Sin conocerse su destino, el viernes 13, a las 7:45 horas, en un Corvette color verde, el expresidente Carlos Salinas de Gortari salió de su domicilio particular ubicado en Camino Santa Teresa, por los rumbos de Tlalpan, en la Ciudad de México.
Estaba de regreso en su país, entre otras razones, a la espera de los tribunales. No perdió el tiempo. Consiguió, por si las dudas, de inmediato, abogado defensor: Juan Velázquez.
Abruptamente, el martes 10, Salinas de Gortari interrumpió su maltratada campaña por la dirección de la Organización Mundial de Comercio (OMC), mientras agencias internacionales, atentas a su gira, hablaban del desvanecimiento de sus posibilidades y daban como inminente la caída de su candidatura.
“Es cosa de horas”, se filtraba con certeza en espacios de la diplomacia estadunidense y las agencias internacionales de noticias hablaban de que buscaba “una salida honrosa”. Pese a ello, el secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, se atrevió todavía a asegurar en Tokio, Japón, que la crisis financiera no afectaría la candidatura salinista, “porque su postulación va más allá de México; es supranacional”.
Y para consumo de la irritación ciudadana, la SRE no ha desmentido notas periodísticas en las que se afirma que esa dependencia aporta los recursos económicos y humanos para los gastos de avión, hospedaje y alimentos de la campaña de Salinas.
Todavía sin el escándalo detrás, en los primeros 20 días de diciembre, Carlos Salinas de Gortari fue visto en Nueva Delhi, en Johannesburgo y en Rabat, pero luego, sin rubor político, pública su responsabilidad en el desastre financiero del país, viajó a Brasil, a El Cairo, a Tel Aviv, a los Emiratos Arabes Unidos –el sábado 7 a las 2:40 horas, el jet privado en que se trasladaba, un DA-50, matrícula XAAAS 50, llegó a Bahrein y el lunes 9 salió hacia Doha, Qatar–, luego a Atenas, para una escala técnica, pero ya no llegó a Japón, donde se le esperaba, para iniciar una gira por países asiáticos.
De acuerdo con fuentes diplomáticas y despachos de agencias internacionales, se refugió en Nueva York y Washington, y el jueves 12 ya estaba en la Ciudad de México.
Lo esperaban la frustración y la ira de los ciudadanos. Empresarios, clero, priístas, panistas, perredistas, trabajadores, amas de casa, de las clases alta, media y baja, reclamaban, exigían explicaciones sobre la crisis económica.
En la calle, camino al Zócalo, manifestantes de todo color y clase social, gritaban: “Goya, goya, goya, Salinas a Almoloya”, y en ruta a Los Pinos, en inédita marcha de mujeres de Las Lomas, Polanco, Anzures, –entre ellas, Laura Mestre, esposa del exbanquero Eduardo Legorreta, y dos sobrinas del exsecretario de Hacienda, Gustavo Petricioli–, demandaban en mantas: “No más mentiras, no más traiciones”; “Nos engañaron, no volveremos a votar por el PRI”; “Zedillo, trae a Salinas para que creamos en ti”.
Y Salinas ya estaba aquí.
EN LA BARANDILLA
A la Procuraduría General de la República (PGR) no le va a quedar de otra. El expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari; su jefe de asesores, José Córdoba Montoya; tres exsecretarios de despacho, Pedro Aspe, Jaime Serra Puche, Manuel Gómezperalta, y el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, deberán ser citados a responder por las acusaciones de daño a la riqueza nacional, ejercicio indebido de servicio público y coalición de servidores públicos y los que resulten.
En la PGR ya se encuentran las direcciones de sus domicilios particulares y legisladores del PRD solicitaron en su denuncia penal, que dio lugar a la averiguación previa 168-DO/95, “se les localice y cite formalmente por medio de la Policía Judicial Federal para que rindan su declaración ministerial”.
“La testimonial es personalísima e intransferible”, aseguró Leonel Godoy, el representante común de los legisladores perredistas, quienes el 9 de enero, ante esa instancia presentaron la querella judicial contra Salinas y sus colaboradores.
“Si no desahogan todas las pruebas que hemos ofrecido –presuncional, pericial, ocular y testimonial– nos vamos a inconformar y nos iremos a la revisión de la resolución respectiva y, en su caso, al amparo”, advirtió el también diputado federal perredista y doctor en derecho.
“Lo que queremos es que en estricto apego a la ley, el Ministerio Público determine si los miembros del gabinete económico del sexenio pasado cometieron hechos delictivos, al resolver no devaluar el peso mexicano y al ocultar información para que no se reclamara por los expertos la necesidad urgente de esa acción, que obviamente buscó beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la candidatura de Carlos Salinas a la dirección de la naciente Organización Mundial de Comercio (OMC).”
