serie de casos en que se prueba la participación de elementos del Ejército Mexicano y guardias blancas en diversos actos de violación de los derechos de la población civil en Chiapas.
Se mencionan los hechos suscitados en el mercado de Ocosingo, donde cinco indígenas fueron ejecutados, y el asesinato de los campesinos Sebastián Santiz López, Severiano Santiz Gómez y Hermenegildo Santiz Gómez, después de que fueron detenidos en la comunidad de Morelia por elementos del Ejército Mexicano.
Para Amnistía, en todos estos casos hay un común denominador: “Fueron ejecuciones extrajudiciales”.
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