Señor director:
Mucho le agradeceré tenga bien a publicar la carta que se adjunta, dirigida al presidente Ernesto Zedillo y al licenciado Dante Delgado Ranauro, presidente del Tribunal Agrario.
El que suscribe, José Soto Molina, mexicano de 80 años de edad, con domicilio conocido en el poblado de San Angel, municipio de Acayucan, Veracruz, para recibir notificaciones en las oficinas que ocupa la Asociación Ganadera de esta localidad, en los altos del palacio municipal, expone ante ustedes lo siguiente:
Durante el año de 1936, trece personas y yo celebramos un contrato de compraventa por los terrenos del predio rústico “El frijolar”, compuesto de 252 hectáreas, por lo que nos tocaron 18 hectáreas a cada uno. Las dedicamos al cultivo de maíz en la temporada otoño-invierno y al pastoreo de ganado vacuno, ya que son terrenos que se inundan durante la temporada de lluvias; desde 1956, hemos luchado en contra de la inseguridad en la tenencia de la tierra que priva en nuestro estado, principalmente para los que menos terrenos tienen, en virtud de que grupos políticos de oposición pretenden despojarnos de lo que por derecho nos corresponde, ya que nuestra situación se ha tornado adversa para nosotros, pues el Tribunal Agrario, según juicio 307/94, dictó sentencia en favor de presuntos solicitantes del ejido San Juan de los Llanos o San Juanillo, la mayoría de los cuales ya han fallecido y otros no viven en el ejido. Sin embargo, grupos oportunistas tratan de aprovechar la situación para tratar de quedarse con nuestros terrenos.
Señor Presidente: Recurrimos a usted como última instancia para que se revoque dicha sentencia y se revise el caso, ya que desde hace 58 años nos encontramos en posesión de nuestros terrenos, que son nuestro único patrimonio, como lo hacemos constar en la documentación correspondiente: escrituras públicas debidamente requisadas, constancias de posesión y explotación expedidas por nuestro municipio y por la Asociación Ganadera local; todos, sin excepción, contamos con el cetificado de la inafectabilidad ganadera, expedidos en 1986 por la misma Secretaría de la Reforma Agraria. Estamos trabajando la tierra, ya que tenemos créditos con la banca oficial y privada. Por lo antes expuesto, consideramos que las autoridades de la SRA en nuestro estado han actuado con dolo y mala fe al no darnos oportunidad de presentar nuestras pruebas según marca la ley.
Queremos preguntarle, señor Presidente: Si los certificados de inafectabilidad ganadera expedidos por la SRA no sirven para nada y nos quitan nuestras tierras, ¿con qué vamos a pagar nuestros créditos? ¿Por qué hay verdaderos terratenientes que cuentan con más de 1,000 hectáreas, que por cierto tenemos de vecinos, y que son intocables?
Señor Presidente: Tengo 80 años de vida; ya no puedo empezar de nuevo; he creído en la seriedad de nuestras instituciones, pero si ustedes no me escuchan, esperaré a que me vengan a desalojar de mi propiedad para morir con mis hijos y mis nietos defendiendo nuestro único patrimonio. Usted tiene la palabra, señor Presidente.
Atentamente
José Soto Molina.