Para el penalista y legislador, no hay vuelta de hoja. “Salinas, Córdova, Aspe, Serra, Gómezperalta y Mancera, tendrán que comparecer”.
La Ley Orgánica de la PGR y del Código Federal de Procedimientos Penales establece la obligación del Ministerio Público Federal de practicar todas las actuaciones que no sean contrarias a la ley y que den elementos suficientes para resolver si procede una denuncia penal o no, explicó.
El viernes 13, al mediodía, Godoy acudió a la PGR a ratificar la denuncia penal y más tarde regresó para señalar los domicilios de los denunciados y se les pueda citar a declarar a la brevedad. Llevó, por escrito, las direcciones particulares de Salinas, Aspe, Serra, Mancera, Gómezperalta. Le faltó la de Córdova, quien radica en Washington, como representante de México ante el BID.
Está pendiente la presentación de la prueba pericial, que consiste en un estudio económico “para acreditar en detalle los elementos técnicos que fundamentan la denuncia”.
También tendría que hacerse una inspección ocular en las oficinas de la Presidencia, de las Secretarías de Hacienda, de Comercio, del Trabajo y del Banco de México. De acuerdo con Godoy, a más tardar a mediados de febrero tendrían que estar practicadas todas las actuaciones que se están promoviendo. “Las pruebas testimoniales podrían estar la próxima semana, las oculares iniciarse de inmediato”, sostuvo.
El texto de la denuncia penal, recibido por el director de Averiguaciones Previas de la PGR, Fernando Córdoba Lobo, dice en sus considerandos que los ciudadanos demandados “no pudieron ignorar la indebida situación que se fue generando con la reducción de las reservas del Banco de México, el déficit en la cuenta comercial y la sobrevaluación del peso, no sólo por contar con la información suficiente, sino por tener todos ellos una alta y especializada calificación profesional en economía”.
Asimismo, se les responsabiliza de haber omitido “deliberadamente el ajuste oportuno del tipo de cambio del peso frente al dólar, lo que constituyó un medio indebido que provocó graves trastornos a la economía”. Y que los denunciados “se coaligaron para tomar medidas contrarias a la ley del Banco de México que obliga en su artículo segundo a procurar la estabilidad del peso mexicano”.
Mientras, Salinas de Gortari interrumpió su gira internacional y llegando a México designó como su abogado defensor a Juan Velázquez, que en su momento lo fue, entre otros funcionarios y políticos en desgracia, del exjefe de la policía Arturo Durazo Moreno, del prófugo empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche, representante de la viuda de Colosio en las investigaciones del asesinato de su marido, y nombrado coadyuvante en el caso de Ruiz Massieu.
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De acuerdo con información del reportero Gerardo Albarrán, no terminó ahí la actividad perredista. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados dio entrada a una propuesta de punto de acuerdo de la fracción del PRD para reunirse con su similar de la Cámara de Senadores e impulsar, conjuntamente, una declaración política y una exhortación al presidente Ernesto Zedillo “para que cese la campaña que se impulsa en todos los medios diplomáticos con el objetivo de llevar a Carlos Salinas de Gortari a la dirección de la Organización Mundial de Comercio”.
La ofensiva perredista contra la candidatura de Salinas rebasó las instancias nacionales. Desde mediados de la semana pasada hace llegar a las representaciones diplomáticas, tanto de países como de organismos internacionales con representación en México, una carta en la que solicita retirar cualquier posible apoyo al expresidente de la República. Anexo al documento, el PRD envía también copias de las solicitudes de juicios penal y político que ha interpuesto ante la Procuraduría General de la República y la propia Cámara de Diputados.
Más aún, en la conferencia interparlamentaria de países de Asia y de la Cuenca del Pacífico, que se inició el viernes 13 en Acapulco, el PRD distribuyó copias en inglés y francés de las denuncias contra Salinas entre los 120 legisladores de 28 países que participan en la reunión.
Para la diputada perredista Rosa María Cabrera, el asunto es muy simple: “¿Qué futuro les esperaría a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio si los dirigiera el hombre que llevó a la ruina a México?”.
El PRD también reclamó conocer el origen de los recursos empleados para promover la imagen de Salinas en el exterior, porque podría configurar incluso un delito previsto en el artículo 223, fracción II, del Código Penal, además de violaciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públicos.
“Cualquier erogación que se aparte de la finalidad de cubrir los gastos públicos será un gasto ilícito, y si el destino de los programas públicos es la promoción de la imagen política o social de un tercero (en este caso, Salinas), se configura la hipótesis delictiva”, aseguró.
