RIO DE JANEIRO.- Mal empezó el año en Río de Janeiro, pues en las noches del 2 y 3 de enero los moradores de una zona del barrio de Copacabana tuvieron la amarga sensación de haberse quedado atrapados en el calendario: bandas rivales se disputaron, como hace meses, el control de los puntos de venta de drogas en la favela de la Ladeira dos Tabajaras, metida en medio de un barrio residencial. Fueron dos noches de muchos tiros y mucha tensión. A la mañana siguiente llegaron las tropas del Ejército, pero ya no había nada qué hacer. La lucha calentó las noches y dejó más de una lección.
Cuando a mediados de noviembre último las Fuerzas Armadas asumieron el control de la lucha contra el narcotráfico en Río, algo cambió en el paisaje de la ciudad: Camiones con soldados, vehículos blindados estacionados estratégicamente frente a las favelas, tanquetas que apuntaban contra casuchas miserables que se equilibran en los cerros de la ciudad; soldados con rostros pintados de negro o cubiertos con pasamontañas, y con armas en las manos, que cortaban las vías de acceso a las favelas; invasión de casas miserables y sus moradores sometidos a controles y revisiones humillantes; gente detenida por no tener documentos a mano.
Sin embargo, desde que se puso en acción el operativo militar en Río, más que una lucha contra el narcotráfico, lo que se observa es una serie de escenas de guerra contra la miseria.
El balance hasta ahora es muy discutible: Se incautaron cantidades mínimas de armas de contrabando y cantidades pequeñas de cocaína y mariguana. A cada acción de los soldados el resultado fue el mismo y el esperado: los narcotraficantes abandonaron los cerros antes, para evitar el enfrentamiento directo. Se llevaron sus armas, ocultaron sus cargamentos de droga. Solamente hubo un enfrentamiento más o menos serio, en la última semana de 1994, en una favela de la zona norte de Río. Las tropas tuvieron que replegarse y los voceros del Ejército pasaron dos días tratando –en vano– de explicar esa extraña maniobra.
Los jefes de los grupos instalados en los cerros siguen libres y su esquema sigue funcionando. Luego de un acelerado incremento en los primeros días del operativo militar, los precios de la cocaína volvieron a sus niveles normales, o casi. Las ventas bajaron, pero poco. En algunas favelas el territorio sufrió nuevas divisiones entre jefes locales, para que el espacio pudiera ser mejor administrado y controlado. Hace menos de una semana, los moradores del conjunto formado por los cerros de Pavao, Cantagalo y Pavaozinho, que se yerguen en la frontera entre dos de los míticos barrios de la zona sur de Río –Copacabana e Ipanema–, recibieron cordiales visitas de los nuevos jefes, de casa en casa. El sistema es lo más amable posible: los “muchachos” se presentan para ofrecer sus servicios, por si acaso. Así todos los moradores son informados sobre quienes son los que mandan.
Operativamente, el esquema del Ejército en Río funcionó de la siguiente manera: luego de dos o tres semanas de tanteos, los traficantes se acostumbraron a las nuevas reglas del juego. Es algo muy similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en las guerras de guerrillas de Centroamérica en los años 80: los rebeldes asumían el control de determinada zona, se replegaban cuando el Ejército lanzaba alguna ofensiva más poderosa, retomaban el territorio luego de la salida de las tropas. Claro que los motivos y los principios eran otros.
Esa situación puede durar años y años. Que algunos negocios fueron perjudicados, no cabe duda. Basta con observar el súbito incremento en el robo a bancos: los grupos que controlan los puntos de venta de drogas tratan de dividir la atención de la policía y las Fuerzas Armadas y, de paso, encuentran un buen refuerzo de dinero en efectivo.
EL EJERCITO, ENTRAMPADO
El nuevo gobernador de Río, Marcello Alencar, se reunió con el nuevo presidente, Fernando Henrique Cardoso, para prorrogar por otros 30 días el convenio firmado por sus respectivos antecesores, el abogado Nilo Batista como gobernador de Río, e Itamar Franco, como Presidente de la República.
Pero hay nuevos datos que deben tomar en cuenta. Para empezar, los altos mandos militares ya dudan de la conveniencia de su participación en el combate al narcotráfico en Río. Es como si se dieran cuenta de que cayeron en una trampa. La cocaína continúa llegando a Río, y el contrabando de armas de grueso calibre bajó, pero no tan sensiblemente. Los principales narcos, centro de todo ese problema –que alcanzó niveles bastante graves de violencia urbana por la guerra entre las bandas que controlan los más importantes puntos de venta en las favelas – siguen actuando, poderosos.
