En un loop angustiante los mexicanos vemos cómo se repite la misma película, aunque los actores y el vestuario cambien. Un círculo vicioso que lleva dieciocho años: devaluación, crisis, inflación, control de salarios, endeudamiento exterior, venta de empresas estatales, ligera estabilidad y vuelta a lo mismo: devaluación, crisis, etcétera. Y así poco a poco se van acabando los recursos del país, hasta que no quede más que el territorio para vender.
Hoy le llegó el turno a las telecomunicaciones y entre éstas a una de las piezas clave de la moderna difusión a distancia: los satélites. Guillermo Ortiz lo dijo claramente en las pantallas de Canal 2, a despecho del artículo constitucional que reserva al Estado la propiedad y manejo de los satélites nacionales, actualmente denominados Solidaridad I y II, mismos que fueron lanzados en 1994 en sustitución de los Morelos con un costo de 1,356 millones de nuevos pesos.
En los años ochenta se inició la polémica. Televisa, con su visión de largo plazo en materia tecnológica, avisoró el futuro y quiso ser pionera y usufructuaria de los novedosos aparatos. Incluso llevó adelante un proyecto al que denominó Ilhuicahua. El Estado, en ese momento todavía dentro del espíritu del 27 Constitucional, determinó que no podrían los particulares hacerse cargo de tan importante instrumento, hizo el añadido constitucional y su reglamento. La SCT se encargó por tanto de la compra de los Morelos y su manejo.
Es verdad que más allá de las limitaciones en la propiedad, la televisión privada no pudo quejarse de falta de acceso al satélite. Por el contrario, las tarifas que paga por su uso son preferenciales: 84 millones de viejos pesos al mes, la tercera parte de un anuncio de 60 segundos en Canal 2.
Un 39% de la capacidad de los satélites es ocupada por la televisión privada. Además de ondas hertzianas, por los Morelos transitaron voz y datos privados en 34%. Los bancos son usuarios importantes. La telefonía ocupó el 10.2%. Muy poco significativo, en cambio, es el uso del satélite para fines sociales, educativos o de salud, un 9.2% corresponde a programas del Estado.
Vender los satélites significa ceder la soberanía nacional a los particulares sobre el espacio aéreo en materia de telecomunicaciones. También desechar el manejo de un instrumento que puede ser altamente rentable, generador de divisas para el propio Estado que hoy tanto las necesita. También significa renunciar a la rectoría sobre las ondas hertzianas, la telefonía, las comunicaciones aéreas, marítimas, la fotografía espacial del territorio, la entrada y salida de datos al país.
Por este camino, y en la línea del traspaso de ferrocarriles, aeropuertos, puertos, aunada a la anterior privatización de teléfonos y la próxima de la CFE y PEMEX, el círculo se cierra. El patrimonio que en décadas fue generado por todos los mexicanos pasará hoy a manos de un grupo de empresarios nacionales y extranjeros. Todo ello para que dentro de unos años vuelva la crisis a manifestarse y entonces se traspase México completo, porque ya no es rentable tener un país.
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