Al día siguiente de que el presidente Zedillo habló para ofrecer el programa de emergencia económica cuyo efecto político debía ser tranquilizar a todos, una amiga me manifestó su duelo –y su rabia– por la desaparición del monarca a cuya sombra protectora y opresiva habíamos estado cosidos anímicamente, como los españoles a Franco, para criticarla o elogiarla, desde que teníamos memoria. Lo peculiar y lo irritante era que ese monarca no había sido derrocado, nadie le había disputado el poder, me dijo; simplemente no había podido tomar las riendas del mando.
El veredicto de los inversionistas y los observadores fue menos drástico pero más inmediato: una caída de la bolsa en la hora que siguió al discurso presidencial y una muy alta insatisfacción por el mensaje entre especialistas de economía y finanzas. Dos tercios de 114 especialistas encuestados dijeron no creer que el discurso daría la certidumbre buscada e hicieron su veredicto sobre los responsables de la crisis, traduciendo lo que probablemente es una convicción general: el 38% culpó a Carlos Salinas y Pedro Aspe, el 29% dijo que era culpa de ambos gobiernos y sólo el 8% la atribuyó a Zedillo y a Serra (Reforma, 4/1/95, A1).
La responsabilidad del antiguo gobierno en el sostenimiento de un peso sobrevaluado y un déficit financiado con capitales foráneos volátiles, no puede negarse: fue su política, su credo y aún, durante un tiempo, su orgullo. Pero, a diferencia de los instintos públicos que necesitan culpables y pueden satisfacerse con linchamientos políticos, el problema clave del nuevo gobierno no son las culpas del anterior sino el hecho de que la falta de credibilidad y la desconfianza hayan ocupado el centro de la escena política, desplazando incluso el tema de la crisis económica. Por extraño que parezca, la economía ha dejado de ser en estos días el problema principal y el problema principal es ahora la credibilidad gubernamental mínima que se requiere, entre otras cosas, para una sana y objetiva conducción económica.
En todo caso, la pregunta es por qué un mensaje tan claro como el de Zedillo, que no escurrió el bulto ni prometió milagros, que reconoció y ofreció a plenitud la salida democrática pendiente, fue recibido con tan acusado escepticismo. La respuesta hay que buscarla menos en sus propuestas que en la memoria acumulada de las devaluaciones mexicanas, el pozo de agravio y sentimiento de fraude que regresa con toda su carga de frustración cada vez. Los errores específicos de conducción y actitud del nuevo gobierno no pueden, sin embargo, desestimarse. Son errores cuyo denominador común es, quizá, tener desde el gobierno expectativas y respuestas viejas para expectativas y demandas nuevas en la opinión pública.
La “subestimación” del problema cambiario que llevó a ampliar la banda de flotación en 15%, en lugar de dejar flotar libremente la moneda, costó ese mismo día 5,000 millones de dólares en las reservas del Banco de México, que no actuó según su recientemente ganada autonomía sino con la subordinación tradicional a las autoridades del Poder Ejecutivo. Buena parte de la larga espera que hizo anticlimático el discurso de Zedillo al final de las negociaciones del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), se debió a su errática posposición de 24 horas, que mantuvo en ascuas a comunicadores nacionales e internacionales. Pero esta posposición se debió, a su vez, a la “subestimación” del tiempo que llevaría negociar el AUSEE con los representantes de los sectores productivos, es decir, a la idea de que la voz del gobierno y su razón se impondrían con rapidez rutinaria a los otros actores.
El propio discurso del presidente Zedillo incurrió en contraproducentes seguridades de antaño, en especial la idea de que la palabra presidencial puede seguir siendo convincente sin entrar en los detalles y puede decir la verdad sin dar cifras, precisar tiempos, asumir compromisos mensurables –particularmente en el ámbito de una crisis económica–. Mientras el Presidente reincidía en la generalidad presidencial de siempre, los hábitos de siempre enviaban al extranjero información precisa sobre lo que implicaba el AUSEE: reducción del crecimiento económico al 1.5% para 1995, aumento de 1% al impuesto sobre la renta, ampliación a 100% de propiedad extranjera en el sistema bancario, subasta de frecuencias de radio y propiedad privada de satélites en telecomunicaciones, licitación en 60 días de las terminales de contenedores en los puertos principales del país, contención del crédito del Banco de México a 12,000 millones de nuevos pesos.
No encuentro nada que celebrar en el debilitamiento de la credibilidad presidencial y de la confianza en el nuevo gobierno. En el imperfecto mercado político mexicano, lo que el gobierno pierde no lo está ganando nadie, lo gana el vacío de poder, y falta mucho tiempo para que unas elecciones federales puedan llenar ese vacío con nuevos actores y nuevos equilibrios. En lo que no se equivoca el Presidente es en su clara percepción de que la nueva crisis de credibilidad gubernamental no se solucionará mediante el viejo expediente del mando vertical, sino por vías de una nueva convivencia democrática que haga partícipes y corresponsables a la mayor cantidad de actores de dentro y fuera del gobierno.
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