El papel del Ejército, consistente en combatir los puntos de venta y anular el poderío y la presencia de los narcotraficantes en las favelas, es algo que ya se intentó antes, utilizando a la Policía Militar de Río, sin resultados concretos, a no ser el haber corrompido de manera brutal a los policiales: al fin y al cabo, los jefes del narcotráfico tienen más y mejores armas y más, mucho más dinero que los flacos sueldos que el Estado paga a quienes los deben combatir.
Los militares conocen ahora la amarga realidad definida en una desolada expresión del entonces gobernador Nilo Batista: limitar el combate al narcotráfico e intentar controlar los puntos de venta en los cerros de la ciudad, es como querer secar el hielo o vaciar el mar. Se invade una favela por la mañana, se detiene a un pequeño jefe por la tarde, se “pacifica” el área al día siguiente, y al otro día todo vuelve a lo de antes.
Hay otro factor de desgaste: a menos que invadiera de manera total las centenares de favelas en las que vive más de un millón de personas en Río, corriendo el riesgo de desatar una verdadera carnicería, el papel de policía reservado al Ejército será inútil. O permanece en los cerros, para tranquilizar momentáneamente a las clases medias de la dorada zona sur de Río, o se retira dejando la nítida sensación de haber sido derrotado por algunos grupos de criminales, cuya vida suele terminar antes de los 30, que se matan entre ellos con ferocidad impresionante.
Existe una tercera y todavía incierta opción que se diseña en el horizonte: incorporar las tropas a un siempre postergado sistema de atención a las poblaciones pobres de los cerros de Río. El gobierno que terminó el 31 de diciembre instaló quince centros de atención en las favelas, en un intento de reemplazar, a través de la presencia y de la asistencia del Estado, al poderío de los narcotraficantes. Otros 600 centros son necesarios, pero la semilla, al fin y al cabo, está plantada.
LAS ARMAS SIGUEN ALLI
No se comentan públicamente, en Brasil, los pocos resultados obtenidos en otros países –Ecuador, Colombia y Perú, básicamente–, donde el problema del narcotráfico pasó, en los últimos años, a ser considerado como cuestión militar. En su reciente viaje a Brasil, el escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó la atención –o al menos intentó– para un debate necesario: la confusión inevitable entre el papel del Ejército y el de la policía, en países cuya historia está plagada de intervenciones brutales de las Fuerzas Armadas llamadas por las clases medias y las élites para resolver sus problemas más urgentes.
Al menos en apariencia, los mandos militares brasileños parecen haberse dado cuenta de ese peligro, pero eso es peor. El mismo exgobernador de Río contó, en más de una ocasión, su sorpresa al encontrarse en medio de dos situaciones inesperadas: de un lado, la serenidad y el sentido de democracia de algunos generales, y, de otro, la sed de uniformes y armas que actúen contra las poblaciones más marginadas, olvidadas y humilladas, que son las que residen en las favelas, que él pudo sentir por parte de la prensa, de los medios de comunicación y, sobre todo, de las clases medias favorecidas de las zonas más ricas de Río.
Movimientos de carácter supuestamente representativos de la llamada “sociedad civil” se dedicaron a pedir la urgente intervención del Ejército en Río, y aceptaron hasta la supresión inmediata de una serie de garantías civiles y constitucionales. Cuando las primeras planas de los periódicos empezaron a publicar fotos de trabajadores y mujeres pobres de las favelas sometidas a situaciones humillantes –bolsas y partes íntimas revisadas en búsqueda de drogas–, esas mismas voces se callaron, apenadas.
Ahora, la ciudad vive en un callejón sin salida: las tropas siguen patrullando las calles, discretamente; en los cerros, la cocaína sigue siendo vendida como siempre, a no ser, quizá, por un inusitado silencio y una inesperada ola de actitudes discretas; no más ostentación de armas, por ejemplo; pero las armas siguen allí, al alcance de las mismas manos de siempre. Y el Ejército corre el riesgo de ser considerado incapaz de garantizar algunos de los pilares más sagrados de un sistema que no hace más que abrir abismos entre la gente: la propiedad privada, el derecho a no ver negros y pobres mendigando por las calles, el derecho a no ser importunado por niños que piden limosna en los semáforos.