Ante el activismo perredista “y la profundidad de la crisis”, el Partido Acción Nacional (PAN) endureció su postura y habló de pedir en la Cámara de Senadores la comparecencia de Salinas de Gortari, para que explique el caos y desastre financiero en que dejó al país, así como también para detallar sobre los fondos y recursos diplomáticos que se utilizan para impulsar su candidatura internacional.
Igualmente, contempló la posibilidad de solicitar juicio político contra los funcionarios responsables de la crisis financiera y de “llamar a cuentas” a los secretarios y exsecretarios de Hacienda y a los titulares y extitulares de bancos del gobierno para que “se les finquen las responsabilidades correspondientes”.
COMO EMPEZO, TERMINA
Acusado de ilegitimidad y de haber llegado “con un monstruoso fraude” a la Presidencia, Salinas de Gortari inició una tarea que parecía difícil de lograr: revertir la impopularidad y el desprestigio.
Comenzó por dar “golpes espectaculares”, el primero de ellos, hace seis años, con la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y Salvador Barragán Camacho; después negoció con el PAN reformas político-electorales; acabó con el cacicazgo de Carlos Jonguitud en el SNTE; metió en la cárcel al banquero Eduardo Legorreta; reconoció el triunfo panista en Baja California…
Controló la inflación y prometió bajarla a un dígito, continuó y aceleró las reprivatizaciones y la concentración de la riqueza en pocas manos, hasta hacer supermillonarios a 24 empresarios mexicanos, y, en contraste, como carta de presentación, como medicina contra la pobreza, viajó por la República llevando del brazo el Programa Nacional de Solidaridad.
Montado en una efectiva pero costosísima campaña propagandística, revirtió, de acuerdo con las cuentas oficiales de la elección federal de 1991, las derrotas electorales de 1988.
Su imagen se fortalecía. La redondeaba, a finales de 1993, con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ya se decía en no pocos círculos que su gestión era la mejor que había tenido México en muchos sexenios. Sus únicas manchas, no menores, parecían ser la falta de democracia y el asesinato no esclarecido del cardenal Juan José Posadas Ocampo.
Pero todo se le empezó a caer al empezar 1994. El 1º de enero de su último año de gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le declaró la guerra y tuvo que terminar su gestión sin poder entregar al país en paz. Los acontecimientos impensables se fueron sucediendo. En marzo asesinaron a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia; en octubre al secretario general de ese mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu.
A su favor se apuntaba, convenciendo a prácticamente toda la comunidad internacional y a amplias franjas de la nacional, que su sucesor, Ernesto Zedillo, había ganado sin fraude la elección presidencial.
E intentó despedirse a lo grande. En los días triunfales de su despedida se sucedieron: grandes concentraciones en los estados, actos masivos en Los Pinos, televisión y primeras planas de diarios, foros. En sus discursos y entrevistas de despedida, todo, o casi todo se hizo bien durante su gobierno.
“Hay menos pobres en el país; la macroeconomía, excelente; los múltiples cambios en el gabinete, necesarios; el Ejército en Chiapas, apegado a la Constitución; las concertacesiones, palabra lejana del análisis político serio; los numerosos interinatos de gobernadores, justificados; el presidencialismo, limitado como nunca; el subcomandante Marcos no existe; el PRD, partido de izquierda respetable; Cárdenas, luchador que busca espacios para la vida democrática” (Proceso 943).
Definía y defendía su inminente candidatura a la OMC. “La candidatura de México es la de un jefe de Estado de un país en desarrollo, que ha cultivado buenas relaciones, tanto con sus similares como con los países industrializados”.
Pero su precandidatura provocaba ya resquemores y críticas entre sus posibles contendientes. Colaboradores del embajador de la Comunidad Europea en Ginebra, Jean-Pierre Leng, decían que Salinas “durante las últimas semanas –noviembre pasado– ha estado llamando a gobernantes de todo el mundo para que apoyen su candidatura. Esto, es un mal uso de la oficina Presidencial para propósitos electorales que nada tienen que ver con ella” (Proceso 943).
Pero Salinas gozaba. En una nota del periódico francés Le Monde, publicada el 23 de noviembre del año pasado, presumía: “Oí decir que algunos de quienes se oponen a mi candidatura me reprochan ser demasiado calificado”.
No pasaría ni un mes para que su estela de “salvador económico” se derrumbara. El 20 y 21 de diciembre, el presidente Zedillo anunció medidas económicas que devaluaron bruscamente el peso y la economía nacional, ejemplo hacia el mundo, se sumió en un tobogán que aún no toca piso.
Y entonces, Salinas logró unificar a grandes sectores de mexicanos en su contra y se puso a buscar abogado.
