Señor director:
Con la debida atención, me atrevo a solicitarle que incluya en la sección Palabra de Lector del prestigiado semanario que usted dirige la carta que anexo a la presente y que contiene el punto de vista de quienes integramos la Coordinadora Nacional de Comités para la Defensa de los Derechos Humanos de Prisioneros y Prisioneras de México, en relación con las reformas que en materia de procuración, administración e impartición de justicia propuso el presidente de la República. Nos dirigimos a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, a las organizaciones y personalidades democráticas, y al pueblo de México:
En el sistema de procuración, administración e impartición de justicia han prevalecido el nepotismo, la corrupción y la impunidad. Persisten las detenciones arbitrarias (virtuales secuestros), la práctica de la tortura, la fabricación de delitos, la extorsión, el comercio de la ley y de la libertad, etcétera. Para nadie pasa desapercibido que la ley en México es letra muerta, pues quienes deben aplicarla son los primeros en transgredirla. La conclusión es obvia: en nuestro país no existe un verdadero Estado de derecho.
La explicación de esta realidad se encuentra en la falta de voluntad política para acabar realmente con la situación imperante. La característica esencial de las medidas impulsadas y aplicadas por el gobierno es la de su propósito encubridor y represivo; de engañar a la opinión pública nacional e internacional y reprimir más a la sociedad. Este es el papel que han jugado las reformas que en la materia han sufrido la Constitución Política y los códigos penal y de procedimientos penales, así como la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las demás comisiones que surgieron después en los estados de la República.
La alternativa no está, en consecuencia, en la realización de nuevas reformas legales (a pesar de que la reciente iniciativa presidencial contemple medidas como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, que la designación de los mismos no sea hecha por el Presidente y la ratificación del Procurador General por el Senado) que no garantizan el fin de la impunidad y el encubrimiento, aspectos indispensables de la subsistencia del régimen político existente, y que, cuando se trata de modificaciones a artículos legales, simplemente éstas no se cumplen. En otras palabras, el Estado mexicano necesita de la corrupción, de la tortura, de un Poder Judicial sumiso y de la inaplicabilidad de las normas legales para sobrevivir.
En relación con la judicatura nos encontramos con la siguiente realidad:
1.- La dependencia del Poder Judicial con respecto a los intereses de un partido político, del Ejecutivo y, más específicamente, de la clase social en el poder. Este hecho se materializa en el encarcelamiento de luchadores sociales y revolucionarios mediante la fabricación de delitos en su contra, en la emisión de resoluciones y sentencias aberrantes, a todas luces ilegales, que dictan los jueces y ministros en sus incuestionables muestras de “lealtad” y “obediencia”.
2.- La existencia de jueces venales y de consigna, que solapan el ejercicio de la tortura convalidando elementos de prueba obtenidos a través de este “método de investigación”, que emiten sentencias arbitrarias para satisfacer rencillas personales de funcionarios públicos, para encubrir atrocidades cometidas por las corporaciones policiacas y para castigar a aquellos ciudadanos que se han atrevido a cuestionar la impudicia con que se conducen.
3.- Los jueces y ministros son verdaderos mercaderes de la ley, y de la libertad de quienes por desgracia se ven sujetos a su autoridad. En los tribunales nacionales todo se vende, desde un simple trámite administrativo hasta la libertad de una persona. Aquellos que han cometido los más aberrantes delitos obtienen su libertad si cuentan con los recursos económicos para comprarla (Brawn Díaz, Eduardo Legorreta), y quienes por hambre se han visto involucrados en un ilícito, siendo inocentes se ven presos víctimas de los métodos aberrantes de la policía, permanecen en la cárcel por no contar con el dinero para pagar su libertad. Esto último sucede aún cuando se trata de delitos menores, pues miles de mexicanos están en las cárceles del país porque no tienen para pagar fianzas o multas de 500 mil a un millón de viejos pesos. En México se castiga la pobreza, no el delito.
4.- La negligencia y el rezago judicial son una característica de los tribunales mexicanos. Miles de casos se exceden de los términos constitucionales para emitir una sentencia, existiendo casos de procesos que rebasan los 5 años sin sentencia, sin que esta flagrante violación de los derechos humanos implique un castigo para los jueces y ministros.
5.- Los antecedentes de los jueces y ministros en cargos públicos pasan por desempeñarse como agentes judiciales, ministerios públicos y otros puestos que explican su autoritarismo, frialdad, corrupción y falta de escrúpulos.
En fin, se podría seguir enumerando hechos que demuestran el verdadero “Establo de Augías” en que se ha convertido el Poder Judicial mexicano, pero con lo expuesto es suficiente para concluir nuevamente que más que reformas y modificaciones legales que quedan sin aplicar, lo que hace falta es una real voluntad política.
Atentamente
Coordinadora Nacional de Comités para la Defensa de los Derechos Humanos de Prisioneros y Prisioneras
Manuel Manríquez San Agustín, presidente.
Cuernavaca, Mor.
